A dos meses de que se celebre en Brasil la cumbre anual de Naciones Unidas para discutir sobre cambio climático, México encabezó esta semana una reunión de 22 países, que concluyó con un documento titulado Declaración Ministerial de la Ciudad de México: América Latina y el Caribe hacia la COP30. Firmado por los responsables de la cartera ambiental de cada nación, reconoce el cambio climático como uno de los grandes retos del mundo actual y pide que sea una prioridad mundial “llevar a cabo una transición que deje atrás los combustibles fósiles”. México se posiciona como el Capitán Planeta del continente, pero es un líder contradictorio. Este mismo agosto presentó su plan a 10 años para Petróleos Mexicanos (Pemex) que contempla aumentar las reservas petroleras, la extracción de crudo y la producción de gasolinas.
También esta semana anunció la construcción de una central termosolar en Baja California Sur, primera en su tipo en el país; pero de los 35 proyectos que tiene en cartera la Comisión Federal de la Energía (CFE) para aumentar la generación eléctrica en México, 18 usarán combustibles fósiles. Un choque de prioridades: un gobierno de izquierdas que fomenta una soberanía energética basada en quemar gas y petróleo sobre la transición eléctrica a energías renovables mientras busca posicionarse como un líder regional en temas medioambientales.
Regresamos Pemex y CFE al pueblo con cambios legales que fortalecen la soberanía; México cuenta con energía suficiente para el desarrollo nacional. La transformación avanza. pic.twitter.com/abzdDUVwGU
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 28, 2025
“No es ningún misterio, la prioridad reside en la soberanía energética, tanto el Gobierno de [Andrés Manuel] López Obrador como el de Claudia Sheinbaum han sido claros al respecto”, dice Nain Martínez, profesor investigador del Colegio de México especializado en la intersección entre las políticas ambientales y desarrollo de nuevas tecnologías, “esto no es malo de por sí, pero el problema de fondo es que la forma de entender la soberanía energética en México ha estado ligada históricamente a la explotación de petróleos e hidrocarburos y, evidentemente, esa visión va en un sentido distinto al de la transición energética”.
La presidenta Sheinbaum, razona Martínez, tiene retos enormes por delante. “Al margen de lo que quiera hacer, hereda un sector energético con problemas financieros, que ya compromete todo el margen de operación”, Pemex y CFE acumulan deudas astronómicas desde hace dos décadas, “hereda un Gobierno con un déficit fiscal del 5% y presión para reducirlo, con mucho de su presupuesto comprometido en políticas sociales, y además las reformas constitucionales que le dejaron limitan la posibilidad de que los actores privados puedan invertir”. En términos simples, los privados no pueden entrar y el sector público está muy comprometido como para hacer inversiones.
En México, de acuerdo a los últimos datos disponibles, en 2023 el 78,5% de la generación se logra gracias principalmente al petróleo y el gas, con un 21,5% de renovables. Una bajada desde el récord, un 24,9% de renovables, logrado en 2021. La meta para 2030, según dijo la secretaría de Energía, Luz Elena González, es “al menos el 35% al 2030 de generación eléctrica con energía limpia, con energía renovable”. Un objetivo que el país ya incumplió en 2024. López Obrador lo prometió durante su participación en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, una de las pocas veces que su administración marcó compromisos climáticos.
El Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, publicado en febrero de 2025, enlista 35 nuevas plantas de generación de energía. 10 son proyectos ya en marcha de la anterior Administración—nueve plantas de ciclo combinado y una planta fotovoltaica— y 25 son de la actual. Estos tienen que comenzar su construcción y esperan entrar en operación entre 2027 y 20230. Son siete parques eólicos, nueve fotovoltaicos y otros nueve— cinco de ciclo combinados, tres de cogeneración en refinerías y una planta de combustión interna— que usan combustibles fósiles. Las nuevas inversiones en energía solar y eólica son de 8.162 millones de dólares para una capacidad de generación de 7.143 megavatios; parejo con los 5.091 millones para lograr 6.087 megavatios que hay en no renovables. Pero de los 10 proyectos en construcción del sexenio de López Obrador, 370 millones son para la planta solar de Puerto Peñasco II y al menos 4.900 millones son para las plantas de ciclo combinado.
