Las elecciones son una condición necesaria, pero no suficiente en el orden democrático. Son escasas las situaciones en las que el ascenso al poder no se produzca a través de la vía electoral, aunque ella sea torticera. De la misma forma, el voto popular ejercido de manera libre y honesta confirma periódicamente a quienes detentan el poder político o asegura la alternancia. En ese sentido, hay una clara sacralización de lo electoral desde la perspectiva de una concepción minimalista de la democracia. Otros elementos de esta como son el equilibrio de poderes, el Estado de derecho y el consiguiente desarrollo de derechos se relegan con mucha frecuencia.
Algo similar ocurre con los resultados de la política a la hora de solucionar las demandas ciudadanas. Además, el poder, cuya legitimidad es socavada como consecuencia del incremento de la desconfianza, se concentra olvidando su génesis pluralista. Los derechos son zarandeados por el triunfo neoliberal. Las opciones abiertas en las décadas de mayor desarrollo democrático se achican cada vez más hasta alcanzar el nivel de mínimos actual.
El ámbito electoral queda así como el vector principal del orden político y concentra la atención a la hora de poner en marcha diferentes aproximaciones de ingeniería institucional. Estas se centran en los criterios de representación, en la actualización constante de los censos, en la mecánica del ejercicio del voto, de su recuento y de una transmisión eficiente de los resultados. También se ha producido el avance en el monitoreo de las elecciones en los últimos años que es un logro indudable, si bien ello no ha impedido que los resultados de la observación electoral sean desdeñados como ocurrió en Venezuela en julio de 2024. Quizá el empobrecimiento del lenguaje, la comunicación articulada en torno a etiquetas que circulan a enorme velocidad en las redes sociales, la centralidad de los instrumentos que manipulan la polarización afectiva y el incremento exponencial de una nueva forma de desinformación sean lacras que deben tenerse en cuenta.
En este escenario, el último mes ha sido testigo de tres actuaciones en sendos países muy diferentes de las Américas donde lo electoral ha tenido un lugar central con un denominador común definido por la manipulación que pone en cuestionamiento su propia funcionalidad. Una forma de desempeño absolutamente dirigida desde quien detenta el poder en una situación de obvio ventajismo y que, por consiguiente, contribuye a la ruina y al descrédito de las urnas como basamenta fundamental del orden democrático.
En El Salvador el régimen autoritario de Nayib Bukele, bajo la excusa de “darle el poder total al pueblo salvadoreño”, dio el 31 de julio un paso más para suprimir el pluralismo y el equilibrio de poderes incrementando el poder personal del caudillo y de su entorno familiar. Una reforma constitucional impuesta de forma vertical sin proceso deliberativo alguno y tramitada por un órgano legislativo sumiso (57 legisladores de los 60 que lo integran votaron a favor) va a permitir la reelección presidencial indefinida con una extensión del mandato a seis años y elimina la segunda vuelta al adoptar el requisito de mayoría simple.
En México el Gobierno de Claudia Sheinbaum prosigue los pasos iniciados por su predecesor Andrés Manuel López Obrador tendentes a desmantelar el sistema electoral configurado para hacer viable el pluralismo de la sociedad mexicana y asegurar la expresión libre e igual del voto popular en beneficio de un proyecto hegemónico. De esta forma, ha abierto un proceso de reforma electoral liderado por el oficialista Pablo Gómez quien, en declaraciones del 6 de agosto a EL PAÍS ha señalado que “un país en donde ha surgido una nueva mayoría tiene que modificar la forma de la representación popular… No en cualquier país se encuentra una oposición tan socialmente inútil… Queremos una reforma y vamos a ejercer nuestra fuerza política para hacerlo. No va a ser producto de un conciliado de camarillas… La última palabra la tendrá la ciudadanía, mediante una encuesta pública, y el partido gobernante”.
