En los 11 años que han pasado desde la matanza de los estudiantes de Ayotzinapa, ha habido dos cambios de Gobierno que han prometido nuevas líneas de investigación por esclarecer lo que ocurrió. También se ha nombrado a un nuevo al frente, el tercero del caso, Mauricio Pazarán, con una estrategia más científica. Con todo, los familiares de los desaparecidos siguen acumulando decepciones. Este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó desde Palacio Nacional que al reunirse con los padres y madres de los 43 les comunicaría “avances” del análisis de llamadas de la noche del crimen, una ruta que no se había profundizado en todos estos años. Sin embargo, el grupo ha salido de la cita con las caras cargadas de hastío y tristeza. El abogado que los representa, Isidoro Vicario Aguilar, ha lamentado que no haya información nueva y que la investigación siga estancada en el mismo punto que lo dejó el GIEI antes de abandonar el caso en 2023.
Los padres y madres de los desaparecidos han salido de madrugada de sus casas en Guerrero para emprender un viaje de ocho horas por carretera para una reunión en Palacio Nacional que ha durado poco menos de dos horas. A pesar de la esperanza que abrió Sheinbaum de comunicarles “avances sustanciales”, el grupo —acostumbrado al desamparo que han vivido durante más de una década— estaba preparado para recibir otro golpe sobre la falta de información del paradero de sus hijos. Muchos empiezan a preguntarse si tantos viajes desgastantes a la capital siguen valiendo la pena. En todos estos años, seis padres de familia de los estudiantes han fallecido sin saber dónde fueron a parar los cuerpos de los estudiantes la noche del 26 de septiembre.
La visión fresca del fiscal Mauricio Pazarán, quien relevó a Rosendo Gómez Piedra de las pesquisas después de una guerra interna con sus trabajadores, auguraba un giro en la estrategia de la investigación. El abogado Vicario Aguilar explica que se iba a volver a revisar el expediente del caso Ayotzinapa en su totalidad, pero con un ángulo más científico y multidisciplinar al analizar los códigos IMEI de los teléfonos para seguirles el rastro, en vez de centrarse en las declaraciones testimoniales. Una ruta que, por alguna razón, no se había explorado en profundidad en más de una década.
En concreto, se esperaba que el seguimiento de las llamadas y datos telefónicos de los móviles de dos estudiantes dieran nuevas pistas. Ambos dispositivos estuvieron activos durante el día del crimen y siguieron encendidos después, presuntamente bajo el uso de los perpetradores de la desaparición para su uso personal. Sin embargo, esa pista no ha conducido a ningún hallazgo sustancial nuevo para los familiares, quienes han señalado que el Estado sigue protegiendo a los funcionarios que estuvieron involucrados en el caso. “Vamos a cumplir 11 años sin respuesta y ahí vemos la incapacidad [de la fiscalía], porque no se puede esclarecer lo que pasó. Con la nueva tecnología dejaron caer las líneas de investigación que traíamos desde hace 10 años”, ha lamentado el abogado.
Ante la falta de respuestas desde presidencia, las familias han intentado aprovechar la ocasión para que no se convirtiera en otro viaje en vano. Han insistido nuevamente en las extradiciones de implicados que quedan pendientes. El principal es Tomás Zerón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía mexicana acusado de desaparición forzada, delitos financieros y tortura a un detenido del caso. Prófugo en Israel, Zerón sigue dando entrevistas y participando en documentales para dar su versión de la masacre, pese a que hay tres órdenes de extradición que el Estado israelí todavía no ha aceptado.
