Desde el viernes por la noche, Betssy Chávez, la última presidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, acusada de ser una de las principales artífices de su intentona de golpe de Estado a fines de 2022, no come ni bebe ni deja que los paramédicos de la cárcel la atiendan. Chávez está recluida desde junio de 2023 en una cárcel en el sur de Lima. El Poder Judicial le impuso dieciocho meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Fallo que se cumplió en diciembre pasado, pero que fue prolongado por la Corte Suprema por otros quince meses hasta marzo de 2026.
La abogada gozó de protagonismo en el mandato de Castillo: fue ministra de Trabajo, ministra de Cultura y primera ministra en el tramo final. Asumió este cargo apenas dos semanas antes de que el maestro sindical diera un mensaje a la nación, donde instauró un gobierno de excepción que duró un pestañeo. Aunque Betssy Chávez asegura que no estaba enterada de la maniobra de Castillo, varios testigos sostienen lo contrario. Incluso la Fiscalía la señaló como una de las autoras del mensaje.
En julio pasado, Chávez denunció a la directora de su prisión, Nelly Aquino Guardales, y otras dos funcionarias de liderar una organización criminal dentro del penal que extorsiona y chantajea sexualmente a las internas. Inició una huelga de hambre de doce días para exigir su destitución y ser trasladada a otra cárcel. El 19 de agosto retomó la medida, pero esta vez fue más extrema: a través de una carta de puño y letra, Betssy Chávez comunicó que estaba dispuesta a morir. Recalca que no acepta ingerir líquidos, ni tampoco ser reanimada e hidratada por el personal médico.
En el documento cuenta que es dopada antes de sus diligencias judiciales para evitar que se defienda en su juicio oral. También dice que se le impide usar los baños y que recibe amenazas de muerte. Solicita una videollamada para despedirse de sus padres, la bendición de un sacerdote y que sus restos sean entregados a su abogado, Raúl Noblecilla, para ser cremada en Tacna, su ciudad natal. Sus detractores han ninguneado su huelga de hambre y subrayan que solo se trata de una puesta en escena. En tanto, veinte congresistas han firmado un manifiesto donde respaldan sus peticiones y reclamos.
Sea como fuere, Betssy Chávez cumplirá este miércoles cinco días en huelga de hambre seca. En una segunda carta pide por el traslado de otras dos internas hostilizadas. “Pisotear la dignidad del ser humano es pan de todos los días. Imaginen ustedes si conmigo tienen todos estos abusos, ¿qué más no sufren aquellos hombres y mujeres a los que el sistema les ha dado la espalda?”, expresa.
Su abogado, Raúl Noblecilla, publicó este lunes un consentimiento informado, con la rúbrica de su representada y del doctor Jesús Mejía, donde se indica que el médico de la penitenciaria la ha alertado de que si persiste en su huelga podría morir en un plazo de tres a cinco días. “Solicito que se me brinde únicamente medidas de acompañamiento y alivio de síntomas (cuidados paliativos), siempre con respeto a mi dignidad. Este consentimiento se firma en plena capacidad mental y sin coacción externa, siendo expresión de mi autonomía y libre de decisión”, dice Betssy Chávez.
En el mismo texto, la excongresista de Perú Libre —la agrupación marxista que catapultó a Pedro Castillo y, por defecto, a Dina Boluarte— acusa a la dirección de penal de estar coludida con las internas del grupo terrorista Sendero Luminoso que purgan condena allí. .
El abogado Noblecilla dice que esta “dictadura cargará con un muerto más” si no toma cartas en el asunto. “Betssy Chávez no está canjeando su libertad. No está pidiendo ser liberada. Lo único que pide es no terminar muerta. No es un capricho, es una lucha por los derechos humanos”, enfatiza. Noblecilla agrega que “el Tribunal Constitucional tiene pendiente determinar su excarcelación, pues no corresponde que su prisión preventiva haya sido prolongada”. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), finalmente, ha emitido un pronunciamiento donde informan que Chávez ha rechazado la atención médica en más de una ocasión y que es monitoreada permanentemente.
