La Fiscalía del Estado de Jalisco y el Instituto de Ciencias Forenses estatales han sido señalados este jueves en una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por “vulnerar derechos humanos en la investigación realizada en el rancho Izaguirre”, del municipio de Teuchitlán, en marzo de 2025. La llamada de atención, que tiene lugar justo en el primer aniversario del hallazgo, ha sido reconocida por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, el grupo de familiares de personas desaparecidas que recibió un llamado anónimo y que acudió al lugar donde encontraron más de 1.800 objetos personales de un número todavía indeterminado de personas que fueron presuntamente llevadas a ese rancho que, se sabe ahora, funcionó como un centro de operación y reclutamiento forzado del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La recomendación emitida este jueves, en el aniversario del descubrimiento en Teuchitlán, asegura que las dos instituciones “omitieron el procesamiento técnico de las evidencias sin asegurar adecuadamente el sitio”
La Fiscalía del Estado de Jalisco y el Instituto de Ciencias Forenses estatales han sido señalados este jueves en una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por “vulnerar derechos humanos en la investigación realizada en el rancho Izaguirre”, del municipio de Teuchitlán, en marzo de 2025. La llamada de atención, que tiene lugar justo en el primer aniversario del hallazgo, ha sido reconocida por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, el grupo de familiares de personas desaparecidas que recibió un llamado anónimo y que acudió al lugar donde encontraron más de 1.300 objetos personales de un número todavía indeterminado de personas que fueron presuntamente llevadas a ese rancho que, se sabe ahora, funcionó como un centro de operación y reclutamiento forzado del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“A través del estudio y análisis de las evidencias que constan en el expediente de la queja, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos, a la legalidad y seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia, atribuibles a personas servidoras públicas de la Fiscalía (FEJ) y del Instituto Forense (IJCF)”, dice el documento publicado por la CNDH.
En las tres páginas del comunicado, la Comisión detecta hechos irregulares, tardanza en los análisis y registros de indicios “injustificados” y una serie de omisiones que tuvieron lugar desde septiembre de 2024 hasta el 20 de marzo de 2025, 15 días después del hallazgo. Afirma, además, que el 18 de marzo de 2025, decidieron atraer la investigación y que un día después realizaron diligencias de observación y reconocimiento en el lugar. “Dicho sitio se encontraba asegurado por la Fiscalía Estatal, instancia que tuvo a su cargo el levantamiento y aseguramiento de indicios, evidencias, objetos, instrumentos y/o productos que podrían estar vinculados con hechos delictivos”.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha recibido la recomendación, tras su insistencia en las irregularidades que detectaron desde que llegaron al lugar. “Esta recomendación confirma algo que las familias hemos denunciado desde el inicio: existieron graves omisiones por parte de las autoridades encargadas de la investigación, particularmente en el resguardo del lugar, en el procesamiento de los indicios y en la preservación de la evidencia”, dijeron en un comunicado, publicado en sus redes unas horas después de conocer la recomendación de la CNDH.
Este jueves, el colectivo ha publicado un video inédito del momento en el que llegaron al rancho, aquel 5 de marzo de 2025. En las imágenes, se ve cómo los familiares encuentran los cuartos llenos de prendas de vestir, cientos de zapatos, basura, tierra y piedras regadas por todo el espacio. “Se siente la vibra bien pesadísima”, se le escucha decir a una mujer. Ellos y ellas rezan, como suelen hacerlo casi siempre en cada búsqueda que realizan, y piden por identificar, al menos, a una persona.
La Comisión comenzó investigando lo ocurrido el 18 de septiembre de 2024 —seis meses antes del hallazgo por el colectivo de familiares— cuando las autoridades locales acudieron al rancho y, tras supuestamente acordonarlo y resguardarlo, detuvieron a 10 personas y rescataron a otras dos que estaban secuestradas en el lugar. Entonces, la Guardia Nacional puso a disposición de la Fiscalía local a esos detenidos, acordonó el inmueble y solicitó asegurarlo y, en caso de encontrar indicios, realizar los registros de inspecciones, aseguramientos y cadena de custodia. En ese mismo episodio, se resguardaron siete vehículos, armas de fuego, varios objetos “de interés criminalístico”, indicios balísticos y un elemento óseo.
En octubre de 2024, según registra la CNDH, se instruyó al IJCF que hiciera una revisión “exhaustiva” para encontrar o descartar posibles sitios de inhumación que llevara a dar con el paradero de personas desaparecidas, teniendo como resultado el hallazgo de un lote óseo y varios objetos que, remarca la Comisión, “no fueron asegurados, clasificados, inventariados ni registrados en el dictamen correspondiente. Algunas evidencias localizadas al interior no fueron mencionadas ni sometidas a procesamiento pericial”.
EL PAÍS
