Se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que condona el Crédito con Aval del Estado (CAE) y establece el Financiamiento de la Educación Superior (FES). El proyecto elimina las becas por mérito académico y los créditos de la educación superior, reemplazándolos por un impuesto a los graduados. Se elimina el copago de los estudiantes y sus familias, excepto para el 10% de mayores ingresos. Por otro lado, se condona una porción de la deuda del CAE y se reorganizan los saldos, estableciéndose un sistema de cobranza regido por la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos.
En todo tipo de ámbitos políticos y académicos, la propuesta ha recibido duras críticas de parte de expertos e instituciones. Estas no son sin fundamento.
Desde una perspectiva de política pública global, el proyecto ha sido presentado y tramitado en circunstancias en que la crisis de la educación parvularia y escolar no puede ser peor. Esto hace ver que las prioridades del Gobierno no se alinean con las del sistema educativo. Por ejemplo, las denuncias por convivencia escolar ingresadas a la Superintendencia de Educación, en el primer semestre de 2025, alcanzaron un máximo histórico de 6.148, superando por un 13,3% el previo de 5.425 en 2023. La violencia se ha tomado las escuelas y los docentes y directivos se encuentran en un estado de ahogo continuo, tanto por el clima de convivencia como por el papeleo interminable que les aqueja. Los aprendizajes en enseñanza media siguen sin repuntar y la generación que cursaba 4° básico en 2022 ha sido silenciosamente dado por perdida por el Gobierno. La asistencia escolar sigue distante y por debajo de los niveles pre-pandemia.
Pero no ha sido sólo el momento en que presentó el Gobierno este proyecto, sino también el qué contiene, lo que ha generado reproches tan agudos.
Por ejemplo, el hecho de que el FES es un experimento: el impuesto a los graduados es una salida improvisada de la promesa imposible al que se sujetó el Gobierno, de eliminar las deudas por estudiar y el pago de bolsillo por la educación superior. Como el FES no es un crédito, no hay un pasivo o deuda asociado a cada persona. Si la persona no gana dinero, no paga. Por otro lado, si gana suficiente dinero —el caso de un 30,1% de los potenciales beneficiarios del FES, de acuerdo con un estudio de la University College of London de 2025—, pagará varias veces lo que financió el Fisco de su carrera. Esto significa que, para un montón de gente, la situación que experimentará con el FES será peor que la que tendría con el CAE. Pero bueno, promesas son promesas, ¿no? Aunque signifiquen crear un sistema de reparto que empobrezca a la clase media emergente, que es la que accedería al FES.
La eliminación del pago de bolsillo o copago, por otro lado, implica que cerca de un 15% de la producción científica nacional, que es financiada por ingresos propios de las universidades (STIS, OCDE), se verá afectada. En otras palabras, que el gasto en I+D+i de Chile podría caer en dicho porcentaje, desde un 0,41% del PIB (OCDE) a un 0,35%. Esto, sin ser reemplazado por ningún tipo de apoyo financiero a las universidades o centros de investigación. También significa que la gran mayoría o todos los ingresos de las instituciones de educación superior provendrían del Estado. Cuando dichos ingresos son fijados en forma prácticamente discrecional, como ocurre en el caso de los aranceles regulados —los precios fijados por el Estado en la gratuidad y, como se propone, en el FES—, la universidad, que debería contar con independencia total, pasa a ver la llave del agua controlada por el Gobierno de turno. La situación actual en EE UU. debería resultar esclarecedora en este punto.
Estos no son los únicos problemas del proyecto. Se deben considerar también, por ejemplo, los posibles efectos negativos sobre el acceso de la exclusión de los programas online; la eliminación de becas y créditos que benefician mayormente a mujeres y a estudiantes de región; y el impacto sobre el mercado laboral y la informalidad de un nuevo impuesto a los ingresos. Adicionalmente, los problemas que se han detectado en las proyecciones de ingresos y gastos fiscales del Gobierno: el uso de escenarios exageradamente optimistas, la opacidad de los supuestos y la baja transparencia en el trámite legislativo.
Ahora que la propuesta inicia su trámite legislativo en el Senado, se deben volver a presentar estos problemas, que la hacen inaceptable y que no fueron siquiera rozados por el Gobierno en sus indicaciones en la Cámara de Diputados. Ellos responden a un afán ideológico, que no ha admitido correcciones ni desmentidos por parte de sus críticos y que ha persistido en un proyecto completamente irresponsable.
