A Santiago se le enredan los pies al caminar. Tiene ocho años y un problema en su cadera, que hace que al andar, un pie choque con el otro y termine en una caída estrepitosa. Le puede ocurrir bajando las escaleras o cuando corre en alguna calle de Salamanca, la ciudad en la que vive. Necesita con urgencia que lo vea un fisioterapeuta y empezar terapias de rehabilitación. Pero Santiago no nació en España. Nació en Lima (Perú) y aterrizó en Madrid con sus padres cuando tenía cinco años, en 2022. De eso hace ya tres años, sus padres ahora tienen la residencia legal, incluso su hermano ya ha nacido aquí, pero él sigue sin tener permiso para vivir en este país. No tiene papeles. No aparece en ningún registro. Y, sobre todo, no puede acceder a la terapia que necesita para poder caminar derecho.
La familia de Santiago —que no se llama así, pero sus padres prefieren que no figure su nombre real— ingresó a España como lo hacen cada mes miles de familias latinoamericanas que deciden migrar en busca de una mejor vida: por el aeropuerto de Barajas, como turistas. La mayoría de ciudadanos de países latinoamericanos no necesitan un visado para viajar a España. A los padres de él —Miguel y Carmen, nombres cambiados por su petición— no les iba mal en Lima. Ambos llevaban una empresa que suministraba bienes al sector minero, hasta que una banda empezó a extorsionarlos. Precisamente, la extorsión, disparada en Lima hace unos años, es una de las principales razones que empuja a España a miles de ciudadanos peruanos cada año.
Casi un año después de aterrizar en Madrid, la pareja tuvo a su segundo hijo, Simón. Decidieron presentarse ante el consulado peruano y rechazar expresamente la nacionalidad de ese país para su hijo. Como el niño no podía quedarse como apátrida, la pareja solicitó ante el Registro Civil español la nacionalidad para su hijo y, una vez concedida, a ellos les fue autorizada la residencia legal como padres del menor español. Pero Santiago sigue sin tenerla.
Aunque los menores extranjeros no acompañados que llegan a las costas españolas en pateras o en cayucos son quienes suelen ocupar los titulares en la prensa, la gran mayoría de los menores migrantes están en España junto a sus familias y han llegado a bordo de un avión. Pero parte de ellos, aún cuando sus padres consiguen los papeles, están obligados a permanecer en la clandestinidad hasta que sus progenitores logran regularizarlos a través de la reagrupación familiar, que exige ciertos requisitos económicos y de alojamiento, aunque los menores ya estén en España.
En un informe de mayo pasado, el Defensor del Pueblo advirtió específicamente sobre la situación de estos menores invisibles: en la práctica, alertaba la institución, la exigencia de que los padres tengan que acreditar esos medios económicos y de alojamiento para poder darles documentos a sus hijos, “supone que un número indeterminado de menores de edad permanezcan en España durante años en situación de irregularidad”. El defensor los describía como “un colectivo particularmente invisible”.
No hay cifras oficiales sobre cuántos menores migrantes acompañados de sus familias están en España sin papeles. Una aproximación la hicieron las organizaciones Save The Children y porCausa en un informe publicado en 2021, en el que hablan de 147.000 menores de 19 años en situación irregular en España. Tres de cada cuatro de ellos procedían de América Latina. Jennifer Zuppiroli, especialista de Save The Children en infancia migrante y una de las autoras de ese documento, explica que los padres suelen regularizarse a través de la figura del arraigo, pero “hay un retraso en el acceso a la documentación por parte de los niños porque los arraigos están destinados a regularizar a los adultos, no a los niños, por lo cual los menores tienen que esperar que les lleguen los papeles a sus padres y después otro tiempo adicional hasta que se pueda hacer la reunificación familiar”. Es decir, a los dos o tres años que pasan los padres en la clandestinidad hasta que se regularizan, hay que sumar al menos otro año o más hasta que puedan hacerlo sus hijos. El tiempo para que los padres puedan regularizarse ha ido disminuyendo con sucesivas reformas, pero no ha sucedido así con sus hijos. “La infancia siempre se queda atrás”, enfatiza Zuppiroli.
