Segundos antes del atentado terrorista a la base aérea militar de Cali, el pasado 21 de agosto, las cámaras de vigilancia de la zona dejaron de transmitir. Eran las 2.40 de la tarde y dos hombres del frente Jaime Martínez, un grupo disidente de las extintas FARC, habían llegado con dos camiones desde el pequeño municipio de Corinto, en el Cauca. Traían 16 cilindros de gas, cada uno con 50 kilogramos de explosivos a base de polvo de aluminio y nitrato de amonio. Los conductores estacionaron los vehículos a una cuadra de la puerta principal del complejo militar y buscaron escapar. Según las autoridades, llevaban apenas siete minutos en la ciudad. Las cámaras de los vecinos del barrio Villa Colombia se apagaron sin dejar registro del ataque.
La explosión, que afectó a las viviendas de dos manzanas a la redonda y dejó a la ciudad sumida en el terror, se saldó con siete personas asesinadas, todas civiles, y más de 70 heridos. Es uno de los atentados más graves de las últimas décadas en la capital del Valle del Cauca. Un día después, la Alcaldía informó que detonaría, de forma controlada, varios cilindros bomba que no estallaron el día anterior. De haberlo hecho, la tragedia, ya de por sí grave, habría sido por lo menos tres veces mayor. El informe del explosivista que reconstruyó el caso señala que el ataque estaba pensando para causar daño en 400 metros a la redonda, y llegó solo a 130 metros.
El Ejército se encargó de desactivar los 36 tatucos, las 468 granadas de tres kilos de dinamita cada una y los 50 metros de cordón detonante que seguían intactos. Todos ellos viajaron en los furgones y debían ser activados con un sistema de mecha lenta que se encendía en las cabinas, al lado de la palanca de cambios. Pero falló en uno de los dos camiones. “La mecha encendió, pero por circunstancias ajenas, se apagó y quedaron sin detonar”, dice el informe forense del experto que leyó la fiscal del caso en la audiencia de imputación contra los dos conductores. Milagrosamente, el estallido no llevó a que se activaran esas cargas.
Carlos Stiven Obando Aguirre (26 años), El Mono, de profesión electricista, y Walter Esteban Yondá Ipía (23 años), Sebastián, los dos hombres capturados minutos después del atentado fueron imputados por cinco delitos: homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo, concierto para delinquir agravado y fabricación y porte de armas y explosivos agravada. Tras más de ocho horas de audiencia, ninguno aceptó los cargos.
Pero, en un interrogatorio previo ante otra fiscal, Yondá reconoció su participación en el crimen. “Me pagaron cuatro millones de pesos para dejar el camión frente a la base aérea. Me lo entregaron en Jamundí [un municipio conurbado con Cali] y también me dieron un overol azul. Con la persona que traía el otro furgón convinimos llegar por separado. Solo sabíamos la hora a la que teníamos que estar ahí”, dijo en esa suerte de confesión de la que luego se arrepintió.
Yondá también admitió en ese interrogatorio pertenecer al frente Jaime Martínez, un grupo que forma parte del llamado Estado Mayor Central, que lidera Iván Mordisco. Oriundo de Corinto, el pequeño municipio del norte del Cauca en el que ese grupo armado tiene su bastión y del que salieron los camiones con los explosivos, dijo que nunca había ido a Cali. En la audiencia, el fiscal del caso explicó que el joven dijo que conoció la ciudad solo un día antes del ataque, el miércoles 20 de agosto, al mediodía. “Lo llevaron para que visualizara el lugar donde tenía que dejar el camión”, explicó el funcionario. En su interrogatorio, Yondá negó saber quién lo condujo hasta allí y dijo que solo tuvo una comunicación telefónica con códigos para acordar el encuentro. “La persona que me llevó estaba camuflada: traía casco y tapabocas y nunca se los quitó. No lo pude ver”, afirmó.
