El círculo iniciado por Andrés Manuel López Obrador se cierra con el ministro Hugo Aguilar. El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia anunció, nada más tomar posesión del cargo la noche del lunes, cuáles serán los rubros del presupuesto de la judicatura a los que se aplicarán recortes durante su gestión, para ajustar al tercero de los poderes de la Unión a la “austeridad republicana” añorada por el exmandatario. López Obrador veía a los jueces como una casta dorada que gozaba de privilegios como ningún otro funcionario público. El Poder Judicial, el único que Morena no controlaba, combatió a capa y espada la tijera presidencial. Esa historia está por cambiar, con el arranque de una nueva judicatura conformada por jueces electos por voto popular, la mayoría de ellos impulsados por el oficialismo.
“No puede haber justicia con privilegios”, dijo Aguilar, un abogado indígena nacido en Oaxaca, en su primer discurso como cabeza del Supremo. A la ceremonia de arranque de la nueva Corte asistieron la presidenta, Claudia Sheinbaum, y los titulares de las dos Cámaras del Congreso, Sergio Gutiérrez y Laura Castillo. Todos de Morena. El propio ministro Aguilar, aunque no milita en la formación guinda, ganó la elección gracias a una operación electoral con la que el oficialismo dirigió el voto a su favor. Con los tres poderes de la república allí presentes, el jurista ofreció gestionar las reducciones presupuestales ante el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que a partir de ahora manejará los monumentales recursos de la judicatura. Aguilar habló de ahorros millonarios para el erario, justo cuando en el Congreso comenzará a discutirse el presupuesto federal para el próximo año.
Una de las primeras medidas de austeridad será reducir los sueldos de los jueces, magistrados y ministros, ha dicho Aguilar, para que se sitúen por debajo del ingreso mensual de la presidenta. Durante su sexenio, López Obrador impulsó una reforma a la Constitución que estableció que ningún servidor público puede recibir una remuneración más alta que la del titular del Ejecutivo. Actualmente, Sheinbaum obtiene un ingreso bruto mensual de casi 192.000 pesos. Si bien hace algunos años los integrantes del Supremo se redujeron voluntariamente el sueldo, retuvieron otras prestaciones superiores, lo que elevaba por mucho sus ingresos. Los magistrados electorales y los magistrados de circuito estaban en la misma circunstancia. Aguilar indicó que esta medida de austeridad representará un ahorro de 300 millones de pesos anuales.
Muchos funcionarios se ampararon en su momento para que la reforma a los salarios de López Obrador no les aplicara. Las mayores resistencias vinieron de los integrantes de las instituciones autónomas —que no dependían del Ejecutivo—, a los que se les pagaban altas cifras por considerar que su trabajo era muy especializado. En la judicatura también hubo funcionarios que recurrieron a la estrategia del amparo. Antes de la reforma judicial, la Constitución señalaba que el sueldo de jueces, magistrados y ministros no podía reducirse durante el ejercicio de su cargo, una garantía que pretendía evitarles presiones desde el poder político o económico. También había la creencia de que a un juzgador se le debía pagar mucho para garantizar que no se corrompiera.
El ministro Aguilar adelantó que la Corte intervendrá para que, mediante “un proceso de diálogo”, se resuelvan los amparos impulsados por “un gran número de funcionarios judiciales que ganan más que la presidenta”, para que al final todos se ajusten a la remuneración que indica la Constitución. Aguilar ha estimado que esta solución reportará al erario un ingreso de 800 millones de pesos al año. El éxito de esta medida dependerá de una negociación política con los impulsores de los amparos y los jueces que llevan sus casos. El resultado es incierto, pues prácticamente todo el Poder Judicial ha cambiado, aunque muchos de los nuevos juzgadores cuentan con el respaldo del oficialismo.
Son indiscutibles los privilegios de que ha gozado la cúpula judicial. Al concluir su encargo, los ministros del Supremo se hacían acreedores a una pensión vitalicia, llamada “haber por retiro”, equivalente al sueldo que percibían. Además de eso, se les cubrían prestaciones adicionales, como el pago de aguinaldo, seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores para ellos y sus cónyuges, reembolso de gastos por la compra de medicamentos, prima vacacional y pago por riesgo. También se les asignaban tres asistentes pagados por la Corte, y se les daba derecho a comprar el vehículo que usaban para su trabajo, normalmente una lujosa camioneta blindada. Era costumbre que los togados se llevaran hasta las computadoras y teléfonos que tenían asignados.
