Dos años después del asesinato del exlegislador y candidato presidencial Fernando Villavicencio, la Fiscalía de Ecuador ha puesto nombre y rostro a quienes considera los autores intelectuales del crimen que sacudió al país en plena campaña electoral. Este miércoles fueron imputados José Serrano, expresidente de la Asamblea Nacional y exministro del correísmo; Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana; y los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, conocidos por sus vínculos con redes de corrupción.
La tesis del Ministerio Público sostiene que el asesinato se empezó a gestar en 2022, bajo la dirección de Xavier Jordán, prófugo de la justicia. Jordán -según dos testimonios protegidos- habría solicitado al narcotraficante Leandro Norero, asesinado en una cárcel de Cotopaxi ese mismo año, que organizara un operativo de seguimiento y vigilancia sobre Villavicencio. La Fiscalía sostiene que Jordán no solo ideó el plan, sino que también lo financió.
José Serrano, una de las figuras más visibles durante el gobierno de Rafael Correa, habría sido el encargado de facilitar información clave sobre los movimientos del candidato, según la Fiscalía. Utilizando sus contactos dentro de la Policía, habría recibido reportes detallados sobre las condiciones de seguridad de Villavicencio durante la campaña. Fue también, según la investigación, quien sirvió como enlace directo con los autores materiales del crimen.
El tercer acusado es Ronny Aleaga, exlegislador y figura polémica dentro del correísmo. Su nombre no es nuevo en las investigaciones que cruzan la política con el crimen organizado. En 2019, mientras intervenía en una sesión del pleno, mostró al cuello un collar con los colores negro y amarillo, distintivo de los Latin Kings, pandilla que protagonizó sangrientas disputas con Los Ñetas en los años noventa en barrios populares de Quito y Guayaquil. Ambas bandas fueron parte del proceso de pacificación impulsado durante el gobierno de Rafael Correa, y muchos de sus miembros se unieron a las filas del partido político de Correa de ese entonces, Alianza País. Aunque facciones disidentes continuaron operando con métodos violentos. “Soy orgullosamente un Latin King”, dijo el ex legislador en esa sesión para dejar sentado que era el primer representante de una “organización urbana” en la Función Legislativa.
Aleaga, según la Fiscalía, habría sido el vínculo entre el poder político y las estructuras criminales que ejecutaron el asesinato de Villavicencio el 9 de agosto de 2023, cuando salía de un mitin en un colegio del norte de Quito. El crimen, grabado por los asistentes y con testigos presenciales, conmocionó al país y precipitó una ola de investigaciones sobre la infiltración del crimen organizado en la justicia y la política ecuatoriana.
El cuarto implicado en la acusación es Daniel Salcedo, un nombre recurrente en los expedientes de corrupción del país. Salcedo, quien acumula 30 años de prisión por seis sentencias por delitos que van desde peculado y lavado de activos hasta fraude procesal y delincuencia organizada, aparece en este caso por su estrecha relación con el narcotraficante Leandro Norero. Según la Fiscalía, fue Norero quien le encomendó coordinar el seguimiento de Villavicencio, en cumplimiento de la petición Xavier Jordán. Salcedo se convirtió en testigo cooperante de la justicia, con el que la Fiscalía intenta desentramar la estructura que habría ordenado el crimen y, que según él, la planificación del asesinato habría costado 200.000 dólares.
Entre los elementos de convicción presentados por la fiscal del caso, Ana Hidalgo, destaca el testimonio de uno de los sicarios contratados para ejecutar el asesinato. En su declaración ante un agente del FBI, que colaboró con las investigaciones, el sicario afirmó que “este trabajo fue para el señor de arriba”, al indagar sobre quién se refiere, respondió “Correa”. El gatillero no llegó a ser juzgado, porque fue uno de los seis sicarios asesinados en octubre de 2023 mientras estaban detenidos en la Penitenciaría del Litoral. (Correa niega cualquier vínculo con el asesinato).