El plan incluía salvar a los dos conductores. “En la esquina nos estaban esperando para huir”, dijo Yondá. En su línea de tiempo, la Fiscalía señala que los camiones se detuvieron a la 2.39 de la tarde, cuando un semáforo de la carrera 8 de Cali se puso en rojo. Yondá activó la mecha, descendió del vehículo y salió huyendo. El técnico en explosivos ha explicado que el dispositivo era de activación temporizada, lo que les daba algunos segundos a los disidentes para alejarse. Sin embargo, en el caso de Yondá, esos segundos fueron eternos, pues los explosivos de su furgón nunca se activaron. El hombre ya había avanzado una cuadra, sin encontrar el vehículo para huir, cuando dos de los cilindros del otro camión explotaron.
Ese segundo vehículo era el que conducía Carlos Stiven Obando. Una cuadra antes del lugar del estallido, a punto de llegar a su destino, chocó con un taxi. Jorge Iván Velasco, el taxista y sobreviviente del atentado, le cuenta a este diario que el camión circulaba con premura para alcanzar al otro furgón, que era idéntico y le había tomado ventaja. Obando golpeó la parte delantera de su taxi, que frenaba para recoger unos pasajeros. Sin mediar y sin detenerse, el camión aceleró hasta el cruce de un semáforo, el mismo frente al cual Yondá había estacionado. Metros más adelante, explotó. “Me bajé a perseguirlo y a reclamarle que me había dañado el taxi. Ya iba media cuadra adelante y todo voló”, señala.
Los informes forenses indican que Obando descendió del camión tras activar la mecha. Varias víctimas que estaban cerca lo vieron bajarse, revisar el celular y subirse a un vehículo particular que estaba parqueado más adelante. Según la Fiscalía, ese carro pertenecía a un primo suyo, que trabaja en Cali como conductor de plataformas de transporte y se lo había prestado esa mañana. Obando alcanzó a huir por tres cuadras antes de ser detenido por personas de la comunidad, que se atravesaron a su paso y le impidieron avanzar. Lo rodearon hasta que la Policía llegó.
Los detenidos han dicho que no se conocían entre sí, y que solo sabían que debían llegar al mismo tiempo al lugar para cometer el atentado. Cuando las autoridades los trasladaban en una patrulla al centro de detención, a los teléfonos de ambos llegaron mensajes de texto: “Llamadas no. Video”. “Boten esos celulares”, se leía en ellos.
La Fiscalía ha señalado que los furgones habían sido reportados como robados en junio pasado en Antioquia, y que desde entonces permanecieron en el municipio de Jamundí. Una fuente del Ejército confirma que, ese jueves, salieron de Corinto y atravesaron el norte del departamento del Cauca, pasando por Miranda, Padilla y Puerto Tejada. En esos pequeños poblados cercanos a Cali, las disidencias han construido vías ilegales en medio de los cañaduzales para el transporte de armas y drogas. Los camiones entraron al Valle del Cauca por los municipios de Florida y Candelaria, y atravesaron el corregimiento de Juanchito para llegar a Cali por el oriente de la ciudad.
Sobre la calle de la base aérea, se estacionaron frente a una de las cuadras más comerciales de la zona, donde hay un hotel, una cooperativa de trabajadores, una tienda de comida para mascotas y dos supermercados. Uno de los cilindros voló por más de 30 metros y cayó sobre una silla del antejardín de la casa de Andrés Monroy, quien vive allí junto a su esposa y su suegra. “Mi suegra se había parado dos minutos antes de esa silla al baño”, decía una hora después del atentado y en presencia de la Policía Antiexplosivos, que revisaban si quedaba algún artefacto sin detonar en medio de las casas convertidas en escombros.
