La Fiscalía anuncia una imputación penal a Ricardo Roa por tráfico de influencias e irregularidades en la campaña presidencial de Petro

La Fiscalía ha anunciado que este lunes va a radicar una imputación en contra de Ricardo Roa, presidente de la empresa más grande de Colombia, Ecopetrol, por su desempeño como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro para las elecciones del 2022. La imputación, ha dicho ante la prensa Raúl González, delegado de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, se debe a que la Fiscalía lo señala de haber violado los topes de financiación de la campaña, un delito que da de 4 a 8 años de cárcel. También por “un tema de tráfico de influencias a favor del señor Juan Guillermo Mancera”, un coronel retirado que había facilitado que Roa comprara a bajo precio un apartamento y luego fue beneficiado con un contrato de la petrolera.

La noticia sube la presión contra el ingeniero, después de que el Consejo Nacional Electoral sancionara el noviembre del año la campaña presidencial que gerenció por violar los topes de financiación en más de 5.300 millones de pesos (1,4 millones de dólares). Esa sanción, que implicaba una multa de 6.000 millones de pesos, era solo administrativa, no judicial y menos penal. El CNE anunció entonces que compulsaría copias contra Roa ante la Fiscalía. Con el anuncio de este lunes, esa entidad indica que decidió abrir en forma un nuevo caso penal contra la cabeza de la petrolera.

Ricardo Roa es uno de los hombres más cercanos a Petro. El presidente lo ha respaldado desde que las acusaciones arrancaron, especialmente ante la pregunta de si debería dar un paso al costado en una empresa que es fundamental para el presupuesto estatal por las utilidades que produce año a año. El gerente ha mantenido el apoyo de la junta directiva, donde el Gobierno controla siete de los nueve asientos, ya que tiene el 88,49% de participación accionaria. Esto a pesar de la sombra que carga desde la campaña por el debatido manejo de las finanzas, además de señalamientos de favorecimiento o del mal uso de los recursos para un contrato que midió el impacto reputacional contra la empresa de las investigaciones contra Roa.

A ello se suma la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, que Roa adquirió de una compañía del empresario Serafino Iacono, conocido por trabajar anteriormente con la petrolera Pacific Rubiales y quien ahora está en el negocio del gas. El negocio de la vivienda ocurrió antes de que el exgerente de la campaña llegara a Ecopetrol por decisión del presidente, pero después de la victoria electoral de junio de 2022. Mancera, el coronel en retiro, ha dicho que facilitó esa compra. Las alarmas se prendieron cuando su empresa Gaxi SA ESP fue contratada por Ecopetrol para regasificar el gas importado: es una empresa pequeña, con poca experiencia, que logró un contrato muy sensible y con potencial de generar millonarias ganancias.

El mes pasado, Iacono negó cualquier irregularidad. “Sobre la compra de un apartamento por parte del señor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, he aclarado a los medios de comunicación que fue un negocio enmarcado en la ley y he entregado de manera expedita toda la información a las autoridades competentes”, dice un comunicado público fechado en enero. La Fiscalía investiga ahora no solo cómo ocurrió la compra de Roa, sino si puede hablarse de tráfico de influencias por esta. “He sido blanco de una campaña de desprestigio”, ha dicho Roa el año pasado ante las denuncias, aclarando que ningún contrato tan grande de Ecopetrol puede otorgarse de forma unilateral.