Enmudecidas quedaron las voces roncas que en el pasado desdeñaron las cuotas de género. Pasamos del 70-30 al 60-40 y, de ahí, a la imposible palabra: paridad. Hoy pocos osan discutir nuestro nuevo entendimiento: todo para todos siempre que vaya partido por la mitad.
Entre esos pocos está el senador Raúl Morón, de Morena, que lo descalifica como una mera fijación mental.
Hoy, esas acciones afirmativas —aliadas a la lenta pero firme mutación del pensamiento comunal—, han llevado a tres mujeres a colonizar la cima: la Presidencia de la República, de la Cámara de Senadores y la de Diputados.
Hasta la reforma llamada paridad en todo —aprobada en 2019, pero con efectos reales hasta los comicios del 2021—, la igualdad de representación estuvo confinada a un cerco estrecho: órganos colegiados como el Congreso Federal, las legislaturas locales y los ayuntamientos. Solo entonces la norma comenzó a desbordar sus márgenes y extenderse hacia cargos unipersonales como las gubernaturas.
Por eso, desde aquella elección, aunque la mayoría de los estados se empeña en hacerse el sordo ante su deber de legislar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha intervenido: las gubernaturas que estén en juego se dividirán entre dos.
Gracias al empujón de aquella reforma, en apenas tres años —entre 2021 y 2024— llegaron más mujeres al poder ejecutivo local que en las cuatro décadas previas. Hoy, casi medio país se encuentra gobernado por ellas. Sesenta cuarenta. Fuegos artificiales lanzados hacia el pasado.
Lo anterior contrasta con un hecho reciente y ominoso: algunos estados que nunca han conocido Gobierno femenino son encabezados por hombres necios que maniobran en la penumbra para torcer la paridad que se avecina. Desandar el porvenir. Retrasar lo inevitable hacia un tiempo remoto.
Los titulares del ejecutivo de Oaxaca e Hidalgo buscan reducir el periodo de ejercicio de sus primeras gobernadoras a dos años.
Lo hacen mientras entonan, frente a la primera Presidenta, el himno hueco de que llegaron todas.
En ambos casos el objetivo declarado es el mismo y se ofrece como un gesto razonable: reducir el tiempo de la gubernatura para hacer coincidir la elección de 2030 con la presidencial. Unir calendarios para alentar la participación ciudadana y abaratar el costo de acudir a las urnas.
Lo raro es la coincidencia de que se les ocurra justo ahora: cuando la paridad podría —al fin— favorecer a las damas.
La afrenta de Oaxaca habita en el pasado remoto. Su gobernador —Salomón Jara— impulsó en 2023 la modificación de la Constitución del Estado para que la próxima gubernatura —la de 2028 y que por simple alternancia o por justicia histórica debería corresponder a una mujer— dure apenas dos años en lugar de los seis acostumbrados.
Así, la mujer que gobierne Oaxaca por vez primera quedará amarrada a un mandato mutilado. Después, el siguiente ciclo pleno —seis años— regresará, con toda probabilidad, a masculinas manos. Solo en 2036 —cuando la presidencia sea dirigida por la sucesora de la sucesora de Sheinbaum— podría una mujer ocupar, al fin, la gubernatura del Estado en toda su extensión.
La reforma constitucional del gobernador no ofrece paridad, no otorga justicia histórica, no concede alternancia. Las llamadas soluciones salomónicas —esas que fingen mesura y equilibrio— parecen no seducir demasiado a Salomón.
Oaxaca no es el único caso. En Hidalgo —cuya Constitución establece con toda claridad que los partidos deben alternar el género en cada periodo electivo para el cargo de gobernador— se ha propuesto la misma modificación de acortar la temporalidad del cargo del ejecutivo. ¿El objetivo? El mismo que Jara. ¿El efecto? Una mini gubernatura.
El agravio hidalguense habita un pasado más cercano, ya que aparenta estar en un proceso de revisión legislativa. Su gobernador —Julio Menchaca— impulsó la modificación a su carta magna para replicar el modelo oaxaqueño y amputar el tiempo femenino de gobernanza. Una gubernatura mutilada para la mujer que, por mandato indiscutible de su carta magna, deberá encabezar el Estado en 2028.
A Hidalgo le tocará esperar otro par de elecciones antes de ver a una mujer ejercer en pleno tiempo y rigor la titularidad de su ejecutivo.
Con Oaxaca, es un misterio. La ausencia de regulación estatal en materia de paridad horizontal impide anticipar cómo repartirán los partidos sus candidaturas en la elección venidera. Si bien es previsible que las autoridades electorales reimpriman su exigencia —mitad para mujeres, mitad para hombres— nada garantiza que Oaxaca observe alternancia alguna.
Si de verdad es tan deseable —y urgente— la concurrencia electoral, la decencia marcaría otra ruta. Que en 2028 se postule a un hombre, para que en 2030 una mujer ejerza su derecho a un mandato completo. O bien: una mujer en 2028 y otra mujer en el 2030.
Eso sería igualdad sustantiva. Lo demás, mero simulacro.
Gubernaturas con trampas y letras chiquitas.
