Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se ha convertido en un lastre político para el balance comercial de la empresa más grande de Colombia. Lo que comenzó como un ruido de pasillo sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022 ha mutado en una imputación formal de la Fiscalía que hoy golpea directamente a la petrolera de mayoría estatal. Para el mercado, la permanencia de Roa es un factor de incertidumbre que los inversores descuentan en cada jornada de negociación bursátil. “Mantener a Roa en el cargo representa un riesgo fundamental para la empresa”, comenta a EL PAÍS Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis. Según el consultor, “tres miembros de la Junta Directiva se pronunciarían para pedir su renuncia”, un gesto que reflejaría la magnitud de la crisis y la fractura interna de la compañía.
La permanencia del presidente en la petrolera de mayoría estatal se ha convertido en el principal riesgo reputacional de la compañía
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se ha convertido en un lastre político para el balance comercial de la empresa más grande de Colombia. Lo que comenzó como un ruido de pasillo sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022 ha mutado en una imputación formal de la Fiscalía que hoy golpea directamente a la petrolera de mayoría estatal. Para el mercado, la permanencia de Roa es un factor de incertidumbre que los inversores descuentan en cada jornada de negociación bursátil. “Mantener a Roa en el cargo representa un riesgo fundamental para la empresa”, comenta a EL PAÍS Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis. Según el consultor, “tres miembros de la Junta Directiva se pronunciarían para pedir su renuncia”, un gesto que reflejaría la magnitud de la crisis y la fractura interna de la compañía.
La desconfianza se alimenta de un expediente judicial que la Fiscalía ha publicado este lunes. La acusación formal apunta a la violación de los topes electorales —un delito que acarrea entre cuatro y ocho años de cárcel—, a un presunto tráfico de influencias vinculado a la compra de un apartamento en Bogotá y a la adjudicación amañada de un contrato estratégico de regasificación. Para Guzmán, el blindaje político que protege a Roa desde la Casa de Nariño no es gratuito: “Roa conoce a fondo los movimientos de la campaña Petro Presidente y, por eso, parece ser uno de los intocables de esta administración”, denuncia.
La abogada Natalia Name, de NNR Estudio Legal, explica que la Junta Directiva enfrenta un dilema mayor: “La Junta no es guardiana de la inocencia del presidente [Roa], sino de la imagen y conveniencia de la empresa. En el sector privado, un indicio de corrupción bastaría para apartar al directivo. Aquí, en cambio, ha pesado el control del Gobierno como accionista mayoritario”. Según Name, aunque los estatutos permiten convocar una reunión extraordinaria para votar su salida, la mayoría requerida es difícil de alcanzar en una junta donde cinco de los nueve miembros responden directamente al Ejecutivo.
La nueva composición de la Junta, definida por la Asamblea la semana pasada, confirma esa tensión. Tras la salida de Mónica de Greiff y Álvaro Torres, ingresaron tres figuras: César Loza, sindicalista y expresidente de la USO; Juan Gonzalo Castaño, ingeniero de petróleos y crítico del fracking; y Carolina Arias, académica ambientalista cercana a movimientos sociales. Loza representa la voz de los trabajadores y se opone a vender el negocio de la petrolera en la cuenca texana del Permian, mientras Castaño y Arias se alinean con el presidente Petro y respaldan la salida del fracking. El resultado es un órgano menos independiente, según declaró a la Silla Vacía Mauricio Tellez, gerente de comunicaciones de Ecopetrol durante 22 años.
La erosión de la confianza también ha generado millonarios gastos en la compañía. Un contrato con la firma estadounidense Covington & Burling, revelado por EL TIEMPO en mayo de 2025, muestra un acuerdo inicialmente pactado en 875 mil dólares para medir el impacto de las investigaciones contra Roa ante las autoridades de Estados Unidos, pero que terminó ampliándose sin autorización expresa de la Junta Directiva hasta los 5,8 millones de dólares. El caso derivó en investigaciones disciplinarias contra dos miembros de la Junta, la salida del oficial de cumplimiento y en hallazgos de la Contraloría que advierten un riesgo patrimonial de 1,6 millones de dólares por actividades ya pagadas y no ejecutadas.
Los balances de la compañía de la iguana han estado muy golpeados. Corficolombiana destaca que Ecopetrol reportó utilidades por 2,5 billones de pesos en el tercer trimestre de 2025, una caída del 29,8% frente al mismo periodo de 2024 y el segundo peor trimestre desde finales de 2020 (solo por encima del segundo trimestre del año pasado). Un informe privado de Colombia Risk Analysis en febrero muestra que la petrolera ha emitido deuda a tasas similares a las de la pandemia, consecuencia directa de una “crisis reputacional que refleja una política energética desorganizada”.
Las calificadoras también han ofrecido su lectura. En diciembre, una semana después de rebajar la nota soberana de Colombia, Fitch Ratings redujo la calificación global de Ecopetrol de BB+ a BB, evidenciando el fuerte vínculo con el riesgo fiscal. Sin embargo, mantuvo el perfil crediticio individual en ‘bbb-’, dentro del grado de inversión, que implica deudas más seguras. El mensaje es que la operación técnica sigue siendo sólida, pero que es el entorno de finanzas públicas de Colombia y la dirección política lo que arrastra a la petrolera.
La presunción de inocencia prima en el Estado de derecho. Pero hay una promesa que el mismo Roa hizo el 17 de abril de 2024, cuando aseguró ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes que “si algún día llegara a verse impactada la reputación o el valor de la compañía en el mercado bursátil, voy a hacerme a un lado sin necesidad de que nadie me lo pida”. El caso se ha agrandado: ya no es un trámite administrativo del Consejo Nacional Electoral, sino una imputación penal de la Fiscalía por violación de topes y presunto tráfico de influencias. El elefante en la habitación se ha agrandado.
EL PAÍS