El pasado de alias ‘Sebastián’
Para las autoridades, no hay duda de que el atentado lo realizó el frente Jaime Martínez. Walter Esteban Yondá Ipía tiene trayectoria en esa estructura criminal. En sus redes sociales publicaba, desde Corinto, fotos en camuflado y con un fusil terciado. El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, explica que era la mano derecha de Iván Jacobo Idrobo, Marlon, el jefe de ese grupo, el mismo que ataca a la ciudad desde el año pasado. “Por un tema interno, a Sebastián lo castigaron y estaba en consejo de guerra [una suerte de juicio, que puede culminar en el fusilamiento]. Todo indica que, para resarcirse, le ordenaron cometer este acto”.
La Fiscalía expuso en la audiencia que dos desmovilizados de la Jaime Martínez, que colaboran con la justicia, reconocieron a los capturados como integrantes de la estructura armada. El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, ha explicado que Yondá era escolta y hombre de confianza de Marlon. “A través de labores de inteligencia, se estableció que alias Sebastián tenía entrenamiento en el manejo de artefactos explosivos improvisados y en el uso de drones para ataques dirigidos”, dijo. La información que ha entregado la inteligencia militar a la Alcaldía es que Marlon dio la orden del atentado.
Se trata de uno de los hombres más cercanos a Iván Mordisco, el narcotraficante que lidera el EMC. Como él, perteneció a la guerrilla de las FARC antes del acuerdo de paz de 2016. Firmó la paz y fue aceptado en la justicia transicional como reincorporado, pero la inteligencia militar señala que en 2019 retomó las armas y comenzó a liderar acciones bélicas en los departamentos de Cauca y Nariño, bajo el mando de Mordisco. Desde 2023, lidera la Jame Martínez, y es quien ha hostigado a Cali con siete acciones terroristas en el último año y medio.
El primero de ellos ocurrió el 4 de abril de 2024, cuando un carrobomba explotó frente al Batallón Pichincha, en el sur de la ciudad, sin dejar muertos. El mismo mes, las autoridades frustraron otro atentado con la incautación de un explosivo tipo pentolita que iba oculto en un taxi en el centro de la ciudad. El 4 de septiembre un vehículo abandonado en el oriente hizo temer un nuevo ataque, que finalmente fue desactivado a tiempo, convirtiéndose en el cuarto intento frustrado del año. En 2025 aumentaron el miedo y la violencia. El 25 de abril, una explosión frente a una estación de Policía del norte de la ciudad dejó a un uniformado lesionado. El 18 de mayo, un explosivo hirió a tres policías y cuatro civiles, incluidos dos menores. El 10 junio, tres atentados casi simultáneos sacudieron a la ciudad y dejaron una docena de heridos.
Para el secretario, esos ataques muestran una misma forma de operar: “Siempre van dirigidos a complejos militares o policiales, pero ninguno ha tenido afectaciones directas o graves en policías o soldados. Sí han afectado a los civiles y han ocasionado la muerte de nueve de ellos”. Desde junio, la Alcaldía activó el Bloque de Búsqueda, una articulación con el Ministerio de Defensa y otros organismos del Estado para hacer frente a las disidencias. En estos cuatro meses, ha capturado a 29 responsables de los ataques, y ha duplicado el presupuesto de defensa para cercar las posibilidades del grupo ilegal.
Un día después del atentado que enlutó a la ciudad, el alcalde Alejandro Éder, parado junto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo en público un reclamo al Gobierno Nacional. Como una crítica al centralismo, recordó que en el vecino municipio de Jamundí, a unos 40 kilómetros de la tercera ciudad del país, hay más de 2.000 hectáreas de coca, una economía que sostiene a los ilegales. “Esto no sería aceptable si ocurriera en Chía, al lado de Bogotá; o en Rionegro, al lado de Medellín”, dijo. Pero en Cali, por el contrario, queda la zozobra de no saber cuándo y dónde puede explotar un nuevo bombazo.
