La controversia por la compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70 al Gobierno de Estados Unidos ha dejado al descubierto la fragilidad del liderazgo del presidente de Perú, José María Balcázar, las tensiones internas en el Ejecutivo y un evidente alineamiento con los intereses de Washington. Dos de sus ministros lo desautorizaron públicamente, lo acusaron de mentir y terminaron imponiéndose a su decisión de postergar una adquisición valorada en 3.500 millones de dólares.
El primer ministro, Luis Arroyo, encabeza una rebelión ministerial que forzó la compra de los F-16. El Gabinete ignoró la orden de Balcázar de delegar al próximo Gobierno la inversión de 3.500 millones de dólares
La controversia por la compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70 al Gobierno de Estados Unidos ha dejado al descubierto la fragilidad del liderazgo del presidente de Perú, José María Balcázar, las tensiones internas en el Ejecutivo y un evidente alineamiento con los intereses de Washington. Dos de sus ministros lo desautorizaron públicamente, lo acusaron de mentir y terminaron imponiéndose a su decisión de postergar una adquisición valorada en 3.500 millones de dólares.
Balcázar, el tercer presidente interino del último quinquenio, se había resistido a aprobar la compra a la empresa estadounidense Lockheed Martin. Desde el viernes 17 —cuando canceló la ceremonia de firma del contrato— reiteró en al menos cuatro ocasiones que dejaría la decisión en manos del próximo gobierno electo, al tratarse de un compromiso de gran envergadura que, según su criterio, no correspondía a una administración transitoria.
Su postura abrió una brecha profunda en el Consejo de Ministros. El premier Luis Arroyo, el ministro de Defensa Carlos Díaz y el canciller Hugo de Zela le instaron a continuar con la operación, argumentando que existía un compromiso previo gestado durante el gobierno de Dina Boluarte en 2024. En paralelo, un sector de la clase política advirtió sobre posibles penalidades para el país si se detenía el proceso, mientras que otros respaldaron la cautela del mandatario, señalando que existen prioridades nacionales más urgentes que el reequipamiento de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
Según el diario La República, el proceso arrastraba cuestionamientos desde la gestión de José Jerí, cuando presuntamente se descartó un concurso público y se dejaron de lado opciones como la francesa Dassault Aviation (Rafale F4) y la sueca Saab (Gripen E/F), favoreciendo directamente a Lockheed Martin.
El conflicto escaló el lunes. Cuando el tema parecía zanjado y el presidente creía haber frenado la operación, trascendió que el contrato se había firmado en secreto y sin su participación. Según diversas fuentes, el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz, ordenó al comandante general de la FAP, Mario Contreras León Carty, proseguir con la compra pese a la oposición presidencial. Ese mismo día, el coronel Carlo Rey Benavente, jefe del Servicio de Abastecimiento Técnico de la FAP, suscribió el contrato con los representantes de la firma estadounidense. Fue un oficial quien dio el visto bueno final y no Balcázar, quien ostenta el cargo de jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
Al día siguiente, entre versiones contradictorias, Balcázar, de 83 años, negó la existencia del documento y ratificó que la decisión recaería en el sucesor. Sin embargo, el miércoles la situación dio un giro definitivo: el canciller De Zela y el ministro Díaz confirmaron en una entrevista radial que el contrato ya estaba suscrito, acusando al presidente de haber faltado a la verdad.
Acorralado por las revelaciones, Balcázar destituyó a Díaz, aceptó la renuncia de De Zela y ofreció su primer Mensaje a la Nación en dos meses de gestión. En un intento por contener el daño, aseguró no haber participado en las negociaciones, pero admitió implícitamente su falta de autoridad: “Yo no he intervenido en esas gestiones, así que no se puede decir que yo he mentido”.
Casi en paralelo, el premier Luis Arroyo emitió un pronunciamiento que terminó por socavar la figura presidencial. Sostuvo que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) había aprobado la compra y que, por ser una “decisión estratégica”, el Ejecutivo debía cumplirla.
En este escenario, el rol del embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, ha sido determinante. El diplomático advirtió previamente que, de “socavarse los intereses” de su país, se utilizarían “todas las herramientas disponibles” en defensa de la administración Trump. Navarro, quien se reunió con el ministro de Defensa el día de la firma, afirmó que el contrato se suscribió “con pleno conocimiento de los más altos niveles del gobierno peruano”, en una clara alusión a la postura de Balcázar.
En las últimas horas, Navarro ha intensificado su presencia en medios promocionando las bondades de los F-16, asegurando que la primera flota llegará entre 2029 y 2030 tras la capacitación del personal y la adecuación de la infraestructura. “El Perú cumplió con el contrato. Quiere decir que es serio en su manera de hacer negocios”, declaró el embajador.
El episodio sumó un capítulo crítico cuando el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, autorizó la primera transferencia de 462 millones de dólares a Lockheed Martin. El anuncio no fue realizado por el Ejecutivo, sino por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien se mostró dispuesto a tramitar la moción de censura contra Balcázar impulsada por el legislador Ilich López. “Si cuenta con las firmas, hay que darle trámite. No hay vuelta que darle”, sentenció.
Mientras Amadeo Flores asume como nuevo ministro de Defensa y la Cancillería permanece acéfala, Luis Arroyo se mantiene en el cargo pese a su abierto desafío al mandatario. El Gobierno navega así en una crisis que deja una pregunta abierta: ¿Quién ejerce realmente el poder hoy en Perú?
EL PAÍS
