Redacción Nacionales @DiarioCoLatino La abogada y defensora de derechos humanos Ivania Cruz se refirió, desde el exilio, a los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del régimen de excepción impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Sus declaraciones, brindadas en un medio digital conducido por Roberto Iraheta, retoman el informe de expertos …
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La abogada y defensora de derechos humanos Ivania Cruz se refirió, desde el exilio, a los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del régimen de excepción impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Sus declaraciones, brindadas en un medio digital conducido por Roberto Iraheta, retoman el informe de expertos e internacionales sobre posibles violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que pueden constituir delitos de lesa humanidad, y al que el Gobierno reaccionó acusando a periodistas y oenegés de estar a favor de la liberación de 90 mil pandilleros.
Ivania Cruz cuestionó la narrativa oficial que presenta al país como un modelo exitoso de seguridad, al asegurar que la reducción de homicidios no refleja la totalidad del fenómeno. “Se habla de menos asesinatos, pero han aumentado las desapariciones y las detenciones arbitrarias”, afirmó.
Según la defensora de derechos humanos, el temor en las comunidades persiste, aunque ha cambiado de origen: “antes eran las pandillas, ahora el miedo proviene del Estado”.
La abogada reconoció que las pandillas ejercieron control territorial durante años, pero sostuvo que existieron negociaciones entre estas estructuras y el actual Gobierno. A su juicio, esas dinámicas incidieron en el ascenso político de Bukele y en la posterior implementación del régimen de excepción, tras la ruptura de esos acuerdos.
Uno de los puntos más críticos señalados por Cruz es la prolongación de las detenciones sin sentencia. Indicó que miles de personas permanecen privadas de libertad por períodos que pueden alcanzar hasta cuatro años sin juicio, lo que calificó como una “pena anticipada”.
Además, denunció la realización de audiencias masivas en las que se procesan centenares de detenidos de forma simultánea, limitando el derecho a la defensa individual. En ese contexto, también alertó sobre prácticas que, según su testimonio, vulneran derechos básicos: requisas sin orden judicial, revisión de teléfonos móviles, restricciones al acceso de abogados y familiares, y condiciones carcelarias deficientes.
A esto se suma, dijo, un sistema permeado por la corrupción, donde algunas familias deben pagar sumas altas de dinero para obtener información sobre sus seres queridos o lograr su liberación.
Cruz relató además el impacto directo del régimen en su entorno familiar. Señaló que su hermano, de profesión médica, estuvo detenido durante dos años y que su liberación implicó el pago de una fianza de 25 mil dólares. Asimismo, indicó que varios miembros de su familia se han visto obligados a abandonar el país por temor a represalias, lo que calificó como un “exilio forzado”.
Informe internacional abre debate
Las declaraciones de la defensora se producen tras la divulgación de un informe elaborado por expertos internacionales en derechos humanos, el cual documenta presuntas violaciones graves en el país. Según Cruz, este documento representa un hito al reunir testimonios directos de víctimas y evidencia que podría sustentar investigaciones a nivel internacional.
El informe plantea la posibilidad de que estos hechos sean analizados por la Corte Penal Internacional, con base en el Estatuto de Roma, que establece la persecución de delitos como tortura, desaparición forzada y detención arbitraria cuando forman parte de un patrón sistemático.
“Esto cambia el escenario, porque ya no se trata solo de denuncias internas. Es una evaluación externa, independiente, que pone en duda la narrativa oficial”, explicó Cruz. Añadió que, de avanzar una investigación, la responsabilidad podría ser individual y alcanzar a funcionarios de distintos niveles del Estado.
Un modelo bajo escrutinio
Mientras el gobierno defiende sus resultados y asegura haber transformado la seguridad en el país, las críticas continúan acumulándose tanto a nivel nacional como internacional. Para Cruz, el caso de El Salvador refleja los riesgos de priorizar la represión sobre el respeto a los derechos fundamentales.
“El problema no es combatir el crimen, sino hacerlo sin garantías. Cuando el Estado actúa sin límites, se abre la puerta a graves abusos”, concluyó.
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