En 1964, la revista de nota roja Alarma! denunció en su portada la corrupción de las autoridades en el caso de las hermanas González Valenzuela, conocidas como Las Poquianchis. Durante décadas, encabezaron una red de prostitución que brutalizó a casi un centenar de mujeres y dejó al descubierto la complicidad del Estado. El crimen conmocionó a la nación e inspiró adaptaciones en el cine, el teatro y la literatura. Una de las más emblemáticas es Las Muertas, de Jorge Ibargüengoitia, una obra que en 2025 ha inspirado al director Luis Estrada para su nueva serie.
Al igual que la novela, la adaptación de Netflix retoma con ironía acontecimientos de la vida real y los reinterpreta a través de personajes ficticios. En esta versión, por ejemplo, Las Poquianchis aparecen como las hermanas Baladro y se reducen a dos, cuando en realidad eran cuatro. En su momento, la cobertura sensacionalista de la prensa y los expedientes policiales incompletos distorsionaron la verdad del caso, dejando en un segundo plano el dolor de las familias de las víctimas, la falta de justicia para aquellas que nunca fueron identificadas y la imposibilidad de dimensionar hasta dónde llegó realmente su red de explotación.
Las hermanas González Valenzuela
Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús crecieron en Jalisco, en un hogar marcado por la violencia de su padre, un expolicía del régimen porfirista conocido por su brutalidad y su alcoholismo. Su verdadero apellido era Torres, pero la familia lo cambió por González después de que el hombre fuera acusado de un asesinato, situación que además los obligó a huir. Una vez que fallecieron sus padres, las jóvenes heredaron una suma modesta de dinero, con lo que abrieron su primer burdel en El Salto. Aquel negocio terminó clausurado tras un tiroteo, pero le dejó a las hermanas la experiencia necesaria para en 1954 poner en marcha una operación mucho más amplia y lucrativa, que incluía un burdel en Lagos de Moreno, Jalisco, además de otros en San Francisco del Rincón y en León, en el estado de Guanajuato.
Así operaba su red
Para reclutar a sus víctimas, que por lo general tenían entre 14 y 15 años, Las Poquianchis y sus cómplices visitaban pueblos marginados de la zona del Bajío y se acercaban a las jóvenes o a sus familias para convencerlas de que podrían conseguirles trabajo como empleadas domésticas o meseras. Al llegar, las sometían con violencia verbal, física y sexual, con la intención de quebrar su voluntad de huir y “prepararlas” para la vida que les esperaba. Para mantenerlas bajo control, utilizaban como chantaje la vivienda, la ropa y la comida que les proporcionaban, lo que generaba una deuda prácticamente imposible de saldar.
En la brutal operación participaban expolicías, choferes, capataces y, en ocasiones, las hermanas también recurrían a mujeres que se habían ganado su confianza para someter a las novatas con todo tipo de castigos. A las jóvenes que desobedecían las dejaban con muy poca comida, las encerraban por horas en cuartos y les propinaban dolorosas palizas.
Las mujeres que mostraban signos de anemia o enfermedades a causa de las condiciones precarias en las que vivían —o simplemente porque se habían hecho “muy viejas” para atraer a la clientela— eran asesinadas. En los burdeles de Las Poquianchis, también se practicaron abortos clandestinos y si el embarazo de una de las víctimas llegaba a término, se deshacían de los bebés. Las propiedades de las González Valenzuela también se volvieron cementerios improvisados. En los reportes de la prensa de la época se aseguraba que se encontraron cadáveres con signos de violencia tanto de mujeres como de niños. Estas atrocidades se extendieron hasta 1964, cuando la policía comenzó a cercar sus negocios tras recibir un llamado de preocupación por parte de las familias de algunas de las jóvenes secuestradas.
La caída de Las Poquianchis y las fallas del Estado
Las autoridades finalmente actuaron tras la denuncia de una mujer que logró escapar de uno de los burdeles y, en enero de 1964, se detuvo a Delfina y a María de Jesús. Según un artículo del diario La Prensa, al llegar la policía tuvo que contener a la docena de mujeres que estaban cautivas en el lugar, ya que intentaron linchar a las dos hermanas. Por su parte, Luisa se entregó semanas después, mientras que Carmen había fallecido años antes de que la justicia la alcanzara. El número de víctimas de Las Poquianchis asciende a unas 90, aunque se estima que la cifra real podría ser mucho mayor.
Delfina y María de Jesús fueron condenadas a 40 años de prisión y Luisa, a 27. Los delitos que se les imputaron tras la evaluación de los testimonios y pruebas fueron homicidio calificado, plagio o secuestro, asociación delictuosa, lenocinio, violación sexual, lesiones, corrupción de menores, amenazas, encubrimiento y violación a las leyes de inhumación “cometidos en agravio de varias personas”. Sus cómplices recibieron sentencias de entre seis y 35 años de prisión.
Además del sadismo de los crímenes, la omisión de las autoridades permitió que las mujeres operaran con total impunidad durante décadas, amplificando el sufrimiento de las víctimas y sus familias. Los medios reportaron que un cacique jalisciense les brindó protección durante muchos años; asimismo, un presidente municipal de El Salto y aspirante a diputado federal fue vinculado con las hermanas González Valenzuela. No obstante, se desconoce qué jefes policiales o políticos las apoyaron cuando expandieron sus actividades al Estado de Guanajuato. Uno de sus contactos poderosos también les permitió pasar desapercibidas ante las entidades financieras, a pesar de las grandes sumas de dinero que acumulaban con sus operaciones delictivas.