Antes de anunciar su resolución sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, la jueza del caso llamó la atención a la fiscal Ana Hidalgo por deficiencias en la fundamentación de los pedidos de prisión preventiva. Cuestionó, en particular, la falta de argumentos sólidos para justificar la necesidad de encarcelar a procesados que llevan fuera del país desde el inicio de la investigación. “No estamos aquí para hacer ningún show, estamos para buscar la verdad”, advirtió la jueza en una audiencia que puso a prueba la solidez de la investigación fiscal. Finalmente, dictó que José Serrano y Xavier Jordán, actualmente en Estados Unidos, deberán presentarse periódicamente en un consulado ecuatoriano en ese país. Para Daniel Salcedo, ya detenido, se mantuvo la prisión preventiva. Y solo para Ronny Aleaga, de quien se presume está en Venezuela, se ordenó prisión preventiva.
En la audiencia también estuvieron presentes Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del excandidato asesinado, quienes han ingresado al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía debido al riesgo para sus vidas, tras haber recibido intimidaciones en redes sociales atribuidas a Xavier Jordán, uno de los procesados. Las hermanas denunciaron el abandono institucional: “no hemos recibido apoyo estatal, ni protección legal, ni psicológica en este caso tan grave, que es el magnicidio de nuestro padre”, reclamó Amanda Villavicencio. “Y ahora, nosotras, las víctimas de este crimen, estamos siendo acosadas, hostigadas, intimidadas con las mismas estrategias mafiosas que Jordán utilizó contra mi padre”, añadió.
Ante esta situación, la magistrada María Daniela Ayala dispuso una medida de protección que prohíbe a los procesados acercarse a menos de 200 metros de las víctimas y les impide cualquier forma de contacto, directa o indirecta, a través de redes sociales o terceros.
Tras dos años del magnicidio de Fernando Villavicencio, la causa judicial avanza para determinar la radiografía de las conexiones entre el poder, el crimen y la impunidad. Esto ocurre mientras Ecuador intenta salir de un periodo de violencia sin precedentes: atentados, asesinatos políticos y la declaratoria de un conflicto armado interno contra el crimen organizado que marcan el pulso del país.
La justicia cree que entre ellos urdieron el plan del asesinato, del que se cumplen dos años
Dos años después del asesinato del exlegislador y candidato presidencial Fernando Villavicencio, la Fiscalía de Ecuador ha puesto nombre y rostro a quienes considera los autores intelectuales del crimen que sacudió al país en plena campaña electoral. Este miércoles fueron imputados José Serrano, expresidente de la Asamblea Nacional y exministro del correísmo; Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana; y los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, conocidos por sus vínculos con redes de corrupción.
La tesis del Ministerio Público sostiene que el asesinato se empezó a gestar en 2022, bajo la dirección de Xavier Jordán, prófugo de la justicia. Jordán -según dos testimonios protegidos- habría solicitado al narcotraficante Leandro Norero, asesinado en una cárcel de Cotopaxi ese mismo año, que organizara un operativo de seguimiento y vigilancia sobre Villavicencio. La Fiscalía sostiene que Jordán no solo ideó el plan, sino que también lo financió.
José Serrano, una de las figuras más visibles durante el gobierno de Rafael Correa, habría sido el encargado de facilitar información clave sobre los movimientos del candidato, según la Fiscalía. Utilizando sus contactos dentro de la Policía, habría recibido reportes detallados sobre las condiciones de seguridad de Villavicencio durante la campaña. Fue también, según la investigación, quien sirvió como enlace directo con los autores materiales del crimen.
El tercer acusado es Ronny Aleaga, exlegislador y figura polémica dentro del correísmo. Su nombre no es nuevo en las investigaciones que cruzan la política con el crimen organizado. En 2019, mientras intervenía en una sesión del pleno, mostró al cuello un collar con los colores negro y amarillo, distintivo de los Latin Kings, pandilla que protagonizó sangrientas disputas con Los Ñetas en los años noventa en barrios populares de Quito y Guayaquil. Ambas bandas fueron parte del proceso de pacificación impulsado durante el gobierno de Rafael Correa, y muchos de sus miembros se unieron a las filas del partido político de Correa de ese entonces, Alianza País. Aunque facciones disidentes continuaron operando con métodos violentos. “Soy orgullosamente un Latin King”, dijo el ex legislador en esa sesión para dejar sentado que era el primer representante de una “organización urbana” en la Función Legislativa.
