Hace tres años, en Buenos Aires, Chile le entregó a Argentina la presidencia de la Conferencia Regional de las Mujeres, donde los Estados nos comprometimos a avanzar hacia una sociedad de cuidados. Tres años después viajamos a Ciudad de México donde ese compromiso se materializa en un balance compartido: cada país pudo mostrar cuánto ha avanzado y, lo más importante, llegamos a un nuevo acuerdo respecto de cómo seguir impulsando este tema, conocido en adelante como Declaración de Tlatelolco bajo el liderazgo del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y su ministra de la Mujer Citlalli Hernández.
En Chile, el avance bajo el Gobierno del presidente Gabriel Boric se expresa en un aumento de un 400% de las atenciones entregadas por la Red Local de Apoyos y Cuidados, que para el 2024 tuvo un aumento presupuestario del 30% y del 40% para el 2025. Luego de un proceso de diálogo acompañado por ONU Mujeres presentamos el proyecto de Ley Chile Cuida, actualmente en segundo trámite constitucional de discusión en nuestro Senado, que busca consagrar el cuidado como un cuarto pilar de la seguridad social.
Partimos desde un punto de vista distinto al resto de la región: la particularidad chilena radica en un 42% de cobertura de la educación inicial y la red Chile Crece Contigo para la primera infancia, potenciados especialmente durante los mandatos de la presidenta Michelle Bachelet. Nuestro énfasis, entonces, ha ido desde 2022 en fortalecer el apoyo domiciliario a la dependencia severa, estableciendo esa condición como puerta de acceso de la díada al sistema, y rompiendo con una tradición hiper-segmentada para construir así cohesión social.
Este trabajo recae mayoritariamente sobre las mujeres. Las familias no son necesariamente como las idealizamos: hay personas mayores que viven solas, sin red alguna de apoyo; mujeres que lideran en soledad hogares donde hay niñas, niños o personas que requieren cuidados; personas LGBT+ que han sido expulsados de sus hogares por su orientación o identidad o hermanas mayores que deben hacerse cargo de los más pequeños a temprana edad para que sus familias puedan sostenerse, como nos muestran tanto la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo y el Estudio de Jóvenes Cuidadores/as en Chile.
Esto implica que, si el Estado no participa activamente en la redistribución del trabajo de cuidados, perpetúa desigualdades, en especial contra mujeres y niñas. Por eso, nuestra apuesta no es solo nacional, sino regional: necesitamos que los Estados latinoamericanos impulsen políticas públicas que reconozcan, redistribuyan y reduzcan esta carga, construyendo redes que permitan equilibrar la vida laboral y familiar. Para eso, los puntos clave de Chile en esta XVI Conferencia Regional de la Mujer tuvieron que ver con reconocer la realidad diversa de la sociedad, apuntar a acuerdos y aceleradores de la inversión pública en cuidados para América Latina y el Caribe, buscando así el fortalecimiento de nuestra democracia a través de la cohesión.
Lo contrario al cuidado es el abandono, fuerte importante del malestar. Nuestro compromiso es avanzar hacia un modelo de cuidados entendido como un derecho garantizado, sostenido por una red de actores públicos, privados y comunitarios. El mensaje es claro: los cuidados son parte de la infraestructura crítica del siglo XXI, tan relevantes como las carreteras o la energía, porque de ellos depende que nuestras sociedades funcionen.
Si el Estado no participa activamente en la redistribución del trabajo de cuidados, perpetúa desigualdades, en especial contra mujeres y niñas
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Si el Estado no participa activamente en la redistribución del trabajo de cuidados, perpetúa desigualdades, en especial contra mujeres y niñas
Antonia Orellana
Hace tres años, en Buenos Aires, Chile le entregó a Argentina la presidencia de la Conferencia Regional de las Mujeres, donde los Estados nos comprometimos a avanzar hacia una sociedad de cuidados. Tres años después viajamos a Ciudad de México donde ese compromiso se materializa en un balance compartido: cada país pudo mostrar cuánto ha avanzado y, lo más importante, llegamos a un nuevo acuerdo respecto de cómo seguir impulsando este tema, conocido en adelante como Declaración de Tlatelolco bajo el liderazgo del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y su ministra de la Mujer Citlalli Hernández.
En Chile, el avance bajo el Gobierno del presidente Gabriel Boric se expresa en un aumento de un 400% de las atenciones entregadas por la Red Local de Apoyos y Cuidados, que para el 2024 tuvo un aumento presupuestario del 30% y del 40% para el 2025. Luego de un proceso de diálogo acompañado por ONU Mujeres presentamos el proyecto de Ley Chile Cuida, actualmente en segundo trámite constitucional de discusión en nuestro Senado, que busca consagrar el cuidado como un cuarto pilar de la seguridad social.
Partimos desde un punto de vista distinto al resto de la región: la particularidad chilena radica en un 42% de cobertura de la educación inicial y la red Chile Crece Contigo para la primera infancia, potenciados especialmente durante los mandatos de la presidenta Michelle Bachelet. Nuestro énfasis, entonces, ha ido desde 2022 en fortalecer el apoyo domiciliario a la dependencia severa, estableciendo esa condición como puerta de acceso de la díada al sistema, y rompiendo con una tradición hiper-segmentada para construir así cohesión social.
Este trabajo recae mayoritariamente sobre las mujeres. Las familias no son necesariamente como las idealizamos: hay personas mayores que viven solas, sin red alguna de apoyo; mujeres que lideran en soledad hogares donde hay niñas, niños o personas que requieren cuidados; personas LGBT+ que han sido expulsados de sus hogares por su orientación o identidad o hermanas mayores que deben hacerse cargo de los más pequeños a temprana edad para que sus familias puedan sostenerse, como nos muestran tanto la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo y el Estudio de Jóvenes Cuidadores/as en Chile.
Esto implica que, si el Estado no participa activamente en la redistribución del trabajo de cuidados, perpetúa desigualdades, en especial contra mujeres y niñas. Por eso, nuestra apuesta no es solo nacional, sino regional: necesitamos que los Estados latinoamericanos impulsen políticas públicas que reconozcan, redistribuyan y reduzcan esta carga, construyendo redes que permitan equilibrar la vida laboral y familiar. Para eso, los puntos clave de Chile en esta XVI Conferencia Regional de la Mujer tuvieron que ver con reconocer la realidad diversa de la sociedad, apuntar a acuerdos y aceleradores de la inversión pública en cuidados para América Latina y el Caribe, buscando así el fortalecimiento de nuestra democracia a través de la cohesión.
Lo contrario al cuidado es el abandono, fuerte importante del malestar. Nuestro compromiso es avanzar hacia un modelo de cuidados entendido como un derecho garantizado, sostenido por una red de actores públicos, privados y comunitarios. El mensaje es claro: los cuidados son parte de la infraestructura crítica del siglo XXI, tan relevantes como las carreteras o la energía, porque de ellos depende que nuestras sociedades funcionen.
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