Los titulares del ejecutivo de Oaxaca e Hidalgo buscan reducir el periodo de ejercicio de sus primeras gobernadoras a dos años
Enmudecidas quedaron las voces roncas que en el pasado desdeñaron las cuotas de género. Pasamos del 70-30 al 60-40 y, de ahí, a la imposible palabra: paridad. Hoy pocos osan discutir nuestro nuevo entendimiento: todo para todos siempre que vaya partido por la mitad.
Entre esos pocos está el senador Raúl Morón, de Morena, que lo descalifica como una mera fijación mental.
Hoy, esas acciones afirmativas —aliadas a la lenta pero firme mutación del pensamiento comunal—, han llevado a tres mujeres a colonizar la cima: la Presidencia de la República, de la Cámara de Senadores y la de Diputados.
Hasta la reforma llamada paridad en todo —aprobada en 2019, pero con efectos reales hasta los comicios del 2021—, la igualdad de representación estuvo confinada a un cerco estrecho: órganos colegiados como el Congreso Federal, las legislaturas locales y los ayuntamientos. Solo entonces la norma comenzó a desbordar sus márgenes y extenderse hacia cargos unipersonales como las gubernaturas.
Por eso, desde aquella elección, aunque la mayoría de los estados se empeña en hacerse el sordo ante su deber de legislar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha intervenido: las gubernaturas que estén en juego se dividirán entre dos.
Gracias al empujón de aquella reforma, en apenas tres años —entre 2021 y 2024— llegaron más mujeres al poder ejecutivo local que en las cuatro décadas previas. Hoy, casi medio país se encuentra gobernado por ellas. Sesenta cuarenta. Fuegos artificiales lanzados hacia el pasado.
Lo anterior contrasta con un hecho reciente y ominoso: algunos estados que nunca han conocido Gobierno femenino son encabezados por hombres necios que maniobran en la penumbra para torcer la paridad que se avecina. Desandar el porvenir. Retrasar lo inevitable hacia un tiempo remoto.
Los titulares del ejecutivo de Oaxaca e Hidalgo buscan reducir el periodo de ejercicio de sus primeras gobernadoras a dos años.
Lo hacen mientras entonan, frente a la primera Presidenta, el himno hueco de que llegaron todas.
En ambos casos el objetivo declarado es el mismo y se ofrece como un gesto razonable: reducir el tiempo de la gubernatura para hacer coincidir la elección de 2030 con la presidencial. Unir calendarios para alentar la participación ciudadana y abaratar el costo de acudir a las urnas.
Lo raro es la coincidencia de que se les ocurra justo ahora: cuando la paridad podría —al fin— favorecer a las damas.
La afrenta de Oaxaca habita en el pasado remoto. Su gobernador —Salomón Jara— impulsó en 2023 la modificación de la Constitución del Estado para que la próxima gubernatura —la de 2028 y que por simple alternancia o por justicia histórica debería corresponder a una mujer— dure apenas dos años en lugar de los seis acostumbrados.
Así, la mujer que gobierne Oaxaca por vez primera quedará amarrada a un mandato mutilado. Después, el siguiente ciclo pleno —seis años— regresará, con toda probabilidad, a masculinas manos. Solo en 2036 —cuando la presidencia sea dirigida por la sucesora de la sucesora de Sheinbaum— podría una mujer ocupar, al fin, la gubernatura del Estado en toda su extensión.
La reforma constitucional del gobernador no ofrece paridad, no otorga justicia histórica, no concede alternancia. Las llamadas soluciones salomónicas —esas que fingen mesura y equilibrio— parecen no seducir demasiado a Salomón.
Oaxaca no es el único caso. En Hidalgo —cuya Constitución establece con toda claridad que los partidos deben alternar el género en cada periodo electivo para el cargo de gobernador— se ha propuesto la misma modificación de acortar la temporalidad del cargo del ejecutivo. ¿El objetivo? El mismo que Jara. ¿El efecto? Una mini gubernatura.
El agravio hidalguense habita un pasado más cercano, ya que aparenta estar en un proceso de revisión legislativa. Su gobernador —Julio Menchaca— impulsó la modificación a su carta magna para replicar el modelo oaxaqueño y amputar el tiempo femenino de gobernanza. Una gubernatura mutilada para la mujer que, por mandato indiscutible de su carta magna, deberá encabezar el Estado en 2028.
A Hidalgo le tocará esperar otro par de elecciones antes de ver a una mujer ejercer en pleno tiempo y rigor la titularidad de su ejecutivo.
Con Oaxaca, es un misterio. La ausencia de regulación estatal en materia de paridad horizontal impide anticipar cómo repartirán los partidos sus candidaturas en la elección venidera. Si bien es previsible que las autoridades electorales reimpriman su exigencia —mitad para mujeres, mitad para hombres— nada garantiza que Oaxaca observe alternancia alguna.
Si de verdad es tan deseable —y urgente— la concurrencia electoral, la decencia marcaría otra ruta. Que en 2028 se postule a un hombre, para que en 2030 una mujer ejerza su derecho a un mandato completo. O bien: una mujer en 2028 y otra mujer en el 2030.
Eso sería igualdad sustantiva. Lo demás, mero simulacro.
Gubernaturas con trampas y letras chiquitas.
EL PAÍS
