México se prepara para lo que promete ser un arduo y prolongado proceso de renegociación de su tratado trilateral con Estados Unidos y Canadá. Lo que, según la normativa del TMEC, debería ser una revisión periódica, se perfila desde ahora como una oportunidad para la Administración de Donald Trump -que ha señalado la existencia de al menos 50 barreras en su contra- de intentar obtener ganancias no solo en su balanza de pagos, sino también en los ámbitos político y migratorio.
Tras la visita a México la semana pasada del Secretario de Estado, Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que revisarán los desacuerdos uno por uno. También advirtió de que su equipo negociador elevará protestas cuando la balanza se incline a favor de las contrapartes.
Las quejas de Estados Unidos abarcan múltiples aristas, algunas más fáciles de solventar que otras. En un informe de marzo, la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR, por sus siglas en inglés) argumentó que la política energética mexicana favorece desproporcionadamente a las empresas estatales, como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que restringe la participación privada y contradice el espíritu del TMEC. También señaló retrasos en la aprobación de permisos sanitarios que demoran la entrada de productos estadounidenses, así como trámites aduaneros opacos y cambiantes que generan incertidumbre entre los exportadores. Además, cuestionó el creciente proteccionismo mexicano a industrias locales –como el de pagos electrónicos- y políticas de patentes más laxas. Incluso destacó que los mercados El Santuario y San Juan de Dios, en Guadalajara, y Tepito, en Ciudad de México, forman parte de su lista de Mercados Notorios de Falsificación y Piratería, junto a una treintena de otros establecimientos globales que considera una amenaza contra la propiedad intelectual.
La normativa del tratado fija cómo debería ser el calendario de renegociación. Estados Unidos, Canadá y México deben iniciar consultas públicas sobre los aciertos y falencias del acuerdo con sus sectores industriales en el otoño de este año y está contemplada una audiencia entre los tres países cerca de octubre. La fecha crucial está estipulada para el 1 de julio de 2026, cuando se decidirá si se extiende la vigencia del tratado por otros 16 años o se finaliza en 2036. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha enfatizado que su despacho está embarcado desde septiembre en la tarea, mientras que el presidente estadounidense ha reiterado que buscará una revisión completa, aunque los términos originalmente estipulan una renegociación únicamente de los puntos que requieran atención.
“Las implicaciones de esta negociación son enormes. Está en juego la continuidad y actualización del principal acuerdo comercial de la región”, explica Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey. “Si la renegociación se conduce de forma constructiva, podría fortalecer aún más estas relaciones comerciales, resolviendo las fricciones pendientes en áreas como los energéticos, agricultura y economía digital. Pero si las tensiones escalan, existe el riesgo de una ruptura de confianza entre los socios. De hecho, Trump ya ha mostrado disposición de usar aranceles agresivamente, lo que pudiera llevar a una guerra comercial en la región. En el peor escenario, si no se llega a un entendimiento, podría incluso peligrar la permanencia del tratado en el mediano plazo”, agrega.
Sin embargo, el experto destaca que “se han dado señales” de que prevalecerá el interés común para mantener la integración económica en Norteamérica. “México y Canadá, aunque defienden su soberanía regulatoria, han mostrado voluntad de corregir cursos para alinearse con sus obligaciones comerciales”, apunta.
Déficit comercial, pero con bandera política
Trump tiene muy presente que la balanza comercial favorece a su vecino, aunque la diatriba arancelaria se ha centrado en mucho más que tributos, convirtiéndose en una palanca para lograr objetivos de cooperación más amplios. “Estas barreras, descritas en el informe de 2025 de la USTR, apuntan a las políticas económicas de Morena, incluidas las de energía, agricultura, telecomunicaciones, propiedad intelectual y regulaciones de servicios financieros. En medio de un déficit comercial histórico de 172.000 millones de dólares con Estados Unidos en 2024, Trump exige concesiones y vincula los temas de comercio, migración y seguridad. Con un plazo de 90 días para evitar la imposición de aranceles, Sheinbaum enfrenta la presión de equilibrar negociaciones pragmáticas con la defensa de la soberanía de México y las políticas de la 4T”, resumió Bradesco BBI en un análisis de mercado.
La visita de Rubio estuvo marcada por la “histórica” cooperación entre los países en la lucha contra los cárteles del narcotráfico que, para Estados Unidos, extienden sus áreas de operación desde China, Canadá y Venezuela, permeando todo el continente. También, aunque en menor medida, por la necesidad de preservar la estrecha integración comercial alcanzada.
Tras el encuentro, la mandataria anunció que evalúa imponer aranceles a las importaciones de países fuera del tratado de libre comercio, incluyendo China, que, a su vez, ha advertido con tomar medidas retaliatorias de ser necesario. Aunque no quedó claro de inmediato si el adelanto respondía a presiones de Estados Unidos, la medida podría facilitar las negociaciones para México, según Magaña. “Podría ser vista con buenos ojos durante las sesiones de renegociación del TMEC, dado que busca cumplir con esa voluntad que tiene Estados Unidos de competir abiertamente con el comercio chino”.
