Colombia tiene retos económicos estructurales. El déficit fiscal de 2025 fue del 6,4% del PIB —el segundo más alto del siglo, sin contar los años de pandemia, según ha confirmado el Ministerio de Hacienda este miércoles—, y la deuda pública supera ya el 64,7% del PIB. El crecimiento económico, aunque aceleró a un ritmo del 2,6% durante 2025, estuvo debajo de las expectativas de los analistas y sigue siendo insuficiente para reducir las brechas sociales del país. El Congreso que elegirá Colombia este domingo deberá decidir si aprueba nuevas reformas tributarias, cómo distribuye el gasto y si pone freno al endeudamiento del Estado. EL PAÍS ha consultado a cinco candidatos al Senado que son expertos en economía sobre esos asuntos. Sus perfiles son distintos: dos senadores veteranos, un economista que viene de los gremios y la academia, un político antioqueño con experiencia en administración pública. Pese a ello, sus respuestas tienen un hilo conductor: el Estado colombiano no aprovecha bien los recursos que tiene, pero difieren en los medios y en el alcance de lo que proponen. Las elecciones de este domingo definirán la composición del Congreso que debe tramitar el Presupuesto General de 2027, el Plan Nacional de Desarrollo del próximo presidente y las eventuales reformas tributarias que proponga.
Los aspirantes coinciden, con matices, en hacer énfasis en la reactivación económica, la eficiencia del gasto y la disciplina fiscal
Colombia tiene retos económicos estructurales. El déficit fiscal de 2025 fue del 6,4% del PIB —el segundo más alto del siglo, sin contar los años de pandemia, según ha confirmado el Ministerio de Hacienda este miércoles—, y la deuda pública supera ya el 64,7% del PIB. El crecimiento económico, aunque aceleró a un ritmo del 2,6% durante 2025, estuvo debajo de las expectativas de los analistas y sigue siendo insuficiente para reducir las brechas sociales del país. El Congreso que elegirá Colombia este domingo deberá decidir si aprueba nuevas reformas tributarias, cómo distribuye el gasto y si pone freno al endeudamiento del Estado. EL PAÍS ha consultado a cinco candidatos al Senado que son expertos en economía sobre esos asuntos. Sus perfiles son distintos: dos senadores veteranos, un economista que viene de los gremios y la academia, un político antioqueño con experiencia en administración pública. Pese a ello, sus respuestas tienen un hilo conductor: el Estado colombiano no aprovecha bien los recursos que tiene, pero difieren en los medios y en el alcance de lo que proponen. Las elecciones de este domingo definirán la composición del Congreso que debe tramitar el Presupuesto General de 2027, el Plan Nacional de Desarrollo del próximo presidente y las eventuales reformas tributarias que proponga.
Carlos Alberto Benavides Mora – Pacto Histórico
El senador Carlos Alberto Benavides (Pasto, 50 años) viene de las ciencias sociales. Antropólogo de profesión, con doctorado en México, lleva más de 20 años trabajando con organizaciones campesinas, étnicas y urbanas en el sur del país. Su propuesta económica está en las antípodas de los otros cuatro candidatos: donde ellos hablan de recortar el Estado, él propone “gravar más a quienes más tienen”.
Su propuesta económica tiene tres ejes. El primero es una reforma tributaria progresiva, que retome el espíritu de la reforma de 2022, a la que la Corte Constitucional le tumbó varios artículos —especialmente los que gravaban más al sector minero-energético— y ampliarla para “gravar más la riqueza que no genera actividad productiva, como las grandes concentraciones de tierra que viven de la renta o las utilidades del sector financiero”. Una reforma así, calcula, recaudaría entre 20 y 25 billones de pesos.
El segundo eje es ereformar la Ley 80, de contratación pública,” para reducir la corrupción en grandes contratos y abrir espacio a actores comunitarios y pequeños en los procesos de licitación”. El tercero es avanzar en la Ley de Competencias, ya parcialmente aprobada, para subir la participación de municipios y departamentos en los recursos nacionales hasta el 37% —hoy en el 23%— y orientarlos a infraestructura social, salud y apoyo al campesinado.
“El objetivo no es solo una acumulación de recursos del Estado. Es dirigirlos a cerrar brechas de desigualdad”.
Carlos Alberto Benavides Mora
Carlos Fernando Motoa Solarte – Cambio Radical
El senador Carlos Fernando Motoa (Palmira, 50 años) comienza a desgranar el tema con datos dolorosos: Colombia se ha acostumbrado a crecer por debajo del 3%. La inversión extranjera directa cae de 13.684 millones de dólares en 2024 a 11.469 millones en 2025, un retroceso del 16%, según la balanza de pagos del Banco de la República, y llega el nivel más bajo de los últimos cuatro años. Su diagnóstico es que el Estado se ha convertido en una carga para los contribuyentes y esa presión ha frenado la llegada de capital privado.
Sus propuestas apuntan a impulsar la infraestructura: quiere que el Metro de Bogotá, el Tren de Cercanías del Valle y el Túnel del Toyo queden blindados en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, “dado que el Gobierno de Gustavo Petro ha truncado algunas iniciativas”. También propone convertir el programa Mi Casa Ya en política de Estado, para que no dependa del Gobierno de turno y así impulse el sector de la construcción, que ha tenido años difíciles y que, según BBVA Research, cerró 2025 con una caída del 4,4%.
