Saúl Méndez @DiarioCoLatino/Colaborador La Mesa de Trabajo por una Pensión Digna (MTPD) advirtió que el sistema de pensiones de El Salvador se encuentra “en el limbo”, al no conocer detalles sobre la reforma al sistema de pensiones que forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que obligan …
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Saúl Méndez
@DiarioCoLatino/Colaborador
La Mesa de Trabajo por una Pensión Digna (MTPD) advirtió que el sistema de pensiones de El Salvador se encuentra “en el limbo”, al no conocer detalles sobre la reforma al sistema de pensiones que forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que obligan al país a presentar la propuesta antes del 10 de febrero de 2026.
Patricio Pineda, experto en pensiones de la MTPD, explicó, en el programa El Salvador Patria Querida, que conduce Alex Carcelero, que el Acuerdo Ampliado bajo la modalidad de Facilidad Extendida (Extended Fund Facility), suscrito en 2025 entre el Gobierno salvadoreño y el FMI por un monto de $1,400 millones y un plazo de 40 meses, establece como condición la presentación de una reforma al sistema de pensiones. Dicha propuesta, señaló, estaría calendarizada para el 10 de febrero y su aprobación legislativa prevista para mediados de este año.
Ante este escenario, Pineda planteó un dilema de fondo sobre el rumbo de la reforma. “¿Se trata de cumplir técnicamente con las exigencias del FMI, aun cuando eso implique un sacrificio generacional en el sistema de pensiones?”, cuestionó.
A juicio de la MTPD, persiste una profunda incertidumbre sobre el contenido de la reforma que el Gobierno pretende presentar. “No sabemos si la modificación busca garantizar derechos, mejorar las pensiones o simplemente cumplir un compromiso financiero que, en pocos años, nos devolverá al mismo problema, o incluso a uno más grave. También existe el riesgo de que se eliminen beneficios”, advirtió Pineda.
El especialista subrayó que el FMI se ha convertido en un actor clave en la discusión previsional, al influir en el análisis del modelo administrativo vigente. “Es necesario entender por qué debemos apuntar a una reforma estructural del diseño del sistema y no a simples ajustes”, afirmó.
El experto insistió en que el país enfrenta una decisión crucial: “o cumplimos a rajatabla lo que pide el FMI y asumimos un sacrificio generacional, o buscamos soluciones más sostenibles y justas”.
La MTPD alertó que reformas superficiales afectarían principalmente a los trabajadores jóvenes y a trabajadores despedidos en los últimos años, cuyos aportes actuales podrían no estar disponibles al momento de su jubilación, si no se realizan ajustes estructurales al sistema.
Desde la creación del sistema de pensiones en 1998 hasta la actualidad, se han aprobado más de veinte reformas, recordó Pineda. Sin embargo, destacó tres como especialmente preocupantes: la creación y privatización del sistema con las AFP; la reforma de 2017, que calificó como “el germen de los problemas actuales”; y la de 2023, que, a su juicio, “acelera el hundimiento del sistema y anticipa un colapso en el corto plazo”.
“El problema de las pensiones en El Salvador no es únicamente legal. Existe un modelo administrativo con fallas estructurales que es el verdadero origen de la crisis”, sostuvo. “Atender ese diseño es el punto de partida para superar la grave situación que enfrentamos”.
Según la MTPD, la propuesta de reforma conocida hasta ahora pone mayor énfasis en el tema de la deuda, generada por el uso de los fondos de pensiones, y no en el déficit previsional, que representa el costo real de las modificaciones planteadas.
“La deuda es lo que el Gobierno ha tomado del Fondo de Pensiones y que hoy está comprometido. Pero la reforma tiene un costo que no se quiere publicar. A eso se le llama déficit previsional: ¿cuánto va a costar lo que el Gobierno ha hecho y pretende cambiar?”, alertó Pineda.
El experto también señaló que el Gobierno no ha cumplido con otros compromisos asumidos ante el FMI, como la publicación transparente de datos previsionales y la elaboración de un análisis actuarial del sistema. “Si se publican los datos, se levanta la reserva que hoy existe y se cuenta con una base técnica sólida para realizar un análisis actuarial, que es el diagnóstico del sistema en un momento determinado”, explicó.
“Con ese análisis se debe elaborar luego un estudio actuarial, que es otra de las condicionantes exigidas por el FMI”, dijo. Pineda también cuestionó que, aunque el 22 de diciembre del año pasado la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) publicó un documento titulado Estudio Actuarial, este “no cumple con los criterios técnicos de un verdadero estudio actuarial”.
“Lo que se publicó es un boletín informativo. Además, existen dos documentos distintos: el que aparece en el sitio de la SSF y otro que maneja el FMI. Probablemente, este último sea el que se presente como propuesta de reforma, y ahí sí vendrá reflejado el déficit previsional. Es decir, el costo real de implementar los cambios al sistema”, concluyó.
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