En noviembre pasado, mientras en Lima se realizaba el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó que no participaría del evento que reúne a decenas de líderes mundiales y que más bien la Secretaría de Economía se encargaría de representarla en las actividades programadas. Sheinbaum tenía apenas un mes en el Palacio Nacional, pero aquel desplante era la confirmación de que las tensiones entre aztecas y andinos a raíz del autogolpe de Pedro Castillo en el 2022 continuarían aún después del fin del mandato de Andrés Manuel López Obrador.
Han pasado diez meses y las tensiones solo se han agudizado con la última votación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano al aprobar que se le declare persona non grata por haberse “entrometido” en asuntos de la política interna nacional y mostrar un talante “provocador y desafiante”. Moción que, si bien deberá debatirse y someterse a votación en el Pleno, refleja el quiebre de una relación que no tenía tantas fisuras en el pasado.
Durante el gobierno de Dina Boluarte se ha declarado persona non grata a los adversarios del régimen en el continente: Gustavo Petro y López Obrador. En el caso del presidente colombiano se elevaron los decibeles cuando calificó de “masacre” la represión de las fuerzas del orden en contra de los ciudadanos que protestaron en contra de Dina Boluarte. Es más, en una ocasión sostuvo que la Policía Nacional “marchaba como nazi en contra de su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos”. Con López Obrador sucedió lo mismo al remarcar que Castillo es un “presidente ilegalmente destituido”, dejando entrever que Boluarte usurpó el cargo.
¿Pero cuáles son realmente las consecuencias en que se declare persona non grata a un jefe de Estado? El constitucionalista Franco García Lazo indica que, si bien es un acto simbólico, tiene repercusiones. “Per se, no significa una rotura diplomática, pero definitivamente afectará el trabajo de las embajadas que se reflejará en una disminución cooperativa en foros regionales y bilaterales, pues recordemos que entre ambos países tenemos vigente varios acuerdos y convenios, como el de Integración Comercial del 2012, el de asociación estratégica del 2011 y la cooperación Cultural, Educativa, Técnica y Científica del 1975 y 1996”.
En ese sentido, el abogado subraya que de continuar el conflicto y validarse en el Pleno de la Cámara, “habrá dificultades en la Alianza del Pacífico, de la cual ambos países son miembros”. Basta recordar que en el 2023, López Obrador se negó a entregarle la presidencia pro-témpore a Boluarte y para resolver el incidente hubo que cederle el testigo a Chile por algunas semanas para establecer un puente diplomático.
“Por el lado privado, hay un pequeño, pero inicial riesgo de que las empresas mexicanas con presencia en el Perú, como Grupo Elektra o Grupo Bimbo, podrían enfrentar un clima de negocios menos favorables”, añade Franco García Lazo. Desde el 2023, las relaciones diplomáticas entre México y Perú quedaron reducidas a encargados de negocios. De allí que desde el año pasado los ciudadanos peruanos necesiten visa para ingresar a México. La Cancillería peruana intentó hacer lo mismo, pero finalmente reculó por el impacto que significaría para el rubro turístico.
Según el internacionalista Francisco Belaunde, no existe una ruptura formal entre México y Perú, pero sí un debilitamiento notorio y un estancamiento. “Difícilmente las relaciones recuperarán su cauce hasta que Boluarte deje el poder. No ha habido ningún gesto de apertura ni ninguna señal al respecto”. Otro exmandatario que fue declarado persona non grata en este periodo ha sido Evo Morales, quien fue acusado de azuzar a las regiones sureñas a levantarse en contra de Boluarte durante el 2023.
Dina Boluarte dejará Palacio en julio de 2026, en medio de una crisis de inseguridad sin precedentes, una impopularidad con registros históricos, y un quiebre en las relaciones diplomáticas pocas veces visto con sus homólogos en la región. Si hace unos meses, dejó con la mano extendida a Gustavo Petro, durante la toma de mando de Daniel Noboa en Ecuador, todo indica que será improbable una postal amistosa junto a Claudia Sheinbaum. Menos aún en la Casa de Pizarro.
