El atropellado intento de autoridades por exonerar al secretario de la Marina del sexenio pasado Rafael Ojeda busca taponear la eventualidad de un golpe al corazón del régimen. Si el marino cae, la pieza siguiente a investigar es su jefe: Andrés Manuel López Obrador.
Justo cuando está por cumplir su primer año como presidenta, Claudia Sheinbaum enfrenta el mayor desafío a su credibilidad, el que puede marcar el destino de su Administración. La mandataria que decidió un combate sin tregua al crimen organizado ahora ha de limpiar la casa.
Por sus vertientes e implicaciones, no exagera quien diga que la trama del huachicol fiscal que se ha conocido a más detalle desde el fin de semana amenaza a Morena: las presuntas complicidades enrarecen la vida interna, y al exterior vuelven insolvente la promesa anticorrupción.
No es este un caso “de unas cuantas manzanas podridas” en una institución que debería parecer y ser impoluta, ni un asunto que se circunscriba a unos cuantos buques con los que se introdujo fraudulentamente gasolinas a México. Es la madre de los escándalos.
De la misma forma que se deben rechazar las exoneraciones exprés que ha pretendido el Gobierno federal debe asumirse que las indagatorias pueden tomar semanas e incluso meses. Lo que no sería aceptable es que no exploren y agoten líneas de investigación obvias.
Llegó la hora al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, al secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, y desde luego a las secretarías de Defensa y de la Armada, de ir al menos hasta 2020, año previo a las elecciones intermedias pasadas.
El grupo político que, para empezar, arribó en 2021 a la gubernatura tamaulipeca ha combatido mediante intentos de censura muy mal disfrazados los señalamientos de presuntas irregularidades en temas de huachicol fiscal. Porque Tamaulipas es la zona cero de las sospechas.
Además de Tamaulipas, hay otras entidades donde, según versiones periodísticas que se han publicado en los últimos años, fondos huachicoleros habrían aceitado varias de las campañas estatales de Morena ganadoras ese año.
Si hay un momento para despejar dudas sobre posible contaminación en los comicios donde el régimen afianzó su poder a nivel estatal, es éste. Y fue justamente un año antes cuando a la Marina se le encargaron aduanas porque eran “incorruptibles”.
El giro de los eventos no pudo ser más dramático. La opinión pública es sacudida hoy no solo por la noticia de que parientes políticos del almirante Rafael Ojeda eran huachicoleros, sino por añejos asesinatos y un presunto suicidio en torno al caso.
Las indagatorias deben eventualmente convencer a las y los mexicanos por su exhaustividad y porque despejen las dudas de quién supo qué en el Gobierno de López Obrador, cuándo y qué hizo con respecto a las andanzas de los hermanos Farías Lagunas.
López Obrador, su secretario de Defensa y desde luego de Marina, su gente de inteligencia, están en entredicho.
En los inicios de ese sexenio dos hechos marcaron la importancia de combatir el huachicol: la escasez de gasolinas, pretextado por la lucha contra ese robo, y la tragedia de Tlahuelilpan en enero de 2019, donde en una toma clandestina fallecieron 73 personas.
Prometer un combate a la corrupción dio corporeidad a la candidatura de López Obrador en 2018. La elemental lógica de que si se abaten los robos desde el poder sobra dinero para dar a los más pobres fue muy potente. Y qué mejor campo que el energético para probarlo.
Los símbolos construyen mitos y estos unifican la fe en una persona o movimiento. Acabar con el huachicol, que suponía además el agravio porque ese delito saqueaba una de las esencias nacionalistas del neoestatismo morenista como es Pemex, se volvió liturgia esencial.
A la vista del escándalo de los sobrinos políticos del almirante Ojeda, el sexenio obradorista envejece mal y muy prematuramente en esa promesa.
No solo porque el caso de los decomisos de hace seis meses en Altamira (de donde surge la pesquisa contra los Farías Laguna y socios) y Ensenada, Baja California, evidencian que el huachicol se volvió generalizado y evolucionó a su vertiente fiscal (de contrabando), sino porque sus protagonistas despachaban, según versiones periodísticas, desde la cúpula de la mismísima secretaría de Marina.
López Obrador queda exhibido por sus promesas. Ni terminó con el huachicol, cosa que a nadie sorprende, ni pudo, o habría que cuestionar incluso si quiso, acabar con la corrupción, pues hoy la duda es qué hizo el gobierno en 2022 con los indicios de este caso.
En un pasado no muy remoto, Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte, propuso que la cabeza de una institución sea responsable por la acción u omisión de los respectivos subalternos. Eso fue, desde luego, en la tragedia de la guardería ABC.
