Marcos Torres tenía apenas 12 años cuando fue víctima de abuso sexual. Su agresor, según constata, fue un sacerdote salesiano que visitaba el internado en el que vivía en el puerto colombiano de Buenaventura, un sitio que consideraba un refugio y al que había aterrizado tras una niñez marcada por el hambre y la precariedad. Su caso, como muchos otros, ha quedado en la impunidad: la denuncia que interpuso años después fue archivada por prescripción de términos. Este obstáculo no le impidió a Torres, hoy de 42 años, seguir alzando su voz por la verdad. Por eso, en 2023 fundó la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Clerical, con la que ha apoyado a decenas de personas con destinos similares. Su lucha ahora llega al Congreso de la República.
El trabajo de su organización ha sido el pilar para un proyecto de ley presentado este martes y que busca crear una Comisión Nacional de Investigación con el fin de esclarecer los casos de abuso sexual en “contextos clericales y religiosos”. La iniciativa pretende establecer una entidad adscrita a la Defensoría del Pueblo que elabore un informe anual en el que se revelen los casos cometidos en Colombia en cualquier culto y confesión religiosa. El proyecto está inspirado en organismos similares de Francia y España, en donde las investigaciones independientes han estimado en cientos de miles las víctimas de pederastia solo en la Iglesia católica.
Torres señala que durante la preparación del proyecto de ley, que suma más de dos años desde su concepción, buscó a varios funcionarios del Gobierno, sin obtener su respaldo. “He hablado con Guillermo Alfonso Jaramillo [ministro de Salud], Angie Rodríguez [directora del Dapre], Armando Benedetti [ministro del Interior] y nada. La creación de esta comisión debería ser una apuesta gubernamental, pero la ineficacia es total”, asegura el abogado, que denuncia: “El apoyo del Gobierno para que se conozca la verdad ha sido nulo y eso es muy grave”.
La representante a la Cámara Erika Tatiana Sánchez es una de las autoras del proyecto. La congresista, presidenta Comisión Infancia y Adolescencia de la entidad, destaca el trabajo de la sociedad civil en la búsqueda de la verdad: “El país debe actuar y lo hace a través de organizaciones como la de Marcos. Las autoridades han sido absurdamente pasivas y la justicia muy lenta y miserable con la niñez. Todas las ramas del poder público hemos dejado pasar hechos que son traumáticos. Debemos rechazar la permisividad y la negligencia”, apunta en una conversación telefónica. Otras representantes que apoyan la propuesta son la oficialista Támara Argote y la opositora de izquierda Jennifer Pedraza.
@tamaraargote @JenniferPedraz @ErikaTatianaSn2 @CamaraColombia radicaron proyecto de ley que crea Comisión Nal. de Investigación para el Esclarecimiento de la Verdad y Reparación Integral a Víctimas de delitos de Abuso Sexual en contextos clericales y religiosos @NunciaturaA pic.twitter.com/UjiBGmhaNi
— RevistaPoderLegislat (@poderlegisla) September 9, 2025
La propuesta legislativa contempla también el derecho a una reparación integral para las víctimas, desde compensaciones económicas financiadas con los recursos de las comunidades religiosas, hasta programas de terapia especializada y garantías de no repetición. Las instituciones clericales que encubran o impidan la investigación de la Comisión podrán enfrentar multas de hasta 1.000 salarios mínimos, una medida sin precedentes en la normativa colombiana.
Varias víctimas de pederastia por sacerdotes católicos que han conversado con este diario celebran este tipo de iniciativas, que surgen desde organizaciones civiles. “La Comisión puede dinamizar el proceso de denuncias y sistematizar las que ya se han realizado. Entender la magnitud de lo que ocurre es fundamental y nos ayuda a sensibilizar al Estado, que es, en últimas, el responsable de la garantía de nuestros derechos”, considera Fidel Ramírez, académico y filósofo. Él, que fue abusado por un cura a los 14 años, también critica la inoperancia de las autoridades: “Sigue habiendo una deuda histórica. Cuando se trata de la relación entre la Iglesia y el Estado, este prefiere evitar confrontaciones”.