Luis Estrada dirige esta producción basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, quien a su vez se inspiró en el cruel caso que sacudió a México entre 1945 y 1964
En 1964, la revista de nota roja Alarma! denunció en su portada la corrupción de las autoridades en el caso de las hermanas González Valenzuela, conocidas como Las Poquianchis. Durante décadas, encabezaron una red de prostitución que brutalizó a casi un centenar de mujeres y dejó al descubierto la complicidad del Estado. El crimen conmocionó a la nación e inspiró adaptaciones en el cine, el teatro y la literatura. Una de las más emblemáticas es Las Muertas, de Jorge Ibargüengoitia, una obra que en 2025 ha inspirado al director Luis Estrada para su nueva serie.
Al igual que la novela, la adaptación de Netflix retoma con ironía acontecimientos de la vida real y los reinterpreta a través de personajes ficticios. En esta versión, por ejemplo, Las Poquianchis aparecen como las hermanas Baladro y se reducen a dos, cuando en realidad eran cuatro. En su momento, la cobertura sensacionalista de la prensa y los expedientes policiales incompletos distorsionaron la verdad del caso, dejando en un segundo plano el dolor de las familias de las víctimas, la falta de justicia para aquellas que nunca fueron identificadas y la imposibilidad de dimensionar hasta dónde llegó realmente su red de explotación.
Las hermanas González Valenzuela
Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús crecieron en Jalisco, en un hogar marcado por la violencia de su padre, un expolicía del régimen porfirista conocido por su brutalidad y su alcoholismo. Su verdadero apellido era Torres, pero la familia lo cambió por González después de que el hombre fuera acusado de un asesinato, situación que además los obligó a huir. Una vez que fallecieron sus padres, las jóvenes heredaron una suma modesta de dinero, con lo que abrieron su primer burdel en El Salto. Aquel negocio terminó clausurado tras un tiroteo, pero le dejó a las hermanas la experiencia necesaria para en 1954 poner en marcha una operación mucho más amplia y lucrativa, que incluía un burdel en Lagos de Moreno, Jalisco, además de otros en San Francisco del Rincón y en León, en el estado de Guanajuato.
Así operaba su red
Para reclutar a sus víctimas, que por lo general tenían entre 14 y 15 años, Las Poquianchis y sus cómplices visitaban pueblos marginados de la zona del Bajío y se acercaban a las jóvenes o a sus familias para convencerlas de que podrían conseguirles trabajo como empleadas domésticas o meseras. Al llegar, las sometían con violencia verbal, física y sexual, con la intención de quebrar su voluntad de huir y “prepararlas” para la vida que les esperaba. Para mantenerlas bajo control, utilizaban como chantaje la vivienda, la ropa y la comida que les proporcionaban, lo que generaba una deuda prácticamente imposible de saldar.
En la brutal operación participaban expolicías, choferes, capataces y, en ocasiones, las hermanas también recurrían a mujeres que se habían ganado su confianza para someter a las novatas con todo tipo de castigos. A las jóvenes que desobedecían las dejaban con muy poca comida, las encerraban por horas en cuartos y les propinaban dolorosas palizas.
Las mujeres que mostraban signos de anemia o enfermedades a causa de las condiciones precarias en las que vivían —o simplemente porque se habían hecho “muy viejas” para atraer a la clientela— eran asesinadas. En los burdeles de Las Poquianchis, también se practicaron abortos clandestinos y si el embarazo de una de las víctimas llegaba a término, se deshacían de los bebés. Las propiedades de las González Valenzuela también se volvieron cementerios improvisados. En los reportes de la prensa de la época se aseguraba que se encontraron cadáveres con signos de violencia tanto de mujeres como de niños. Estas atrocidades se extendieron hasta 1964, cuando la policía comenzó a cercar sus negocios tras recibir un llamado de preocupación por parte de las familias de algunas de las jóvenes secuestradas.
La caída de Las Poquianchis y las fallas del Estado
Las autoridades finalmente actuaron tras la denuncia de una mujer que logró escapar de uno de los burdeles y, en enero de 1964, se detuvo a Delfina y a María de Jesús. Según un artículo del diario La Prensa, al llegar la policía tuvo que contener a la docena de mujeres que estaban cautivas en el lugar, ya que intentaron linchar a las dos hermanas. Por su parte, Luisa se entregó semanas después, mientras que Carmen había fallecido años antes de que la justicia la alcanzara. El número de víctimas de Las Poquianchis asciende a unas 90, aunque se estima que la cifra real podría ser mucho mayor.
Delfina y María de Jesús fueron condenadas a 40 años de prisión y Luisa, a 27. Los delitos que se les imputaron tras la evaluación de los testimonios y pruebas fueron homicidio calificado, plagio o secuestro, asociación delictuosa, lenocinio, violación sexual, lesiones, corrupción de menores, amenazas, encubrimiento y violación a las leyes de inhumación “cometidos en agravio de varias personas”. Sus cómplices recibieron sentencias de entre seis y 35 años de prisión.
Además del sadismo de los crímenes, la omisión de las autoridades permitió que las mujeres operaran con total impunidad durante décadas, amplificando el sufrimiento de las víctimas y sus familias. Los medios reportaron que un cacique jalisciense les brindó protección durante muchos años; asimismo, un presidente municipal de El Salto y aspirante a diputado federal fue vinculado con las hermanas González Valenzuela. No obstante, se desconoce qué jefes policiales o políticos las apoyaron cuando expandieron sus actividades al Estado de Guanajuato. Uno de sus contactos poderosos también les permitió pasar desapercibidas ante las entidades financieras, a pesar de las grandes sumas de dinero que acumulaban con sus operaciones delictivas.
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