El relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos para la ONU, Marcos Orellana (Santiago de Chile, 54 años), tiene fijas todavía varias escenas que presenció durante su visita de diez días a México: una madre que le contó cómo enterró a su hija, enferma de leucemia, en la cuenca del Alto Atoyac, en Tlaxcala; una mujer que enterró también a su padre y luego a su suegro por la exposición que habían tenido en vida al mercurio, tras dedicarse a la minería artesanal en la Sierra Gorda de Querétaro, o los habitantes de las cercanías del río Sonora, que aún después de 11 años de pedir justicia ambiental por el derrame tóxico de 2014, viven preocupados por sus vecinos y familiares que mueren de cáncer y que no cuentan con atención médica adecuada para tratarse.
El relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos alerta que en el país los llamados infiernos ambientales son por lo menos 50 a lo largo de todo el territorio
El relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos para la ONU, Marcos Orellana (Santiago de Chile, 54 años), tiene fijas todavía varias escenas que presenció durante su visita de diez días a México: una madre que le contó cómo enterró a su hija, enferma de leucemia, en la cuenca del Alto Atoyac, en Tlaxcala; una mujer que enterró también a su padre y luego a su suegro por la exposición que habían tenido en vida al mercurio, tras dedicarse a la minería artesanal en la Sierra Gorda de Querétaro, o los habitantes de las cercanías del río Sonora, que aún después de 11 años de pedir justicia ambiental por el derrame tóxico de 2014, viven preocupados por sus vecinos y familiares que mueren de cáncer y que no cuentan con atención médica adecuada para tratarse.
“El rol de relator es a veces difícil. Lo que uno escucha y uno ve, muchas veces, son testimonios muy fuertes. Los humanos tal vez estamos programados para enterrar a nuestros padres o a nuestras madres; es la vida, a pesar de la devastación emocional que sufrimos en esas circunstancias; pero yo creo que no estamos preparados para enterrar a nuestras hijas e hijos”, dice Orellana, tras presentar parte de sus conclusiones preliminares sobre lo que ha recabado en México. Se refiere a la mujer que le ha contado cómo su hija enfermó de leucemia a temprana edad, por exposición a sustancias peligrosas. “Me hablaba de sus años de lucha por la justicia ambiental, no porque fuera ambientalista, sino porque no quería que ninguna otra madre sufriera lo que a ella le había tocado sufrir”, recuerda.
Orellana, un experto en derecho ambiental internacional y actualmente profesor de la Escuela de Derecho de la American University en Washington D.C., ha dado algunas de sus conclusiones y recomendaciones preliminares tras haber visitado Campeche, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Yucatán. Y después de haber recibido, sobre todo por parte de grupos de la sociedad civil, al menos 42 contribuciones escritas —documentos informativos— sobre varias temáticas ambientales de al menos 20 Estados de la República. El relator también se reunió con representantes de varias instituciones del Gobierno mexicano, de la sociedad civil, miembros de comunidades, del sector privado, de la academia y periodistas.
Aunque en sus observaciones preliminares, que presentará este año al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, resalta los esfuerzos del Gobierno mexicano por entender y mitigar algunos de los problemas urgentes sobre las zonas más contaminadas del país, también ha señalado falencias y omisiones graves. “Preocupa que han proliferado zonas de sacrificio a lo largo del país con motivo del crecimiento industrial”, dijo.
Son más de 50 los lugares que existen ahora mismo en el país llamados “zonas de sacrificio”, que entre ambientalistas, comunidades afectadas y círculos académicos se conocen también como “infiernos ambientales”. Sitios como la cuenca del alto Atoyac, o la del Lerma-Santiago, o el Estado de Yucatán, en donde, asegura Orellana, hay un “aumento descontrolado” de fábricas porcícolas, aproximadamente 500 de ellas que llegan a albergar hasta 100.000 cerdos. Un escenario que genera residuos peligrosos con graves impactos en los acuíferos. Otro lugar crítico es la región de Tula, en Hidalgo, en donde hace solo unos meses, a través de una consulta pública, la mayoría de los habitantes rechazó que se instalara ahí un Parque Ecológico y de Reciclaje.
