Redacción Nacionales @Diario Co Latino La familia, amistades y compañeros del sociólogo y activista comunitario salvadoreño Jeovany José Maravilla expresaron su preocupación por su situación jurídica y personal, tras casi un mes de detención y luego de que un juzgado negara la revisión de las medidas cautelares. Según un pronunciamiento difundido este viernes, Maravilla fue …
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La familia, amistades y compañeros del sociólogo y activista comunitario salvadoreño Jeovany José Maravilla expresaron su preocupación por su situación jurídica y personal, tras casi un mes de detención y luego de que un juzgado negara la revisión de las medidas cautelares.
Según un pronunciamiento difundido este viernes, Maravilla fue detenido en enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, cuando regresaba al país procedente de Estados Unidos. Desde entonces permanece privado de libertad, en un contexto marcado por la aplicación prolongada del Régimen de Excepción.
El 6 de febrero se realizó una audiencia de revisión de medidas cautelares, en la cual el tribunal correspondiente resolvió mantener la detención del sociólogo.
Para sus allegados, la decisión del juzgado representa un punto de inflexión que los llevó a hacer pública la situación, luego de haber priorizado durante las primeras semanas la prudencia, la seguridad personal y las vías legales disponibles para el detenido.
Maravilla se desempeñó hasta 2024 como Director Propietario de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE). De acuerdo con el comunicado, fue una de las personas que denunció de forma pública y documentada irregularidades en el proceso electoral de ese año, tanto ante la opinión pública como ante instancias nacionales e internacionales.
Los familiares y colegas destacan que su trayectoria ha estado vinculada al trabajo comunitario, la participación ciudadana, la promoción de una cultura de paz y el acompañamiento a juventudes en comunidades rurales y urbanas del país.
En el pronunciamiento, los firmantes consideran preocupante que, en el contexto actual, personas con perfiles sociales, comunitarios o de participación cívica estén siendo criminalizadas sin garantías claras de debido proceso, lo que, afirman, genera un efecto de amedrentamiento sobre la participación democrática.
Finalmente, hicieron un llamado a la solidaridad y a la denuncia pública del caso, reiterando que no solicitan privilegios, sino el cumplimiento de la ley y el respeto a la dignidad humana, mientras continúan las acciones legales para esclarecer la situación del sociólogo.
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