Un pago con bitcoin. La llamada desde un call center para ofrecer una semana de vacaciones. Un concierto de tu cantante favorito. Cada uno de estos actos puede esconder una técnica con la que los criminales convierten en bueno su dinero sucio. En los últimos años, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con sus alertas e inclusiones en la lista de sancionados, retrata un nuevo panorama en el que las criptomonedas, la música y los contratos de hoteles por tiempos compartidos son usados por las redes criminales para el blanqueo de capitales. Grupos internacionales estiman que en México esta actividad puede ir de los 18.000 millones de dólares hasta los 44.000 millones al año.
“Las personas que hacen actividades ilícitas lo que quieren es incorporar el dinero obtenido al mercado formal y para ello buscan herramientas que cumplan dos condiciones: que se encubra el origen de los fondos y, como son cantidades muy grandes, que usen el sistema financiero y modalidades paralelas”, explica Luis Pérez de Acha, abogado especialista en lavado de dinero. El sector tecnofinanciero y las criptomonedas cumplen, de sobra, estas dos características.
Las criptomonedas son una herramienta que está siendo cada vez más utilizada por los miembros del crimen organizado debido a su capacidad para mover fondos internacionalmente, a la vez que limitan el acceso a la información de quién manda y recibe los activos. Las organizaciones de lavado dinero las usan para blanquear las ganancias del tráfico de drogas, de acuerdo al último informe Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025 publicado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Ejemplos hubo de sobra a lo largo de 2025. En mayo, un abogado mexicano se declaró culpable en Estados Unidos de lavar 52 millones de dólares para el Cartel de Sinaloa. Al percatarse de que el FBI iba detrás de las cuentas de las empresas pantalla con las que blanqueaba el efectivo de la venta de drogas, trasladó su red de lavado y los activos al mundo de las criptomonedas. Cuando en junio Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo, hizo un trato con las autoridades de Estados Unidos y se declaró culpable, explicó cómo, tras distribuir fentanilo a lo largo y ancho del país, sus lavadores usaban transferencias de dinero y criptomonedas para hacerle llegar las ganancias a él y otros miembros de su grupo. Esa misma semana se anunció que en Florida habían decomisado 10 millones de dólares en criptomonedas directamente vinculadas con el Cartel de Sinaloa.
Las criptomonedas se basan en la cadena de bloques, una tecnología descentralizada que asegura la trazabilidad de las operaciones pero anonimiza a los usuarios. “Las transferencias se pueden rastrear, pero las plataformas hacen que, aunque se pueda detectar qué se transfirió, es muy difícil saber las partes involucradas”, describe Víctor Ruiz, experto en ciberseguridad y fundador de la consultora Silikn, “en algunos momentos agencias como el FBI pueden lograr rastrear alguna operación que les parece sospechosa para encontrarse que, en realidad, era una transacción legal entre empresas”.
“Lo que hacen los cibercriminales es tener cómplices o personas que amenazan para que se encarguen de estas redes de lavado; les dan el dinero en efectivo, ellos lo ponen en sus cuentas, lo mueven por criptoactivos y después lo devuelven”, continua, “también está el tema de que hay empresas chinas que aceptan activos como bitcoin y los usan para pagar los precursores químicos para la fabricación de drogas”.
En octubre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a ocho compañías químicas de China de traficar con, justamente, estos compuestos hacia organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación para que estos puedan sintetizar fentanilo. En una serie de conversaciones interceptadas e incluidas en el escrito de acusación, se lee como el comprador pregunta cuál es la manera más segura de pagar un kilo de precursores. “Western Union y Bitcoin son seguras, pero Western tiene un límite a las cantidades, así que es más conveniente usar Bitcoin para grandes cantidades de dinero”, contestan desde la empresa Guangzhou Tengyue.
También Estados Unidos ha acusado a empresas de promoción musical y cantantes de ser un vehículo para convertir en dinero bueno las ganancias de grupos criminales. En 2025, se condenó a DEL Entertainment y su dueño por haber hecho tratos con Jesús Pérez Alvear, alias Chucho, un promotor musical tapatío que había sido sancionado por el Departamento del Tesoro por mezclar las ganancias del grupo Los Cuinis, vinculado con el Cartel Jalisco Nueva Generación, con los ingresos legítimos de la venta de entradas y bebidas en los conciertos que organizaba. A finales de 2024, Pérez Alvear fue asesinado en el barrio adinerado de Polanco en Ciudad de México. Supuestamente había comenzado a cooperar con Estados Unidos como testigo colaborador.
