Cecilia García Ramblas tenía 28 años y estaba vinculada a un colectivo de búsqueda de desaparecidos en el Estado mexicano de Guanajuato. Se unió a ese grupo en 2021, junto a su cuñada, para encontrar a su hermano Miguel Ángel, de 21 años. Lo halló en un pozo en 2025, muerto. Aún así, siguió colaborando de manera ocasional en la lucha que cada día emprenden miles de madres, y también padres y hermanos, para dar con los más de 132.000 desaparecidos que hay en México. Lo hacen sin apenas apoyo del Estado, organizados entre ellos, con palas y hasta con sus propias manos, topándose con fosas y con grupos armados que las custodian, en ranchos y carreteras de un país que tiene, en la causa de los desaparecidos, su mayor fractura social y política.
La ONU eleva a la Asamblea General la gestión del país ante la magnitud del problema y señala los vínculos entre autoridades y crimen organizado
Cecilia García Ramblas tenía 28 años y estaba vinculada a un colectivo de búsqueda de desaparecidos en el Estado mexicano de Guanajuato. Se unió a ese grupo en 2021, junto a su cuñada, para encontrar a su hermano Miguel Ángel, de 21 años. Lo halló en un pozo en 2025, muerto. Aún así, siguió colaborando de manera ocasional en la lucha que cada día emprenden miles de madres, y también padres y hermanos, para dar con los más de 132.000 desaparecidos que hay en México. Lo hacen sin apenas apoyo del Estado, organizados entre ellos, con palas y hasta con sus propias manos, topándose con fosas y con grupos armados que las custodian, en ranchos y carreteras de un país que tiene, en la causa de los desaparecidos, su mayor fractura social y política.
A mediados de mes, los colectivos empezaron a buscarla a ella, después de que un grupo de hombres armados se la llevaran por la fuerza. Este miércoles, la fiscalía informó de que había identificado su cadáver, y ya van 35 buscadores asesinados, según un recuento de la organización Artículo 19. Ese mismo día, en otra punta del país, en Sonora, Cecilia Patricia Flores, de 53 años, convertida en un icono de las Madres Buscadoras de México, lograba dar sepultura al puñado de huesos que el ADN identificó como los de uno de sus dos hijos desaparecidos, Marco Antonio. Llevaba siete años de incansable rastreo, y aún no ha dado con Alejandro Guadalupe, desaparecido en 2015 cuando iba al trabajo.
Cecilia García y Cecilia Flores son los últimos rostros del doloroso agujero negro de preguntas sin respuesta que es la crisis de los desaparecidos, que ha ido absorbiendo a familias y ciudades por todo el país en las últimas dos décadas, coincidiendo con la guerra contra el narcotráfico. La gravedad es tal que el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ve “indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”. Por eso ha decidido, de manera extraordinaria, elevar el asunto a la Asamblea General de la ONU para que lo examine, según informó el organismo este jueves.
El esfuerzo de los colectivos por que la causa se vea, se reconozca y se atienda es enorme, y su presencia en lugares donde se han cometido crímenes ―donde hay fosas, donde domina un grupo armado o hay una pugna entre grupos criminales― se ha convertido en peligrosa para ellos mismos. “Atacan a las buscadoras, no sabemos el por qué”, dice conmocionada Alma Lilia Tapia, fundadora del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, al que perteneció Cecilia García Ramblas para hallar a su hermano. “Ayer la sepultaron, dejó dos hijos, de 14 y ocho años”, explica por teléfono desde Guanajuato, el Estado con más asesinatos de México desde 2019. Tapia es del mismo colectivo al que pertenecía Lorenza Cano Flores, una de las seis buscadoras que siguen desaparecidas en la entidad desde 2020, a ellas se suman otros seis asesinados, según las cifras de la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato.
El documento en el que el comité de la ONU argumenta su decisión refleja la brutalidad y la magnitud de la crisis. Dice que “en la mayoría de los casos, la búsqueda parece ser realizada principalmente por los familiares de los desaparecidos”, algo que deja en evidencia la incapacidad del Estado de gestionar el problema visto el desamparo de las familias, que han tenido que organizarse para investigar, documentar y rastrear lugares que en ocasiones les señalan los propios criminales. También dice algo devastador, que las autoridades están involucradas, directa o indirectamente, en las desapariciones, que se llevan a cabo con la participación “de actores estatales, o por actores no estatales actuando con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado”.