Claudia Galarza, 56 años, colombiana, llegó a España sola en 2016. Se vino a buscar la vida como interna, al cuidado de niños y de mayores. Ya con algunos trabajos amarrados, aunque sin papeles, al año siguiente se trajo a su hijo, Juan, entonces de siete años. Ella consiguió con los años sacarse un permiso de residencia, que ha ido renovando, aunque en una ocasión se le venció y tuvo que volver a empezar de nuevo. Pero él nunca ha tenido ningún permiso. Su único documento en España es su pasaporte colombiano. Cada vez que acudían a un puesto de salud, cuenta ella, quedaban a merced de la voluntad del funcionario de turno, que decidía imponerles más o menos trabas. Aunque en España la sanidad es universal en el papel, en la práctica el asunto es a otro precio.
Juan tampoco pudo seguir estudiando música en una escuela dedicada a ello. Por un tiempo, su madre le pagaba la mensualidad para que lo hiciera, pero en un momento no pudo seguir pagándola y, al no tener papeles él, no podía aspirar a una beca. “No es que no puedas estudiar música por no tener papeles, pero no tienes derecho a una beca y, si no tienes una beca, pues no puedes acceder, es una cadena”, explica ella. “Cierra puertas”, resume.
Él ahora tiene 14 años y sabe que su situación es diferente a la de sus compañeros de clase. Hay cosas de las que se queda fuera. Hace poco, en un fin de semana, estaba de viaje en un pueblo con sus amigos. En un punto les pidieron a todos sus documentos y él le escribió con urgencia a su madre para que le enviara el de él. Ella le envió su pasaporte. “Eso no sirve”, le contestó él por chat. Esa situación de irregularidad de él ha causado una tensión entre madre e hijo. A veces, él la culpa a ella. “Yo le digo ‘hijo, te lo he repetido muchas veces, tu documento es tu pasaporte’; y él me dice ‘mamá, joder, pero ¿por qué?”. Uno de cada seis niños migrantes sin papeles en España proviene de Colombia, según el reporte de Save The Children y porCausa.
Sergio Barciela, del equipo de Inclusión Social de Cáritas, ha acompañado de cerca a niños en esas condiciones. “Es una situación de exclusión desde edades muy tempranas; ellos sienten que están de alguna manera invitados a estar aquí, pero de una forma distinta a los otros niños que están en el aula”, detalla.
El Defensor del Pueblo, en su informe de mayo pasado, emitió una recomendación a la Secretaría de Estado de Migraciones para que adopte medidas para que se “eliminen obstáculos que impidan la reagrupación de los menores con sus progenitores” y que “se facilite la residencia independiente del menor de 18 años, tras dos años de residencia legal en España”.
Julia Raquel Mucuy, nacida en Guinea Ecuatorial, hace ya 10 años que vive en España. Cuando decidió migrar con un visado de turista, lo hizo acompañada de sus nueve hijos. Para entonces la mayor tenía 12 años y de ahí para abajo, hasta el menor, que rondaba los dos años. Se asentaron en un piso en Azuqueca de Henares (Castilla-La Mancha), que ella había comprado un año antes de venir con sus hijos. Sin papeles, se buscaba la vida cuidando personas mayores, sin contrato. “Cuando buscaba trabajos me preguntaban por mis documentos, y cuando buscaba mis documentos me preguntaban por un contrato de trabajo, entonces me quedaba bloqueada”, resume ella. Y así por años. Su primer permiso de residencia, de hecho, lo llegó a obtener en 2023, ocho años después de llegar y gracias a que tuvo otra hija aquí, con un hombre español, y a través de ella obtuvo sus papeles. Todo este tiempo, sus hijos han seguido en la clandestinidad. Los mayores, incluso, ya han pasado la mayoría de edad y han quedado irregulares.