Recientemente han sido congelados los bienes de Ricardo Hernández Medrano, nombre artístico de El Makabelico y “reconocido narcorapero”, según las autoridades estadounidenses. Le acusan de lavar dinero para el Cartel del Noreste con sus conciertos, además de entregar la mitad de sus ganancias en plataformas como Spotify al grupo criminal. El Makabelico es uno de los cantantes de la discográfica DEL Records, que comparte dueño con DEL Entertainment.
Otro foco rojo son las estafas de tiempo compartido en México, tan comunes que este agosto el Departamento de Tesoro describió a Puerto Vallarta como un paraíso perdido para los jubilados estadounidenses, a los que el Cártel Jalisco Nueva Generación se dedica a engañar para quitarles sus ahorros. Un tiempo compartido es un contrato por el que se adquiere el derecho a usar un desarrollo turístico durante un número determinado de semanas al año. Es como comprar, por anticipado, semanas de vacaciones en un hotel o un condominio.
En total, fueron sancionados —también congelando sus bienes— por su participación en este esquema cuatro nacionales mexicanos y 13 empresas. De estas, cinco estaban dentro del negocio de los tiempos compartidos y tres se dedicaban a los bienes raíces, mientras el resto eran dos operadores de paquetes turísticos, una empresa de servicios de transporte, una firma de contadores y una agencia de viajes; formando, todas juntas, una madeja para engañar y desplumar a sus víctimas.
A lo largo de 2023, otras 22 personas y 30 empresas fueron sancionadas por su participación en este tipo de delitos. “Los estafadores del cartel tienen sofisticados equipos de profesionales que parecen perfectamente normales sobre el papel o por teléfono”, declaró Brian E. Nelson, entonces subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, “pero en realidad son lavadores de dinero especialmente entrenados para estafar a ciudadanos estadounidenses”.
Con ayuda de las empresas de venta de tiempos compartidos, seleccionan sus objetivos. Generalmente, abuelos ya retirados, a los que contactan a través de centros de llamadas o por correo electrónico y, haciéndose pasar por agentes de venta o abogados, les hacen una oferta demasiado tentadora para comprarles o ayudarles a vender sus semanas de tiempo compartido. Pero para poder empezar a cobrar, les piden transferir a cuentas mexicanas unos “impuestos” y “comisiones”. Una vez que el dinero llega a México, los agentes desaparecen. Hay incluso una modalidad más cruel, en la que estas mismas redes, les contactan haciéndose pasar por abogados que les pueden ayudar con su estafa pero, primero, les piden transferir un pago inicial por sus servicios.
“Desde hace cuatro años hemos detectado un aumento de este tipo de estafas, que claramente siguen un patrón”, comenta Silvana Sánchez, directora del área de litigio en MexLaw, una firma de abogados que entre sus servicios principales está la “Cancelación de Tiempos Compartidos”. Nada más entrar en su web, sale un anuncio: “Hay personas que están contactando a dueños de tiempos compartidos diciendo que son de MexLaw. Es un fraude. Nunca contactamos a nadie a no ser que ya sea nuestro cliente”.
Tras aclarar que ellos no han llevado ningún caso relacionado con crimen organizado, explica otras dos tipologías de estafa que han observado. “En una llegan a la víctima con una sentencia judicial a su favor y le comentan que para liberar unos fondos inexistentes tienen que transferir el pago de unos impuestos; y en la otra, cuando contratan los tiempos compartidos, les ofrecen el servicio extra de una agencia de marketing para ayudarles a vender sus semanas y tener una ganancia, de nuevo, a cambio de transferir una comisión”.
Desde 2019, de acuerdo al FBI, hay registro de que sobre 6.000 estadounidenses han caído en estos fraudes, acumulando unas pérdidas de 300 millones de dólares, pero calculan que hay una cifra oculta debido a la vergüenza que da reconocer haber sido estafado.
“La persecución de las redes para incorporar el dinero ilícito al mercado formal siempre va a ir muy rezagada”, concluye el abogado Pérez de Acha, “las autoridades no dan abasto para poder rastrear todos los casos y realizan operaciones emblemáticas, que puedan resultar ejemplarizantes, para luego implementar medidas preventivas”. El lavado de dinero se convierte en un cruce entre una carrera armamentística, en la que los criminales inventan nuevos métodos según los detectan, y un juego en el que un gato persigue a cientos de ratones. Mientras logra atrapar a uno, los demás se le escapan.
