La Fiscalía General de la República (FGR) ha informado este viernes del hallazgo de un cuerpo sin vida “con características similares” a las de uno de los 10 mineros secuestrados el 23 de enero en Pánuco, un poblado serrano del municipio de Concordia, al sur de Sinaloa. El cadáver, del que no han detallado más información, ha sido encontrado en El Verde, un poblado a unos 40 kilómetros del lugar de la desaparición. La dependencia también ha anunciado la detención de cuatro personas como resultado de las investigaciones iniciadas dos semanas atrás, tras el despliegue masivo de militares y demás cuerpos de seguridad en la zona.
La FGR informa de la detención de cuatro personas tras los operativos de búsqueda
La Fiscalía General de la República (FGR) ha informado este viernes del hallazgo de un cuerpo sin vida “con características similares” a las de uno de los 10 mineros secuestrados el 23 de enero en Pánuco, un poblado serrano del municipio de Concordia, al sur de Sinaloa. El cadáver, del que no han detallado más información, ha sido encontrado en El Verde, un poblado a unos 40 kilómetros del lugar de la desaparición. La dependencia también ha anunciado la detención de cuatro personas como resultado de las investigaciones iniciadas dos semanas atrás, tras el despliegue masivo de militares y demás cuerpos de seguridad en la zona.
Los 10 trabajadores secuestrados son Ignacio Salazar Flores, José Manuel Castañeda, Antonio de la O Valdez, Antonio Jiménez, José Ángel Hernández, Javier Vargas, Antonio Esparza, Javier Valdez, Saúl Ochoa y Miguel Tapia. El grupo de mineros fue sacado de un campamento de construcción y producción cercano a una zona de explotación de plata propiedad de la empresa canadiense Vizsla Silver. Las autoridades de Sinaloa reconocieron el caso a partir del 28 de enero, cinco días después del secuestro, cuando comenzaron a hacerse públicas las fichas de desaparecidos de los trabajadores. El caso ha avivado la crisis de violencia e inseguridad que Sinaloa ha vivido en los últimos años, asediada por la violencia entre dos facciones del Cartel de Sinaloa.
“Para llegar ahí está una camioneta de la Guardia Nacional para parar a quienes quieran ir a las fosas. No nos dejaron entrar por órdenes de la FGR, pero sabemos que tienen trabajadas dos fosas y que están sacando varios cuerpos”, comenta a EL PAÍS la señora Marisela Carrizales, fundadora y líder del colectivo de buscadoras Por las Voces Sin Justicia. Las autoridades localizaron durante las pesquisas 10 campamentos vinculados a los grupos criminales en el pueblo de Los Naranjos, en Concordia. El último de estos hallazgos ha sido la fosa intervenida este viernes por las autoridades federales, el de El Verde, que por el momento no han detallado el total de personas o restos localizados. “Salían las camionetas con cuerpos descompuestos, con un olor muy fuerte, de cuerpos recientes. Esas camionetas estaban resguardas por federales”, añade Carrizales.
No es el único episodio preocupante vivido por el territorio norteño en los últimos días. Seis turistas ―cuatro hombres, una mujer y una niña― fueron secuestrados en la noche del martes en Mazatlán, un caso que agravaba la situación de seguridad en la urbe a una semana de su Carnaval Internacional, la gran festividad de la ciudad costera. La mujer y la niña aparecieron horas más tarde en un municipio cercano.
Dos diputados de Movimiento Ciudadano fueron atacados a balazos la semana pasada en el centro de Culiacán, mientras viajaban en un vehículo. El caso ha recrudecido la tensión a la capital sinaloense, convertida en el escenario principal de la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos. La entrega a las autoridades estadounidenses de Ismael El Mayo Zambada, histórico líder del Cartel de Sinaloa, por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, amplió la crisis entre las facciones del grupo criminal, que han mantenido el terror desde entonces.
La inseguridad en el territorio ha llevado a que el Gobierno federal enviara a finales de enero a 1.600 militares a Culiacán y Mazatlán, dos ciudades clave para las operaciones de los grupos criminales, para enfrentar a los carteles. “La misión específica del personal desplegado es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad”, concretó la Secretaría de Defensa en un escrito.
EL PAÍS