En noviembre pasado, mientras en Lima se realizaba el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó que no participaría del evento que reúne a decenas de líderes mundiales y que más bien la Secretaría de Economía se encargaría de representarla en las actividades programadas. Sheinbaum tenía apenas un mes en el Palacio Nacional, pero aquel desplante era la confirmación de que las tensiones entre aztecas y andinos a raíz del autogolpe de Pedro Castillo en el 2022 continuarían aún después del fin del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Han pasado diez meses y las tensiones solo se han agudizado con la última votación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano al aprobar que se le declare persona non grata por haberse “entrometido” en asuntos de la política interna nacional y mostrar un talante “provocador y desafiante”. Moción que, si bien deberá debatirse y someterse a votación en el Pleno, refleja el quiebre de una relación que no tenía tantas fisuras en el pasado. Durante el gobierno de Dina Boluarte se ha declarado persona non grata a los adversarios del régimen en el continente: Gustavo Petro y López Obrador. En el caso del presidente colombiano se elevaron los decibeles cuando calificó de “masacre” la represión de las fuerzas del orden en contra de los ciudadanos que protestaron en contra de Dina Boluarte. Es más, en una ocasión sostuvo que la Policía Nacional “marchaba como nazi en contra de su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos”. Con López Obrador sucedió lo mismo al remarcar que Castillo es un “presidente ilegalmente destituido”, dejando entrever que Boluarte usurpó el cargo. ¿Pero cuáles son realmente las consecuencias en que se declare persona non grata a un jefe de Estado? El constitucionalista Franco García Lazo indica que, si bien es un acto simbólico, tiene repercusiones. “Per se, no significa una rotura diplomática, pero definitivamente afectará el trabajo de las embajadas que se reflejará en una disminución cooperativa en foros regionales y bilaterales, pues recordemos que entre ambos países tenemos vigente varios acuerdos y convenios, como el de Integración Comercial del 2012, el de asociación estratégica del 2011 y la cooperación Cultural, Educativa, Técnica y Científica del 1975 y 1996”. En ese sentido, el abogado subraya que de continuar el conflicto y validarse en el Pleno de la Cámara, “habrá dificultades en la Alianza del Pacífico, de la cual ambos países son miembros”. Basta recordar que en el 2023, López Obrador se negó a entregarle la presidencia pro-témpore a Boluarte y para resolver el incidente hubo que cederle el testigo a Chile por algunas semanas para establecer un puente diplomático. “Por el lado privado, hay un pequeño, pero inicial riesgo de que las empresas mexicanas con presencia en el Perú, como Grupo Elektra o Grupo Bimbo, podrían enfrentar un clima de negocios menos favorables”, añade Franco García Lazo. Desde el 2023, las relaciones diplomáticas entre México y Perú quedaron reducidas a encargados de negocios. De allí que desde el año pasado los ciudadanos peruanos necesiten visa para ingresar a México. La Cancillería peruana intentó hacer lo mismo, pero finalmente reculó por el impacto que significaría para el rubro turístico. Según el internacionalista Francisco Belaunde, no existe una ruptura formal entre México y Perú, pero sí un debilitamiento notorio y un estancamiento. “Difícilmente las relaciones recuperarán su cauce hasta que Boluarte deje el poder. No ha habido ningún gesto de apertura ni ninguna señal al respecto”. Otro exmandatario que fue declarado persona non grata en este periodo ha sido Evo Morales, quien fue acusado de azuzar a las regiones sureñas a levantarse en contra de Boluarte durante el 2023. Dina Boluarte dejará Palacio en julio de 2026, en medio de una crisis de inseguridad sin precedentes, una impopularidad con registros históricos, y un quiebre en las relaciones diplomáticas pocas veces visto con sus homólogos en la región. Si hace unos meses, dejó con la mano extendida a Gustavo Petro, durante la toma de mando de Daniel Noboa en Ecuador, todo indica que será improbable una postal amistosa junto a Claudia Sheinbaum. Menos aún en la Casa de Pizarro. Seguir leyendo
En noviembre pasado, mientras en Lima se realizaba el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó que no participaría del evento que reúne a decenas de líderes mundiales y que más bien la Secretaría de Economía se encargaría de representarla en las actividades programadas. Sheinbaum tenía apenas un mes en el Palacio Nacional, pero aquel desplante era la confirmación de que las tensiones entre aztecas y andinos a raíz del autogolpe de Pedro Castillo en el 2022 continuarían aún después del fin del mandato de Andrés Manuel López Obrador.