EL PAÍS reconstruye el ataque terrorista contra la base aérea de la tercera ciudad de Colombia, en el que fueron asesinadas siete personas. Más de 500 kilogramos de explosivos quedaron sin estallar por un azar
Segundos antes del atentado terrorista a la base aérea militar de Cali, el pasado 21 de agosto, las cámaras de vigilancia de la zona dejaron de transmitir. Eran las 2.40 de la tarde y dos hombres del frente Jaime Martínez, un grupo disidente de las extintas FARC, habían llegado con dos camiones desde el pequeño municipio de Corinto, en el Cauca. Traían 16 cilindros de gas, cada uno con 50 kilogramos de explosivos a base de polvo de aluminio y nitrato de amonio. Los conductores estacionaron los vehículos a una cuadra de la puerta principal del complejo militar y buscaron escapar. Según las autoridades, llevaban apenas siete minutos en la ciudad. Las cámaras de los vecinos del barrio Villa Colombia se apagaron instantes antes del ataque. Y entonces fue el infierno.
La explosión, que afectó a las viviendas en dos manzanas a la redonda y dejó a la ciudad sumida en el terror, se saldó con siete personas asesinadas, todas civiles, y más de 70 heridos. Es el ataque más grave en por lo menos una década en la capital del Valle del Cauca. Un día después, la Alcaldía informó que detonaría, de forma controlada, varios cilindros bomba que no estallaron el día anterior. De haberlo hecho, la tragedia habría sido por lo menos tres veces mayor. El informe del explosivista que reconstruyó el caso señala que el ataque estaba pensando para generar daño en 400 metros a la redonda, y llegó solo a 130 metros.
El Ejército se encargó de los 36 tatucos (el nombre de la bomba confeccionada al rellenar con explosivos los cilindros fabricados para cargar gas), las 468 granadas de tres kilos de dinamita cada una y los 50 metros de cordón detonante que seguían intactos. Todos ellos viajaron en los furgones y debían ser activados con un sistema de mecha lenta que se encendía en las cabinas, al lado de la palanca de cambios. Pero falló en uno de los dos camiones, pues aunque el conductor lo encendió, la mecha se apagó. “La mecha encendió, pero por circunstancias ajenas, se apagó y quedaron sin detonar”, dice el informe forense del experto que leyó la fiscal del caso en la audiencia de imputación contra los dos conductores. Milagrosamente, el estallido no llevó a que se activaran esas cargas y, gracias a eso, hay decenas de sobrevivientes del ataque.
En las más de ocho horas de audiencias contra Carlos Stiven Obando Aguirre (26 años), El Mono, de profesión electricista, y Walter Esteban Yondá Ipía (23 años), Sebastián, aparecen más datos que explican lo que ocurrió. Los dos hombres fueron capturados minutos después del atentado, y han sido señalados ante un juez de cinco delitos: homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo, concierto para delinquir agravado y fabricación y porte de armas y explosivos agravada. Ninguno aceptó los cargos.
Pero, en un interrogatorio ante otra fiscal, Yondá reconoció su participación en el crimen. “Me pagaron cuatro millones de pesos para dejar el camión frente a la base aérea. Me lo entregaron en Jamundí [un municipio conurbado con Cali] y también me dieron un overol azul. Con la persona que traía el otro furgón convinimos llegar por separado. Solo sabíamos la hora a la que teníamos que estar ahí”, dijo en esa suerte de confesión, de la que luego se arrepintió.
Yondá también admitió en ese interrogatorio pertenecer al frente Jaime Martínez, un grupo que forma parte del llamado Estado Mayor Conjunto, que lidera Iván Mordisco. Oriundo de Corinto, el pequeño municipio del norte del Cauca en el que ese grupo armado tiene su bastión y del que salieron los camiones con los explosivos, dijo que nunca había ido a Cali. En la audiencia, el fiscal del caso explicó que el joven dijo que conoció la ciudad solo un día antes del ataque, el miércoles 20 de agosto, al mediodía. “Lo llevaron para que visualizara el lugar donde tenía que dejar el camión”, explicó el funcionario. En su interrogatorio, Yondá negó saber quién lo condujo hasta allí y dijo que solo tuvo una comunicación telefónica con códigos para acordar el encuentro. “La persona que me llevó estaba camuflada: traía casco y tapabocas y nunca se los quitó. No lo pude ver”, afirmó.
