La política de Estados Unidos —del presidente Trump para ser más precisos— contra el narcotráfico los ha llevado a igualarse con el tirano Nicolás Maduro y decidir que no respeta la constitución ni las leyes internacionales para actuar de manera letal contra personas y embarcaciones en altamar presuntamente narcotraficantes.
La indignación frente al narcotráfico es legítima. Las rutas de la cocaína, los carteles que las operan y los regímenes que se hacen los de la vista gorda o se benefician de ella representan una amenaza para la seguridad de la región. Nadie sensato defiende a los capos, sus ejércitos armados ni el sufrimiento que exportan. Pero precisamente porque son criminales peligrosos, es por lo que más debemos aferrarnos al derecho internacional, el debido proceso y a la jurisdicción de los jueces.
El episodio de la explosión a una nave en aguas internacionales por parte de fuerzas militares estadounidenses, que consideraron se trataba de un envío de cocaína a los Estados Unidos, con 11 personas a bordo, constituye un acto de pena de muerte no autorizado por autoridad legítima. Que se trate de aguas internacionales no hace menos grave el ataque militar. En altamar no aplica la ley del más fuerte: rigen los convenios internacionales, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Derecho Internacional Humanitario. Pretender que un oficial, por orden política, pueda ejecutar sumariamente a un sospechoso de narcotráfico es convertir la lucha contra el crimen en un espectáculo de piratería.
El hecho de que los acusados hayan sido ciudadanos venezolanos añade un matiz explosivo. El régimen de Nicolás Maduro, autoritario y represor, ha convertido su territorio en refugio de redes ilegales. Pero incluso reconociendo la brutalidad de ese régimen, no se puede confundir la lucha contra un tirano con la licencia para fusilar a sus nacionales. Una cosa es no reconocer la legitimidad de un presidente y otra muy distinta es suponer que todos los ciudadanos venezolanos pierdan sus derechos humanos básicos por el solo hecho de llevar un pasaporte de su país.
La historia enseña que las guerras sin jueces terminan en barbarie y que cuando se confunde la justicia con la venganza, las democracias se convierten en lo mismo que combaten. Si se acepta disparar por sospecha, mañana se podrá disparar contra cualquiera que simpatice con la causa política de un adversario. Es el riesgo de jugar con acciones extrajudiciales, se comienza con criminales indeseables y se termina con opositores incómodos. El dilema es claro: ¿queremos defendernos del narcotráfico como democracias o como tiranías? La democracia se defiende con el peso de la ley, no con la ley del plomo. Los Estados Unidos, que tantas veces se han presentado como faro de libertades y garantías, no pueden darse el lujo de incumplir su propia Constitución en nombre de la eficacia represiva.
La represión sin juicio no sirve para nada: mata al mensajero sin tocar la estructura criminal que lo reemplaza al día siguiente. Hay además un principio elemental de soberanía. Si un crimen se comete, debe investigarse, juzgarse y castigarse en los tribunales. Lo contrario es meterse en la lógica del tirano que tanto rechazamos: Maduro reprime, encarcela y fusila sin jueces. ¿Acaso vamos a combatirlo con las mismas armas que lo deslegitiman? Vale recordar las enseñanzas del presidente colombiano Carlos Lleras Restrepo, siendo por pocos días director de la Comisión de Paz que fijó claramente las reglas que deberían observarse para la lucha contra el crimen guerrillero de la época: respetar los derechos humanos de los criminales aunque ellos —los guerrilleros— los desconocieran todo el tiempo con sevicia.
Nadie discute que el narcotráfico es un enemigo brutal. Pero también lo es el deterioro de la justicia en nombre de la seguridad. La pena de muerte en aguas internacionales decretada por órdenes militares o políticas es una traición al Estado de derecho. Y si algo debe distinguirnos de los criminales y de los tiranos es que nosotros no necesitamos declarar la guerra a muerte: tenemos la justicia para defender la vida.