Aleaga, según la Fiscalía, habría sido el vínculo entre el poder político y las estructuras criminales que ejecutaron el asesinato de Villavicencio el 9 de agosto de 2023, cuando salía de un mitin en un colegio del norte de Quito. El crimen, grabado por los asistentes y con testigos presenciales, conmocionó al país y precipitó una ola de investigaciones sobre la infiltración del crimen organizado en la justicia y la política ecuatoriana.
El cuarto implicado en la acusación es Daniel Salcedo, un nombre recurrente en los expedientes de corrupción del país. Salcedo, quien acumula 30 años de prisión por seis sentencias por delitos que van desde peculado y lavado de activos hasta fraude procesal y delincuencia organizada, aparece en este caso por su estrecha relación con el narcotraficante Leandro Norero. Según la Fiscalía, fue Norero quien le encomendó coordinar el seguimiento de Villavicencio, en cumplimiento de la petición Xavier Jordán. Salcedo se convirtió en testigo cooperante de la justicia, con el que la Fiscalía intenta desentramar la estructura que habría ordenado el crimen y, que según él, la planificación del asesinato habría costado 200.000 dólares.
Entre los elementos de convicción presentados por la fiscal del caso, Ana Hidalgo, destaca el testimonio de uno de los sicarios contratados para ejecutar el asesinato. En su declaración ante un agente del FBI, que colaboró con las investigaciones, el sicario afirmó que “este trabajo fue para el señor de arriba”, al indagar sobre quién se refiere, respondió “Correa”. El gatillero no llegó a ser juzgado, porque fue uno de los seis sicarios asesinados en octubre de 2023 mientras estaban detenidos en la Penitenciaría del Litoral. (Correa niega cualquier vínculo con el asesinato).
Antes de anunciar su resolución sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, la jueza del caso llamó la atención a la fiscal Ana Hidalgo por deficiencias en la fundamentación de los pedidos de prisión preventiva. Cuestionó, en particular, la falta de argumentos sólidos para justificar la necesidad de encarcelar a procesados que llevan fuera del país desde el inicio de la investigación. “No estamos aquí para hacer ningún show, estamos para buscar la verdad”, advirtió la jueza en una audiencia que puso a prueba la solidez de la investigación fiscal. Finalmente, dictó que José Serrano y Xavier Jordán, actualmente en Estados Unidos, deberán presentarse periódicamente en un consulado ecuatoriano en ese país. Para Daniel Salcedo, ya detenido, se mantuvo la prisión preventiva. Y solo para Ronny Aleaga, de quien se presume está en Venezuela, se ordenó prisión preventiva.
En la audiencia también estuvieron presentes Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del excandidato asesinado, quienes han ingresado al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía debido al riesgo para sus vidas, tras haber recibido intimidaciones en redes sociales atribuidas a Xavier Jordán, uno de los procesados. Las hermanas denunciaron el abandono institucional: “no hemos recibido apoyo estatal, ni protección legal, ni psicológica en este caso tan grave, que es el magnicidio de nuestro padre”, reclamó Amanda Villavicencio. “Y ahora, nosotras, las víctimas de este crimen, estamos siendo acosadas, hostigadas, intimidadas con las mismas estrategias mafiosas que Jordán utilizó contra mi padre”, añadió.
Ante esta situación, la magistrada María Daniela Ayala dispuso una medida de protección que prohíbe a los procesados acercarse a menos de 200 metros de las víctimas y les impide cualquier forma de contacto, directa o indirecta, a través de redes sociales o terceros.
Tras dos años del magnicidio de Fernando Villavicencio, la causa judicial avanza para determinar la radiografía de las conexiones entre el poder, el crimen y la impunidad. Esto ocurre mientras Ecuador intenta salir de un periodo de violencia sin precedentes: atentados, asesinatos políticos y la declaratoria de un conflicto armado interno contra el crimen organizado que marcan el pulso del país.
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