El plan incluía salvar a los dos conductores. “En la esquina nos estaban esperando para huir”, dijo Yondá. En su línea de tiempo, la Fiscalía señala que los camiones se detuvieron a la 2.39 de la tarde, cuando un semáforo de la carrera 8 de Cali se puso en rojo. Yondá activó la mecha, descendió del vehículo y salió huyendo. El técnico en explosivos ha explicado que el dispositivo era de activación temporizada, lo que les daba algunos segundos a los disidentes para alejarse. Sin embargo, en el caso de Yondá, esos segundos fueron eternos, pues fueron los de su furgón los que nunca se activaron. El hombre ya había avanzado una cuadra, sin encontrar el vehículo para huir, cuando dos de los cilindros del otro camión explotaron.
Ese segundo vehículo era el que conducía Carlos Stiven Obando. Una cuadra antes del lugar del estallido, a punto de llegar a su destino, chocó con un taxi. Jorge Iván Velasco, el taxista y sobreviviente del atentado, le cuenta a este diario que el camión circulaba con premura para alcanzar al otro furgón, idéntico y que le había tomado ventaja. Obando golpeó la parte delantera de su taxi, que frenaba para recoger unos pasajeros. Sin mediar y sin detenerse, el camión aceleró hasta el cruce de un semáforo, el mismo frente al cual Yondá había estacionado. Metros más adelante, explotó. “Me bajé a perseguirlo y a reclamarle que me había dañado el taxi. Ya iba media cuadra adelante y todo voló”, señala.
Los informes forenses indican que Obando descendió del camión tras activar la mecha. Varias víctimas que estaban cerca lo vieron bajarse, revisar el celular y subirse a un vehículo particular que estaba parqueado más adelante. Según la Fiscalía, ese carro pertenecía a un primo suyo, que trabaja en Cali como conductor de plataformas de transporte y le había prestado el vehículo esa mañana. Obando alcanzó a huir por tres cuadras antes de ser detenido por personas de la comunidad, que se atravesaron a su paso y le impidieron avanzar. Lo rodearon hasta que la Policía llegó.
Los detenidos han dicho que no se conocían entre sí, y que solo sabían que tenían que llegar al mismo tiempo al lugar para cometer el atentado. Cuando las autoridades los trasladaban en una patrulla al centro de detención, a los teléfonos de ambos llegaron mensajes de texto: “Llamadas no. Video”. “Boten esos celulares”, se leía en ellos.
La Fiscalía ha señalado que los furgones habían sido reportados como robados en junio pasado en Antioquia, y que desde entonces permanecieron en el municipio de Jamundí. Una fuente del Ejército confirma que, ese jueves, salieron de Corinto, y atravesaron el norte del departamento del Cauca, pasando por Miranda, Padilla y Puerto Tejada. En esos pequeños poblados cercanos a Cali, las disidencias han construido vías ilegales en medio de los cañaduzales para el transporte de armas y drogas. Los camiones entraron al Valle del Cauca por los municipios de Florida y Candelaria, y atravesaron el corregimiento de Juanchito para llegar a Cali por el oriente de la ciudad.
Sobre la calle de la base área, se estacionaron frente a una de las cuadras más comerciales de la zona: frente a un hotel, una cooperativa de trabajadores, una tienda de comida para mascotas y dos supermercados. Uno de los cilindros voló por más de 30 metros y cayó sobre una silla, en el antejardín de la casa de Andrés Monroy, quien vive allí junto a su esposa y su suegra. “Mi suegra se había parado dos minutos antes de esa silla al baño”, decía una hora después del atentado y en presencia de la Policía Antiexplosivos, que revisaban si quedaba algún artefacto sin detonar en medio de las casas convertidas en escombros.
