Colombia no ha logrado revertir los patrones de violencia contra los defensores de derechos, o líderes sociales. Así lo señala el informe presentado este jueves por la Oficina en el país del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que analiza los sucesos ocurridos entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, periodo que en su mayoría coincide con el mandato del presidente Gustavo Petro, quien fue elegido con la bandera de frenar esos crímenes. La organización señala que en esos cuatro años fueron asesinados 410 defensores, una media de 100 líderes sociales cada año. Significa que este Gobierno de izquierda no logró cambiar la tendencia, que venía de administraciones anteriores.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos presenta su último informe anual durante la actual Administración y, aunque resalta algunos avances, califica los 410 asesinatos ocurridos entre 2022 y 2025 como un hecho “inaceptable”
Colombia no ha logrado revertir los patrones de violencia contra los defensores de derechos, o líderes sociales. Así lo señala el informe presentado este jueves por la Oficina en el país del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que analiza los sucesos ocurridos entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, periodo que en su mayoría coincide con el mandato del presidente Gustavo Petro, quien fue elegido con la bandera de frenar esos crímenes. La organización señala que en esos cuatro años fueron asesinados 410 defensores, una media de 100 líderes sociales cada año. Significa que este Gobierno de izquierda no logró cambiar la tendencia, que venía de administraciones anteriores.
Aunque entre 2022 y 2024 se observó una ligera reducción de los homicidios, con una disminución de 11 casos en 2023 y de 16 en 2024, este rumbo se invirtió en 2025, cuando se registraron 99 homicidios. “El país se encuentra en un punto de inflexión”, dice la ONU en el último informe anual que se presenta durante la actual Administración. Naciones Unidas reconoce que el problema tiene sus raíces en anteriores gobiernos y que “las autoridades colombianas han tomado acción”. Sin embargo, señala que aún hay mucho por hacer, pues esa violencia solo se podría reducir si el Estado toma medidas efectivas que aborden sus causas estructurales. El texto apunta a que se necesitan políticas públicas eficaces, reformas institucionales y mecanismos de protección adecuados a las realidades del terreno.
De acuerdo con la ONU, dos retos siguen siendo enormes. De un lado, una impunidad que se refleja en que solo el 6,87% de los homicidios cuentan con sentencias judiciales que identifiquen plenamente la responsabilidad de los perpetradores. Por el otro, que el modelo de protección “ha recaído casi de manera exclusiva y desproporcionada” sobre la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior, un esquema que está “resultando claramente insostenible”, pese al aumento del presupuesto en los últimos años.
El sistema, que tiene como eje una seguridad individualizada y tercerizada con empresas privadas y que ha priorizado medidas materiales como chalecos, personas de protección o vehículos, no “logra responder a las múltiples solicitudes”. De hecho, el informe alerta que 34 defensores fueron asesinados pese a contar con esquemas de seguridad o haberlos solicitado. En general, la Oficina de la ONU señala que la debilidad y la sobrecarga de las instituciones, los altos niveles de impunidad y la corrupción contribuyen a la violencia.
El coctel es explosivo, y se suma a la persistencia de los factores estructurales que han convertido a Colombia en uno de los países más riesgosos del mundo para los defensores de derechos: hay conflictos armados en varias regiones y las organizaciones criminales están involucradas en el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal de árboles o el tráfico de personas. En la presentación del informe, el representante en Colombia de la oficina, Scott Cambell, ha expresado su respaldo a la política de “paz total” de Petro, aunque también ha mencionado que son necesarias políticas de seguridad y de desmantelamiento de organizaciones criminales.
La ONU Derechos Humanos ha identificado un aumento progresivo en la cantidad de homicidios de personas defensoras desde 2016. Tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC a fines de ese año, distintos actores armados ilegales empezaron a disputarse los territorios que dejó de controlar la extinta guerrilla. El problema radica en que el “Estado no logró sostener una presencia integral para proteger a las comunidades e impulsar un desarrollo equitativo e inclusivo”.
En medio han quedado los defensores ambientales, del territorio o de la niñez, a quienes dichas estructuras ven como un obstáculo para su control territorial. Los más vulnerables son los miembros de las comunidades indígenas: el 23% de todas las personas asesinadas eran indígenas, provenientes de 15 pueblos. Es un porcentaje extraordinariamente alto si se tiene en cuenta que esta población representa solo el 4,7% del total de los habitantes del país.
“El Pueblo Nasa, particularmente de Cauca, continuó enfrentando un escenario de riesgo extremo y sostenido, donde la violencia ha adquirido un carácter sistemático”, se señala en el documento. Hay lugares donde el riesgo es recurrente. El informe menciona municipios como Argelia, Toribío y Santander de Quilichao, en Cauca; Tumaco, en Nariño; Tibú, en Norte de Santander; Tame, en Arauca; y zonas del Medio y Bajo Putumayo. No obstante, la violencia contra líderes ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente rural para expandirse hacia contextos urbanos y periurbanos, en ciudades como Cali, Medellín, Cúcuta, Bogotá, Barranquilla y Santa Marta.
Las comunidades afrodescendientes y campesinas, los integrantes de juntas de acción comunal, las personas con diversas orientaciones sexuales, expresiones e identidades de género y los líderes políticos también han sido blanco de ataques. A los 410 homicidios reportados en el periodo estudiado, se suman 2.018 ataques y amenazas, además de secuestros, vigilancias y agresiones físicas. En este contexto, las mujeres son especialmente vulnerables, pues enfrentan violencia de género, amenazas sexuales y campañas de desprestigio. Entre 2022 y 2025 los homicidios de defensoras de derechos se duplicaron. “Entre estos casos, se encuentran 9 homicidios de mujeres indígenas que ejercían la defensa de sus pueblos”, añade el informe.
EL PAÍS
