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Se requieren reformas regulatorias y fiscales que hagan que esta inversión sea racional desde la óptica financiera. América Latina y el Caribe tienen que asumir un rol proactivo
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Durante la última década, la discusión sobre el financiamiento para el desarrollo transitó de la aspiración a la responsabilidad. Hoy, esa responsabilidad se enfrenta a una prueba muy dura en un contexto global marcado por la fragmentación, la volatilidad y la retracción de los tradicionales motores del multilateralismo. Si hace una década el desafío era diseñar los mecanismos para atraer capital privado, ahora la prioridad es blindar esos mecanismos y construir ecosistemas financieros resilientes.
La Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA) de 2015 planteó un marco basado en reforzar ingresos públicos, modernizar administraciones y crear condiciones que facilitaran la entrada del capital privado en los esfuerzos del financiamiento al desarrollo. Diez años después, el Compromiso de Sevilla, en 2025, sitúa al sector privado en el centro de la ecuación y exige instrumentos concretos, metas y mecanismos de seguimiento que verifiquen la movilización de recursos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Sevilla introdujo cuatro transformaciones importantes: cuantificación de la brecha (estimada en torno a 4 billones de dólares por año) y de las metas de movilización; procedimientos y métricas (estándares de adicionalidad y ciclos bienales de revisión); mecanismos operativos (plataformas de garantías, reconocimiento prudencial de activos sostenibles, plantillas contractuales estandarizadas); y una llamada explícita a triplicar la capacidad de préstamo de los bancos multilaterales de desarrollo.
Este giro implica reconocer que la escala necesaria de recursos financieros solo es alcanzable si los inversionistas institucionales, comerciales y mercados de capitales participan en condiciones manejables. Para que eso ocurra, los proyectos deben ser bancables, es decir, que el perfil riesgo-retorno sea compatible con mandatos institucionales, que tengan tamaño y capacidad; que los contratos y flujos de caja sean creíbles (PPA, offtake) y que ofrezcan mecanismos de salida razonables y claros.
De todas formas, los retos prácticos siguen siendo enormes. En América Latina y el Caribe, la fragilidad de la bancabilidad se combina con una oferta insuficiente de proyectos maduros, asimetrías de información, volatilidad macroeconómica y limitaciones institucionales locales. Por eso, Sevilla exige tanto la creación de infraestructura de mercado (plataformas de garantías y ventanillas de preparación de proyectos), como reformas regulatorias y fiscales que hagan que invertir en desarrollo sea racional desde la óptica financiera y no solo la ética.
Pero entre los retos más destacables está el posible efecto de la ausencia de Estados Unidos en el Compromiso de Sevilla y la eventual respuesta europea. Sin el liderazgo y la capacidad financiera de Estados Unidos, se puede dispersar la masa de capital concesional y las contragarantías de alta calidad que facilitan el acceso a mercados para emisores de menor rating y se debilita la posibilidad de impulsar reformas multilaterales ambiciosas que requieren consenso y se transmite una señal de riesgo político al mercado. En ese escenario, Sevilla corre el riesgo de quedar como un marco político con implementaciones parciales.
Ante ese panorama, la Unión Europea y otras potencias pueden y deben ofrecer respuestas operativas, financieras y regulatorias, pero la iniciativa decisiva debe nacer también en las propias regiones del sur global. En particular, América Latina y el Caribe tiene que asumir un rol proactivo: impulsar reformas regulatorias coherentes, consolidar pipelines de proyectos bancables y fortalecer capacidades subnacionales para absorber inversión.
En ese esfuerzo, bancos de desarrollo como CAF pueden funcionar como una palanca regional, pues actúan como ancla financiera y técnico-operativa (recursos de financiamiento, contragarantías, diseño de vehículos, etc.), con capacidad de convocatoria entre Gobiernos, otras multilaterales y mercados privados.
Para que Sevilla deje de ser solo un texto político, necesita medidas tangibles con plataformas de garantías con músculo suficiente, ventanillas que preparen proyectos bancables, marcos fiscales y prudenciales que reconozcan y favorezcan activos sostenibles, y datos públicos, estandarizados y verificables. Europa puede y debe contribuir activamente a esa puesta en marcha, pero el éxito en América Latina y el Caribe dependerá de articular liderazgo regional, fortalecer capacidades locales y consolidar una gobernanza de mercado capaz de atraer, escalar y mantener inversión privada en proyectos que realmente avancen los ODS.
EL PAÍS