Aguilar señaló que cada ministro en retiro percibe entre 205.000 y 385.000 pesos mensuales, y afirmó que esas remuneraciones también se someterán “a revisión”, para que se ajusten al ingreso del Ejecutivo. Con la reforma judicial, se eliminó de la Carta Magna el derecho de los ministros a la pensión vitalicia, pero los que se retiraron antes de la entrada en vigor de la enmienda aún alcanzaron a obtener el beneficio. Caso de Arturo Zaldívar, colaborador del Gobierno de Sheinbaum y uno de los arquitectos de la reforma judicial. Olga Sánchez Cordero es otra exministra aliada de Morena y cuyo “haber por retiro” tambalea con la política anunciada por Aguilar.
La nueva Corte, según lo dicho por su presidente, también pedirá al OAJ que se cancele el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de jubilación anticipada. Los ministros que concluyeron su encargo el pasado 31 de agosto aprobaron un proyecto de presupuesto para el primer año de la nueva integración, en el que quedaron intactos muchos de los privilegios que habían motivado la reforma judicial. Por ejemplo, se mantuvo un seguro de gastos médicos mayores que costaría 161 millones de pesos, un seguro de separación individualizado de 143 millones, una “ayuda para despensa” para el personal por 50,4 millones de pesos, “estímulos” por el Día de la Madre y el Día del Padre por 3 millones, y ayuda de vestuario” y “apoyo para la adquisición de anteojos” por 20 millones. A contrapelo del credo de la austeridad, las tres ministras alineadas a Morena que conservaron su lugar en la Corte —Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz— votaron a favor de ese proyecto de presupuesto.
El poderoso OAJ quedó integrado por cinco abogados propuestos por el Ejecutivo, el Senado y la propia Suprema Corte. Será presidido por Néstor Vargas, un cercano colaborador de la presidenta Sheinbaum. El Senado eligió a Surit Guerrero, y el alto tribunal postuló a Lorena Pérez Romo, Catalina Ramírez Hernández y José Gallegos Ramírez. Aunque el OAJ es una instancia autónoma en la letra, es previsible que las peticiones provenientes de la cúpula política se conviertan en instrucciones y, al final, en realidades.
El presidente del Supremo anuncia recortes al salario de los ministros en funciones y retirados, así como la cancelación de seguros privados
El círculo iniciado por Andrés Manuel López Obrador se cierra con el ministro Hugo Aguilar. El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia anunció, nada más tomar posesión del cargo la noche del lunes, cuáles serán los rubros del presupuesto de la judicatura a los que se aplicarán recortes durante su gestión, para ajustar al tercero de los poderes de la Unión a la “austeridad republicana” añorada por el exmandatario. López Obrador veía a los jueces como una casta dorada que gozaba de privilegios como ningún otro funcionario público. El Poder Judicial, el único que Morena no controlaba, combatió a capa y espada la tijera presidencial. Esa historia está por cambiar, con el arranque de una nueva judicatura conformada por jueces electos por voto popular, la mayoría de ellos impulsados por el oficialismo.
“No puede haber justicia con privilegios”, dijo Aguilar, un abogado indígena nacido en Oaxaca, en su primer discurso como cabeza del Supremo. A la ceremonia de arranque de la nueva Corte asistieron la presidenta, Claudia Sheinbaum, y los titulares de las dos Cámaras del Congreso, Sergio Gutiérrez y Laura Castillo. Todos de Morena. El propio ministro Aguilar, aunque no milita en la formación guinda, ganó la elección gracias a una operación electoral con la que el oficialismo dirigió el voto a su favor. Con los tres poderes de la república allí presentes, el jurista ofreció gestionar las reducciones presupuestales ante el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que a partir de ahora manejará los monumentales recursos de la judicatura. Aguilar habló de ahorros millonarios para el erario, justo cuando en el Congreso comenzará a discutirse el presupuesto federal para el próximo año.
Una de las primeras medidas de austeridad será reducir los sueldos de los jueces, magistrados y ministros, ha dicho Aguilar, para que se sitúen por debajo del ingreso mensual de la presidenta. Durante su sexenio, López Obrador impulsó una reforma a la Constitución que estableció que ningún servidor público puede recibir una remuneración más alta que la del titular del Ejecutivo. Actualmente, Sheinbaum obtiene un ingreso bruto mensual de casi 192.000 pesos. Si bien hace algunos años los integrantes del Supremo se redujeron voluntariamente el sueldo, retuvieron otras prestaciones superiores, lo que elevaba por mucho sus ingresos. Los magistrados electorales y los magistrados de circuito estaban en la misma circunstancia. Aguilar indicó que esta medida de austeridad representará un ahorro de 300 millones de pesos anuales.