Conocer la verdad no ha sido una tarea fácil. Sin una Comisión y con una justicia a la que hasta hace muy poco llegaban los casos ya prescritos (desde 2021 las agresiones sexuales contra menores no caducan), el trabajo ha quedado en mano de investigadores y periodistas como Juan Pablo Barrientos. Sus pesquisas, realizadas junto con el comunicador Miguel Ángel Estupiñán, han destapado los nombres de más de 600 sacerdotes acusados de abuso sexual en el país. Un fallo histórico de la Corte Constitucional ordenó el pasado mayo a la Iglesia católica entregar los archivos que pedían ambos para su investigación, con la que esperan revelar alrededor de 5.000 nombres más.
“El poder de la Iglesia es tan vasto que a nadie le conviene meterse con ella; eso resta votos. Menos aún en campaña electoral, con todos los curas en sus púlpitos”, aduce Barrientos sobre por qué el Ejecutivo no alienta los esfuerzos de las víctimas en que se conozca la verdad. “Hay que recordar que la Iglesia católica es un actor fundamental en las mesas de negociaciones [con los grupos armados] y el presidente [Gustavo] Petro está condicionado por esa relación”, añade.
Torres es consciente de que, aun con el apoyo de otros sobrevivientes, su iniciativa tiene un largo camino legislativo por recorrer, en un Congreso que históricamente ha descartado medidas que pongan contra la pared a las instituciones religiosas, principalmente a la Iglesia católica. Pese a ello, considera que abrir este debate ya es un gran paso. “Confiamos que pase en Comisión Primera de la Cámara, pero sabemos que en el Senado hay un escenario más complejo”, reconoce.
Los antecedentes en países vecinos le dan esperanza. El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, un órgano conformado por 18 expertos independientes, recomendó a inicios de año a Ecuador y a Perú a investigar los casos de abusos sexuales contra niños en el seno de la Iglesia católica, incluso a través de la creación de una comisión, como la que propone el proyecto ideado por Torres. El abogado espera que un pronunciamiento similar hacia Colombia le ponga presión al Gobierno para apoyar esta propuesta, que genera tantas expectativas entre las víctimas.
Si conoce algún caso de abusos sexuales en la Iglesia en América Latina que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusosamerica@elpais.es. Si es un caso en España, escríbanos a abusos@elpais.es.
Un proyecto de ley, inspirado en las investigaciones de Francia y España, busca crear una comisión que contabilice los casos y sancione a las entidades clericales que obstruyan la verdad
Marcos Torres tenía apenas 12 años cuando fue víctima de abuso sexual. Su agresor, según constata, fue un sacerdote salesiano que visitaba el internado en el que vivía en el puerto colombiano de Buenaventura, un sitio que consideraba un refugio y al que había aterrizado tras una niñez marcada por el hambre y la precariedad. Su caso, como muchos otros, ha quedado en la impunidad: la denuncia que interpuso años después fue archivada por prescripción de términos. Este obstáculo no le impidió a Torres, hoy de 42 años, seguir alzando su voz por la verdad. Por eso, en 2023 fundó la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Clerical, con la que ha apoyado a decenas de personas con destinos similares. Su lucha ahora llega al Congreso de la República.
El trabajo de su organización ha sido el pilar para un proyecto de ley presentado este martes y que busca crear una Comisión Nacional de Investigación con el fin de esclarecer los casos de abuso sexual en “contextos clericales y religiosos”. La iniciativa pretende establecer una entidad adscrita a la Defensoría del Pueblo que elabore un informe anual en el que se revelen los casos cometidos en Colombia en cualquier culto y confesión religiosa. El proyecto está inspirado en organismos similares de Francia y España, en donde las investigaciones independientes han estimado en cientos de miles las víctimas de pederastia solo en la Iglesia católica.
Torres señala que durante la preparación del proyecto de ley, que suma más de dos años desde su concepción, buscó a varios funcionarios del Gobierno, sin obtener su respaldo. “He hablado con Guillermo Alfonso Jaramillo [ministro de Salud], Angie Rodríguez [directora del Dapre], Armando Benedetti [ministro del Interior] y nada. La creación de esta comisión debería ser una apuesta gubernamental, pero la ineficacia es total”, asegura el abogado, que denuncia: “El apoyo del Gobierno para que se conozca la verdad ha sido nulo y eso es muy grave”.