Aunque han podido estudiar, se han ido enfrentando con el mismo problema: el título. Cuando llegan a cursos más avanzados o, incluso, ya cuando logran acceder a la universidad, se encuentran con que no les pueden entregar el diploma porque no tienen la documentación. Eso es lo que ahora más angustia a Julia, sobre todo con los que ya son adolescentes. “Me gustaría que estudien, que obtengan sus títulos, que tengan ganas, porque cuando vienen estudiando y aparece el tema de los papeles, se desaniman y es lo primero que me dicen: ‘mamá, pero sin documentos, sabes que no voy a poder sacar mi título’”. Dice que una de ellas quiere ser abogada. Otro, odontólogo.
La mayoría de ellos ha pasado en realidad más tiempo en España que en Guinea Ecuatorial. Los más pequeños incluso tienen poca conexión con ese país y desde que tienen memoria han estado aquí. Sergio Barciela, de Cáritas, apunta que allí hay también un tema sobre la propia construcción de identidad de unos niños que viven en España, pero no se sienten del todo de aquí, y que en su país de origen ya son extranjeros. “Estos niños, ¿cuándo van a dejar de ser inmigrantes?”, interroga.
Una de las hijas mayores de Julia, que había regresado a Guinea Ecuatorial, falleció en 2022. La enterraron allí. Ni su madre ni sus hermanos han podido ir a llevarle flores. Julia dice que cuando consiga que sus hijos tengan papeles, lo primero que van a hacer es viajar para visitar la tumba de su hermana.
A Santiago se le enredan los pies al caminar. Tiene ocho años y un problema en su cadera, que hace que al andar, un pie choque con el otro y termine en una caída estrepitosa. Le puede ocurrir bajando las escaleras o cuando corre en alguna calle de Salamanca, la ciudad en la que vive. Necesita con urgencia que lo vea un fisioterapeuta y empezar terapias de rehabilitación. Pero Santiago no nació en España. Nació en Lima (Perú) y aterrizó en Madrid con sus padres cuando tenía cinco años, en 2022. De eso hace ya tres años, sus padres ahora tienen la residencia legal, incluso su hermano ya ha nacido aquí, pero él sigue sin tener permiso para vivir en este país. No tiene papeles. No aparece en ningún registro. Y, sobre todo, no puede acceder a la terapia que necesita para poder caminar derecho.La familia de Santiago —que no se llama así, pero sus padres prefieren que no figure su nombre real— ingresó a España como lo hacen cada mes miles de familias latinoamericanas que deciden migrar en busca de una mejor vida: por el aeropuerto de Barajas, como turistas. La mayoría de ciudadanos de países latinoamericanos no necesitan un visado para viajar a España. A los padres de él —Miguel y Carmen, nombres cambiados por su petición— no les iba mal en Lima. Ambos llevaban una empresa que suministraba bienes al sector minero, hasta que una banda empezó a extorsionarlos. Precisamente, la extorsión, disparada en Lima hace unos años, es una de las principales razones que empuja a España a miles de ciudadanos peruanos cada año.Casi un año después de aterrizar en Madrid, la pareja tuvo a su segundo hijo, Simón. Decidieron presentarse ante el consulado peruano y rechazar expresamente la nacionalidad de ese país para su hijo. Como el niño no podía quedarse como apátrida, la pareja solicitó ante el Registro Civil español la nacionalidad para su hijo y, una vez concedida, a ellos les fue autorizada la residencia legal como padres del menor español. Pero Santiago sigue sin tenerla. Aunque los menores extranjeros no acompañados que llegan a las costas españolas en pateras o en cayucos son quienes suelen ocupar los titulares en la prensa, la gran mayoría de los menores migrantes están en España junto a sus familias y han llegado a bordo de un avión. Pero parte de ellos, aún cuando sus padres consiguen los papeles, están obligados a permanecer en la clandestinidad hasta que sus progenitores logran regularizarlos a través de la reagrupación familiar, que exige ciertos requisitos económicos y de alojamiento, aunque los menores ya estén en España. En un informe de mayo pasado, el Defensor del Pueblo advirtió específicamente sobre la situación de estos menores invisibles: en la práctica, alertaba la institución, la exigencia de que los padres tengan que acreditar esos medios económicos y de alojamiento para poder darles documentos a sus hijos, “supone que un número indeterminado de menores de edad permanezcan en España durante años en situación de irregularidad”. El defensor los describía como “un colectivo particularmente invisible”. No hay cifras oficiales sobre cuántos menores migrantes acompañados de sus familias están en España sin papeles. Una aproximación la hicieron las organizaciones Save The Children y porCausa en un informe publicado en 2021, en el que hablan de 147.000 menores de 19 años en situación irregular en España. Tres de cada cuatro de ellos procedían de América Latina. Jennifer Zuppiroli, especialista de Save The Children en infancia migrante y una de las autoras de ese documento, explica que los padres suelen regularizarse a través de la figura del arraigo, pero “hay un retraso en el acceso a la documentación por parte de los niños porque los arraigos están destinados a regularizar a los adultos, no a los niños, por lo cual los menores tienen que esperar que les lleguen los papeles a sus padres y después otro tiempo adicional hasta que se pueda hacer la reunificación familiar”. Es decir, a los dos o tres años que pasan los padres en la clandestinidad hasta que se regularizan, hay que sumar al menos otro año o más hasta que puedan hacerlo sus hijos. El tiempo para que los padres puedan regularizarse ha ido disminuyendo con sucesivas reformas, pero no ha sucedido así con sus hijos. “La infancia siempre se queda atrás”, enfatiza Zuppiroli.Claudia Galarza, 56 años, colombiana, llegó a España sola en 2016. Se vino a buscar la vida como interna, al cuidado de niños y de mayores. Ya con algunos trabajos amarrados, aunque sin papeles, al año siguiente se trajo a su hijo, Juan, entonces de siete años. Ella consiguió con los años sacarse un permiso de residencia, que ha ido renovando, aunque en una ocasión se le venció y tuvo que volver a empezar de nuevo. Pero él nunca ha tenido ningún permiso. Su único documento en España es su pasaporte colombiano. Cada vez que acudían a un puesto de salud, cuenta ella, quedaban a merced de la voluntad del funcionario de turno, que decidía imponerles más o menos trabas. Aunque en España la sanidad es universal en el papel, en la práctica el asunto es a otro precio. Juan tampoco pudo seguir estudiando música en una escuela dedicada a ello. Por un tiempo, su madre le pagaba la mensualidad para que lo hiciera, pero en un momento no pudo seguir pagándola y, al no tener papeles él, no podía aspirar a una beca. “No es que no puedas estudiar música por no tener papeles, pero no tienes derecho a una beca y, si no tienes una beca, pues no puedes acceder, es una cadena”, explica ella. “Cierra puertas”, resume. Él ahora tiene 14 años y sabe que su situación es diferente a la de sus compañeros de clase. Hay cosas de las que se queda fuera. Hace poco, en un fin de semana, estaba de viaje en un pueblo con sus amigos. En un punto les pidieron a todos sus documentos y él le escribió con urgencia a su madre para que le enviara el de él. Ella le envió su pasaporte. “Eso no sirve”, le contestó él por chat. Esa situación de irregularidad de él ha causado una tensión entre madre e hijo. A veces, él la culpa a ella. “Yo le digo ‘hijo, te lo he repetido muchas veces, tu documento es tu pasaporte’; y él me dice ‘mamá, joder, pero ¿por qué?”. Uno de cada seis niños migrantes sin papeles en España proviene de Colombia, según el reporte de Save The Children y porCausa. Sergio Barciela, del equipo de Inclusión Social de Cáritas, ha acompañado de cerca a niños en esas condiciones. “Es una situación de exclusión desde edades muy tempranas; ellos sienten que están de alguna manera invitados a estar aquí, pero de una forma distinta a los otros niños que están en el aula”, detalla. El Defensor del Pueblo, en su informe de mayo pasado, emitió una recomendación a la Secretaría de Estado de Migraciones para que adopte medidas para que se “eliminen obstáculos que impidan la reagrupación de los menores con sus