El pasado de alias ‘Sebastián’
Para las autoridades, no hay duda de que el atentado lo realizó el frente Jaime Martínez. Walter Esteban Yondá Ipía, de 23 años, tiene trayectoria en esa estructura criminal. En sus redes sociales publicaba, desde Corinto, fotos en camuflado y con un fusil terciado. El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, explica que era la mano derecha de Iván Jacobo Idrobo, Marlon, el jefe de ese grupo, el mismo que ataca a la ciudad desde el año pasado. “Por un tema interno, a Sebastián lo castigaron y estaba en consejo de guerra [una suerte de juicio, que puede culminar en el fusilamiento]. Todo indica que, para resarcirse, le ordenaron cometer este acto”.
La Fiscalía expuso en la audiencia que dos desmovilizados de la Jaime Martínez, que colaboran con la justicia, reconocieron a los capturados como integrantes de la estructura armada. El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, ha explicado que Yondá era escolta y hombre de confianza de Marlon. “A través de labores de inteligencia, se estableció que alias Sebastián tenía entrenamiento en el manejo de artefactos explosivos improvisados y en el uso de drones para ataques dirigidos”, dijo. La información que ha entregado inteligencia militar a la Alcaldía es que Marlon dio la orden del atentado.
Se trata de uno de los hombres más cercanos a Iván Mordisco, el narcotraficante que lidera el EMC. Como él, perteneció a la guerrilla de las FARC antes del Acuerdo de Paz. Firmó la paz y fue aceptado en la justicia transicional como reincorporado, pero la inteligencia militar señala que en 2019 retomó las armas y comenzó a liderar acciones bélicas en los departamentos de Cauca y Nariño, bajo el mando de Mordisco. Desde 2023 lidera la Jame Martínez, y es quien ha hostigado a Cali con siete acciones terroristas en el último año y medio.
Inició el 4 de abril de 2024, cuando un carrobomba explotó frente al Batallón Pichincha, en el sur de la ciudad, si dejar muertos. Ese mismo mes las autoridades frustraron otro atentado con la incautación de un explosivo tipo pentolita, el 4 de septiembre un vehículo abandonado fue desactivado a tiempo. En 2025 aumentaron el miedo y la violencia. El 25 de abril, una explosión frente a una estación de Policía del norte de la ciudad, dejó a un uniformado lesionado; el 18 de mayo un explosivo hirió a tres policías y cuatro civiles, incluidos dos menores; el 10 junio tres atentados casi simultáneos sacudieron a la ciudad y dejaron una docena de heridos. Para el secretario, esos ataques muestran una misma forma de operar. “Siempre van dirigidos a complejos militares o policiales, pero ninguno ha tenido afectaciones directas o graves en policías o soldados. Sí han afectado a los civiles y han ocasionado la muerte de nueve de ellos”.
Desde junio, la Alcaldía activó el Bloque de Búsqueda Criminal, una articulación con el Ministerio de Defensa y otros organismos del Estado para hacerle frente a las disidencias. En estos cuatro meses, ha capturado a 29 responsables de los ataques, y han duplicado el presupuesto de defensa para cercar las posibilidades del grupo ilegal.
Un día después del atentado que enlutó a la ciudad, el alcalde Alejandro Éder, parado junto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo en público un reclamo al Gobierno Nacional. Como una crítica al centralismo, recordó que en el vecino Jamundí, a unos 40 kilómetros de la tercera ciudad del país, hay más de 2.000 hectáreas de coca, una economía que sostiene a los ilegales: “Esto no sería aceptable si ocurriera en Chía, al lado de Bogotá; o en Rionegro, al lado de Medellín”. Pero en Cali, por el contrario, queda la zozobra de no saber cuándo y dónde puede explotar un nuevo bombazo.
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