Santiago, por su geografía, es una ciudad que conlleva ciertas complejidades, como la dificultad de la conexión directa entre distintos polos urbanos y laborales. Un ejemplo claro es entre el sector financiero de Providencia y el centro de servicios de Ciudad Empresarial en Huechuraba, separados por apenas un par de kilómetros lineales y que han requerido de túneles y rutas perimetrales para conectarlos. En ese contexto, el Teleférico Bicentenario, que unirá Providencia con Huechuraba en unos 12 minutos, es una gran noticia para la ciudad. Esta obra, que debería ser inaugurada en 2027, no solo va a mejorar la calidad de vida de miles de personas que se mueven a diario entre esos sectores, sino que pondrá a Santiago a la vanguardia del transporte público sostenible y de alto estándar, sumándose a su red de metro y buses eléctricos.
El proyecto nació en 2010 como una iniciativa privada, propuesta por un equipo de arquitectos e ingenieros, y que fue acogida por el ministerio de Obras Públicas. Pero, ¿por qué una obra con tantas virtudes ha tardado tanto en materializarse?
Santiago, por su geografía, es una ciudad que conlleva ciertas complejidades, como la dificultad de la conexión directa entre distintos polos urbanos y laborales. Un ejemplo claro es entre el sector financiero de Providencia y el centro de servicios de Ciudad Empresarial en Huechuraba, separados por apenas un par de kilómetros lineales y que han requerido de túneles y rutas perimetrales para conectarlos. En ese contexto, el Teleférico Bicentenario, que unirá Providencia con Huechuraba en unos 12 minutos, es una gran noticia para la ciudad. Esta obra, que debería ser inaugurada en 2027, no solo va a mejorar la calidad de vida de miles de personas que se mueven a diario entre esos sectores, sino que pondrá a Santiago a la vanguardia del transporte público sostenible y de alto estándar, sumándose a su red de metro y buses eléctricos.
Sin embargo, el teleférico nos muestra otra colina, invisible pero empinada, que también debemos enfrentar: el tiempo que estamos demorando en concretar proyectos de esta naturaleza. En este caso, más de 15 años. El proyecto nació en 2010 como una iniciativa privada, propuesta por un equipo de arquitectos e ingenieros, y que fue acogida por el ministerio de Obras Públicas a través de su sistema de concesiones por sus indudables beneficios sociales, productivos y ambientales. Pero, ¿por qué una obra con estas virtudes -sostenibilidad técnica, social, económica y respaldo transversal- ha tardado tanto en materializarse?
El problema está en esa ‘otra permisología’ que habita dentro del Estado. El teleférico debió sortear años de fricciones entre organismos públicos, y también dentro de las propias instituciones, que obligaron a reiterados rediseños del trazado original, además de una falta de coordinación crónica que dilató las aprobaciones técnicas mucho más de lo razonable. Cada modificación gatilló múltiples procesos y controles administrativos que terminaron entrampando al propio aparato público más allá del objetivo técnico. Tras el paso de cuatro administraciones, y del trabajo de autoridades de diferentes sensibilidades políticas, hoy finalmente esta obra está a punto de ser realidad. Todos quienes participamos en este proceso lo hicimos con la convicción de que los proyectos que benefician a la ciudadanía deben ser tratados como políticas de Estado, más allá de los ciclos políticos de turno. Sin embargo, esto no fue suficiente para darle la celeridad que se merecía, demostrando que la voluntad política de los gobiernos termina chocando inevitablemente contra un diseño institucional que ha reflejado algunas obsolescencias.
Actualmente existen otros proyectos urgentes esperando su turno en todo el país: el retraso del nuevo hospital El Salvador ilustra un problema transversal en nuestra infraestructura estratégica. Lo mismo ocurre en el puerto de San Antonio, donde el entrampamiento no radica exclusivamente en el proceso de evaluación ambiental, sino en la fragmentación de un Estado que carece de una estrategia coordinada e integrada para llevar a cabo obras esenciales para su futura conectividad. Si no corregimos las fallas de fondo como las que retrasaron al Teleférico Bicentenario, estas iniciativas continuarán enfrentando la misma travesía, y el costo de esa demora lo terminan pagando las personas con su calidad de vida y el desarrollo de nuestra economía.
Frente a dificultades que ya son estructurales, el Estado debe responder con una institucionalidad que reconozca la importancia de llegar a tiempo. Es indiscutible que el país y el mundo tienen exigencias importantes en materia social y ambiental para las obras. Sin embargo, estos altos estándares no son la causa en sí misma de los retrasos, sino el reflejo de la dificultad de establecer una adecuada coordinación y priorización dentro del mismo Estado para dar coherencia a sus políticas de infraestructura.
En este sentido, frente a esto, propongo abordar esta ‘permisología’ interna desde dos dimensiones. La primera, a partir de una reducción de procesos para eliminar redundancias que elevan costos y plazos sin resguardar efectivamente el interés público: agilizar las modificaciones contractuales por exigencias del mismo Estado, reducir los tiempos de resolución de controversias entre el Estado y sus contrapartes, y establecer criterios homogéneos para las exigencias de obras equivalentes, permitirá dinamizar la gestión de obras dentro de cada organismo. Lo segundo es contar con una instancia capaz de evaluar, priorizar y promover iniciativas de inversión estratégica, entendiendo que la arquitectura administrativa tradicional no es capaz por sí sola de resolver este problema.
Es ahí donde la propuesta que se ha impulsado en los últimos años de contar con un Consejo Presidencial de Infraestructura, transversal a todos los ministerios y con la facultad de alinear las agendas sectoriales bajo una mirada de largo plazo, sin duda sería un paso importante en esta dirección. Una instancia de este peso institucional, diseñada con capacidad de articulación real y mandatos vinculantes, permitiría que las diferencias de criterio dentro del mismo Estado se puedan resolver con la suficiente coherencia y agilidad, de manera que no dilaten proyectos que el país ya ha sancionado como prioritarios.
Agilizar la inversión pública para que llegue a tiempo no pasa por debilitar al Estado, sino por modernizar su estructura administrativa acorde a los desafíos actuales de nuestro país. Adecuando nuestro andamiaje estatal podremos lograr que la gestión pública pueda saltar sus propias colinas con la misma agilidad con la que el teleférico cruzará el cerro San Cristóbal a partir de 2027.
EL PAÍS