Las alertas y acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos permiten retratar nuevas modalidades en el blanqueo de capitales
Un pago con bitcoin. La llamada desde un call center para ofrecer una semana de vacaciones. Un concierto de tu cantante favorito. Cada uno de estos actos puede esconder una técnica con la que los criminales convierten en bueno su dinero sucio. En los últimos años, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con sus alertas e inclusiones en la lista de sancionados, retrata un nuevo panorama en el que las criptomonedas, la música y los contratos de hoteles por tiempos compartidos son usados por las redes criminales para el blanqueo de capitales. Grupos internacionales estiman que en México esta actividad puede ir de los 18.000 millones de dólares hasta los 44.000 millones al año.
“Las personas que hacen actividades ilícitas lo que quieren es incorporar el dinero obtenido al mercado formal y para ello buscan herramientas que cumplan dos condiciones: que se encubra el origen de los fondos y, como son cantidades muy grandes, que usen el sistema financiero y modalidades paralelas”, explica Luis Pérez de Acha, abogado especialista en lavado de dinero. El sector tecnofinanciero y las criptomonedas cumplen, de sobra, estas dos características.
Las criptomonedas son una herramienta que está siendo cada vez más utilizada por los miembros del crimen organizado debido a su capacidad para mover fondos internacionalmente, a la vez que limitan el acceso a la información de quién manda y recibe los activos. Las organizaciones de lavado dinero las usan para blanquear las ganancias del tráfico de drogas, de acuerdo al último informe Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025 publicado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Ejemplos hubo de sobra a lo largo de 2025. En mayo, un abogado mexicano se declaró culpable en Estados Unidos de lavar 52 millones de dólares para el Cartel de Sinaloa. Al percatarse de que el FBI iba detrás de las cuentas de las empresas pantalla con las que blanqueaba el efectivo de la venta de drogas, trasladó su red de lavado y los activos al mundo de las criptomonedas. Cuando en junio Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo, hizo un trato con las autoridades de Estados Unidos y se declaró culpable, explicó cómo, tras distribuir fentanilo a lo largo y ancho del país, sus lavadores usaban transferencias de dinero y criptomonedas para hacerle llegar las ganancias a él y otros miembros de su grupo. Esa misma semana se anunció que en Florida habían decomisado 10 millones de dólares en criptomonedas directamente vinculadas con el Cartel de Sinaloa.
Las criptomonedas se basan en la cadena de bloques, una tecnología descentralizada que asegura la trazabilidad de las operaciones pero anonimiza a los usuarios. “Las transferencias se pueden rastrear, pero las plataformas hacen que, aunque se pueda detectar qué se transfirió, es muy difícil saber las partes involucradas”, describe Víctor Ruiz, experto en ciberseguridad y fundador de la consultora Silikn, “en algunos momentos agencias como el FBI pueden lograr rastrear alguna operación que les parece sospechosa para encontrarse que, en realidad, era una transacción legal entre empresas”.
“Lo que hacen los cibercriminales es tener cómplices o personas que amenazan para que se encarguen de estas redes de lavado; les dan el dinero en efectivo, ellos lo ponen en sus cuentas, lo mueven por criptoactivos y después lo devuelven”, continua, “también está el tema de que hay empresas chinas que aceptan activos como bitcoin y los usan para pagar los precursores químicos para la fabricación de drogas”.
En octubre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a ocho compañías químicas de China de traficar con, justamente, estos compuestos hacia organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación para que estos puedan sintetizar fentanilo. En una serie de conversaciones interceptadas e incluidas en el escrito de acusación, se lee como el comprador pregunta cuál es la manera más segura de pagar un kilo de precursores. “Western Union y Bitcoin son seguras, pero Western tiene un límite a las cantidades, así que es más conveniente usar Bitcoin para grandes cantidades de dinero”, contestan desde la empresa Guangzhou Tengyue.
También Estados Unidos ha acusado a empresas de promoción musical y cantantes de ser un vehículo para convertir en dinero bueno las ganancias de grupos criminales. En 2025, se condenó a DEL Entertainment y su dueño por haber hecho tratos con Jesús Pérez Alvear, alias Chucho, un promotor musical tapatío que había sido sancionado por el Departamento del Tesoro por mezclar las ganancias del grupo Los Cuinis, vinculado con el Cartel Jalisco Nueva Generación, con los ingresos legítimos de la venta de entradas y bebidas en los conciertos que organizaba. A finales de 2024, Pérez Alvear fue asesinado en el barrio adinerado de Polanco en Ciudad de México. Supuestamente había comenzado a cooperar con Estados Unidos como testigo colaborador.