En materia fiscal, su postura es de contención: se opone a cualquier nueva reforma tributaria y quiere eliminar entidades que considera innecesarias, “empezando por el Ministerio de la Igualdad”. Cifra un ahorro de hasta 1,5 billones de pesos por esta medida. Su propuesta más estructural es un Acto Legislativo de descentralización: “Más del 80% de los ingresos tributarios se concentran en el nivel central, dejando a los territorios con escaso margen para atender necesidades y realizar inversiones que muchas veces son ignoradas por la Nación”, sostiene.
“El cierre de brechas exige creación de riqueza, una estrecha colaboración con la iniciativa privada y mucha más descentralización”.
Carlos Fernando Motoa
Angélica Lozano Correa – Alianza Verde
La senadora Angélica Lozano (Bogotá, 49 años) ha transitado por la Comisión IV del Senado o comisión de presupuesto, aunque ahora aspira a ir a la de asuntos constitucionales. La abogada no pone el acento en el gasto en sí, sino en la arquitectura institucional que lo controla. Su argumento es que, mientras el Ejecutivo tenga poder discrecional sobre las cifras y el Congreso opere sin información oficial vinculante, las finanzas públicas seguirán siendo vulnerables, independientemente de quién gobierne.
Su propuesta central es reformar el Comité Autónomo de Regla Fiscal (CARF) para fortalecer su independencia técnica. Lozano aclara que no se trata de hacerlo “incontrovertible” por decreto, sino de buscar que “gane la misma legitimidad que tiene el DANE”, a través de un proceso riguroso de apertura de datos y gobierno corporativo. La ruta legislativa, apunta, pasa por modificar la ley de la regla fiscal.
El segundo eje de su propuesta es crear un semáforo fiscal para la Nación —similar al que ya existe para municipios y departamentos— que dispare restricciones automáticas cuando el Gobierno supere ciertos umbrales de deuda o déficit. El contexto le da peso: según el Ministerio de Hacienda, en 2025 el déficit primario —la brecha entre ingresos y gastos sin contar intereses de la deuda— fue del 3,5% del PIB, muy por encima de la meta del 2,4% establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Lozano propone eliminar la Comisión de Crédito Público Interparlamentaria, señalada en varios casos de corrupción, y trasladar sus funciones a las comisiones económicas con información pública.
“No puede ser que aceptemos que el país tiene un déficit primario histórico, un déficit fiscal muy alto, un porcentaje de deuda gigante, y sigamos empeorando los indicadores y el Gobierno como si nada, haciendo como si estuviéramos bien”.
Angélica Lozano
Daniel Gómez Gaviria – Nuevo Liberalismo
El profesor Daniel Gómez Gaviria (Bogotá, 47 años) busca llegar al Legislativo con una hoja de vida técnica. Economista con doctorado en la Universidad de Chicago, ha trabajado como economista senior en el Banco Mundial, liderado investigaciones en el Foro Económico Mundial, pasado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Fedesarrollo, y es vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad.
Su propuesta pasa por crear la Ley de Eficiencia del Gasto y Articulación Institucional, publicada en su sitio web. De sus ocho artículos sustanciales, el más llamativo es la cláusula de caducidad: todo programa público deberá evaluarse cada cuatro años y, si no demuestra impacto, será reestructurado o eliminado automáticamente. Ningún programa nuevo podría recibir recursos sin tener objetivos medibles y una línea base certificada por el DNP. Gómez propone un Banco Único de Programas Sociales para unificar subsidios y evitar duplicidades, y una regla que impide que el gasto administrativo crezca por encima de la inflación sumada al crecimiento poblacional.
El desafío de su programa es político: una ley que amenaza con extinguir programas sociales necesita mayorías amplias, y los partidos con bases clientelares o visiones económicas con mayor protagonismo estatal tienen incentivos para bloquearla.
“Colombia no gasta poco. Gasta mal. El presupuesto no es un derecho de las entidades. Es una responsabilidad frente a los ciudadanos”.
Daniel Gómez Gaviria
Andrés Felipe Bedoya Rendón – Creemos
El exdiputado Andrés Felipe Bedoya (Medellín, 42 años) viene del sector público antioqueño —fue secretario de Participación Ciudadana con Federico Gutiérrez en Medellín — y su propuesta parte de un diagnóstico que comparte con los demás: el Estado es muy grande. Según sus cifras, “el gasto de funcionamiento representa cerca del 20% del Presupuesto General y Colombia tiene más de un millón de empleados públicos”.
Su fórmula pasa por recortar entre el 15% y el 20% del gasto administrativo en cuatro años, por tres vías: fusionar entidades con funciones duplicadas, digitalizar completamente los trámites del Estado y aplicar evaluaciones obligatorias de desempeño al empleo público. “Los ahorros generados se destinarían a seguridad, infraestructura y educación técnica”, sectores que, en su argumento, son los que más impulsan el empleo y el crecimiento.
La propuesta tiene una lógica: “La evidencia internacional muestra que estados más digitales y compactos reducen costos operativos hasta en 25% y mejoran la calidad del servicio al ciudadano”. La pregunta que queda abierta es cuánto de ese millón de empleados públicos corresponde a maestros, jueces, médicos o policías, que difícilmente se pueden tocar sin afectar servicios esenciales.
“Un Estado más pequeño, pero más eficiente, permite disciplina fiscal, mayor inversión social y un entorno favorable para la inversión y la generación de empleo”.
Andrés Felipe Bedoya
EL PAÍS