Han pasado diez meses y las tensiones solo se han agudizado con la última votación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano al aprobar que se le declare persona non grata por haberse “entrometido” en asuntos de la política interna nacional y mostrar un talante “provocador y desafiante”. Moción que, si bien deberá debatirse y someterse a votación en el Pleno, refleja el quiebre de una relación que no tenía tantas fisuras en el pasado.
Durante el gobierno de Dina Boluarte se ha declarado persona non grata a los adversarios del régimen en el continente: Gustavo Petro y López Obrador. En el caso del presidente colombiano se elevaron los decibeles cuando calificó de “masacre” la represión de las fuerzas del orden en contra de los ciudadanos que protestaron en contra de Dina Boluarte. Es más, en una ocasión sostuvo que la Policía Nacional “marchaba como nazi en contra de su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos”. Con López Obrador sucedió lo mismo al remarcar que Castillo es un “presidente ilegalmente destituido”, dejando entrever que Boluarte usurpó el cargo.
¿Pero cuáles son realmente las consecuencias en que se declare persona non grata a un jefe de Estado? El constitucionalista Franco García Lazo indica que, si bien es un acto simbólico, tiene repercusiones. “Per se, no significa una rotura diplomática, pero definitivamente afectará el trabajo de las embajadas que se reflejará en una disminución cooperativa en foros regionales y bilaterales, pues recordemos que entre ambos países tenemos vigente varios acuerdos y convenios, como el de Integración Comercial del 2012, el de asociación estratégica del 2011 y la cooperación Cultural, Educativa, Técnica y Científica del 1975 y 1996”.
En ese sentido, el abogado subraya que de continuar el conflicto y validarse en el Pleno de la Cámara, “habrá dificultades en la Alianza del Pacífico, de la cual ambos países son miembros”. Basta recordar que en el 2023, López Obrador se negó a entregarle la presidencia pro-témpore a Boluarte y para resolver el incidente hubo que cederle el testigo a Chile por algunas semanas para establecer un puente diplomático.
“Por el lado privado, hay un pequeño, pero inicial riesgo de que las empresas mexicanas con presencia en el Perú, como Grupo Elektra o Grupo Bimbo, podrían enfrentar un clima de negocios menos favorables”, añade Franco García Lazo. Desde el 2023, las relaciones diplomáticas entre México y Perú quedaron reducidas a encargados de negocios. De allí que desde el año pasado los ciudadanos peruanos necesiten visa para ingresar a México. La Cancillería peruana intentó hacer lo mismo, pero finalmente reculó por el impacto que significaría para el rubro turístico.
Según el internacionalista Francisco Belaunde, no existe una ruptura formal entre México y Perú, pero sí un debilitamiento notorio y un estancamiento. “Difícilmente las relaciones recuperarán su cauce hasta que Boluarte deje el poder. No ha habido ningún gesto de apertura ni ninguna señal al respecto”. Otro exmandatario que fue declarado persona non grata en este periodo ha sido Evo Morales, quien fue acusado de azuzar a las regiones sureñas a levantarse en contra de Boluarte durante el 2023.
Dina Boluarte dejará Palacio en julio de 2026, en medio de una crisis de inseguridad sin precedentes, una impopularidad con registros históricos, y un quiebre en las relaciones diplomáticas pocas veces visto con sus homólogos en la región. Si hace unos meses, dejó con la mano extendida a Gustavo Petro, durante la toma de mando de Daniel Noboa en Ecuador, todo indica que será improbable una postal amistosa junto a Claudia Sheinbaum. Menos aún en la Casa de Pizarro.
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