El presidente de Colombia, Gustavo Petro ha tenido como gran bandera la política de paz total, que promete desmontar la violencia con acuerdos simultáneos con todos los actores armados de un país que carga décadas de conflicto interno. En el caso de los grupos residuales de la extinta guerrilla de las FARC, conocidos como disidencias, esa apuesta ha tropezado con una realidad compleja. Más allá del rótulo común, se trata de un entramado de estructuras armadas que tienen lógicas distintas y en ocasiones opuestas, operan de forma fragmentada, tienen agendas propias y en muchas regiones se enfrentan entre sí, con dinámicas más locales que nacionales.
A casi una década del Acuerdo de Paz con las FARC, el Estado colombiano lidia con grupos que, pese a estar dispersos, han crecido. Aunque se autoproclaman como herederos de la otrora guerrilla de origen campesino y orientación comunista, hoy se dividen en al menos cuatro estructuras principales, que en muchos sentidos son más sombrillas de grupos locales que organizaciones centralizadas. Son el Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Los diferentes grupos tienen dos grandes orígenes. Uno son frentes de las FARC que nunca se desmovilizaron, iniciando por el frente primero, que hacía presencia en el Guaviare y se apartó de las negociaciones antes del Acuerdo Final. Su sombrilla más conocida es el EMC, liderado por Iván Mordisco, el alias con el que es famoso Néstor Gregorio Vera. A esos disidentes, se suman los que expertos como el exnegociador del Gobierno, Sergio Jaramillo, han llamado reincidentes. Son personas que firmaron el Acuerdo, se desmovilizaron y luego retomaron las armas. El más famoso es Iván Márquez, quien fue jefe negociador de las FARC en La Habana y retomó las armas en agosto de 2019, cuando hizo público el nacimiento de la llamada Segunda Marquetalia, el otro nombre famoso.
Esos dos grupos se han dividido, en fracciones que a su vez tienen fracturas internas, hasta el punto de que el Estado marca como disidencia aparte al llamado Frente 57, una pequeña organización de pocas decenas de integrantes que se escindió de una compañía del EMC y solo opera en el centro del departamento del Valle del Cauca. Al final, de las cuatro grandes federaciones, solo dos mantienen canales formales abiertos con el Gobierno, y eso de manera parcial.
Una mesa en pie y tres frentes cerrados
La mayor fractura del EMC es el EMBF, liderado por alias Calarcá Córdoba, disidente que nació a finales de 2023 y tiene presencia en el sur del país. La ruptura se consolidó a finales de ese año, aunque las tensiones venían gestándose desde meses atrás. La disidencia de Calarcá, que como guerrillero de las FARC operó en Bogotá y el Magdalena Medio, rechazó el intento de Mordisco de ejercer un control centralizado sobre los diferentes grupos y, ha criticado la que llama ambigüedad del EMC frente a las economías ilegales.
Mientras el grupo que lidera Mordisco endurecía su postura frente al Gobierno, el grupo de Calarcá mantuvo contactos discretos con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para seguir en una negociación sin su máximo jefe. Desde mayo de 2024, el EMBF mantiene la única mesa de diálogo formal de las disidencias en la paz total. El pasado 24 de julio, la negociadora del gobierno, Gloria Quiceno, se reunió con Calarcá en del departamento del Caquetá para “destrabar” un proceso estancado desde octubre. La mesa sigue en riesgo con momentos críticos como el reciente asesinato de siete militares en Guaviare, atribuido a hombres de Calarcá.
Si ese proceso coquetea con el fracaso, el del EMC parece ya firmarlo. El EMC es más grande en cantidad de combatientes y hasta abril de 2024 lideraba el proceso más avanzado, pero la mesa se terminó tras un fallido cese al fuego. Esta disidencia fue la primera en abrir un canal de diálogo formal con el Gobierno de Petro, pero las tensiones fueron creciendo a medida que las dos partes se acusaban mutuamente de incumplir los acuerdos temporales que pactaron. Ahora, el presidente ha anunciado una recompensa de 4.450 millones de pesos por el paradero de Mordisco, a quien señala de formar parte o estar aliado con la ‘nueva junta del narcotráfico’, una banda transnacional a la que señala de querer asesinarlo. Con ello, el Ejecutivo ha cerrado cualquier posibilidad de retomar negociaciones con ese grupo.
