La retención durante cerca de 24 horas de 72 militares en el departamento del Cauca ha elevado el voltaje en la guerra contra los grupos armados que operan en el sur de Colombia. Aunque la táctica, una asonada de la población civil contra miembros del Ejército, no es nueva en un conflicto armado que suma décadas, sí se ha multiplicado en los últimos meses como una estrategia impulsada, principalmente, por las disidencias de las extintas FARC. Las acciones, en las que se ven implicadas comunidades que habitan en zonas claves de producción y tránsito de cocaína, restringen el margen de maniobra de la Fuerza Pública para recuperar el control de esos territorios. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, califica las coacciones de crímenes de lesa humanidad.
La asonada de este fin de semana ocurrió en la zona rural de El Tambo (Cauca), un municipio controlado por las disidencias que lidera de Iván Mordisco y terminó en la tarde de este lunes con la liberación de los últimos 45 militares que seguían bajo cautiverio. El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció que se trata de una “táctica mafiosa” y que es una respuesta a la ofensiva del Estado contra los grupos armados ilegales. “Cada vez que los narcos armados utilicen más a la población civil como escudos para sus negocios, cada vez más demuestran que se están debilitando”, defendió. El Ejército lanzó en octubre de 2024 la Operación Perseo, con la que busca recuperar el control del Cañón del Micay, una de las zonas con mayor concentración de cultivos ilícitos en el sur del país, y donde ocurrieron los hechos.
En los primeros ocho meses del año se registraron una treintena de asonadas de civiles contra miembros de la Fuerza Pública, de las cuales varias acabaron en la retención de militares. En junio, 57 de ellos fueron secuestrados en la misma zona por unas 200 personas. En agosto, 33 militares fueron retenidos durante 79 horas en el amazónico departamento del Guaviare, otra área de influencia de Mordisco. En ambos casos, el ministro Sánchez aseguró que la población actuó “mediante amenazas e intimidación”, a la vez que eran usados como “escudos humanos”.
Los incidentes han ido incrementando el nivel de violencia hasta el punto de que la semana pasada, en medio de otra asonada en Putumayo, “personas sin identificar” intentaron quemar vivos a dos uniformados, mientras estos intentaban desmantelar un laboratorio de procesamiento de cocaína. Las autoridades sospechan de los Comandos de la Frontera, disidencia con la que el Gobierno mantiene una mesa de negociación.
La proliferación de estos casos no es aleatoria, sostiene Jorge Mantilla, investigador especializado en el conflicto armado. “Es una consecuencia directa de la política de paz total”, argumenta, “pues se les ha permitido a los grupos adaptarse de manera más rápida ante ofensivas con resultados insuficientes”. Mantilla no solo destaca el fortalecimiento que han afianzado las guerrillas como uno de los motivos para el fenómeno: “El Ejército ha perdido capacidades de inteligencia y muchas veces opera a ciegas. No solo se trata de un tema operacional, de saber dónde está el cabecilla de cierto grupo, sino también de un tema social, para reconocer cómo se relacionan estos actores con la población civil”. El experto añade que las disidencias buscan “evitar a toda costa la confrontación directa” que se muestra en este tipo de acciones, en el uso de drones o de atentados con explosivos como formas de ejercer presión.
La cuestión de cómo abordar la responsabilidad de los civiles que realizan las asonadas aún no es clara para el Gobierno. Aunque Petro se congratula de respetar los derechos humanos al no atacar a los civiles en medio de estos motines, el ministro Sánchez, un exmilitar, ha endurecido el tono contra quienes antes calificaba de ser instrumentalizados. “Se trata de un grave delito, tanto por la acción directa de quienes participan en él, como por las amenazas de las disidencias de Mordisco. De la mano de la comunidad se avanza en la identificación de las personas que han participado en esta acción delictiva, con el fin de individualizarlas y llevarlas ante la justicia”, manifestó en X. Petro indicó por la misma red social, sin mayor aclaración, que “allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, en un giro radical de su postura para combatir la siembra de coca.
La analista senior de Internacional Crisis Group en Colombia, Elizabeth Dickinson, reconoce que el Ejército enfrenta una zona gris en estos casos. “Todos los grupos aprendieron que instrumentalizar a la población es muy eficaz para frenar a la Fuerza Pública, porque el buen cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) les impide reaccionar y disparar a los civiles”, afirma. Para la experta hay que tener en cuenta el contexto. Por un lado, las zonas en las que se están registrando las asonadas hay muy poca o nula presencia del Estado, por lo que “la confianza en los soldados es muy baja”. Por otro, la coerción de las disidencias hace casi imposible no participar: “Si no aparecen, son señalados de informantes” y ponen en riesgo su vida.
La estrategia de las disidencias parece estar dando efecto. El Ejército no ha tenido los avances esperados y los grupos ilegales redoblan sus demostraciones de fuerza, como ocurrió en agosto con el atentado terrorista con explosivos en Cali contra una base militar (acción que se atribuye a Mordisco) o con el derribo de un helicóptero policial, que mató a 13 uniformados (atribuido al Estado Mayor de los Bloques y Frente, las disidencias de Calarcá). En el caso de las asonadas, el Ejército busca alternativas para hacerles frente sin violar el DIH, que protege a los civiles “salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”, según la Cruz Roja. El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, ha solicitado fortalecer los protocolos de seguridad y revisar las “reglas de enfrentamiento” en zonas de conflicto abierto.