Muchos funcionarios se ampararon en su momento para que la reforma a los salarios de López Obrador no les aplicara. Las mayores resistencias vinieron de los integrantes de las instituciones autónomas —que no dependían del Ejecutivo—, a los que se les pagaban altas cifras por considerar que su trabajo era muy especializado. En la judicatura también hubo funcionarios que recurrieron a la estrategia del amparo. Antes de la reforma judicial, la Constitución señalaba que el sueldo de jueces, magistrados y ministros no podía reducirse durante el ejercicio de su cargo, una garantía que pretendía evitarles presiones desde el poder político o económico. También había la creencia de que a un juzgador se le debía pagar mucho para garantizar que no se corrompiera.
El ministro Aguilar adelantó que la Corte intervendrá para que, mediante “un proceso de diálogo”, se resuelvan los amparos impulsados por “un gran número de funcionarios judiciales que ganan más que la presidenta”, para que al final todos se ajusten a la remuneración que indica la Constitución. Aguilar ha estimado que esta solución reportará al erario un ingreso de 800 millones de pesos al año. El éxito de esta medida dependerá de una negociación política con los impulsores de los amparos y los jueces que llevan sus casos. El resultado es incierto, pues prácticamente todo el Poder Judicial ha cambiado, aunque muchos de los nuevos juzgadores cuentan con el respaldo del oficialismo.
Son indiscutibles los privilegios de que ha gozado la cúpula judicial. Al concluir su encargo, los ministros del Supremo se hacían acreedores a una pensión vitalicia, llamada “haber por retiro”, equivalente al sueldo que percibían. Además de eso, se les cubrían prestaciones adicionales, como el pago de aguinaldo, seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores para ellos y sus cónyuges, reembolso de gastos por la compra de medicamentos, prima vacacional y pago por riesgo. También se les asignaban tres asistentes pagados por la Corte, y se les daba derecho a comprar el vehículo que usaban para su trabajo, normalmente una lujosa camioneta blindada. Era costumbre que los togados se llevaran hasta las computadoras y teléfonos que tenían asignados.
Aguilar señaló que cada ministro en retiro percibe entre 205.000 y 385.000 pesos mensuales, y afirmó que esas remuneraciones también se someterán “a revisión”, para que se ajusten al ingreso del Ejecutivo. Con la reforma judicial, se eliminó de la Carta Magna el derecho de los ministros a la pensión vitalicia, pero los que se retiraron antes de la entrada en vigor de la enmienda aún alcanzaron a obtener el beneficio. Caso de Arturo Zaldívar, colaborador del Gobierno de Sheinbaum y uno de los arquitectos de la reforma judicial. Olga Sánchez Cordero es otra exministra aliada de Morena y cuyo “haber por retiro” tambalea con la política anunciada por Aguilar.
La nueva Corte, según lo dicho por su presidente, también pedirá al OAJ que se cancele el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de jubilación anticipada. Los ministros que concluyeron su encargo el pasado 31 de agosto aprobaron un proyecto de presupuesto para el primer año de la nueva integración, en el que quedaron intactos muchos de los privilegios que habían motivado la reforma judicial. Por ejemplo, se mantuvo un seguro de gastos médicos mayores que costaría 161 millones de pesos, un seguro de separación individualizado de 143 millones, una “ayuda para despensa” para el personal por 50,4 millones de pesos, “estímulos” por el Día de la Madre y el Día del Padre por 3 millones, y ayuda de vestuario” y “apoyo para la adquisición de anteojos” por 20 millones. A contrapelo del credo de la austeridad, las tres ministras alineadas a Morena que conservaron su lugar en la Corte —Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz— votaron a favor de ese proyecto de presupuesto.
El poderoso OAJ quedó integrado por cinco abogados propuestos por el Ejecutivo, el Senado y la propia Suprema Corte. Será presidido por Néstor Vargas, un cercano colaborador de la presidenta Sheinbaum. El Senado eligió a Surit Guerrero, y el alto tribunal postuló a Lorena Pérez Romo, Catalina Ramírez Hernández y José Gallegos Ramírez. Aunque el OAJ es una instancia autónoma en la letra, es previsible que las peticiones provenientes de la cúpula política se conviertan en instrucciones y, al final, en realidades.
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