“Estamos levantando plantas de ciclo combinado con una vida útil de entre 30 y 50 años, que es justo lo contrario a nuestras metas de mitigación, que marcan que no tendríamos que tener plantas fósiles operando para 2050”, reflexiona Martínez, “si hacemos algunos proyectos de renovables, pero la mayoría va hacia combustibles fósiles, no estamos en el camino de una transición energética”.
De 2006 a 2018, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se impulsó que empresas privadas construyesen plantas eólicas y solares, lo que puso a México entre los 10 países del mundo con mayor inversión en renovables. Pero estos proyectos no tuvieron una planeación integral y enfrentaron tanto resistencia de las comunidades afectadas como problemas de conectividad con el sistema eléctrico nacional. La llegada de López Obrador dio un giro copernicano a estas políticas. Sus esfuerzos para recuperar la rectoría y preponderancia de la CFE en el sector eléctrico llevó, en la práctica, a un abandono de la transición energética hacia las renovables.
Un ejemplo: a principios de 2020, la Secretaría de Energía publicó nuevas normas que priorizaban la energía producida por plantas de la CFE sobre los parques eólicos y solares. Las representaciones de Canadá y la Unión Europea se quejaron a la Secretaría por el cambio de reglas e inversionistas y organizaciones ambientalistas interpusieron más de 170 amparos judiciales contra estas medidas.
“La llegada de Morena en 2018 provocó un reordenamiento de la generación de electricidad, quitando incentivos al mercado eléctrico, y eso parecería que detuvo la transición energética”, defiende Rodrigo Benedtih, economista especializado en energía y comercio internacional de materias primas, “pero lo que pasó es que la judicialización del tema llevó a que, hasta que se logró en 2024 la mayoría en las cámaras para hacer la reforma energética, fueran años perdidos”.
El Gobierno de López Obrador pasó toda la segunda mitad de su sexenio tratando de cambiar la legislación para adecuarla a su visión energética. Primero con una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que enfrentó tantos amparos que la dejó inservible. Presentaron luego una reforma constitucional, aunque no lograron la mayoría suficiente para aprobarla. Pero a la tercera va la vencida y López Obrador, con su legado legislativo llamado Plan C, consiguió su reforma constitucional que devuelve a Pemex y CFE la condición de empresas públicas, un marco legislativo que ahora desarrolla Sheinbaum.
“Siempre hablamos del trilema energético y sus tres patas: la seguridad energética, es decir, energía continua y fiable; la accesibilidad, que tu población la pueda pagar; y el medio ambiente”, enumera Benedtih, “cuando avanzas en una, retrocedes en otras, y México prioriza la seguridad y la accesibilidad por encima del medio ambiente, que es un aspecto que está descuidado”.
“Creo que sería perfectamente factible e incluso deseable que la transición energética a renovables se pensase desde una lógica de soberanía energética”, dice Martínez, el estudioso del cruce de políticas ambientales y tecnología, “en un mundo donde se agotan los campos de petróleo y cada vez es más difícil extraerlo, ¿por qué, si el interés es la soberanía energética, no buscamos ese futuro en las energías renovables?”.
En este debate, el Gobierno de Sheinbaum cabalga las contradicciones heredadas de la Administración de su mentor, López Obrador. Ella, una científica medioambiental, con una participación en el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático que ganó un premio Nobel, defiende un plan para tener más reservas petroleras cuya extracción requerirá, sí o sí, el uso de fracking, una técnica enormemente criticada por ambientalistas y parte de la comunidad científica. Todo para salvar a una petrolera que está entre las 20 empresas más contaminantes del planeta.