Este último aspecto es en el que incide Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la justicia y paz de Guanajuato, Estado en el que, explica, las “desapariciones son generalizadas, no hay un solo municipio donde no se haya denunciado una” y donde el documento de la ONU dice que “el número de personas desaparecidas se ha multiplicado por ocho desde 2017 hasta abril de 2025”. Sandoval añade que en ese Estado “hay 1.500 cadáveres sin identificar”, en otra arista del problema conocida como “crisis forense”: según cálculos de la Universidad Iberoamericana de León, afirma, hay más de 72.000 cuerpos sin nombre en todo el país. Sandoval critica que en las investigaciones por desaparición, “no se vea el nexo causal entre la labor de búsqueda y la desaparición [del buscador], sino que se presenta como un dato más, sin una línea de investigación”, cuenta refiriéndose al caso de Cecilia García Ramblas. La razón es que “las autoridades pretenden deslindar su responsabilidad para evitar el costo político de reconocer que en Guanajuato se asesina a personas por ser buscadoras”, dice.
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza la decisión del comité de la ONU, que tilda de “tendenciosa” porque “no atiende el gran esfuerzo del Gobierno para atender con toda seriedad este tema”, dice en un comunicado. El Ejecutivo critica que “se centra principalmente en las desapariciones ocurridas entre 2009 y 2017, periodo correspondiente a las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, para subrayar que “ el Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
Hace ahora una semana, el Gobierno informó de la reinterpretación de los datos del registro nacional de desaparecidos, en un intento aparente por corregir deficiencias y repeticiones. El resultado exasperó a los colectivos de búsqueda, ya que en la práctica solo reconoce como casos claros los de 43.128 desaparecidos, alrededor de un tercio de los más de 132.000 desaparecidos en los últimos 20 años. El resto se divide en las 40.308 personas que registraron alguna actividad después de la denuncia de desaparición —porque se casaron o declararon impuestos, por ejemplo— y otro grupo de 46.742 personas a cuyas fichas les faltan datos básicos para la búsqueda —no tienen el nombre completo, no figura el sexo—.
El nuevo recuento, que es dinamita política dada la magnitud del problema, ha añadido aún más interrogantes a las miles de personas que siguen intentando hallar a sus familiares, con la angustia de no saber si están vivos o muertos, qué les pasó, si sufren. ¿A quiénes van a buscar las autoridades? ¿Solo a los 43.128? Y de hecho: ¿los van a buscar? Porque hasta ahora, uno de los datos más llamativos que dio el Gobierno es que las fiscalías solo iniciaron investigaciones en 3.869 casos de esos 43.128 que consideran desapariciones incontestables.
“Sí tengo miedo”, contesta Alma Lilia Tapia. “Yo casi no salgo a la calle, solo a lo esencial, como al mercado, o a las búsquedas. Es un método de precaución”, cuenta. Ella sigue el rastro de su hijo Daryl, desaparecido en 2018, en un crimen que corroe a las familias, “que expande el dolor” a todos los miembros, dice ella. “Yo tenía una vida bonita, era maestra, tenía a mis dos hijos”, dice, “pero [con la desaparición] la destruyeron y me dejaron loco a mi otro hijo, que estaba con Daryl cuando se lo llevaron”. Un día, a Alma le llegó una foto de Whatsapp de un teléfono desconocido, meses después de no saber nada de Daryl. “Era una cabecita. Al principio no la identifiqué como la de mi hijo, porque tenía bigote y pelo largo. Pero luego vi las cicatrices de la barba y su oreja más levantada que la otra. Había un orificio de bala en la frente”, cuenta al borde de las lágrimas. Desde entonces, cuando su otro hijo la vio, entró en un estado en el que no podía parar de llorar, con autolesiones e ingresos psiquiátricos. “No lo puede superar”.
Ella se aferra a la misión de encontrar a Daryl y al colectivo. Las buscadoras suelen mostrar los lugares donde tienen indicios de posibles hallazgos a los investigadores, “que no tratan con el mismo cuidado las piezas, los restos. Nosotras sabemos escarbar”. Entonces sí las acompañan. En ocasiones incluso se han enfrentado al peligro de los grupos criminales locales. “Una vez nos rodearon”, expone.
Es una situación similar a la que relata en un video publicado en X por Cecilia Patricia Flores, la madre buscadora de Sonora, donde ha ido documentando su labor y que también ha sufrido amenazas. En un paraje desértico, muestra una escena confusa en la que ella dice “que hay personas con arma” en medio de una búsqueda y que han llamado a las autoridades “para que vengan a dar apoyo”. “Sí tenemos miedo, aquí estamos todas hechas bolas, unidas, juntas pase lo que pase”, relata, y añade: “Y siempre pedirles a los chicos que se encargan de desaparecer a nuestros hijos que no hagan daño a las madres, que vean que en algún momento quizás somos nosotras las únicas que los vamos a buscar”.
EL PAÍS
