El Gobierno mexicano ha dado un golpe en la mesa para demostrar que la Administración de Claudia Sheinbaum no tolerará la corrupción. Las autoridades han anunciado este domingo que han sido detenidas 14 personas relacionadas con el tráfico de combustible en las aduanas marítimas, entre ellos están tres empresarios, seis marinos –uno de ellos en retiro– y cinco funcionarios aduanales. El grupo está relacionado con el hallazgo, en marzo pasado, de un buque que llegó al puerto de Tampico (Tamaulipas) con 10 millones de litros de diésel de contrabando y que fue decomisado en la que se considera una de las operaciones más grandes de su tipo.
El detenido de más alto rango entre los funcionarios arrestados es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, miembro de la Marina y sobrino del secretario naval durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), Rafael Ojeda Durán. Sobre los marinos involucrados en la red de contrabando, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha defendido el trabajo de los navales en la seguridad del país y del mismo Ojeda Durán. “El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta institución”, ha mencionado en la conferencia de prensa en la que ofreció algunos detalles sobre las detenciones.
García Harfuch ha explicado que la investigación desveló la organización de una red de tráfico ilegal de combustible que utilizaba documentos apócrifos para introducir a territorio mexicano los hidrocarburos. Esta modalidad criminal, conocida como huachicol fiscal, se vale de la complicidad de empresarios, funcionarios aduanales y miembros de la Marina para esquivar el pago de impuestos de gasolinas al hacerlos pasar por productos con menor valor o exentos de gravamen. El secretario de Seguridad ha detallado que la investigación se extendió en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México.
La operación también incluyó la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que revisó las actividades financieras de los sospechosos, en las que detectó movimientos que “resultaban incongruentes con el perfil de las personas investigadas”, como lujosos gastos y compras irregulares. García Harfuch ha insistido en que la Administración de Sheinbaum no permitirá que los funcionarios públicos se involucren en actividades ilegales. “No hay consideraciones a malas prácticas, ni a actividades ilícitas que mermen el desarrollo nacional o afecten los intereses del Estado mexicano”, ha apuntado.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ha explicado también en la conferencia que la investigación sobre la vinculación de algunos miembros de la Marina comenzó hace un par de años, cuando el entonces secretario Ojeda Durán pidió a la Fiscalía que investigara a algunos de sus miembros relacionados con las aduanas. Además, el fiscal ha reconocido que el hallazgo de Tamaulipas está relacionado con el decomiso, también en marzo, de 8 millones de litros de combustible en Ensenada, Baja California. Gertz ha evitado profundizar sobre el perfil de los marinos involucrados y ha reconocido que la búsqueda de otros sospechosos se mantiene abierta. “Hay personas prófugas y habrá más órdenes de aprehensión”, ha asegurado.
El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, también ha intervenido en la conferencia para asegurar que en la institución naval no será tolerada la corrupción. Sin mencionar al vicealmirante Farías Laguna, el titular de la Marina ha reconocido la gravedad de los hallazgos de la investigación. “Estos golpes de timón son necesarios para defender nuestro compromiso con la sociedad, la transparencia y el Estado mexicano”, ha señalado. Tanto Harfuch como Morales Ángeles han insistido en la corrupción en la Armada de México es solo un caso aislado y no una norma en esa institución. “Protegemos a la institución sin proteger conductas aisladas que vulneran la confianza ciudadana”, ha añadido el secretario de Marina.
La revelación de que un alto cargo en la Marina ha sido parte de una red de corrupción pone el foco en una de las instituciones de seguridad más respetadas en México. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de junio de 2025, la Marina cuenta una aprobación entre la población mexicana de un 89,7%, la más alta entre todos los sectores que componen las Fuerza Armadas. El Gobierno mexicano ha tirado de esta institución desde hace más de una década en el combate al crimen organizado. Durante la Administración de López Obrador, sus encargos crecieron considerablemente cuando el entonces presidente le otorgó, en exclusiva, la vigilancia de las aduanas y aeropuertos del país a la Marina.