Otra de las extradiciones pendientes es la de Ulises Bernabé, responsable de una instalación de la policía de Iguala, donde los criminales habrían llevado a una parte de los 43 estudiantes, quien vive en Estados Unidos bajo la protección del asilo político y cuya orden de detención fue cancelada y volvió a ser activada en 2023. El último es Abraham Eslava Arvizu, mano derecha del jefe de los investigadores, señalado por torturar a los miembros de Guerreros Unidos y prófugo en territorio estadounidense. La presión por la extradición de los implicados coincide con la petición de Sheinbaum a Marco Rubio en su visita de que sean recíprocos con el traslado de criminales, ya que México ha enviado a su vecino del norte a 55 capos de la droga y piden lo mismo a cambio. “Nos interesan casos muy relevantes para México para los que se pide deportación o extradición, igual que ellos para allá”, ha declarado este miércoles en su rueda de prensa matutina.
Las peticiones incansables de los familiares también mantienen viva la esperanza de que el Ejército entregue los 800 folios del expediente militar que faltan para completar la investigación. Antes de abandonar el caso, el grupo de expertos independientes que indagaba en paralelo al Estado sobre lo ocurrido aquella noche, el GIEI, denunció que los militares ocultaron esa información sobre el espionaje castrense a Guerreros Unidos de forma deliberada. Sheinbaum ha vuelto a zanjar el asunto y ha defendido al Ejército en la reunión: toda la documentación que tenían ya ha sido entregada.
Con todo, Vicario Aguilar asegura que la presidenta muestra voluntad en seguir trabajando en el caso. Ante la falta de avances sustanciales, ha prometido a las familias fortalecer la fiscalía especializada en el caso, con más personal y recursos para la investigación científica de las pruebas. También se ha mostrado abierta a que se recomponga el grupo de investigadores independientes, que tiraron la toalla al no poder seguir avanzando con la resistencia del Ejército a compartir más información. A tres semanas de que llegue el aniversario de la matanza, el esclarecimiento de qué ocurrió el día la desaparición masiva de 43 estudiantes y dónde han quedado sus cuerpos se apaga de nuevo.
Pese a las palabras de la presidenta, las líneas de investigación científicas y el trabajo del nuevo fiscal, no hay información nueva para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014
Pese a las palabras de la presidenta, las líneas de investigación científicas y el trabajo del nuevo fiscal, no hay información nueva para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014
En los 11 años que han pasado desde la matanza de los estudiantes de Ayotzinapa, ha habido dos cambios de Gobierno que han prometido nuevas líneas de investigación por esclarecer lo que ocurrió. También se ha nombrado a un nuevo al frente, el tercero del caso, Mauricio Pazarán, con una estrategia más científica. Con todo, los familiares de los desaparecidos siguen acumulando decepciones. Este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó desde Palacio Nacional que al reunirse con los padres y madres de los 43 les comunicaría “avances” del análisis de llamadas de la noche del crimen, una ruta que no se había profundizado en todos estos años. Sin embargo, el grupo ha salido de la cita con las caras cargadas de hastío y tristeza. El abogado que los representa, Isidoro Vicario Aguilar, ha lamentado que no haya información nueva y que la investigación siga estancada en el mismo punto que lo dejó el GIEI antes de abandonar el caso en 2023.
Los padres y madres de los desaparecidos han salido de madrugada de sus casas en Guerrero para emprender un viaje de ocho horas por carretera para una reunión en Palacio Nacional que ha durado poco menos de dos horas. A pesar de la esperanza que abrió Sheinbaum de comunicarles “avances sustanciales”, el grupo —acostumbrado al desamparo que han vivido durante más de una década— estaba preparado para recibir otro golpe sobre la falta de información del paradero de sus hijos. Muchos empiezan a preguntarse si tantos viajes desgastantes a la capital siguen valiendo la pena. En todos estos años, seis padres de familia de los estudiantes han fallecido sin saber dónde fueron a parar los cuerpos de los estudiantes la noche del 26 de septiembre.
La visión fresca del fiscal Mauricio Pazarán, quien relevó a Rosendo Gómez Piedra de las pesquisas después de una guerra interna con sus trabajadores, auguraba un giro en la estrategia de la investigación. El abogado Vicario Aguilar explica que se iba a volver a revisar el expediente del caso Ayotzinapa en su totalidad, pero con un ángulo más científico y multidisciplinar al analizar los códigos IMEI de los teléfonos para seguirles el rastro, en vez de centrarse en las declaraciones testimoniales. Una ruta que, por alguna razón, no se había explorado en profundidad en más de una década.