Recientemente han sido congelados los bienes de Ricardo Hernández Medrano, nombre artístico de El Makabelico y “reconocido narcorapero”, según las autoridades estadounidenses. Le acusan de lavar dinero para el Cartel del Noreste con sus conciertos, además de entregar la mitad de sus ganancias en plataformas como Spotify al grupo criminal. El Makabelico es uno de los cantantes de la discográfica DEL Records, que comparte dueño con DEL Entertainment.
Otro foco rojo son las estafas de tiempo compartido en México, tan comunes que este agosto el Departamento de Tesoro describió a Puerto Vallarta como un paraíso perdido para los jubilados estadounidenses, a los que el Cártel Jalisco Nueva Generación se dedica a engañar para quitarles sus ahorros. Un tiempo compartido es un contrato por el que se adquiere el derecho a usar un desarrollo turístico durante un número determinado de semanas al año. Es como comprar, por anticipado, semanas de vacaciones en un hotel o un condominio.
En total, fueron sancionados —también congelando sus bienes— por su participación en este esquema cuatro nacionales mexicanos y 13 empresas. De estas, cinco estaban dentro del negocio de los tiempos compartidos y tres se dedicaban a los bienes raíces, mientras el resto eran dos operadores de paquetes turísticos, una empresa de servicios de transporte, una firma de contadores y una agencia de viajes; formando, todas juntas, una madeja para engañar y desplumar a sus víctimas.
A lo largo de 2023, otras 22 personas y 30 empresas fueron sancionadas por su participación en este tipo de delitos. “Los estafadores del cartel tienen sofisticados equipos de profesionales que parecen perfectamente normales sobre el papel o por teléfono”, declaró Brian E. Nelson, entonces subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, “pero en realidad son lavadores de dinero especialmente entrenados para estafar a ciudadanos estadounidenses”.
Con ayuda de las empresas de venta de tiempos compartidos, seleccionan sus objetivos. Generalmente, abuelos ya retirados, a los que contactan a través de centros de llamadas o por correo electrónico y, haciéndose pasar por agentes de venta o abogados, les hacen una oferta demasiado tentadora para comprarles o ayudarles a vender sus semanas de tiempo compartido. Pero para poder empezar a cobrar, les piden transferir a cuentas mexicanas unos “impuestos” y “comisiones”. Una vez que el dinero llega a México, los agentes desaparecen. Hay incluso una modalidad más cruel, en la que estas mismas redes, les contactan haciéndose pasar por abogados que les pueden ayudar con su estafa pero, primero, les piden transferir un pago inicial por sus servicios.
“Desde hace cuatro años hemos detectado un aumento de este tipo de estafas, que claramente siguen un patrón”, comenta Silvana Sánchez, directora del área de litigio en MexLaw, una firma de abogados que entre sus servicios principales está la “Cancelación de Tiempos Compartidos”. Nada más entrar en su web, sale un anuncio: “Hay personas que están contactando a dueños de tiempos compartidos diciendo que son de MexLaw. Es un fraude. Nunca contactamos a nadie a no ser que ya sea nuestro cliente”.
Tras aclarar que ellos no han llevado ningún caso relacionado con crimen organizado, explica otras dos tipologías de estafa que han observado. “En una llegan a la víctima con una sentencia judicial a su favor y le comentan que para liberar unos fondos inexistentes tienen que transferir el pago de unos impuestos; y en la otra, cuando contratan los tiempos compartidos, les ofrecen el servicio extra de una agencia de marketing para ayudarles a vender sus semanas y tener una ganancia, de nuevo, a cambio de transferir una comisión”.
Desde 2019, de acuerdo al FBI, hay registro de que sobre 6.000 estadounidenses han caído en estos fraudes, acumulando unas pérdidas de 300 millones de dólares, pero calculan que hay una cifra oculta debido a la vergüenza que da reconocer haber sido estafado.
“La persecución de las redes para incorporar el dinero ilícito al mercado formal siempre va a ir muy rezagada”, concluye el abogado Pérez de Acha, “las autoridades no dan abasto para poder rastrear todos los casos y realizan operaciones emblemáticas, que puedan resultar ejemplarizantes, para luego implementar medidas preventivas”. El lavado de dinero se convierte en un cruce entre una carrera armamentística, en la que los criminales inventan nuevos métodos según los detectan, y un juego en el que un gato persigue a cientos de ratones. Mientras logra atrapar a uno, los demás se le escapan.
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