El uso de población civil en las asonadas pone en jaque la lucha del Ejército por recuperar el control de zonas clave para el narcotráfico
La retención durante cerca de 24 horas de 72 militares en el departamento del Cauca ha elevado el voltaje en la guerra contra los grupos armados que operan en el sur de Colombia. Aunque la táctica, una asonada de la población civil contra miembros del Ejército, no es nueva en un conflicto armado que suma décadas, sí se ha multiplicado en los últimos meses como una estrategia impulsada, principalmente, por las disidencias de las extintas FARC. Las acciones, en las que se ven implicadas comunidades que habitan en zonas claves de producción y tránsito de cocaína, restringen el margen de maniobra de la Fuerza Pública para recuperar el control de esos territorios. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, califica las coacciones de crímenes de lesa humanidad.
La asonada de este fin de semana ocurrió en la zona rural de El Tambo (Cauca), un municipio controlado por las disidencias que lidera de Iván Mordisco y terminó en la tarde de este lunes con la liberación de los últimos 45 militares que seguían bajo cautiverio. El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció que se trata de una “táctica mafiosa” y que es una respuesta a la ofensiva del Estado contra los grupos armados ilegales. “Cada vez que los narcos armados utilicen más a la población civil como escudos para sus negocios, cada vez más demuestran que se están debilitando”, defendió. El Ejército lanzó en octubre de 2024 la Operación Perseo, con la que busca recuperar el control del Cañón del Micay, una de las zonas con mayor concentración de cultivos ilícitos en el sur del país, y donde ocurrieron los hechos.
En los primeros ocho meses del año se registraron una treintena de asonadas de civiles contra miembros de la Fuerza Pública, de las cuales varias acabaron en la retención de militares. En junio, 57 de ellos fueron secuestrados en la misma zona por unas 200 personas. En agosto, 33 militares fueron retenidos durante 79 horas en el amazónico departamento del Guaviare, otra área de influencia de Mordisco. En ambos casos, el ministro Sánchez aseguró que la población actuó “mediante amenazas e intimidación”, a la vez que eran usados como “escudos humanos”.
Los incidentes han ido incrementando el nivel de violencia hasta el punto de que la semana pasada, en medio de otra asonada en Putumayo, “personas sin identificar” intentaron quemar vivos a dos uniformados, mientras estos intentaban desmantelar un laboratorio de procesamiento de cocaína. Las autoridades sospechan de los Comandos de la Frontera, disidencia con la que el Gobierno mantiene una mesa de negociación.
La proliferación de estos casos no es aleatoria, sostiene Jorge Mantilla, investigador especializado en el conflicto armado. “Es una consecuencia directa de la política de paz total”, argumenta, “pues se les ha permitido a los grupos adaptarse de manera más rápida ante ofensivas con resultados insuficientes”. Mantilla no solo destaca el fortalecimiento que han afianzado las guerrillas como uno de los motivos para el fenómeno: “El Ejército ha perdido capacidades de inteligencia y muchas veces opera a ciegas. No solo se trata de un tema operacional, de saber dónde está el cabecilla de cierto grupo, sino también de un tema social, para reconocer cómo se relacionan estos actores con la población civil”. El experto añade que las disidencias buscan “evitar a toda costa la confrontación directa” que se muestra en este tipo de acciones, en el uso de drones o de atentados con explosivos como formas de ejercer presión.
La cuestión de cómo abordar la responsabilidad de los civiles que realizan las asonadas aún no es clara para el Gobierno. Aunque Petro se congratula de respetar los derechos humanos al no atacar a los civiles en medio de estos motines, el ministro Sánchez, un exmilitar, ha endurecido el tono contra quienes antes calificaba de ser instrumentalizados. “Se trata de un grave delito, tanto por la acción directa de quienes participan en él, como por las amenazas de las disidencias de Mordisco. De la mano de la comunidad se avanza en la identificación de las personas que han participado en esta acción delictiva, con el fin de individualizarlas y llevarlas ante la justicia”, manifestó en X. Petro indicó por la misma red social, sin mayor aclaración, que “allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, en un giro radical de su postura para combatir la siembra de coca.
La analista senior de Internacional Crisis Group en Colombia, Elizabeth Dickinson, reconoce que el Ejército enfrenta una zona gris en estos casos. “Todos los grupos aprendieron que instrumentalizar a la población es muy eficaz para frenar a la Fuerza Pública, porque el buen cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) les impide reaccionar y disparar a los civiles”, afirma. Para la experta hay que tener en cuenta el contexto. Por un lado, las zonas en las que se están registrando las asonadas hay muy poca o nula presencia del Estado, por lo que “la confianza en los soldados es muy baja”. Por otro, la coerción de las disidencias hace casi imposible no participar: “Si no aparecen, son señalados de informantes” y ponen en riesgo su vida.
La estrategia de las disidencias parece estar dando efecto. El Ejército no ha tenido los avances esperados y los grupos ilegales redoblan sus demostraciones de fuerza, como ocurrió en agosto con el atentado terrorista con explosivos en Cali contra una base militar (acción que se atribuye a Mordisco) o con el derribo de un helicóptero policial, que mató a 13 uniformados (atribuido al Estado Mayor de los Bloques y Frente, las disidencias de Calarcá). En el caso de las asonadas, el Ejército busca alternativas para hacerles frente sin violar el DIH, que protege a los civiles “salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”, según la Cruz Roja. El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, ha solicitado fortalecer los protocolos de seguridad y revisar las “reglas de enfrentamiento” en zonas de conflicto abierto.
EL PAÍS