El repudio del consenso y de la deliberación es obvio. En su lugar, una encuesta diseñada desde arriba y en la que participará un número extremadamente exiguo de personas se convierte en el mecanismo ejecutor. La visión mayoritaria por la que se estima que el pueblo ya ha hablado y conferido el poder omnímodo a la nueva elite gobernante se adueña del discurso.
El caso de Estados Unidos se inserta en la tradición del país a la hora de manipular la configuración de los distritos electorales para beneficiar a una fuerza política determinada gracias a la concentración de un electorado afín. Así, los legisladores de Texas aprobaron el 20 de agosto una reestructuración del mapa electoral estatal para que los republicanos puedan obtener cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias del próximo año, convirtiendo una mayoría ahora muy ajustada en un colchón de 15 escaños. Decenas de legisladores demócratas que había salido del estado para retrasar esta iniciativa regresaron el día antes. Por su parte, los demócratas de Illinois, Nueva York y California han reaccionado pensando en una jugada similar en sus estados que controlan.
Abundando en esta dirección torticera de ingeniería electoral donde también se incide en cuestiones relativas al censo, los centros de votación y los documentos requeridos para la identificación del electorado, Trump en su red social manifestó el 6 de agosto: “He dado instrucciones a nuestro Departamento de Comercio para que comience a trabajar de inmediato en un nuevo y muy preciso censo basado en hechos y cifras actuales y, lo que es más importante, utilizando los resultados y la información obtenidos en las elecciones presidenciales de 2024. Las personas que se encuentran en nuestro país ilegalmente NO SERÁN CONTABILIZADAS EN EL CENSO. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.
El Salvador, México y Estados Unidos constituyen tres casos en las Américas donde las elecciones son secuestradas por políticos que pretenden que su funcionalidad sirva a sus intereses y no al objetivo para el que fueron diseñadas. La representación es adulterada y son manipuladas las preferencias de la gente. El resultado es un eslabón más en la cadena de desconfianza y descrédito de la política que caracteriza a la posdemocracia.
El Salvador, México y Estados Unidos constituyen tres casos donde los comicios son secuestrados por políticos que pretenden que su funcionalidad sirva a sus intereses
Las elecciones son una condición necesaria, pero no suficiente en el orden democrático. Son escasas las situaciones en las que el ascenso al poder no se produzca a través de la vía electoral, aunque ella sea torticera. De la misma forma, el voto popular ejercido de manera libre y honesta confirma periódicamente a quienes detentan el poder político o asegura la alternancia. En ese sentido, hay una clara sacralización de lo electoral desde la perspectiva de una concepción minimalista de la democracia. Otros elementos de esta como son el equilibrio de poderes, el Estado de derecho y el consiguiente desarrollo de derechos se relegan con mucha frecuencia.
Algo similar ocurre con los resultados de la política a la hora de solucionar las demandas ciudadanas. Además, el poder, cuya legitimidad es socavada como consecuencia del incremento de la desconfianza, se concentra olvidando su génesis pluralista. Los derechos son zarandeados por el triunfo neoliberal. Las opciones abiertas en las décadas de mayor desarrollo democrático se achican cada vez más hasta alcanzar el nivel de mínimos actual.
El ámbito electoral queda así como el vector principal del orden político y concentra la atención a la hora de poner en marcha diferentes aproximaciones de ingeniería institucional. Estas se centran en los criterios de representación, en la actualización constante de los censos, en la mecánica del ejercicio del voto, de su recuento y de una transmisión eficiente de los resultados. También se ha producido el avance en el monitoreo de las elecciones en los últimos años que es un logro indudable, si bien ello no ha impedido que los resultados de la observación electoral sean desdeñados como ocurrió en Venezuela en julio de 2024. Quizá el empobrecimiento del lenguaje, la comunicación articulada en torno a etiquetas que circulan a enorme velocidad en las redes sociales, la centralidad de los instrumentos que manipulan la polarización afectiva y el incremento exponencial de una nueva forma de desinformación sean lacras que deben tenerse en cuenta.
