Las inundaciones en Colombia, provocadas por una serie de lluvias extraordinarias que golpearon inicialmente a los departamentos caribeños de Córdoba y Sucre a inicios de febrero, han dejado afectaciones en 101 municipios de la región, además de los departamentos de Antioquía y Chocó, al noroeste del país. De acuerdo con el balance preliminar de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las inundaciones han dejado más de 159.000 personas damnificadas.
Las lluvias extraordinarias impulsadas por un frente frío han dejado a más de 69.000 familias damnificadas y decenas de localidades bajo el agua en la región Caribe del país
Las inundaciones en Colombia, provocadas por una serie de lluvias extraordinarias que golpearon inicialmente a los departamentos caribeños de Córdoba y Sucre a inicios de febrero, han dejado afectaciones en 101 municipios de la región, además de los departamentos de Antioquía y Chocó, al noroeste del país. De acuerdo con el balance preliminar de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las inundaciones han dejado más de 159.000 personas damnificadas.
En el centro del debate está la gestión del agua por parte de las represas construidas en la región para poner en marcha centrales hidroeléctricas, especialmente la de Urrá en el municipio de Tierralta que regula su flujo hacia el río Sinú; pero cuyo desborde a inicios de febrero, tras recibir un caudal 22 veces mayor del promedio, contribuyó a la catástrofe en Montería y otras comunidades cordobesas.
Emergencia económica
La noche del miércoles, el Gobierno de Colombia decretó un estado de excepción en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. La declaratoria, que por ahora se extenderá por 30 días, permite al Ejecutivo tomar medidas sin la necesidad de la aprobación del Congreso, especialmente en lo que se refiere a operaciones presupuestales enfocadas en atender la crisis. El cálculo oficial estima el costo de las afectaciones en ocho billones de pesos (unos 2.000 millones de dólares) y el Gobierno prepara un primer decreto de medidas recaudatorias, que incluyen un impuesto al patrimonio para personas jurídicas que para las 15.000 empresas más grandes del país, según adelantó la noche del ministro de Hacienda, Germán Ávila.
El decreto pone énfasis en el carácter imprevisto y extraordinario de las inundaciones, que ocurrieron en la época más seca del año en la región y que coincidieron con frente frío “En términos prácticos, esto significa que en pocos días se registraron volúmenes de lluvia equivalentes o superiores a los de un mes completo, una situación estadísticamente inusual”, explica el comunicado del Gobierno.
Alerta hidrológica
De acuerdo con el reporte más reciente del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en los próximos días se espera una disminución gradual de las lluvias sin presencia de eventos extremos como los de inicios de febrero gracias a la disipación de un tercer frente frío que en días previos parecía acercarse desde el norte. Sin embargo, el organismo prevé un incremento progresivo de las precipitaciones a partir de marzo, que típicamente marca el inicio de la transición hacia la temporada de lluvias en el país.
Medidas del Gobierno
El Ministerio de Agricultura ha anunciado que trabaja en un plan para el drenaje y la recuperación de los suelos, donde se cultiva patilla, maíz y yuca, además del ganado bovino. La UNGRD estima que al menos unas 11.500 hectáreas están bajo el agua únicamente en el departamento de Córdoba. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) también anunció el rescate de las ciénagas desecadas “con el fin de restablecer los flujos hídricos de la región”. En un informe previo a la declaración de emergencia económica, el presidente Petro estimaba que una vez que cedan las inundaciones, será necesaria la construcción de unas 5.000 viviendas, una cifra que puede variar en espera de un censo definitivo.
El miércoles por la tarde, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció el adelanto de las jornadas de identificación gratuitas en Montería con el fin de atender a unas 5.000 personas damnificadas con los trámites de tarjeta de identidad y cédula ciudadana. Los puntos se desplegarán del 11 al 16 de febrero en tres ubicaciones distintas, el Colegio Nacional, el Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora y el Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz.
EL PAÍS
