Son cuatro discos duros con 2,8 teras de información. Un día antes de que Abelardo de la Espriella se posesionara como presidente de Colombia, el pasado jueves, el Centro Nacional de Memoria Histórica le entregó una copia íntegra de su archivo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se lo había ordenado para proteger judicialmente un acervo clave para investigar casi seis décadas de conflicto armado en Colombia. Las investigaciones realizadas por el Centro, sus archivos, las iniciativas de memoria con víctimas del conflicto e incluso el guion del Museo de la Memoria que sigue pendiente de poner en marcha, quedaron en manos de la justicia transicional. La entrega se produjo antes de que el Centro, creado hace 15 años, pase a ser dirigido por el Gobierno de Abelardo De la Espriella, quien desde antes de posesionarse anunció una ofensiva contra las instituciones nacidas del Acuerdo de Paz de 2016.
El tribunal transicional recibe las investigaciones, documentos, archivos y bases de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, ante la ofensiva anunciada por el nuevo Gobierno a las instituciones originadas en el Acuerdo de Paz
Son cuatro discos duros con 2,8 teras de información. Un día antes de que Abelardo de la Espriella se posesionara como presidente de Colombia, el pasado jueves, el Centro Nacional de Memoria Histórica le entregó una copia íntegra de su archivo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se lo había ordenado para proteger judicialmente un acervo clave para investigar casi seis décadas de conflicto armado en Colombia. Las investigaciones realizadas por el Centro, sus archivos, las iniciativas de memoria con víctimas del conflicto e incluso el guion del Museo de la Memoria que sigue pendiente de poner en marcha, quedaron en manos de la justicia transicional. La entrega se produjo antes de que el Centro, creado hace 15 años, pase a ser dirigido por el Gobierno de Abelardo De la Espriella, quien desde antes de posesionarse anunció una ofensiva contra las instituciones nacidas del Acuerdo de Paz de 2016.
La orden de protección la dio el magistrado Gustavo Salazar en un auto emitido días antes. Su despacho sostiene que tiene como propósito identificar, proteger y preservar la información imprescindible para investigar las más graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas durante el conflicto armado, que es la misión de la JEP. Quien cumplió la orden fue María Gaitán, directora del Centro nombrada por Gustavo Petro desde el inicio de su mandato.
El presidente de esa jurisdicción, Alejandro Ramelli, advirtió al recibir ese archivo que la orden no era fortuita. “Estamos enfrentando el negacionismo: que eso no pasó, que no fueron tantos”, sostuvo el jurista apenas 24 horas antes de la posesión presidencial. Explicó que las investigaciones que reciben del Centro de Memoria han sido fundamentales, por ejemplo, para las imputaciones que ha hecho esa justicia a excomandantes de las Farc y a miembros y exmiembros de las Fuerzas Militares. Citó como una muestra de ello la realizada a 2025, por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 30 militares, incluidos tres generales retirados, por los asesinatos de civiles cometidos por militares para presentarlos como guerrilleros dados de baja, conocidos como “falsos positivos”, en el departamento del Meta.
Uno de los archivos claves que el Centro de Memoria resguarda es el de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, que ha construido una serie de informes que documentan el origen, la estructura y el funcionamiento de los bloques paramilitares que existieron en Colombia entre la década de 1990 y la de los 2000. Esos documentos se construyeron a partir de entrevistas a miles de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se acogieron a una ley para aportar verdad por fuera de los mecanismos judiciales.
En total, el Centro de Memoria entregó 257 libros —de los que 107 son investigaciones sobre el conflicto armado—, 209 documentales, 91 episodios de podcast, 68 micrositios especializados, además de archivos documentales, recursos pedagógicos y bases de datos.
No es la primera vez que la JEP protege archivos o bases de datos relacionadas con el conflicto armado. Empezó a hacerlo en agosto de 2018, días antes de que se posesionara como presidente Iván Duque, también hostil al entonces recién firmado Acuerdo de Paz. En ese momento, esa justicia emitió las primeras medidas de protección de información sobre archivos de derechos humanos que reposaban en ocho entidades del Estado, como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia, la dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o el mismo Centro Nacional de Memoria.
En este último caso, la orden actual ordena incorporar lo que esa entidad ha producido desde 2018. Está previsto que entregue en total 20 teras de información, lo que terminaría de ocurrir ya en el nuevo Gobierno, incluyendo los archivos que han depositado en ese centro decenas de organizaciones de derechos humanos.
Esa justicia también ha protegido, por ejemplo, archivos de inteligencia y contrainteligencia de la Brigada XX del Ejército que son claves para reconstruir el exterminio del partido político de izquierda Unión Patriótica a manos de agentes del Estado. O también archivos del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que documentan, entre otros hechos, la persecución de agentes del Estado a opositores, magistrados de altas cortes, líderes sociales y periodistas. Con esas órdenes, la JEP ha asegurado la preservación de la información incluso si la fuente original fuera eliminada.
El temor de la justicia transicional a que el nuevo Gobierno dispute el relato sobre el conflicto armado en Colombia no es infundado. En repetidas ocasiones, el presidente De la Espriella ha insistido en que va a dar “la batalla cultural”, que en Colombia incluye el debate sobre el Acuerdo de Paz y sobre la explicación de la guerra, pues parte de la derecha cree que se ha ido imponiendo la narrativa de la izquierda. Con la tarea explícita de dar “la batalla cultural”, De la Espriella nombró como ministra de Cultura a la exsenadora de derecha Paola Holguín, cuya formación destaca por estudios en seguridad y defensa, terrorismo e incluso cursos de contrainsurgencia tomados en Washington.
EL PAÍS