El país vive una contradicción entre una política petrolera expansiva y la intención de capitanear a la región hacia la cumbre anual de Naciones Unidas sobre cambio climático
A dos meses de que se celebre en Brasil la cumbre anual de Naciones Unidas para discutir sobre cambio climático, México encabezó esta semana una reunión de 22 países, que concluyó con un documento titulado Declaración Ministerial de la Ciudad de México: América Latina y el Caribe hacia la COP30. Firmado por los responsables de la cartera ambiental de cada nación, reconoce el cambio climático como uno de los grandes retos del mundo actual y pide que sea una prioridad mundial “llevar a cabo una transición que deje atrás los combustibles fósiles”. México se posiciona como el Capitán Planeta del continente, pero es un líder contradictorio. Este mismo agosto presentó su plan a 10 años para Petróleos Mexicanos (Pemex) que contempla aumentar las reservas petroleras, la extracción de crudo y la producción de gasolinas.
También esta semana anunció la construcción de una central termosolar en Baja California Sur, primera en su tipo en el país; pero de los 35 proyectos que tiene en cartera la Comisión Federal de la Energía (CFE) para aumentar la generación eléctrica en México, 18 usarán combustibles fósiles. Un choque de prioridades: un gobierno de izquierdas que fomenta una soberanía energética basada en quemar gas y petróleo sobre la transición eléctrica a energías renovables mientras busca posicionarse como un líder regional en temas medioambientales.
“No es ningún misterio, la prioridad reside en la soberanía energética, tanto el Gobierno de [Andrés Manuel] López Obrador como el de Claudia Sheinbaum han sido claros al respecto”, dice Nain Martínez, profesor investigador del Colegio de México especializado en la intersección entre las políticas ambientales y desarrollo de nuevas tecnologías, “esto no es malo de por sí, pero el problema de fondo es que la forma de entender la soberanía energética en México ha estado ligada históricamente a la explotación de petróleos e hidrocarburos y, evidentemente, esa visión va en un sentido distinto al de la transición energética”.
La presidenta Sheinbaum, razona Martínez, tiene retos enormes por delante. “Al margen de lo que quiera hacer, hereda un sector energético con problemas financieros, que ya compromete todo el margen de operación”, Pemex y CFE acumulan deudas astronómicas desde hace dos décadas, “hereda un Gobierno con un déficit fiscal del 5% y presión para reducirlo, con mucho de su presupuesto comprometido en políticas sociales, y además las reformas constitucionales que le dejaron limitan la posibilidad de que los actores privados puedan invertir”. En términos simples, los privados no pueden entrar y el sector público está muy comprometido como para hacer inversiones.
En México, de acuerdo a los últimos datos disponibles, en 2023 el 78,5% de la generación se logra gracias principalmente al petróleo y el gas, con un 21,5% de renovables. Una bajada desde el récord, un 24,9% de renovables, logrado en 2021. La meta para 2030, según dijo la secretaría de Energía, Luz Elena González, es “al menos el 35% al 2030 de generación eléctrica con energía limpia, con energía renovable”. Un objetivo que el país ya incumplió en 2024. López Obrador lo prometió durante su participación en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, una de las pocas veces que su administración marcó compromisos climáticos.
El Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, publicado en febrero de 2025, enlista 35 nuevas plantas de generación de energía. 10 son proyectos ya en marcha de la anterior Administración—nueve plantas de ciclo combinado y una planta fotovoltaica— y 25 son de la actual. Estos tienen que comenzar su construcción y esperan entrar en operación entre 2027 y 20230. Son siete parques eólicos, nueve fotovoltaicos y otros nueve— cinco de ciclo combinados, tres de cogeneración en refinerías y una planta de combustión interna— que usan combustibles fósiles. Las nuevas inversiones en energía solar y eólica son de 8.162 millones de dólares para una capacidad de generación de 7.143 megavatios; parejo con los 5.091 millones para lograr 6.087 megavatios que hay en no renovables. Pero de los 10 proyectos en construcción del sexenio de López Obrador, 370 millones son para la planta solar de Puerto Peñasco II y al menos 4.900 millones son para las plantas de ciclo combinado.
