El sistema de Alta Dirección Pública (ADP) vive hoy días de tensión. La remoción de la directora del Hospital de San Antonio ha generado una intensa polémica respecto de los actuales mecanismos de desvinculación de altos directivos públicos. El sistema de selección de postulantes a altos cargos públicos logra resguardar el mérito, la confidencialidad del proceso, el principio de no discriminación y la transparencia. Quienes postulan quedan, en su gran mayoría, conformes con el proceso aun cuando no hayan sido seleccionados. La bajísima tasa de reclamos, inferior al 1%, así lo demuestra.
Los cuestionamientos al sistema de Alta Dirección Pública están llegando a un punto crítico, erosionando la confianza en un modelo que ha mostrado logros. Estudios evidencian mejores resultados cuando un directivo es seleccionado por ADP, especialmente en salud y educación
El sistema de Alta Dirección Pública (ADP) vive hoy días de tensión. La remoción de la directora del Hospital de San Antonio ha generado una intensa polémica respecto de los actuales mecanismos de desvinculación de altos directivos públicos. El sistema de selección de postulantes a altos cargos públicos logra resguardar el mérito, la confidencialidad del proceso, el principio de no discriminación y la transparencia. Quienes postulan quedan, en su gran mayoría, conformes con el proceso aun cuando no hayan sido seleccionados. La bajísima tasa de reclamos, inferior al 1%, así lo demuestra.
El problema radica en los mecanismos de remoción. La herramienta que la ley dispuso para ello es el despido aduciendo falta de confianza. ¿Tiene sentido un sistema exigente en mérito a la entrada, pero amplias atribuciones de la autoridad política para el despido?
La reforma introducida por la ley N° 20.955, en 2016, mantuvo esta regla, aunque la matizó respecto de los cargos de segundo nivel jerárquico, estableciendo que la autoridad debe expresar el motivo de la solicitud de renuncia, el que puede basarse en razones de desempeño o confianza.
El sistema ADP fue diseñado para profesionalizar la gestión del Estado, asegurando que los cargos directivos se provean por mérito, idoneidad y experiencia, resguardando un espacio acotado de confianza política. Sin embargo, el abuso de este mecanismo evidencia la necesidad de generar nuevas reglas, especialmente en cargos ejecutivos y técnicos, donde el desempeño debiese ser el criterio principal de evaluación y remoción. Existen cargos que, por definición, son de exclusiva confianza porque diseñan políticas públicas, pero no ocurre lo mismo con quienes deben ejecutarlas.
Los cuestionamientos al sistema ADP están llegando a un punto crítico, erosionando la confianza en un modelo que ha mostrado logros. Diversos estudios evidencian mejores resultados cuando un directivo es seleccionado por ADP, especialmente en salud y educación. Sin embargo, sin reglas claras de evaluación y desvinculación, esa confianza se debilita, afectando la modernización del Estado.
La necesidad de perfeccionar el sistema ha sido abordada por el Consejo Alta Dirección Pública, que ha recogido propuestas impulsadas por los ex presidentes Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric, elaborado una propuesta integral en el marco de los 20 años del sistema. Entre sus ejes destaca otorgar mayor estabilidad a los directivos de segundo nivel, dada su naturaleza técnica.
Avanzar hacia mayores grados de claridad en los criterios de desvinculación -especialmente en los altos directivos públicos responsables de ejecutar políticas-, otorgará mayor certeza al sistema, reforzando la preeminencia del mérito. Revisar las actuales reglas de egreso es urgente para sostener y readecuar la Alta Dirección Pública a los desafíos de una mejor gestión estatal.
La decisión de la actual Administración presidencial es clave para avanzar en estas modificaciones legales, que se arrastran ya por tres periodos presidenciales sin ver la luz. Estos cambios son necesarios para fortalecer el sistema, clarificar sus zonas grises, robustecer las facultades del Consejo y resguardar de mejor manera el equilibrio entre mérito y confianza política que inspira el modelo.
Cuidar la Alta Dirección Pública no es solo una cuestión administrativa; es una condición esencial para la calidad de nuestra democracia y para un mejor Estado.
EL PAÍS