Por su parte, la Segunda Marquetalia, instaló una mesa de diálogo formal con el Gobierno en junio de 2024 en Caracas, Venezuela. Era un avance para la paz total, que sumaba así las negociaciones con la disidencia de más notoriedad política a las mesas que ya tenía con la guerrilla del ELN y el EMC. No obstante, a fines de ese mismo año el grupo experimentó una crisis: apareció una carta en la que Iván Márquez desautorizó públicamente las negociaciones. Eso llevó a que dos sus estructuras más sólidas —los Comandos de la Frontera (Putumayo) y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico (Nariño)— se desgajaran de la sombrilla como un grupo aparte y pasaran a denominarse Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
Casi como una historia calcada, las diferencias internas de la disidencia de Márquez repercutieron en la ruptura de las negociaciones con el Gobierno, que ha abandonado la mesa de negociación con el líder histórico, para mantenerlas con la estructura naciente. Aunque con la CNEB se han logrado avances notorios en la negociación, enfrentan la dificultad de que la mayoría de sus jefes son desertores del Acuerdo de Paz de 2016, y por ello perdieron los beneficios jurídicos de ese pacto. Ya la Fiscalía y la Procuraduría han cuestionado que se cobije a los reincidentes con justicias transicionales, pues ya la desecharon en una ocasión. Ello ha congelado las conversaciones sobre posibles beneficios penales o una representación política directa para este grupo.
A un año de finalizar su mandato, y con los homicidios, las masacres y los asesinatos de líderes sociales en incremento, Petro ha reconocido ante el país su fracaso en este frente. “Es obvio que no se ha logrado la paz total”, ha dicho. Su Gobierno intenta salvar lo que queda del proyecto con medidas como las zonas de unificación, que han comenzado en el Catatumbo con grupos afiliados, el EMBF y funciona como una figura para dar pasos hacia una eventual desmovilización. Estas zonas, que también está en el departamento de Nariño con la disidencia del ELN conocida como Comandos del Sur, busca reducir la confrontación armada y garantizar la presencia estatal mientras avanzan las negociaciones, pero su efectividad aún es incierta.
Tras el acuerdo de paz de 2016, ha surgido un rompecabezas de grupos que reivindican el nombre de la extinta guerrilla. Dos de las cuatro facciones armadas que persisten en Colombia tienen mesas de negociación activas
El presidente de Colombia, Gustavo Petro ha tenido como gran bandera la política de paz total, que promete desmontar la violencia con acuerdos simultáneos con todos los actores armados de un país que carga décadas de conflicto interno. En el caso de los grupos residuales de la extinta guerrilla de las FARC, conocidos como disidencias, esa apuesta ha tropezado con una realidad compleja. Más allá del rótulo común, se trata de un entramado de estructuras armadas que tienen lógicas distintas y en ocasiones opuestas, operan de forma fragmentada, tienen agendas propias y en muchas regiones se enfrentan entre sí, con dinámicas más locales que nacionales.
A casi una década del Acuerdo de Paz con las FARC, el Estado colombiano lidia con grupos que, pese a estar dispersos, han crecido. Aunque se autoproclaman como herederos de la otrora guerrilla de origen campesino y orientación comunista, hoy se dividen en al menos cuatro estructuras principales, que en muchos sentidos son más sombrillas de grupos locales que organizaciones centralizadas. Son el Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Los diferentes grupos tienen dos grandes orígenes. Uno son frentes de las FARC que nunca se desmovilizaron, iniciando por el frente primero, que hacía presencia en el Guaviare y se apartó de las negociaciones antes del Acuerdo Final. Su sombrilla más conocida es el EMC, liderado por Iván Mordisco, el alias con el que es famoso Néstor Gregorio Vera. A esos disidentes, se suman los que expertos como el exnegociador del Gobierno, Sergio Jaramillo, han llamado reincidentes. Son personas que firmaron el Acuerdo, se desmovilizaron y luego retomaron las armas. El más famoso es Iván Márquez, quien fue jefe negociador de las FARC en La Habana y retomó las armas en agosto de 2019, cuando hizo público el nacimiento de la llamada Segunda Marquetalia, el otro nombre famoso.
Esos dos grupos se han dividido, en fracciones que a su vez tienen fracturas internas, hasta el punto de que el Estado marca como disidencia aparte al llamado Frente 57, una pequeña organización de pocas decenas de integrantes que se escindió de una compañía del EMC y solo opera en el centro del departamento del Valle del Cauca. Al final, de las cuatro grandes federaciones, solo dos mantienen canales formales abiertos con el Gobierno, y eso de manera parcial.