“Estamos levantando plantas de ciclo combinado con una vida útil de entre 30 y 50 años, que es justo lo contrario a nuestras metas de mitigación, que marcan que no tendríamos que tener plantas fósiles operando para 2050”, reflexiona Martínez, “si hacemos algunos proyectos de renovables, pero la mayoría va hacia combustibles fósiles, no estamos en el camino de una transición energética”.
De 2006 a 2018, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se impulsó que empresas privadas construyesen plantas eólicas y solares, lo que puso a México entre los 10 países del mundo con mayor inversión en renovables. Pero estos proyectos no tuvieron una planeación integral y enfrentaron tanto resistencia de las comunidades afectadas como problemas de conectividad con el sistema eléctrico nacional. La llegada de López Obrador dio un giro copernicano a estas políticas. Sus esfuerzos para recuperar la rectoría y preponderancia de la CFE en el sector eléctrico llevó, en la práctica, a un abandono de la transición energética hacia las renovables.
Un ejemplo: a principios de 2020, la Secretaría de Energía publicó nuevas normas que priorizaban la energía producida por plantas de la CFE sobre los parques eólicos y solares. Las representaciones de Canadá y la Unión Europea se quejaron a la Secretaría por el cambio de reglas e inversionistas y organizaciones ambientalistas interpusieron más de 170 amparos judiciales contra estas medidas.
“La llegada de Morena en 2018 provocó un reordenamiento de la generación de electricidad, quitando incentivos al mercado eléctrico, y eso parecería que detuvo la transición energética”, defiende Rodrigo Benedtih, economista especializado en energía y comercio internacional de materias primas, “pero lo que pasó es que la judicialización del tema llevó a que, hasta que se logró en 2024 la mayoría en las cámaras para hacer la reforma energética, fueran años perdidos”.
El Gobierno de López Obrador pasó toda la segunda mitad de su sexenio tratando de cambiar la legislación para adecuarla a su visión energética. Primero con una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que enfrentó tantos amparos que la dejó inservible. Presentaron luego una reforma constitucional, aunque no lograron la mayoría suficiente para aprobarla. Pero a la tercera va la vencida y López Obrador, con su legado legislativo llamado Plan C, consiguió su reforma constitucional que devuelve a Pemex y CFE la condición de empresas públicas, un marco legislativo que ahora desarrolla Sheinbaum.
“Siempre hablamos del trilema energético y sus tres patas: la seguridad energética, es decir, energía continua y fiable; la accesibilidad, que tu población la pueda pagar; y el medio ambiente”, enumera Benedtih, “cuando avanzas en una, retrocedes en otras, y México prioriza la seguridad y la accesibilidad por encima del medio ambiente, que es un aspecto que está descuidado”.
“Creo que sería perfectamente factible e incluso deseable que la transición energética a renovables se pensase desde una lógica de soberanía energética”, dice Martínez, el estudioso del cruce de políticas ambientales y tecnología, “en un mundo donde se agotan los campos de petróleo y cada vez es más difícil extraerlo, ¿por qué, si el interés es la soberanía energética, no buscamos ese futuro en las energías renovables?”.
En este debate, el Gobierno de Sheinbaum cabalga las contradicciones heredadas de la Administración de su mentor, López Obrador. Ella, una científica medioambiental, con una participación en el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático que ganó un premio Nobel, defiende un plan para tener más reservas petroleras cuya extracción requerirá, sí o sí, el uso de fracking, una técnica enormemente criticada por ambientalistas y parte de la comunidad científica. Todo para salvar a una petrolera que está entre las 20 empresas más contaminantes del planeta.
EL PAÍS