En concreto, se esperaba que el seguimiento de las llamadas y datos telefónicos de los móviles de dos estudiantes dieran nuevas pistas. Ambos dispositivos estuvieron activos durante el día del crimen y siguieron encendidos después, presuntamente bajo el uso de los perpetradores de la desaparición para su uso personal. Sin embargo, esa pista no ha conducido a ningún hallazgo sustancial nuevo para los familiares, quienes han señalado que el Estado sigue protegiendo a los funcionarios que estuvieron involucrados en el caso. “Vamos a cumplir 11 años sin respuesta y ahí vemos la incapacidad [de la fiscalía], porque no se puede esclarecer lo que pasó. Con la nueva tecnología dejaron caer las líneas de investigación que traíamos desde hace 10 años”, ha lamentado el abogado.
Ante la falta de respuestas desde presidencia, las familias han intentado aprovechar la ocasión para que no se convirtiera en otro viaje en vano. Han insistido nuevamente en las extradiciones de implicados que quedan pendientes. El principal es Tomás Zerón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía mexicana acusado de desaparición forzada, delitos financieros y tortura a un detenido del caso. Prófugo en Israel, Zerón sigue dando entrevistas y participando en documentales para dar su versión de la masacre, pese a que hay tres órdenes de extradición que el Estado israelí todavía no ha aceptado.
Otra de las extradiciones pendientes es la de Ulises Bernabé, responsable de una instalación de la policía de Iguala, donde los criminales habrían llevado a una parte de los 43 estudiantes, quien vive en Estados Unidos bajo la protección del asilo político y cuya orden de detención fue cancelada y volvió a ser activada en 2023. El último es Abraham Eslava Arvizu, mano derecha del jefe de los investigadores, señalado por torturar a los miembros de Guerreros Unidos y prófugo en territorio estadounidense. La presión por la extradición de los implicados coincide con la petición de Sheinbaum a Marco Rubio en su visita de que sean recíprocos con el traslado de criminales, ya que México ha enviado a su vecino del norte a 55 capos de la droga y piden lo mismo a cambio. “Nos interesan casos muy relevantes para México para los que se pide deportación o extradición, igual que ellos para allá”, ha declarado este miércoles en su rueda de prensa matutina.
Las peticiones incansables de los familiares también mantienen viva la esperanza de que el Ejército entregue los 800 folios del expediente militar que faltan para completar la investigación. Antes de abandonar el caso, el grupo de expertos independientes que indagaba en paralelo al Estado sobre lo ocurrido aquella noche, el GIEI, denunció que los militares ocultaron esa información sobre el espionaje castrense a Guerreros Unidos de forma deliberada. Sheinbaum ha vuelto a zanjar el asunto y ha defendido al Ejército en la reunión: toda la documentación que tenían ya ha sido entregada.
Con todo, Vicario Aguilar asegura que la presidenta muestra voluntad en seguir trabajando en el caso. Ante la falta de avances sustanciales, ha prometido a las familias fortalecer la fiscalía especializada en el caso, con más personal y recursos para la investigación científica de las pruebas. También se ha mostrado abierta a que se recomponga el grupo de investigadores independientes, que tiraron la toalla al no poder seguir avanzando con la resistencia del Ejército a compartir más información. A tres semanas de que llegue el aniversario de la matanza, el esclarecimiento de qué ocurrió el día la desaparición masiva de 43 estudiantes y dónde han quedado sus cuerpos se apaga de nuevo.
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Sobre la firma
Es periodista de EL PAÍS en Ciudad de México. Nacida en Argentina y criada en Valencia, España. Graduada en la carrera de Periodismo en la Universitat Jaume I y máster de Periodismo en EL PAÍS. Escribe sobre derechos humanos, sociedad y cultura.
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