progenitores” y que “se facilite la residencia independiente del menor de 18 años, tras dos años de residencia legal en España”. Julia Raquel Mucuy, nacida en Guinea Ecuatorial, hace ya 10 años que vive en España. Cuando decidió migrar con un visado de turista, lo hizo acompañada de sus nueve hijos. Para entonces la mayor tenía 12 años y de ahí para abajo, hasta el menor, que rondaba los dos años. Se asentaron en un piso en Azuqueca de Henares (Castilla-La Mancha), que ella había comprado un año antes de venir con sus hijos. Sin papeles, se buscaba la vida cuidando personas mayores, sin contrato. “Cuando buscaba trabajos me preguntaban por mis documentos, y cuando buscaba mis documentos me preguntaban por un contrato de trabajo, entonces me quedaba bloqueada”, resume ella. Y así por años. Su primer permiso de residencia, de hecho, lo llegó a obtener en 2023, ocho años después de llegar y gracias a que tuvo otra hija aquí, con un hombre español, y a través de ella obtuvo sus papeles. Todo este tiempo, sus hijos han seguido en la clandestinidad. Los mayores, incluso, ya han pasado la mayoría de edad y han quedado irregulares.Aunque han podido estudiar, se han ido enfrentando con el mismo problema: el título. Cuando llegan a cursos más avanzados o, incluso, ya cuando logran acceder a la universidad, se encuentran con que no les pueden entregar el diploma porque no tienen la documentación. Eso es lo que ahora más angustia a Julia, sobre todo con los que ya son adolescentes. “Me gustaría que estudien, que obtengan sus títulos, que tengan ganas, porque cuando vienen estudiando y aparece el tema de los papeles, se desaniman y es lo primero que me dicen: ‘mamá, pero sin documentos, sabes que no voy a poder sacar mi título’”. Dice que una de ellas quiere ser abogada. Otro, odontólogo. La mayoría de ellos ha pasado en realidad más tiempo en España que en Guinea Ecuatorial. Los más pequeños incluso tienen poca conexión con ese país y desde que tienen memoria han estado aquí. Sergio Barciela, de Cáritas, apunta que allí hay también un tema sobre la propia construcción de identidad de unos niños que viven en España, pero no se sienten del todo de aquí, y que en su país de origen ya son extranjeros. “Estos niños, ¿cuándo van a dejar de ser inmigrantes?”, interroga. Una de las hijas mayores de Julia, que había regresado a Guinea Ecuatorial, falleció en 2022. La enterraron allí. Ni su madre ni sus hermanos han podido ir a llevarle flores. Julia dice que cuando consiga que sus hijos tengan papeles, lo primero que van a hacer es viajar para visitar la tumba de su hermana. Seguir leyendo
A Santiago se le enredan los pies al caminar. Tiene ocho años y un problema en su cadera, que hace que al andar, un pie choque con el otro y termine en una caída estrepitosa. Le puede ocurrir bajando las escaleras o cuando corre en alguna calle de Salamanca, la ciudad en la que vive. Necesita con urgencia que lo vea un fisioterapeuta y empezar terapias de rehabilitación. Pero Santiago no nació en España. Nació en Lima (Perú) y aterrizó en Madrid con sus padres cuando tenía cinco años, en 2022. De eso hace ya tres años, sus padres ahora tienen la residencia legal, incluso su hermano ya ha nacido aquí, pero él sigue sin tener permiso para vivir en este país. No tiene papeles. No aparece en ningún registro. Y, sobre todo, no puede acceder a la terapia que necesita para poder caminar derecho.
La familia de Santiago —que no se llama así, pero sus padres prefieren que no figure su nombre real— ingresó a España como lo hacen cada mes miles de familias latinoamericanas que deciden migrar en busca de una mejor vida: por el aeropuerto de Barajas, como turistas. La mayoría de ciudadanos de países latinoamericanos no necesitan un visado para viajar a España. A los padres de él —Miguel y Carmen, nombres cambiados por su petición— no les iba mal en Lima. Ambos llevaban una empresa que suministraba bienes al sector minero, hasta que una banda empezó a extorsionarlos. Precisamente, la extorsión, disparada en Lima hace unos años, es una de las principales razones que empuja a España a miles de ciudadanos peruanos cada año.