En este escenario, el último mes ha sido testigo de tres actuaciones en sendos países muy diferentes de las Américas donde lo electoral ha tenido un lugar central con un denominador común definido por la manipulación que pone en cuestionamiento su propia funcionalidad. Una forma de desempeño absolutamente dirigida desde quien detenta el poder en una situación de obvio ventajismo y que, por consiguiente, contribuye a la ruina y al descrédito de las urnas como basamenta fundamental del orden democrático.
En El Salvador el régimen autoritario de Nayib Bukele, bajo la excusa de “darle el poder total al pueblo salvadoreño”, dio el 31 de julio un paso más para suprimir el pluralismo y el equilibrio de poderes incrementando el poder personal del caudillo y de su entorno familiar. Una reforma constitucional impuesta de forma vertical sin proceso deliberativo alguno y tramitada por un órgano legislativo sumiso (57 legisladores de los 60 que lo integran votaron a favor) va a permitir la reelección presidencial indefinida con una extensión del mandato a seis años y elimina la segunda vuelta al adoptar el requisito de mayoría simple.
En México el Gobierno de Claudia Sheinbaum prosigue los pasos iniciados por su predecesor Andrés Manuel López Obrador tendentes a desmantelar el sistema electoral configurado para hacer viable el pluralismo de la sociedad mexicana y asegurar la expresión libre e igual del voto popular en beneficio de un proyecto hegemónico. De esta forma, ha abierto un proceso de reforma electoral liderado por el oficialista Pablo Gómez quien, en declaraciones del 6 de agosto a EL PAÍS ha señalado que “un país en donde ha surgido una nueva mayoría tiene que modificar la forma de la representación popular… No en cualquier país se encuentra una oposición tan socialmente inútil… Queremos una reforma y vamos a ejercer nuestra fuerza política para hacerlo. No va a ser producto de un conciliado de camarillas… La última palabra la tendrá la ciudadanía, mediante una encuesta pública, y el partido gobernante”.
El repudio del consenso y de la deliberación es obvio. En su lugar, una encuesta diseñada desde arriba y en la que participará un número extremadamente exiguo de personas se convierte en el mecanismo ejecutor. La visión mayoritaria por la que se estima que el pueblo ya ha hablado y conferido el poder omnímodo a la nueva elite gobernante se adueña del discurso.
El caso de Estados Unidos se inserta en la tradición del país a la hora de manipular la configuración de los distritos electorales para beneficiar a una fuerza política determinada gracias a la concentración de un electorado afín. Así, los legisladores de Texas aprobaron el 20 de agosto una reestructuración del mapa electoral estatal para que los republicanos puedan obtener cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias del próximo año, convirtiendo una mayoría ahora muy ajustada en un colchón de 15 escaños. Decenas de legisladores demócratas que había salido del estado para retrasar esta iniciativa regresaron el día antes. Por su parte, los demócratas de Illinois, Nueva York y California han reaccionado pensando en una jugada similar en sus estados que controlan.
Abundando en esta dirección torticera de ingeniería electoral donde también se incide en cuestiones relativas al censo, los centros de votación y los documentos requeridos para la identificación del electorado, Trump en su red social manifestó el 6 de agosto: “He dado instrucciones a nuestro Departamento de Comercio para que comience a trabajar de inmediato en un nuevo y muy preciso censo basado en hechos y cifras actuales y, lo que es más importante, utilizando los resultados y la información obtenidos en las elecciones presidenciales de 2024. Las personas que se encuentran en nuestro país ilegalmente NO SERÁN CONTABILIZADAS EN EL CENSO. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.
El Salvador, México y Estados Unidos constituyen tres casos en las Américas donde las elecciones son secuestradas por políticos que pretenden que su funcionalidad sirva a sus intereses y no al objetivo para el que fueron diseñadas. La representación es adulterada y son manipuladas las preferencias de la gente. El resultado es un eslabón más en la cadena de desconfianza y descrédito de la política que caracteriza a la posdemocracia.
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