Betssy Chávez está presa desde 2023, acusada por el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo
Desde el viernes por la noche, Betssy Chávez, la última presidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, acusada de ser una de las principales artífices de su intentona de golpe de Estado a fines de 2022, no come ni bebe ni deja que los paramédicos de la cárcel la atiendan. Chávez está recluida desde junio de 2023 en una cárcel en el sur de Lima. El Poder Judicial le impuso dieciocho meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Fallo que se cumplió en diciembre pasado, pero que fue prolongado por la Corte Suprema por otros quince meses hasta marzo de 2026.
La abogada gozó de protagonismo en el mandato de Castillo: fue ministra de Trabajo, ministra de Cultura y primera ministra en el tramo final. Asumió este cargo apenas dos semanas antes de que el maestro sindical diera un mensaje a la nación, donde instauró un gobierno de excepción que duró un pestañeo. Aunque Betssy Chávez asegura que no estaba enterada de la maniobra de Castillo, varios testigos sostienen lo contrario. Incluso la Fiscalía la señaló como una de las autoras del mensaje.
En julio pasado, Chávez denunció a la directora de su prisión, Nelly Aquino Guardales, y otras dos funcionarias de liderar una organización criminal dentro del penal que extorsiona y chantajea sexualmente a las internas. Inició una huelga de hambre de doce días para exigir su destitución y ser trasladada a otra cárcel. El 19 de agosto retomó la medida, pero esta vez fue más extrema: a través de una carta de puño y letra, Betssy Chávez comunicó que estaba dispuesta a morir. Recalca que no acepta ingerir líquidos, ni tampoco ser reanimada e hidratada por el personal médico.
En el documento cuenta que es dopada antes de sus diligencias judiciales para evitar que se defienda en su juicio oral. También dice que se le impide usar los baños y que recibe amenazas de muerte. Solicita una videollamada para despedirse de sus padres, la bendición de un sacerdote y que sus restos sean entregados a su abogado, Raúl Noblecilla, para ser cremada en Tacna, su ciudad natal. Sus detractores han ninguneado su huelga de hambre y subrayan que solo se trata de una puesta en escena. En tanto, veinte congresistas han firmado un manifiesto donde respaldan sus peticiones y reclamos.
Sea como fuere, Betssy Chávez cumplirá este miércoles cinco días en huelga de hambre seca. En una segunda carta pide por el traslado de otras dos internas hostilizadas. “Pisotear la dignidad del ser humano es pan de todos los días. Imaginen ustedes si conmigo tienen todos estos abusos, ¿qué más no sufren aquellos hombres y mujeres a los que el sistema les ha dado la espalda?”, expresa.
Su abogado, Raúl Noblecilla, publicó este lunes un consentimiento informado, con la rúbrica de su representada y del doctor Jesús Mejía, donde se indica que el médico de la penitenciaria la ha alertado de que si persiste en su huelga podría morir en un plazo de tres a cinco días. “Solicito que se me brinde únicamente medidas de acompañamiento y alivio de síntomas (cuidados paliativos), siempre con respeto a mi dignidad. Este consentimiento se firma en plena capacidad mental y sin coacción externa, siendo expresión de mi autonomía y libre de decisión”, dice Betssy Chávez.
En el mismo texto, la excongresista de Perú Libre —la agrupación marxista que catapultó a Pedro Castillo y, por defecto, a Dina Boluarte— acusa a la dirección de penal de estar coludida con las internas del grupo terrorista Sendero Luminoso que purgan condena allí. .
El abogado Noblecilla dice que esta “dictadura cargará con un muerto más” si no toma cartas en el asunto. “Betssy Chávez no está canjeando su libertad. No está pidiendo ser liberada. Lo único que pide es no terminar muerta. No es un capricho, es una lucha por los derechos humanos”, enfatiza. Noblecilla agrega que “el Tribunal Constitucional tiene pendiente determinar su excarcelación, pues no corresponde que su prisión preventiva haya sido prolongada”. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), finalmente, ha emitido un pronunciamiento donde informan que Chávez ha rechazado la atención médica en más de una ocasión y que es monitoreada permanentemente.
EL PAÍS