Sobre casos como estos, Orellana señala: “Este limitado número de lugares con nombre y apellido da cuenta de una situación bastante más amplia […] Lo que estamos viendo aquí es una propuesta de ampliar núcleos o polos de desarrollo industrial, algunas propuestas en lugares que ya están saturados de contaminación. Entonces, a mí la verdad no me sorprende que ante un proceso de consulta las personas se opongan. Lo que es economía circular tiene mucho potencial si es químicamente segura, pero hay algunos procesos como la pirólisis, por ejemplo, que no necesariamente son químicamente seguros. Entonces, llamarles economías circulares pasa a ser otro eufemismo que esconde las verdaderas realidades de los impactos tóxicos de ciertas actividades”.
En el listado de problemáticas vistas por Orellana, también figura que México ha aumentado sus importaciones de desechos en los años recientes. “Bajo el rótulo algo eufemístico del coprocesamiento, estos residuos son quemados como combustible barato para la industria. El combustible barato resulta caro para la salud de la gente. Además, quemar residuos es el punto final de una economía lineal y es una práctica contrapuesta a una economía circular”. El relator también asegura que en el país falta una ley general de sustancias químicas y una ley general sobre plaguicidas altamente peligrosos.
Orellana también ha llamado a que el Estado mexicano garantice el cumplimiento de las leyes vigentes y que exista coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, “especialmente entre las de salud y ambientales”. Además, ha vuelto a poner en la mesa la importancia del recurso del amparo como herramienta para las comunidades: “El Poder Judicial Federal ha tenido un rol preponderante en garantizar el acceso a la justicia a las comunidades afectadas por sustancias tóxicas, en particular en relación con la contaminación del agua. Destacan criterios relevantes en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la legitimación activa para acceder al juicio de amparo y la carga dinámica de la prueba. Aliento a que estos se sigan fortaleciendo”, dijo.
El relator ha considerado que los esfuerzos del Gobierno son todavía insuficientes e incluso que muchas de las decisiones políticas han contravenido los avances en materia ambiental. “En términos de acceso a la información, me parece que el país ha avanzado muchísimo, pero también hay tremendos desafíos. Y en ciertas medidas, regresiones, por ejemplo, el órgano autónomo de acceso a la información ya no es autónomo, depende del Gobierno y eso, ciertamente, es una regresión de derechos”, señala.
Orellana considera que algunos de los instrumentos que existen para medir las emisiones son usados casi de forma voluntaria. Y dice: “Una de las herramientas del Gobierno para conocer las emisiones y la generación de residuos es el llamado RETC, registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que no funciona como debería funcionar. Lo cual le priva a la autoridad de la información que necesita para regular de manera efectiva, le priva a las comunidades la información que necesita para hacer valer sus derechos, le priva a los supervisores, a la fiscalización de la información que necesita para focalizar sus esfuerzos de vigilancia. El acceso a la información es la puerta de entrada a una política ambiental robusta”, dice.
Y recomienda: “México podría hacerse parte del protocolo de Kiev sobre el registro de emisiones y transferencias de contaminantes. Ya hay países de América Latina, algunos miembros de la OCDE, que están participando en las reuniones de este protocolo. Es decir, hay precedentes”.
Los infiernos ambientales en México
Las zonas de sacrificio se llaman así no solo porque se ha sacrificado el medio ambiente y los recursos que le rodean; también se sacrifican la salud y los derechos de las personas que habitan ahí. Los más de 50 sitios identificados por la relatoría de la ONU en México, con ayuda del Conahcyt, no solo mantienen un foco de emergencia en los lugares en donde se ubican; también existe el riesgo de que las sustancias tóxicas se transporten y lleguen a penetrar en lugares lejanos. “Ciertos contaminantes peligrosos son persistentes y son capaces de ser transportados a grandes distancias. Hablamos de mercurio o del plomo”, dice Orellana, que también habla de las sustancias derivadas de los plásticos o las llamadas dioxinas, sustancias microscópicas o moléculas, que son las más peligrosas conocidas por la humanidad.
Su declaración final, en un documento de varias páginas solo con consignas preliminares, no es alentadora para el país: “De acuerdo con el Inventario Nacional de Sitios Contaminados de la autoridad ambiental federal, actualizado a junio de 2025, existen 1.142 sitios registrados en el país. Algunos de estos sitios son verdaderas zonas de sacrificio, donde los esfuerzos de las autoridades y las normas que protegen la salud y el medio ambiente han resultado insuficientes. En estas zonas de sacrificio, se ha normalizado la enfermedad, el cáncer, abortos espontáneos, autismo y el dolor. Como escuché durante una reunión, “vivir en una zona de sacrificio es perder el derecho a morir de viejo”.
EL PAÍS