La Fiscalía llevaba dos años investigando las irregularidades. García Harfuch defiende a la Marina: “El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta institución”
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El Gobierno mexicano detiene a 14 funcionarios vinculados a redes de robo de combustible
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El Gobierno mexicano ha dado un golpe en la mesa para demostrar que la Administración de Claudia Sheinbaum no tolerará la corrupción. Las autoridades han anunciado este domingo que han sido detenidas 14 personas relacionadas con el tráfico de combustible en las aduanas marítimas, entre ellos están tres empresarios, seis marinos –uno de ellos en retiro– y cinco funcionarios aduanales. El grupo está relacionado con el hallazgo, en marzo pasado, de un buque que llegó al puerto de Tampico (Tamaulipas) con 10 millones de litros de diésel de contrabando y que fue decomisado en la que se considera una de las operaciones más grandes de su tipo.
El detenido de más alto rango entre los funcionarios arrestados es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, miembro de la Marina y sobrino del secretario naval durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), Rafael Ojeda Durán. Sobre los marinos involucrados en la red de contrabando, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha defendido el trabajo de los navales en la seguridad del país y del mismo Ojeda Durán. “El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta institución”, ha mencionado en la conferencia de prensa en la que ofreció algunos detalles sobre las detenciones.
García Harfuch ha explicado que la investigación desveló la organización de una red de tráfico ilegal de combustible que utilizaba documentos apócrifos para introducir a territorio mexicano los hidrocarburos. Esta modalidad criminal, conocida como huachicol fiscal, se vale de la complicidad de empresarios, funcionarios aduanales y miembros de la Marina para esquivar el pago de impuestos de gasolinas al hacerlos pasar por productos con menor valor o exentos de gravamen. El secretario de Seguridad ha detallado que la investigación se extendió en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México.
La operación también incluyó la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que revisó las actividades financieras de los sospechosos, en las que detectó movimientos que “resultaban incongruentes con el perfil de las personas investigadas”, como lujosos gastos y compras irregulares. García Harfuch ha insistido en que la Administración de Sheinbaum no permitirá que los funcionarios públicos se involucren en actividades ilegales. “No hay consideraciones a malas prácticas, ni a actividades ilícitas que mermen el desarrollo nacional o afecten los intereses del Estado mexicano”, ha apuntado.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ha explicado también en la conferencia que la investigación sobre la vinculación de algunos miembros de la Marina comenzó hace un par de años, cuando el entonces secretario Ojeda Durán pidió a la Fiscalía que investigara a algunos de sus miembros relacionados con las aduanas. Además, el fiscal ha reconocido que el hallazgo de Tamaulipas está relacionado con el decomiso, también en marzo, de 8 millones de litros de combustible en Ensenada, Baja California. Gertz ha evitado profundizar sobre el perfil de los marinos involucrados y ha reconocido que la búsqueda de otros sospechosos se mantiene abierta. “Hay personas prófugas y habrá más órdenes de aprehensión”, ha asegurado.
El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, también ha intervenido en la conferencia para asegurar que en la institución naval no será tolerada la corrupción. Sin mencionar al vicealmirante Farías Laguna, el titular de la Marina ha reconocido la gravedad de los hallazgos de la investigación. “Estos golpes de timón son necesarios para defender nuestro compromiso con la sociedad, la transparencia y el Estado mexicano”, ha señalado. Tanto Harfuch como Morales Ángeles han insistido en la corrupción en la Armada de México es solo un caso aislado y no una norma en esa institución. “Protegemos a la institución sin proteger conductas aisladas que vulneran la confianza ciudadana”, ha añadido el secretario de Marina.
La revelación de que un alto cargo en la Marina ha sido parte de una red de corrupción pone el foco en una de las instituciones de seguridad más respetadas en México. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de junio de 2025, la Marina cuenta una aprobación entre la población mexicana de un 89,7%, la más alta entre todos los sectores que componen las Fuerza Armadas. El Gobierno mexicano ha tirado de esta institución desde hace más de una década en el combate al crimen organizado. Durante la Administración de López Obrador, sus encargos crecieron considerablemente cuando el entonces presidente le otorgó, en exclusiva, la vigilancia de las aduanas y aeropuertos del país a la Marina.
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Sobre la firma
Es la jefa de la redacción de EL PAÍS en México. Cubre temas de Política, Economía, Tecnología y Medio Ambiente. Fue enviada especial para las elecciones presidenciales de 2020 en EE UU. Trabajó en Reforma y El Huffington Post. Es licenciada en Comunicación por la Universidad de las Américas Puebla y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.
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