La presidenta Claudia Sheinbaum no sólo busca estar en la boleta de 2027, sino en la campaña. El plan B de reforma electoral que ha sido enviado al Senado este martes propone abrir el candado que actualmente prohíbe a la presidenta pronunciarse durante los meses de campaña de revocación de mandato, así como adelantar esta votación para que coincida con las elecciones federales y locales del próximo año. De aprobarse, la reforma dará pie a un proceso en el que la presidenta podrá intervenir en el debate público e influir en las preferencias de los votantes, algo que no ocurre desde 2007, cuando se prohibió explícitamente la intervención de funcionarios públicos en los comicios.
El plan B de la iniciativa presidencial, que pretende adelantar la revocatoria de mandato, llega al Senado con un ajuste para eliminar el candado que prohíbe a la mandataria participar en su promoción electoral
La presidenta Claudia Sheinbaum no sólo busca estar en la boleta de 2027, sino en la campaña. El plan B de reforma electoral que ha sido enviado al Senado este martes propone abrir el candado que actualmente prohíbe a la presidenta pronunciarse durante los meses de campaña de revocación de mandato, así como adelantar esta votación para que coincida con las elecciones federales y locales del próximo año. De aprobarse, la reforma dará pie a un proceso en el que la presidenta podrá intervenir en el debate público e influir en las preferencias de los votantes, algo que no ocurre desde 2007, cuando se prohibió explícitamente la intervención de funcionarios públicos en los comicios.
La iniciativa introduce un párrafo en el artículo 35 de la Constitución para estipular: “La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley en la materia”. Con ello se estaría abriendo el candado que impidió al expresidente Andrés Manuel López Obrador hacer campaña en 2022 en favor de su permanencia en el cargo cuando se sometió al revocatorio.
Además, se sugiere reformar el mismo artículo para establecer que la revocación pueda solicitarse a la conclusión del segundo o del tercer año de gobierno y que la consulta se celebre el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio. Es decir, se abre la puerta a que sea celebrada a la vez que las elecciones ordinarias “con el objetivo de disminuir los costos de operación y organización, y el agotamiento de la ciudadanía”.
Sheinbaum anunció que no promoverá reformas para mover la fecha de la elección de jueces y magistrados prevista para 2027, por lo que el próximo año se estarían celebrando tres procesos federales al mismo tiempo: elección de diputados, elección judicial y revocación de mandato -en caso de promoverse el próximo mes de noviembre-, junto con elecciones locales concurrentes para elegir 17 gubernaturas, 30 Congresos locales y ayuntamientos en 31 Estados.
En esa súper elección, la mandataria no podría pedir el voto a favor de ningún partido o candidato, pero sí haría campaña por ella misma, lo que implicaría difundir los logros de su Gobierno. Desde este martes, legisladores y dirigentes de partidos de oposición han alertado sobre esta distorsión a las reglas electorales que actualmente prohíben la intervención de funcionarios y el uso de recursos públicos en las campañas.
La reforma también abre un candado que impedía la difusión de propaganda gubernamental desde el inicio del proceso de revocación de mandato; es decir, nueve meses antes de la jornada de revocación, lo que en 2021-2022 generó constantes conflictos entre López Obrador y el Instituto Nacional Electoral por la publicación de anuncios gubernamentales. Con la reforma, esa restricción solo aplicaría durante los 60 días anteriores a la jornada de votación, como ocurre en las elecciones ordinarias.
Los ahorros que busca el plan b
La iniciativa enviada al Senado propone reformas a los artículos 115 y 116 de la Constitución, para reducir los gastos en congresos estatales, municipios y en el Senado de la República. Se pretende que los Congresos no puedan ejercer más del 0,7% del presupuesto estatal, y se les prohíbe solicitar ampliaciones de gasto. Los cabildos de los ayuntamientos sólo podrán tener entre 7 y 15 regidores y una sola sindicatura, para reducir su estructura burocrática. Y al Senado de la República se le ordena reducir progresivamente su gasto a partir del próximo ejercicio fiscal para alcanzar una disminución del 15% en un plazo de cuatro años.
Además, se proponen reformas al artículo 134 de la Constitución para obligar a altos funcionarios electorales a ajustar sus salarios para ganar menos del salario de la titular del Poder Ejecutivo, que actualmente es de 134.290 pesos netos mensuales. Los consejeros del INE, que ganan actualmente 180.000 pesos; los magistrados de tribunales electorales, algunos de los cuales ganan 200.000 pesos; consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), secretarios y directores ejecutivos de esos organismos tendrán que ajustarse al límite del artículo 127 constitucional, y renunciar a bonos, seguros de gastos médicos mayores, cajas de ahorro y otras percepciones que tienen actualmente.
Aunque la presidenta anunció en su conferencia matutina otras reformas a leyes secundarias, por la tarde sólo envió la iniciativa de reforma constitucional al Senado, que el jueves será turnada a comisiones. Según el coordinador de Morena, Ignacio Mier, la reforma se dictaminará conforme a los tiempos ordinarios y podría discutirse y votarse en el pleno el martes 24 de marzo. Si esto ocurre así, la Cámara de Diputados la podría aprobar antes del periodo vacacional de Semana Santa que comienza el 30 de marzo, y después deberá ratificarse en 17 congresos estatales. Las leyes secundarias se estarían enviando al Congreso en abril, para aprobarse antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones. Cualquier reforma a leyes electorales debe concretarse antes del 30 de mayo para entrar en vigor en el proceso electoral de 2027.
Esta vez, la iniciativa de la presidenta fue recibida con beneplácito por los partidos aliados de Morena, Verde y PT, cuyos dirigentes y legisladores anunciaron su voto a favor. Esta iniciativa es producto del naufragio de la primera propuesta de la presidenta Sheinbaum, que originalmente buscaba una reducción del 25% en el financiamiento público que se otorga anualmente a los partidos, la eliminación de 32 senadores de representación proporcional, cambios en la asignación de las 200 diputaciones plurinominales y otros ajustes en el sistema electoral. Todo ello fue rechazado por los aliados de Morena, que sólo accedieron a respaldar una reforma mínima, como la que finalmente fue enviada al Senado.
En las últimas negociaciones, el PVEM y el PT todavía alcanzaron a eliminar otra propuesta de la presidenta, quien quería modificar la normatividad en materia de consulta popular para poder preguntar a la ciudadanía si quiere la reducción de las prerrogativas a los partidos. Los aliados pidieron eliminar eso del plan b como condición para respaldarlo, y Morena accedió.
EL PAÍS