La lista de obstáculos citados por Estados Unidos es extensa y variada, con temas energéticos, agrícolas y de propiedad intelectual que van desde lo simple de resolver a lo estructural y complejo
México se prepara para lo que promete ser un arduo y prolongado proceso de renegociación de su tratado trilateral con Estados Unidos y Canadá. Lo que, según la normativa del TMEC, debería ser una revisión periódica, se perfila desde ahora como una oportunidad para la Administración de Donald Trump -que ha señalado la existencia de al menos 50 barreras en su contra- de intentar obtener ganancias no solo en su balanza de pagos, sino también en los ámbitos político y migratorio.
Tras la visita a México la semana pasada del Secretario de Estado, Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que revisarán los desacuerdos uno por uno. También advirtió de que su equipo negociador elevará protestas cuando la balanza se incline a favor de las contrapartes.
Las quejas de Estados Unidos abarcan múltiples aristas, algunas más fáciles de solventar que otras. En un informe de marzo, la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR, por sus siglas en inglés) argumentó que la política energética mexicana favorece desproporcionadamente a las empresas estatales, como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que restringe la participación privada y contradice el espíritu del TMEC. También señaló retrasos en la aprobación de permisos sanitarios que demoran la entrada de productos estadounidenses, así como trámites aduaneros opacos y cambiantes que generan incertidumbre entre los exportadores. Además, cuestionó el creciente proteccionismo mexicano a industrias locales –como el de pagos electrónicos- y políticas de patentes más laxas. Incluso destacó que los mercados El Santuario y San Juan de Dios, en Guadalajara, y Tepito, en Ciudad de México, forman parte de su lista de Mercados Notorios de Falsificación y Piratería, junto a una treintena de otros establecimientos globales que considera una amenaza contra la propiedad intelectual.
La normativa del tratado fija cómo debería ser el calendario de renegociación. Estados Unidos, Canadá y México deben iniciar consultas públicas sobre los aciertos y falencias del acuerdo con sus sectores industriales en el otoño de este año y está contemplada una audiencia entre los tres países cerca de octubre. La fecha crucial está estipulada para el 1 de julio de 2026, cuando se decidirá si se extiende la vigencia del tratado por otros 16 años o se finaliza en 2036. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha enfatizado que su despacho está embarcado desde septiembre en la tarea, mientras que el presidente estadounidense ha reiterado que buscará una revisión completa, aunque los términos originalmente estipulan una renegociación únicamente de los puntos que requieran atención.
“Las implicaciones de esta negociación son enormes. Está en juego la continuidad y actualización del principal acuerdo comercial de la región”, explica Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey. “Si la renegociación se conduce de forma constructiva, podría fortalecer aún más estas relaciones comerciales, resolviendo las fricciones pendientes en áreas como los energéticos, agricultura y economía digital. Pero si las tensiones escalan, existe el riesgo de una ruptura de confianza entre los socios. De hecho, Trump ya ha mostrado disposición de usar aranceles agresivamente, lo que pudiera llevar a una guerra comercial en la región. En el peor escenario, si no se llega a un entendimiento, podría incluso peligrar la permanencia del tratado en el mediano plazo”, agrega.
Sin embargo, el experto destaca que “se han dado señales” de que prevalecerá el interés común para mantener la integración económica en Norteamérica. “México y Canadá, aunque defienden su soberanía regulatoria, han mostrado voluntad de corregir cursos para alinearse con sus obligaciones comerciales”, apunta.
Déficit comercial, pero con bandera política
Trump tiene muy presente que la balanza comercial favorece a su vecino, aunque la diatriba arancelaria se ha centrado en mucho más que tributos, convirtiéndose en una palanca para lograr objetivos de cooperación más amplios. “Estas barreras, descritas en el informe de 2025 de la USTR, apuntan a las políticas económicas de Morena, incluidas las de energía, agricultura, telecomunicaciones, propiedad intelectual y regulaciones de servicios financieros. En medio de un déficit comercial histórico de 172.000 millones de dólares con Estados Unidos en 2024, Trump exige concesiones y vincula los temas de comercio, migración y seguridad. Con un plazo de 90 días para evitar la imposición de aranceles, Sheinbaum enfrenta la presión de equilibrar negociaciones pragmáticas con la defensa de la soberanía de México y las políticas de la 4T”, resumió Bradesco BBI en un análisis de mercado.
La visita de Rubio estuvo marcada por la “histórica” cooperación entre los países en la lucha contra los cárteles del narcotráfico que, para Estados Unidos, extienden sus áreas de operación desde China, Canadá y Venezuela, permeando todo el continente. También, aunque en menor medida, por la necesidad de preservar la estrecha integración comercial alcanzada.
Tras el encuentro, la mandataria anunció que evalúa imponer aranceles a las importaciones de países fuera del tratado de libre comercio, incluyendo China, que, a su vez, ha advertido con tomar medidas retaliatorias de ser necesario. Aunque no quedó claro de inmediato si el adelanto respondía a presiones de Estados Unidos, la medida podría facilitar las negociaciones para México, según Magaña. “Podría ser vista con buenos ojos durante las sesiones de renegociación del TMEC, dado que busca cumplir con esa voluntad que tiene Estados Unidos de competir abiertamente con el comercio chino”.
EL PAÍS