En todo tipo de ámbitos políticos y académicos, la propuesta ha recibido duras críticas de parte de expertos e instituciones
Se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que condona el Crédito con Aval del Estado (CAE) y establece el Financiamiento de la Educación Superior (FES). El proyecto elimina las becas por mérito académico y los créditos de la educación superior, reemplazándolos por un impuesto a los graduados. Se elimina el copago de los estudiantes y sus familias, excepto para el 10% de mayores ingresos. Por otro lado, se condona una porción de la deuda del CAE y se reorganizan los saldos, estableciéndose un sistema de cobranza regido por la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos.
En todo tipo de ámbitos políticos y académicos, la propuesta ha recibido duras críticas de parte de expertos e instituciones. Estas no son sin fundamento.
Desde una perspectiva de política pública global, el proyecto ha sido presentado y tramitado en circunstancias en que la crisis de la educación parvularia y escolar no puede ser peor. Esto hace ver que las prioridades del Gobierno no se alinean con las del sistema educativo. Por ejemplo, las denuncias por convivencia escolar ingresadas a la Superintendencia de Educación, en el primer semestre de 2025, alcanzaron un máximo histórico de 6.148, superando por un 13,3% el previo de 5.425 en 2023. La violencia se ha tomado las escuelas y los docentes y directivos se encuentran en un estado de ahogo continuo, tanto por el clima de convivencia como por el papeleo interminable que les aqueja. Los aprendizajes en enseñanza media siguen sin repuntar y la generación que cursaba 4° básico en 2022 ha sido silenciosamente dado por perdida por el Gobierno. La asistencia escolar sigue distante y por debajo de los niveles pre-pandemia.
Pero no ha sido sólo el momento en que presentó el Gobierno este proyecto, sino también el qué contiene, lo que ha generado reproches tan agudos.
Por ejemplo, el hecho de que el FES es un experimento: el impuesto a los graduados es una salida improvisada de la promesa imposible al que se sujetó el Gobierno, de eliminar las deudas por estudiar y el pago de bolsillo por la educación superior. Como el FES no es un crédito, no hay un pasivo o deuda asociado a cada persona. Si la persona no gana dinero, no paga. Por otro lado, si gana suficiente dinero —el caso de un 30,1% de los potenciales beneficiarios del FES, de acuerdo con un estudio de la University College of London de 2025—, pagará varias veces lo que financió el Fisco de su carrera. Esto significa que, para un montón de gente, la situación que experimentará con el FES será peor que la que tendría con el CAE. Pero bueno, promesas son promesas, ¿no? Aunque signifiquen crear un sistema de reparto que empobrezca a la clase media emergente, que es la que accedería al FES.
La eliminación del pago de bolsillo o copago, por otro lado, implica que cerca de un 15% de la producción científica nacional, que es financiada por ingresos propios de las universidades (STIS, OCDE), se verá afectada. En otras palabras, que el gasto en I+D+i de Chile podría caer en dicho porcentaje, desde un 0,41% del PIB (OCDE) a un 0,35%. Esto, sin ser reemplazado por ningún tipo de apoyo financiero a las universidades o centros de investigación. También significa que la gran mayoría o todos los ingresos de las instituciones de educación superior provendrían del Estado. Cuando dichos ingresos son fijados en forma prácticamente discrecional, como ocurre en el caso de los aranceles regulados —los precios fijados por el Estado en la gratuidad y, como se propone, en el FES—, la universidad, que debería contar con independencia total, pasa a ver la llave del agua controlada por el Gobierno de turno. La situación actual en EE UU. debería resultar esclarecedora en este punto.
Estos no son los únicos problemas del proyecto. Se deben considerar también, por ejemplo, los posibles efectos negativos sobre el acceso de la exclusión de los programas online; la eliminación de becas y créditos que benefician mayormente a mujeres y a estudiantes de región; y el impacto sobre el mercado laboral y la informalidad de un nuevo impuesto a los ingresos. Adicionalmente, los problemas que se han detectado en las proyecciones de ingresos y gastos fiscales del Gobierno: el uso de escenarios exageradamente optimistas, la opacidad de los supuestos y la baja transparencia en el trámite legislativo.
Ahora que la propuesta inicia su trámite legislativo en el Senado, se deben volver a presentar estos problemas, que la hacen inaceptable y que no fueron siquiera rozados por el Gobierno en sus indicaciones en la Cámara de Diputados. Ellos responden a un afán ideológico, que no ha admitido correcciones ni desmentidos por parte de sus críticos y que ha persistido en un proyecto completamente irresponsable.
EL PAÍS