La representante a la Cámara Erika Tatiana Sánchez es una de las autoras del proyecto. La congresista, presidenta Comisión Infancia y Adolescencia de la entidad, destaca el trabajo de la sociedad civil en la búsqueda de la verdad: “El país debe actuar y lo hace a través de organizaciones como la de Marcos. Las autoridades han sido absurdamente pasivas y la justicia muy lenta y miserable con la niñez. Todas las ramas del poder público hemos dejado pasar hechos que son traumáticos. Debemos rechazar la permisividad y la negligencia”, apunta en una conversación telefónica. Otras representantes que apoyan la propuesta son la oficialista Támara Argote y la opositora de izquierda Jennifer Pedraza.
La propuesta legislativa contempla también el derecho a una reparación integral para las víctimas, desde compensaciones económicas financiadas con los recursos de las comunidades religiosas, hasta programas de terapia especializada y garantías de no repetición. Las instituciones clericales que encubran o impidan la investigación de la Comisión podrán enfrentar multas de hasta 1.000 salarios mínimos, una medida sin precedentes en la normativa colombiana.
Varias víctimas de pederastia por sacerdotes católicos que han conversado con este diario celebran este tipo de iniciativas, que surgen desde organizaciones civiles. “La Comisión puede dinamizar el proceso de denuncias y sistematizar las que ya se han realizado. Entender la magnitud de lo que ocurre es fundamental y nos ayuda a sensibilizar al Estado, que es, en últimas, el responsable de la garantía de nuestros derechos”, considera Fidel Ramírez, académico y filósofo. Él, que fue abusado por un cura a los 14 años, también critica la inoperancia de las autoridades: “Sigue habiendo una deuda histórica. Cuando se trata de la relación entre la Iglesia y el Estado, este prefiere evitar confrontaciones”.
Conocer la verdad no ha sido una tarea fácil. Sin una Comisión y con una justicia a la que hasta hace muy poco llegaban los casos ya prescritos (desde 2021 las agresiones sexuales contra menores no caducan), el trabajo ha quedado en mano de investigadores y periodistas como Juan Pablo Barrientos. Sus pesquisas, realizadas junto con el comunicador Miguel Ángel Estupiñán, han destapado los nombres de más de 600 sacerdotes acusados de abuso sexual en el país. Un fallo histórico de la Corte Constitucional ordenó el pasado mayo a la Iglesia católica entregar los archivos que pedían ambos para su investigación, con la que esperan revelar alrededor de 5.000 nombres más.
“El poder de la Iglesia es tan vasto que a nadie le conviene meterse con ella; eso resta votos. Menos aún en campaña electoral, con todos los curas en sus púlpitos”, aduce Barrientos sobre por qué el Ejecutivo no alienta los esfuerzos de las víctimas en que se conozca la verdad. “Hay que recordar que la Iglesia católica es un actor fundamental en las mesas de negociaciones [con los grupos armados] y el presidente [Gustavo] Petro está condicionado por esa relación”, añade.
Torres es consciente de que, aun con el apoyo de otros sobrevivientes, su iniciativa tiene un largo camino legislativo por recorrer, en un Congreso que históricamente ha descartado medidas que pongan contra la pared a las instituciones religiosas, principalmente a la Iglesia católica. Pese a ello, considera que abrir este debate ya es un gran paso. “Confiamos que pase en Comisión Primera de la Cámara, pero sabemos que en el Senado hay un escenario más complejo”, reconoce.
Los antecedentes en países vecinos le dan esperanza. El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, un órgano conformado por 18 expertos independientes, recomendó a inicios de año a Ecuador y a Perú a investigar los casos de abusos sexuales contra niños en el seno de la Iglesia católica, incluso a través de la creación de una comisión, como la que propone el proyecto ideado por Torres. El abogado espera que un pronunciamiento similar hacia Colombia le ponga presión al Gobierno para apoyar esta propuesta, que genera tantas expectativas entre las víctimas.
Si conoce algún caso de abusos sexuales en la Iglesia en América Latina que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusosamerica@elpais.es. Si es un caso en España, escríbanos a abusos@elpais.es.
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