Casi un año después de aterrizar en Madrid, la pareja tuvo a su segundo hijo, Simón. Decidieron presentarse ante el consulado peruano y rechazar expresamente la nacionalidad de ese país para su hijo. Como el niño no podía quedarse como apátrida, la pareja solicitó ante el Registro Civil español la nacionalidad para su hijo y, una vez concedida, a ellos les fue autorizada la residencia legal como padres del menor español. Pero Santiago sigue sin tenerla.
Aunque los menores extranjeros no acompañados que llegan a las costas españolas en pateras o en cayucos son quienes suelen ocupar los titulares en la prensa, la gran mayoría de los menores migrantes están en España junto a sus familias y han llegado a bordo de un avión. Pero parte de ellos, aún cuando sus padres consiguen los papeles, están obligados a permanecer en la clandestinidad hasta que sus progenitores logran regularizarlos a través de la reagrupación familiar, que exige ciertos requisitos económicos y de alojamiento, aunque los menores ya estén en España.
En un informe de mayo pasado, el Defensor del Pueblo advirtió específicamente sobre la situación de estos menores invisibles: en la práctica, alertaba la institución, la exigencia de que los padres tengan que acreditar esos medios económicos y de alojamiento para poder darles documentos a sus hijos, “supone que un número indeterminado de menores de edad permanezcan en España durante años en situación de irregularidad”. El defensor los describía como “un colectivo particularmente invisible”.
No hay cifras oficiales sobre cuántos menores migrantes acompañados de sus familias están en España sin papeles. Una aproximación la hicieron las organizaciones Save The Children y porCausa en un informe publicado en 2021, en el que hablan de 147.000 menores de 19 años en situación irregular en España. Tres de cada cuatro de ellos procedían de América Latina. Jennifer Zuppiroli, especialista de Save The Children en infancia migrante y una de las autoras de ese documento, explica que los padres suelen regularizarse a través de la figura del arraigo, pero “hay un retraso en el acceso a la documentación por parte de los niños porque los arraigos están destinados a regularizar a los adultos, no a los niños, por lo cual los menores tienen que esperar que les lleguen los papeles a sus padres y después otro tiempo adicional hasta que se pueda hacer la reunificación familiar”. Es decir, a los dos o tres años que pasan los padres en la clandestinidad hasta que se regularizan, hay que sumar al menos otro año o más hasta que puedan hacerlo sus hijos. El tiempo para que los padres puedan regularizarse ha ido disminuyendo con sucesivas reformas, pero no ha sucedido así con sus hijos. “La infancia siempre se queda atrás”, enfatiza Zuppiroli.
Claudia Galarza, 56 años, colombiana, llegó a España sola en 2016. Se vino a buscar la vida como interna, al cuidado de niños y de mayores. Ya con algunos trabajos amarrados, aunque sin papeles, al año siguiente se trajo a su hijo, Juan, entonces de siete años. Ella consiguió con los años sacarse un permiso de residencia, que ha ido renovando, aunque en una ocasión se le venció y tuvo que volver a empezar de nuevo. Pero él nunca ha tenido ningún permiso. Su único documento en España es su pasaporte colombiano. Cada vez que acudían a un puesto de salud, cuenta ella, quedaban a merced de la voluntad del funcionario de turno, que decidía imponerles más o menos trabas. Aunque en España la sanidad es universal en el papel, en la práctica el asunto es a otro precio.
Juan tampoco pudo seguir estudiando música en una escuela dedicada a ello. Por un tiempo, su madre le pagaba la mensualidad para que lo hiciera, pero en un momento no pudo seguir pagándola y, al no tener papeles él, no podía aspirar a una beca. “No es que no puedas estudiar música por no tener papeles, pero no tienes derecho a una beca y, si no tienes una beca, pues no puedes acceder, es una cadena”, explica ella. “Cierra puertas”, resume.