Zaldívar fue derrotado en aquella tesis, y parte de la fama que ahora goza se debe a que, según su versión, su idea no prosperó porque no pudo con los intereses creados en torno al entonces presidente Felipe Calderón.
Si el exministro piensa todavía lo que pensaba cuando murieron 49 niños en una guardería subrogada del IMSS, y dado que goza de un alto puesto en el actual gobierno, prácticamente opera a la derecha de la presidenta, ¿será que su tesis puede al fin abrirse camino?
Más allá de lo que Zaldívar haya propuesto a la sociedad cuando decía que la cadena de responsabilidad debe subir a lo más alto, en el caso del huachicol fiscal que involucra a la Marina no hay forma de que se alcance la justicia si no se aclaran las responsabilidades.
El secretario de Marina fue exonerado declarativamente el domingo cuando García Harfuch y Gertz Manero dieron detalles de las pesquisas que incluyen hasta la fecha catorce detenidos. Pero es apenas la primera versión de los hechos que da la autoridad.
Falta mucho, pues, para que se aclare judicialmente cuánto y qué supo el almirante Ojeda, cuánto informó al presidente de la República, qué hizo el jefe de la inteligencia de López Obrador, su paisano Audomaro Martínez, y, desde luego, qué investigó el fiscal general Gertz Manero.
El senador Adán Augusto López declaró el martes que quien desee que se interrogue al expresidente ha de pedir de rodillas un milagro a la guadalupana, palabras que retratan con nitidez lo que está en juego. El régimen va a resistir incluso la mera formulación de ese escenario.
Por eso la exoneración del peldaño inmediato. Proteger a Ojeda es salvaguardar al comandante de las fuerzas armadas del sexenio anterior, tótem del movimiento que prometió una honestidad valiente y una austeridad que tras la casa de Noroña ya ni ellos defienden.
La presidenta Sheinbaum enfrenta un caso que puede ser telúrico en sus consecuencias. ¿Cuántos gobiernos estatales ha puesto el huachicol? ¿Cuántos desde la alta política permitieron, o se beneficiaron, de que ese delito creciera?
O Claudia resuelve este caso como un pulcro maxiproceso, o la podredumbre de aquellos que estén involucrados comprometerá a Morena y al Gobierno. Cuando se detecta gangrena más vale perder una extremidad, por doloroso que la amputación resulte.
El expresidente queda exhibido por sus promesas. Ni terminó con el huachicol, ni pudo acabar con la corrupción
El atropellado intento de autoridades por exonerar al secretario de la Marina del sexenio pasado Rafael Ojeda busca taponear la eventualidad de un golpe al corazón del régimen. Si el marino cae, la pieza siguiente a investigar es su jefe: Andrés Manuel López Obrador.
Justo cuando está por cumplir su primer año como presidenta, Claudia Sheinbaum enfrenta el mayor desafío a su credibilidad, el que puede marcar el destino de su Administración. La mandataria que decidió un combate sin tregua al crimen organizado ahora ha de limpiar la casa.
Por sus vertientes e implicaciones, no exagera quien diga que la trama del huachicol fiscal que se ha conocido a más detalle desde el fin de semana amenaza a Morena: las presuntas complicidades enrarecen la vida interna, y al exterior vuelven insolvente la promesa anticorrupción.
No es este un caso “de unas cuantas manzanas podridas” en una institución que debería parecer y ser impoluta, ni un asunto que se circunscriba a unos cuantos buques con los que se introdujo fraudulentamente gasolinas a México. Es la madre de los escándalos.
De la misma forma que se deben rechazar las exoneraciones exprés que ha pretendido el Gobierno federal debe asumirse que las indagatorias pueden tomar semanas e incluso meses. Lo que no sería aceptable es que no exploren y agoten líneas de investigación obvias.
Llegó la hora al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, al secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, y desde luego a las secretarías de Defensa y de la Armada, de ir al menos hasta 2020, año previo a las elecciones intermedias pasadas.
El grupo político que, para empezar, arribó en 2021 a la gubernatura tamaulipeca ha combatido mediante intentos de censura muy mal disfrazados los señalamientos de presuntas irregularidades en temas de huachicol fiscal. Porque Tamaulipas es la zona cero de las sospechas.
Además de Tamaulipas, hay otras entidades donde, según versiones periodísticas que se han publicado en los últimos años, fondos huachicoleros habrían aceitado varias de las campañas estatales de Morena ganadoras ese año.
Si hay un momento para despejar dudas sobre posible contaminación en los comicios donde el régimen afianzó su poder a nivel estatal, es éste. Y fue justamente un año antes cuando a la Marina se le encargaron aduanas porque eran “incorruptibles”.
