Por: Luis Rafael Moreira Flores Representantes del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) ofrecieron una conferencia de prensa de urgencia esta mañana para fijar una postura ante los recientes anuncios del Gobierno de El Salvador sobre posibles mecanismos de liberación anticipada y condicionada para personas encarceladas …
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Por: Luis Rafael Moreira Flores
Representantes del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) ofrecieron una conferencia de prensa de urgencia esta mañana para fijar una postura ante los recientes anuncios del Gobierno de El Salvador sobre posibles mecanismos de liberación anticipada y condicionada para personas encarceladas bajo el régimen de excepción.
Las organizaciones expresaron su profunda preocupación por las implicaciones jurídicas e institucionales de las declaraciones provenientes del Órgano Ejecutivo, al considerar que la concesión discrecional de beneficios políticos no puede sustituir la administración imparcial de la justicia ni las garantías constitucionales del debido proceso.
Balance crítico a cuatro años de la medida excepcional
Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, miles de familias salvadoreñas han enfrentado el impacto de capturas arbitrarias, privaciones prolongadas de libertad y acusaciones formuladas sin pruebas individualizadas. Durante el encuentro con los medios, los voceros subrayaron que los procedimientos judiciales masivos, los obstáculos al derecho a la defensa y la falta de independencia del sistema de justicia han dejado desprotegida a la población vulnerable.
De acuerdo con los pronunciamientos de MOVIR y el BRP, las irregularidades ampliamente documentadas por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han causado un daño severo a la estructura social del país. La desintegración familiar, el sufrimiento psicológico y las graves secuelas económicas en los hogares golpeados por las detenciones de trabajadores, estudiantes y jefes de hogar demuestran que la política de seguridad pública se sostiene sobre bases endebles y desproporcionadas.
«La seguridad de la población es incompleta y tergiversada si se construye mediante el encarcelamiento de personas inocentes y a través de procedimientos que impiden distinguir entre quienes han cometido delitos y quienes han sido capturados de forma arbitraria», señalo Samuel Ramírez, representante de MOVIR.
Las exigencias de las organizaciones sociales
Ante lo que califican como un intento del Ejecutivo por controlar los tiempos y criterios del sistema penal, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular presentó un pliego articulado en seis exigencias fundamentales dirigidas al Estado salvadoreño y a la opinión pública internacional:
- Cumplimiento de las funciones constitucionales del Órgano Judicial
Las organizaciones demandaron que los tribunales asuman con independencia su rol de garantes del debido proceso y la presunción de inocencia. Exigieron la revisión inmediata, individualizada y efectiva de las causas penales de las personas detenidas, en especial aquellas procesadas mediante acusaciones genéricas o evidencias insuficientes. Esta revisión debe abarcar tanto a los imputados que permanecen bajo prisión preventiva como a quienes resultaron condenados en juicios masivos afectados por violaciones sustanciales a sus garantías. Los jueces, recalcaron, están obligados a decretar la libertad de quienes carezcan de fundamento jurídico suficiente para estar en prisión, sin ceder ante presiones políticas ni directrices administrativas.
- Rechazo categórico al condicionamiento de la libertad
El BRP y MOVIR rechazaron que se someta a personas inocentes a la disyuntiva de admitir delitos no cometidos a cambio de su liberación. Alertaron que el uso de la prisión prolongada como mecanismo de presión para obtener confesiones violentas de forma flagrante la dignidad humana y el derecho a la defensa. Ningún ciudadano debe ser obligado a declararse culpable o a reconocer vínculos inexistentes con estructuras delincuenciales para recuperar su derecho a la libertad.
- Libertad inmediata y plena restitución de derechos
Se instó al Estado a conceder la libertad inmediata a todas las personas privadas de libertad sin sustento legal válido. Esta liberación debe ser total, sin medidas restrictivas o de vigilancia que mantengan los efectos de la detención arbitraria, y acompañada del borrado completo de antecedentes penales derivados de acusaciones infundadas. Asimismo, demandaron el reconocimiento judicial correspondiente para garantizar que las víctimas no vuelvan a sufrir persecuciones ni estigmatización.
- Transparencia sobre los anuncios de liberación del Ejecutivo
Frente a las declaraciones oficiales respecto a liberar de manera condicionada a personas señaladas administrativamente como «colaboradoras», las organizaciones exigieron máxima transparencia. Pidieron esclarecer públicamente cuáles son los criterios técnicos, los fundamentos jurídicos y la situación procesal de los expedientes involucrados. Consideran alarmante que sea el poder político el que defina quiénes y bajo qué términos salen de las cárceles mientras miles de familias continúan buscando a sus familiares sin respuesta institucional.
- Creación de una comisión independiente con respaldo internacional
Para destrabar el estancamiento de los casos y garantizar imparcialidad, exigieron la conformación de una comisión independiente y transparente. Este mecanismo debería estar integrado por especialistas en derecho penal, defensores de derechos humanos, representantes de las víctimas y observadores de instancias internacionales especializadas. Su función central será examinar las denuncias de detenciones arbitrarias, verificar las irregularidades del debido proceso y formular recomendaciones vinculantes para la liberación de los procesados injustamente, actuando como un complemento de apoyo a las atribuciones del Órgano Judicial.
- Reparación integral de los daños causados por el Estado
Finalmente, las organizaciones sostuvieron que la sola restitución de la libertad no basta. El Estado salvadoreño debe asumir su responsabilidad institucional por las violaciones de derechos cometidas, garantizando indemnizaciones económicas, atención médica y psicológica, rehabilitación social, disculpas públicas y garantías de no repetición. Del mismo modo, urgieron investigar y esclarecer los decesos reportados bajo la custodia de los centros penitenciarios, así como las denuncias sobre actos de tortura y malos tratos.
Acompañamiento a las familias y llamado a la sociedad
La conferencia concluyó con un mensaje explícito de solidaridad hacia las madres, esposas, padres e hijos que se han movilizado de manera permanente desde hace varios años para exigir el retorno de sus familiares encarcelados sin pruebas. Las organizaciones destacaron que la tenacidad de estas familias ha impedido la invisibilización de los costes humanos del régimen de excepción y ha mantenido vivo el debate sobre la necesidad de restaurar las garantías constitucionales en El Salvador.
Los voceros reiteraron que el combate legítimo a la delincuencia no debe ser antagónico al respeto irrestricto de los derechos humanos fundamentalmente reconocidos en la legislación nacional e internacional. Aseguraron que una justicia justa, capaz de discernir de forma transparente entre la responsabilidad penal y la inocencia, es el único camino sostenible para garantizar la paz social y evitar que los abusos de poder sigan afectando a la población.
Al cierre del acto, los representantes de MOVIR y el BRP llamaron a las instituciones a someterse al mandato de la Constitución y convocaron al tejido social y defensora de derechos humanos a no bajar la guardia en la exigencia de libertad para las personas inocentes y en el reclamo de justicia y reparación integral para todas las víctimas.
Nacionales archivos – Diario Co Latino