El narcotráfico es un enemigo brutal. Pero también lo es el deterioro de la justicia en nombre de la seguridad. La pena de muerte en aguas internacionales decretada por órdenes militares o políticas es una traición al Estado de derecho
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos
El narcotráfico es un enemigo brutal. Pero también lo es el deterioro de la justicia en nombre de la seguridad. La pena de muerte en aguas internacionales decretada por órdenes militares o políticas es una traición al Estado de derecho
La política de Estados Unidos —del presidente Trump para ser más precisos— contra el narcotráfico los ha llevado a igualarse con el tirano Nicolás Maduro y decidir que no respeta la constitución ni las leyes internacionales para actuar de manera letal contra personas y embarcaciones en altamar presuntamente narcotraficantes.
La indignación frente al narcotráfico es legítima. Las rutas de la cocaína, los carteles que las operan y los regímenes que se hacen los de la vista gorda o se benefician de ella representan una amenaza para la seguridad de la región. Nadie sensato defiende a los capos, sus ejércitos armados ni el sufrimiento que exportan. Pero precisamente porque son criminales peligrosos, es por lo que más debemos aferrarnos al derecho internacional, el debido proceso y a la jurisdicción de los jueces.
El episodio de la explosión a una nave en aguas internacionales por parte de fuerzas militares estadounidenses, que consideraron se trataba de un envío de cocaína a los Estados Unidos, con 11 personas a bordo, constituye un acto de pena de muerte no autorizado por autoridad legítima. Que se trate de aguas internacionales no hace menos grave el ataque militar. En altamar no aplica la ley del más fuerte: rigen los convenios internacionales, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Derecho Internacional Humanitario. Pretender que un oficial, por orden política, pueda ejecutar sumariamente a un sospechoso de narcotráfico es convertir la lucha contra el crimen en un espectáculo de piratería.
El hecho de que los acusados hayan sido ciudadanos venezolanos añade un matiz explosivo. El régimen de Nicolás Maduro, autoritario y represor, ha convertido su territorio en refugio de redes ilegales. Pero incluso reconociendo la brutalidad de ese régimen, no se puede confundir la lucha contra un tirano con la licencia para fusilar a sus nacionales. Una cosa es no reconocer la legitimidad de un presidente y otra muy distinta es suponer que todos los ciudadanos venezolanos pierdan sus derechos humanos básicos por el solo hecho de llevar un pasaporte de su país.
La historia enseña que las guerras sin jueces terminan en barbarie y que cuando se confunde la justicia con la venganza, las democracias se convierten en lo mismo que combaten. Si se acepta disparar por sospecha, mañana se podrá disparar contra cualquiera que simpatice con la causa política de un adversario. Es el riesgo de jugar con acciones extrajudiciales, se comienza con criminales indeseables y se termina con opositores incómodos. El dilema es claro: ¿queremos defendernos del narcotráfico como democracias o como tiranías? La democracia se defiende con el peso de la ley, no con la ley del plomo. Los Estados Unidos, que tantas veces se han presentado como faro de libertades y garantías, no pueden darse el lujo de incumplir su propia Constitución en nombre de la eficacia represiva.
La represión sin juicio no sirve para nada: mata al mensajero sin tocar la estructura criminal que lo reemplaza al día siguiente. Hay además un principio elemental de soberanía. Si un crimen se comete, debe investigarse, juzgarse y castigarse en los tribunales. Lo contrario es meterse en la lógica del tirano que tanto rechazamos: Maduro reprime, encarcela y fusila sin jueces. ¿Acaso vamos a combatirlo con las mismas armas que lo deslegitiman? Vale recordar las enseñanzas del presidente colombiano Carlos Lleras Restrepo, siendo por pocos días director de la Comisión de Paz que fijó claramente las reglas que deberían observarse para la lucha contra el crimen guerrillero de la época: respetar los derechos humanos de los criminales aunque ellos —los guerrilleros— los desconocieran todo el tiempo con sevicia.
Nadie discute que el narcotráfico es un enemigo brutal. Pero también lo es el deterioro de la justicia en nombre de la seguridad. La pena de muerte en aguas internacionales decretada por órdenes militares o políticas es una traición al Estado de derecho. Y si algo debe distinguirnos de los criminales y de los tiranos es que nosotros no necesitamos declarar la guerra a muerte: tenemos la justicia para defender la vida.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Añadir usuarioContinuar leyendo aquí
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Más información
Archivado En
EL PAÍS
