El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, instaurado hace dos años, se encuentra desplegado en un conjunto amplio de acciones, de manera de satisfacer el compromiso asumido por el Estado de Chile con las familias de las víctimas de desaparición forzada, tras un largo período que contaron con un disminuido respaldo institucional para saber qué ocurrió con ellas.
Este 11 de septiembre se cumplen 52 años del inicio de la larga dictadura civil militar y, por consiguiente, de la tragedia que se instaló en nuestro país, desatando un irracional y sistemático proceso de violación de los derechos humanos, que significó miles de casos de muerte, tortura, exilio, despidos y vejaciones, muchas de las cuales fueron calificadas por las Comisiones de Verdad que se generaron luego del retorno de la democracia.
El Plan Nacional de Búsqueda ha permitido visibilizar la existencia de 1.469 casos de desaparición forzada -personas detenidas desaparecidas o ejecutadas sin entrega de cuerpos- en una nómina que por primera vez se dispone en una página web (www.plannacionaldebusqueda.cl) junto a un mapa georreferenciado de los últimos lugares conocidos en que las víctimas fueron hechas desaparecer. A la fecha, se constata la existencia de 1.162 personas de la que no hay datos de su destino tras ser cautivas por los organismos represivos. Asimismo, ha permitido incrementar el apoyo a los Ministros en Visita que investigan los crímenes, continuar con las querellas ante los tribunales, desarrollar pericias pendientes por parte del Servicio Médico Legal -con aporte de instituciones internacionales-, así como indagaciones extrajudiciales que se realizan ante antecedentes que presentan ciudadanas y ciudadanos en distintas regiones del país.
También se están sistematizando diferentes documentos que poseen las instituciones públicas en sus archivos, entre ellas las correspondientes al Ministerio de Defensa, que a comienzo de mes fueron declaradas Monumento Nacional. A ello se suma la entrega a familiares de víctimas de las carpetas de calificación, que cuentan con antecedentes aportados a las Comisiones de Verdad, que permanecían en reserva. De manera que esta información es complementaria a la existentes en los archivos institucionales.
En el ámbito legislativo, debemos destacar el proyecto de ley que permite el reconocimiento jurídico de las víctimas de desaparición forzada, estableciendo una nueva calificación llamada «Ausente por desaparición forzada», encomendando la creación y mantención de un registro para estos efectos al Servicio de Registro Civil e Identificación. Esto incluye la posibilidad de emitir un certificado que acredite la mentada calidad, lo que servirá para el desarrollo de diversos trámites en los que refiere conocer la situación de las personas.
De esta manera, hemos impulsado numerosas iniciativas vinculadas con la búsqueda de verdad y justicia, pero que al mismo tiempo signifiquen reparación a quienes durante décadas -como consecuencia de los acontecimientos originados a partir del 11 de septiembre de 1973- han esperado que el país les dé la respuesta que merecen.
El Plan Nacional de Búsqueda ha permitido visibilizar la existencia de 1.469 casos de desaparición forzada -personas detenidas desaparecidas o ejecutadas sin entrega de cuerpos- en una nómina que por primera vez se dispone en una página web
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El Plan Nacional de Búsqueda ha permitido visibilizar la existencia de 1.469 casos de desaparición forzada -personas detenidas desaparecidas o ejecutadas sin entrega de cuerpos- en una nómina que por primera vez se dispone en una página web
Jaime Gajardo
El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, instaurado hace dos años, se encuentra desplegado en un conjunto amplio de acciones, de manera de satisfacer el compromiso asumido por el Estado de Chile con las familias de las víctimas de desaparición forzada, tras un largo período que contaron con un disminuido respaldo institucional para saber qué ocurrió con ellas.
Este 11 de septiembre se cumplen 52 años del inicio de la larga dictadura civil militar y, por consiguiente, de la tragedia que se instaló en nuestro país, desatando un irracional y sistemático proceso de violación de los derechos humanos, que significó miles de casos de muerte, tortura, exilio, despidos y vejaciones, muchas de las cuales fueron calificadas por las Comisiones de Verdad que se generaron luego del retorno de la democracia.
El Plan Nacional de Búsqueda ha permitido visibilizar la existencia de 1.469 casos de desaparición forzada -personas detenidas desaparecidas o ejecutadas sin entrega de cuerpos- en una nómina que por primera vez se dispone en una página web (www.plannacionaldebusqueda.cl) junto a un mapa georreferenciado de los últimos lugares conocidos en que las víctimas fueron hechas desaparecer. A la fecha, se constata la existencia de 1.162 personas de la que no hay datos de su destino tras ser cautivas por los organismos represivos. Asimismo, ha permitido incrementar el apoyo a los Ministros en Visita que investigan los crímenes, continuar con las querellas ante los tribunales, desarrollar pericias pendientes por parte del Servicio Médico Legal -con aporte de instituciones internacionales-, así como indagaciones extrajudiciales que se realizan ante antecedentes que presentan ciudadanas y ciudadanos en distintas regiones del país.
También se están sistematizando diferentes documentos que poseen las instituciones públicas en sus archivos, entre ellas las correspondientes al Ministerio de Defensa, que a comienzo de mes fueron declaradas Monumento Nacional. A ello se suma la entrega a familiares de víctimas de las carpetas de calificación, que cuentan con antecedentes aportados a las Comisiones de Verdad, que permanecían en reserva. De manera que esta información es complementaria a la existentes en los archivos institucionales.
En el ámbito legislativo, debemos destacar el proyecto de ley que permite el reconocimiento jurídico de las víctimas de desaparición forzada, estableciendo una nueva calificación llamada «Ausente por desaparición forzada», encomendando la creación y mantención de un registro para estos efectos al Servicio de Registro Civil e Identificación. Esto incluye la posibilidad de emitir un certificado que acredite la mentada calidad, lo que servirá para el desarrollo de diversos trámites en los que refiere conocer la situación de las personas.
De esta manera, hemos impulsado numerosas iniciativas vinculadas con la búsqueda de verdad y justicia, pero que al mismo tiempo signifiquen reparación a quienes durante décadas -como consecuencia de los acontecimientos originados a partir del 11 de septiembre de 1973- han esperado que el país les dé la respuesta que merecen.
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