Una mesa en pie y tres frentes cerrados
La mayor fractura del EMC es el EMBF, liderado por alias Calarcá Córdoba, disidente que nació a finales de 2023 y tiene presencia en el sur del país. La ruptura se consolidó a finales de ese año, aunque las tensiones venían gestándose desde meses atrás. La disidencia de Calarcá, que como guerrillero de las FARC operó en Bogotá y el Magdalena Medio, rechazó el intento de Mordisco de ejercer un control centralizado sobre los diferentes grupos y, ha criticado la que llama ambigüedad del EMC frente a las economías ilegales.
Mientras el grupo que lidera Mordisco endurecía su postura frente al Gobierno, el grupo de Calarcá mantuvo contactos discretos con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para seguir en una negociación sin su máximo jefe. Desde mayo de 2024, el EMBF mantiene la única mesa de diálogo formal de las disidencias en la paz total. El pasado 24 de julio, la negociadora del gobierno, Gloria Quiceno, se reunió con Calarcá en del departamento del Caquetá para “destrabar” un proceso estancado desde octubre. La mesa sigue en riesgo con momentos críticos como el reciente asesinato de siete militares en Guaviare, atribuido a hombres de Calarcá.
Si ese proceso coquetea con el fracaso, el del EMC parece ya firmarlo. El EMC es más grande en cantidad de combatientes y hasta abril de 2024 lideraba el proceso más avanzado, pero la mesa se terminó tras un fallido cese al fuego. Esta disidencia fue la primera en abrir un canal de diálogo formal con el Gobierno de Petro, pero las tensiones fueron creciendo a medida que las dos partes se acusaban mutuamente de incumplir los acuerdos temporales que pactaron. Ahora, el presidente ha anunciado una recompensa de 4.450 millones de pesos por el paradero de Mordisco, a quien señala de formar parte o estar aliado con la ‘nueva junta del narcotráfico’, una banda transnacional a la que señala de querer asesinarlo. Con ello, el Ejecutivo ha cerrado cualquier posibilidad de retomar negociaciones con ese grupo.
Por su parte, la Segunda Marquetalia, instaló una mesa de diálogo formal con el Gobierno en junio de 2024 en Caracas, Venezuela. Era un avance para la paz total, que sumaba así las negociaciones con la disidencia de más notoriedad política a las mesas que ya tenía con la guerrilla del ELN y el EMC. No obstante, a fines de ese mismo año el grupo experimentó una crisis: apareció una carta en la que Iván Márquez desautorizó públicamente las negociaciones. Eso llevó a que dos sus estructuras más sólidas —los Comandos de la Frontera (Putumayo) y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico (Nariño)— se desgajaran de la sombrilla como un grupo aparte y pasaran a denominarse Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
Casi como una historia calcada, las diferencias internas de la disidencia de Márquez repercutieron en la ruptura de las negociaciones con el Gobierno, que ha abandonado la mesa de negociación con el líder histórico, para mantenerlas con la estructura naciente. Aunque con la CNEB se han logrado avances notorios en la negociación, enfrentan la dificultad de que la mayoría de sus jefes son desertores del Acuerdo de Paz de 2016, y por ello perdieron los beneficios jurídicos de ese pacto. Ya la Fiscalía y la Procuraduría han cuestionado que se cobije a los reincidentes con justicias transicionales, pues ya la desecharon en una ocasión. Ello ha congelado las conversaciones sobre posibles beneficios penales o una representación política directa para este grupo.
A un año de finalizar su mandato, y con los homicidios, las masacres y los asesinatos de líderes sociales en incremento, Petro ha reconocido ante el país su fracaso en este frente. “Es obvio que no se ha logrado la paz total”, ha dicho. Su Gobierno intenta salvar lo que queda del proyecto con medidas como las zonas de unificación, que han comenzado en el Catatumbo con grupos afiliados, el EMBF y funciona como una figura para dar pasos hacia una eventual desmovilización. Estas zonas, que también está en el departamento de Nariño con la disidencia del ELN conocida como Comandos del Sur, busca reducir la confrontación armada y garantizar la presencia estatal mientras avanzan las negociaciones, pero su efectividad aún es incierta.
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