Saúl Méndez Colaborador La Mesa de Justicia Climática de El Salvador exigió al Estado implementar medidas urgentes para atender a las familias campesinas afectadas por la sequía meteorológica y agrícola, que amenaza la producción nacional de alimentos, el acceso al agua y los medios de vida de miles de personas en las zonas rurales. En …
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Saúl Méndez
Colaborador
La Mesa de Justicia Climática de El Salvador exigió al Estado implementar medidas urgentes para atender a las familias campesinas afectadas por la sequía meteorológica y agrícola, que amenaza la producción nacional de alimentos, el acceso al agua y los medios de vida de miles de personas en las zonas rurales.
En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, conmemorado cada 15 de octubre, y el Día de la Soberanía Alimentaria, el 16 de octubre, la organización advirtió que la emergencia climática profundiza las desigualdades sociales y económicas que enfrenta el campesinado salvadoreño.
La Dirección General de Protección Civil declaró alerta roja por sequía meteorológica y agrícola en todo el territorio nacional en agosto de 2026, después de que ese mes registrara las condiciones más secas desde 1971. Posteriormente, el 7 de octubre, la Asamblea Legislativa aprobó el Estado de Emergencia Nacional por los impactos de la sequía y el fenómeno de El Niño, con una vigencia de seis meses prorrogables.
Ante este escenario, la Mesa manifestó que las declaratorias deben acompañarse de respuestas concretas y sostenidas para proteger a la población afectada y garantizar la producción de alimentos.
De acuerdo con estimaciones de las organizaciones de productoras y productores agropecuarios (CAMPO), las pérdidas rondan el 20 % de lo sembrado durante el ciclo agrícola, equivalente a unos 2.4 millones de quintales de maíz y 78,000 quintales de frijol. Además, advirtieron que hasta el 75 % de la producción de frijol está en riesgo y que alrededor de 60,000 agricultores y agricultoras de la zona oriental dejaron de sembrar.
La Mesa señaló que la pérdida de cosechas, la escasez de agua y el incremento de los costos de producción ponen en riesgo la alimentación de las familias que dependen de la agricultura para subsistir. Entre los sectores más vulnerables identificó a las mujeres, las niñas, los niños, las juventudes rurales y los pueblos indígenas.
La organización destacó el papel de las mujeres rurales, indígenas y campesinas en la producción de alimentos, la conservación de semillas, el establecimiento de huertos familiares, la protección de la biodiversidad y la transmisión de conocimientos ancestrales.
Sin embargo, advirtió que las mujeres enfrentan dificultades particulares para afrontar los efectos de la sequía debido a las limitaciones en el acceso a la tierra, el agua, el crédito y los recursos productivos, además del incremento de las responsabilidades de cuidado.
Según el dato de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) citado en el posicionamiento, solo el 10 % de las mujeres agricultoras en El Salvador posee la tierra que cultiva.
Por ello, la Mesa demandó que las medidas de atención a la emergencia incorporen una perspectiva de género, garanticen la participación efectiva de las mujeres campesinas y aseguren una distribución equitativa de los recursos destinados a la recuperación agrícola.
La organización explicó que la soberanía alimentaria requiere reconocer y garantizar los derechos de las mujeres rurales, quienes desempeñan un papel fundamental en la producción de alimentos y la defensa de los bienes naturales.
Entre las principales demandas dirigidas a las instituciones competentes, la Mesa pidió brindar atención inmediata a las familias campesinas afectadas mediante asistencia alimentaria, acceso al agua, entrega de semillas e insumos agrícolas y recursos para recuperar las cosechas y los medios de vida.
También exigió fortalecer la agricultura familiar campesina mediante asistencia técnica y apoyo a las familias productoras de granos básicos y otros alimentos esenciales para el consumo nacional.
En cuanto al acceso al agua, propuso priorizar el abastecimiento de las comunidades y la producción de alimentos, proteger las fuentes hídricas e impulsar sistemas de captación y almacenamiento de agua lluvia.
Asimismo, solicitó que durante los seis meses de vigencia del Estado de Emergencia Nacional se publiquen informes periódicos sobre los recursos destinados a atender la crisis, los criterios de selección de las familias beneficiarias y los resultados de las medidas implementadas.
La Mesa también pidió garantizar la participación de las comunidades rurales y sus organizaciones en el seguimiento de las acciones estatales, así como respetar los derechos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.
De igual manera, instó al Estado a cumplir sus obligaciones respecto a los derechos de las mujeres rurales, contemplados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Recomendación General número 34.
Además de atender las pérdidas inmediatas, la organización consideró necesario impulsar políticas permanentes de adaptación al cambio climático que fortalezcan la agroecología, la diversificación de cultivos, la conservación de suelos, el rescate de semillas nativas y criollas y el uso sostenible del agua.
La Mesa destacó que prácticas como el uso de abonos orgánicos, la conservación de semillas, la protección de la biodiversidad y la recuperación de conocimientos campesinos pueden contribuir a fortalecer la capacidad de las familias productoras para afrontar la sequía y avanzar hacia sistemas alimentarios sostenibles.
Por otra parte, señaló que la emergencia debe propiciar cambios en las políticas agrícolas, fortalecer la producción local y garantizar la participación de las comunidades rurales en las decisiones sobre sus territorios y bienes naturales.
“¡Sin mujeres rurales no hay soberanía alimentaria!”, expresó la Mesa de Justicia Climática de El Salvador, que también demandó apoyo efectivo para las familias campesinas y medidas orientadas a fortalecer la justicia climática, la agroecología y la soberanía alimentaria.
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