La izquierda y el progresismo colombiano han rechazado al unísono la suspensión temporal del aumento del salario mínimo ordenada por el Consejo de Estado en la mañana de este viernes. Muchos de los líderes políticos cercanos al presidente Gustavo Petro han convocado a la ciudadanía a marchar en las calles para defender el aumento histórico del 23% del salario decretado el pasado diciembre para más de cuatro millones de trabajadores formales.
Tanto el presidente como los candidatos presidenciales Iván Cepeda, Roy Barreras y Daniel Quintero cuestionan la decisión del Consejo de Estado y le piden al empresariado que no haga cambios adicionales al salario a los trabajadores.
La izquierda y el progresismo colombiano han rechazado al unísono la suspensión temporal del aumento del salario mínimo ordenada por el Consejo de Estado en la mañana de este viernes. Muchos de los líderes políticos cercanos al presidente Gustavo Petro han convocado a la ciudadanía a marchar en las calles para defender el aumento histórico del 23% del salario decretado el pasado diciembre para más de cuatro millones de trabajadores formales.
El presidente Gustavo Petro defendió su decreto, expedido la última semana de 2025, y aseguró que cuenta con todos los criterios económicos necesarios. Dijo en sus redes sociales que la suspensión “pone en riesgo la constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario”. El primer mandatario invitó “al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto”. El ministro del Interior, Armando Benedetti, insistió en que hay un bloqueo a las medidas del Gobierno por parte de los demás poderes: “Estamos jodidos: El Consejo de Estado no deja que haya más plata en el bolsillo de los trabajadores, la Corte Constitucional no deja que se le impongan impuestos a los ricos para que haya mejores políticas públicas sociales en favor de los menos favorecidos, y el Congreso también hizo parte de esto”.
El candidato presidencial Iván Cepeda Castro, que lidera todas las encuestas, emitió un comunicado de prensa en el que cuestiona y condena la decisión de la alta Corte: “Rechazo la arbitraria y regresiva medida de suspender el salario vital. Se trata de un nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, que buscan el bienestar y el progreso para las trabajadoras y los trabajadores de Colombia”, escribió en su cuenta de X.
Cepeda asegura que la suspensión de salario, que hoy está en 2.000.000 de pesos, demuestra “la resistencia a que los sectores que viven en condiciones de desigualdad y los pobres tengan derechos en Colombia”. El candidato de la izquierda, quien quedó por fuera de la consulta del 8 de marzo por una decisión del Consejo Nacional Electoral, insiste en que la “arbitraria” decisión tendrá “el más fuerte rechazo, que se expresará en las calles y en la movilización social”.
Los candidatos Roy Barreras y Daniel Quintero, que se medirán en la consulta del Frente por la Vida en marzo, también cuestionaron la decisión del Consejo de Estado. “Mañana es quincena, es un acto insensible y debemos rodear al presidente en este ataque que afecta a todos los trabajadores de Colombia. Yo convoco a los colombianos a movilizarse, porque hay que defender el salario vital”, dijo Barreras en un video publicado en sus redes sociales. Daniel Quintero, por su parte, anunció que interpuso una acción de tutela para que un juez constitucional “detenga este abuso”. Quintero también llamó a la movilización masiva en todo el país, y les pidió a los empresarios que paguen el salario completo a los trabajadores.
La cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, Carolina Corcho, se sumó a los cuestionamientos. “La decisión del Consejo de Estado (…) es un exabrupto jurídico, que invade las funciones constitucionales que le otorga la Constitución al Presidente de la República”. Corcho afirma que esta medida es parte de un “lawfare” contra el Gobierno de Petro, del que fue ministra de Salud durante el primer año. Afirmó también que se están usando las instituciones judiciales para defender “poderosos intereses en contra de las mayorías trabajadoras y derechos consagrados en la Constitución Política”. La política antioqueña concluyó su mensaje con una invitación a las calles. “Apoyamos la convocatoria a la movilización y el paro Nacional con el objetivo de derogar este auto que atenta contra la vida digna de nuestro pueblo”.
Políticos de otros sectores también han cuestionado la decisión del Consejo de Estado, aunque sin apelar a la protesta pero sí a alguna medida que permita proteger a empleados y empleadores. Claudia López, candidata del centro político, afirmó que subir el salario mínimo “fue un acierto para dignificar a millones de trabajadores y reconocer el valor de su esfuerzo”. Sin embargo, insiste en que es necesario reducir impuestos y cargas tributarias para quienes generan empleo, sobre todo para las las pequeñas y medianas empresas. “Menos cargas, menos impuestos y menos trabas, significan más estabilidad, más formalidad y mejores condiciones laborales para la gente”. Paloma Valencia, candidata del partido de derecha Centro Democrático, instó al presidente Petro a cumplir con la solicitud del consejo de Estado que exige un nuevo decreto en ocho días. “El gobierno no puede anular la ilusión de millones de trabajadores de tener mejores salarios, por lo que debe responder al Consejo de Estado. Por nuestra parte, nos comprometemos a bajar los impuestos a partir del 7 de agosto para aliviar el sufrimiento de los empresarios”.
EL PAÍS
