La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha enviado este miércoles a la Comisión Permanente del Congreso la iniciativa de reforma constitucional con la que busca corregir el diseño original de la reforma judicial heredada por Andrés Manuel López Obrador. El proyecto plantea aplazar a 2028 la segunda elección popular de jueces y magistrados, planteada originalmente para 2027. El proyecto pretende además endurecer los mecanismos de evaluación de aspirantes y reducir el número de candidaturas en las boletas, después de las críticas y problemas operativos que dejó el primer experimento electoral.
La Comisión Permanente recibe de Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, la iniciativa que busca aplazar a 2028 la votación de juzgadores, entre otras propuestas de carácter político
La Comisión Permanente recibe de Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, la iniciativa que busca aplazar a 2028 la votación de juzgadores, entre otras propuestas de carácter político
La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha enviado este miércoles a la Comisión Permanente del Congreso la iniciativa de reforma constitucional con la que busca corregir el diseño original de la reforma judicial heredada por Andrés Manuel López Obrador. El proyecto plantea aplazar a 2028 la segunda elección popular de jueces y magistrados, planteada originalmente para 2027. El proyecto pretende además endurecer los mecanismos de evaluación de aspirantes y reducir el número de candidaturas en las boletas, después de las críticas y problemas operativos que dejó el primer experimento electoral.
La propuesta presidencial será recibida este jueves en la sesión de la Comisión Permanente para ser turnada a la Cámara de Diputados. Se alista su aprobación en un periodo extraordinario que hasta el momento se tiene previsto extraoficialmente del 26 al 28 de mayo. Morena, con su mayoría calificada, tiene los números necesarios para aprobar la reforma sin contratiempos.
La propuesta, elaborada por Luisa María Alcalde, la consejera jurídica de Sheinbaum, llega en un momento políticamente delicado para Morena. Aunque el Gobierno insiste en que se trata de “ajustes técnicos”, la iniciativa representa la primera gran rectificación a una de las reformas emblemáticas del sexenio obradorista. El diagnóstico dentro del oficialismo y del Instituto Nacional Electoral (INE) es que el modelo aprobado en 2024 mostró deficiencias importantes: boletas complejas, saturación operativa, baja participación ciudadana y mecanismos de evaluación incapaces de filtrar perfiles con suficiente experiencia jurídica.
El eje central de la iniciativa consiste en mover la elección judicial prevista para 2027 al domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como local. La decisión responde, en parte, a las advertencias del INE, que alertó sobre un posible “colapso electoral” si coincidían en el mismo año las elecciones intermedias, los comicios locales y la renovación del Poder Judicial. El organismo calculó además un incremento multimillonario en costos y dificultades logísticas para instalar casillas y organizar dos procesos paralelos.
De acuerdo con el documento enviado por la mandataria, en la elección de 2028 se renovarán cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 463 magistrados de circuito y 385 jueces de distrito, además de cientos de cargos judiciales locales en 25 Estados.
La iniciativa también rediseña el sistema de selección de candidaturas. Se propone crear una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités evaluadores de los tres poderes de la Unión, encargada de homologar criterios de evaluación y verificar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad. El nuevo modelo incluiría exámenes de conocimientos, metodologías unificadas y filtros técnicos más estrictos para reducir la discrecionalidad y evitar la llegada de perfiles cuestionados, como ocurrió en el primer ensayo.
Otro de los cambios clave es la reducción del número de aspirantes en las boletas. Los comités seleccionarían primero a las cuatro personas mejor evaluadas por cada cargo y después realizarían una insaculación pública para dejar únicamente dos candidaturas por especialidad. Con ello, el número de aspirantes a la Suprema Corte pasaría de 81 a 54; los del Tribunal de Disciplina Judicial bajarían de 45 a 30 y los del Tribunal Electoral, de 63 a 42.
La propuesta incorpora además modificaciones operativas para simplificar el voto ciudadano. Cada elector elegiría únicamente a un juez y un magistrado por especialidad, mientras el INE reorganizaría el territorio en distritos judiciales específicos. También se permitiría que las elecciones judiciales compartan casillas con las ordinarias, aunque sin participación de representantes partidistas.
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