El giro de los eventos no pudo ser más dramático. La opinión pública es sacudida hoy no solo por la noticia de que parientes políticos del almirante Rafael Ojeda eran huachicoleros, sino por añejos asesinatos y un presunto suicidio en torno al caso.
Las indagatorias deben eventualmente convencer a las y los mexicanos por su exhaustividad y porque despejen las dudas de quién supo qué en el Gobierno de López Obrador, cuándo y qué hizo con respecto a las andanzas de los hermanos Farías Lagunas.
López Obrador, su secretario de Defensa y desde luego de Marina, su gente de inteligencia, están en entredicho.
En los inicios de ese sexenio dos hechos marcaron la importancia de combatir el huachicol: la escasez de gasolinas, pretextado por la lucha contra ese robo, y la tragedia de Tlahuelilpan en enero de 2019, donde en una toma clandestina fallecieron 73 personas.
Prometer un combate a la corrupción dio corporeidad a la candidatura de López Obrador en 2018. La elemental lógica de que si se abaten los robos desde el poder sobra dinero para dar a los más pobres fue muy potente. Y qué mejor campo que el energético para probarlo.
Los símbolos construyen mitos y estos unifican la fe en una persona o movimiento. Acabar con el huachicol, que suponía además el agravio porque ese delito saqueaba una de las esencias nacionalistas del neoestatismo morenista como es Pemex, se volvió liturgia esencial.
A la vista del escándalo de los sobrinos políticos del almirante Ojeda, el sexenio obradorista envejece mal y muy prematuramente en esa promesa.
No solo porque el caso de los decomisos de hace seis meses en Altamira (de donde surge la pesquisa contra los Farías Laguna y socios) y Ensenada, Baja California, evidencian que el huachicol se volvió generalizado y evolucionó a su vertiente fiscal (de contrabando), sino porque sus protagonistas despachaban, según versiones periodísticas, desde la cúpula de la mismísima secretaría de Marina.
López Obrador queda exhibido por sus promesas. Ni terminó con el huachicol, cosa que a nadie sorprende, ni pudo, o habría que cuestionar incluso si quiso, acabar con la corrupción, pues hoy la duda es qué hizo el gobierno en 2022 con los indicios de este caso.
En un pasado no muy remoto, Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte, propuso que la cabeza de una institución sea responsable por la acción u omisión de los respectivos subalternos. Eso fue, desde luego, en la tragedia de la guardería ABC.
Zaldívar fue derrotado en aquella tesis, y parte de la fama que ahora goza se debe a que, según su versión, su idea no prosperó porque no pudo con los intereses creados en torno al entonces presidente Felipe Calderón.
Si el exministro piensa todavía lo que pensaba cuando murieron 49 niños en una guardería subrogada del IMSS, y dado que goza de un alto puesto en el actual gobierno, prácticamente opera a la derecha de la presidenta, ¿será que su tesis puede al fin abrirse camino?
Más allá de lo que Zaldívar haya propuesto a la sociedad cuando decía que la cadena de responsabilidad debe subir a lo más alto, en el caso del huachicol fiscal que involucra a la Marina no hay forma de que se alcance la justicia si no se aclaran las responsabilidades.
El secretario de Marina fue exonerado declarativamente el domingo cuando García Harfuch y Gertz Manero dieron detalles de las pesquisas que incluyen hasta la fecha catorce detenidos. Pero es apenas la primera versión de los hechos que da la autoridad.
Falta mucho, pues, para que se aclare judicialmente cuánto y qué supo el almirante Ojeda, cuánto informó al presidente de la República, qué hizo el jefe de la inteligencia de López Obrador, su paisano Audomaro Martínez, y, desde luego, qué investigó el fiscal general Gertz Manero.
El senador Adán Augusto López declaró el martes que quien desee que se interrogue al expresidente ha de pedir de rodillas un milagro a la guadalupana, palabras que retratan con nitidez lo que está en juego. El régimen va a resistir incluso la mera formulación de ese escenario.
Por eso la exoneración del peldaño inmediato. Proteger a Ojeda es salvaguardar al comandante de las fuerzas armadas del sexenio anterior, tótem del movimiento que prometió una honestidad valiente y una austeridad que tras la casa de Noroña ya ni ellos defienden.
La presidenta Sheinbaum enfrenta un caso que puede ser telúrico en sus consecuencias. ¿Cuántos gobiernos estatales ha puesto el huachicol? ¿Cuántos desde la alta política permitieron, o se beneficiaron, de que ese delito creciera?
O Claudia resuelve este caso como un pulcro maxiproceso, o la podredumbre de aquellos que estén involucrados comprometerá a Morena y al Gobierno. Cuando se detecta gangrena más vale perder una extremidad, por doloroso que la amputación resulte.
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