Él ahora tiene 14 años y sabe que su situación es diferente a la de sus compañeros de clase. Hay cosas de las que se queda fuera. Hace poco, en un fin de semana, estaba de viaje en un pueblo con sus amigos. En un punto les pidieron a todos sus documentos y él le escribió con urgencia a su madre para que le enviara el de él. Ella le envió su pasaporte. “Eso no sirve”, le contestó él por chat. Esa situación de irregularidad de él ha causado una tensión entre madre e hijo. A veces, él la culpa a ella. “Yo le digo ‘hijo, te lo he repetido muchas veces, tu documento es tu pasaporte’; y él me dice ‘mamá, joder, pero ¿por qué?”. Uno de cada seis niños migrantes sin papeles en España proviene de Colombia, según el reporte de Save The Children y porCausa.
Sergio Barciela, del equipo de Inclusión Social de Cáritas, ha acompañado de cerca a niños en esas condiciones. “Es una situación de exclusión desde edades muy tempranas; ellos sienten que están de alguna manera invitados a estar aquí, pero de una forma distinta a los otros niños que están en el aula”, detalla.
El Defensor del Pueblo, en su informe de mayo pasado, emitió una recomendación a la Secretaría de Estado de Migraciones para que adopte medidas para que se “eliminen obstáculos que impidan la reagrupación de los menores con sus progenitores” y que “se facilite la residencia independiente del menor de 18 años, tras dos años de residencia legal en España”.
Julia Raquel Mucuy, nacida en Guinea Ecuatorial, hace ya 10 años que vive en España. Cuando decidió migrar con un visado de turista, lo hizo acompañada de sus nueve hijos. Para entonces la mayor tenía 12 años y de ahí para abajo, hasta el menor, que rondaba los dos años. Se asentaron en un piso en Azuqueca de Henares (Castilla-La Mancha), que ella había comprado un año antes de venir con sus hijos. Sin papeles, se buscaba la vida cuidando personas mayores, sin contrato. “Cuando buscaba trabajos me preguntaban por mis documentos, y cuando buscaba mis documentos me preguntaban por un contrato de trabajo, entonces me quedaba bloqueada”, resume ella. Y así por años. Su primer permiso de residencia, de hecho, lo llegó a obtener en 2023, ocho años después de llegar y gracias a que tuvo otra hija aquí, con un hombre español, y a través de ella obtuvo sus papeles. Todo este tiempo, sus hijos han seguido en la clandestinidad. Los mayores, incluso, ya han pasado la mayoría de edad y han quedado irregulares.
Aunque han podido estudiar, se han ido enfrentando con el mismo problema: el título. Cuando llegan a cursos más avanzados o, incluso, ya cuando logran acceder a la universidad, se encuentran con que no les pueden entregar el diploma porque no tienen la documentación. Eso es lo que ahora más angustia a Julia, sobre todo con los que ya son adolescentes. “Me gustaría que estudien, que obtengan sus títulos, que tengan ganas, porque cuando vienen estudiando y aparece el tema de los papeles, se desaniman y es lo primero que me dicen: ‘mamá, pero sin documentos, sabes que no voy a poder sacar mi título’”. Dice que una de ellas quiere ser abogada. Otro, odontólogo.
La mayoría de ellos ha pasado en realidad más tiempo en España que en Guinea Ecuatorial. Los más pequeños incluso tienen poca conexión con ese país y desde que tienen memoria han estado aquí. Sergio Barciela, de Cáritas, apunta que allí hay también un tema sobre la propia construcción de identidad de unos niños que viven en España, pero no se sienten del todo de aquí, y que en su país de origen ya son extranjeros. “Estos niños, ¿cuándo van a dejar de ser inmigrantes?”, interroga.
Una de las hijas mayores de Julia, que había regresado a Guinea Ecuatorial, falleció en 2022. La enterraron allí. Ni su madre ni sus hermanos han podido ir a llevarle flores. Julia dice que cuando consiga que sus hijos tengan papeles, lo primero que van a hacer es viajar para visitar la tumba de su hermana.
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