Es una causalidad, pero la carrera de la ahora exsubdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, llamada a retiro a los pocos días de que asumió el Gobierno de José Antonio Kast, en una controversia con la ministra de Seguridad Trinidad Steinert que sigue sin despejarse, arrancó hace más de tres décadas, cuando fue parte del equipo que investigó el asesinato, el 1 de abril de 1991, del senador Jaime Guzmán, mentor y amigo del presidente chileno de derecha. El fundador del partido UDI fue acribillado por integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), un movimiento que tomó las armas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Hoy el caso está en el centro de las preocupaciones de la Administración de derechas, que ha declarado este miércoles como prófugo en Argentina al exguerrillero Galvarino Apablaza, sindicado en Chile como presunto autor intelectual del crimen y por lo que se pidió la extradición hace casi dos dos décadas, pero no se ha concretado. Y este viernes, Javier Milei, muy cercano a Kast, ha ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos argentinos (unos 14.100 dólares) a quien entregue información sobre Apablaza, en la víspera del viaje de este lunes del mandatario chileno a la Casa Rosada.
La detective salió tras una controversia con la ministra de Seguridad. Inició su carrera en 1991, al indagar el crimen del senador Jaime Guzmán y en la Macrozona Sur fue clave en el cambio de foco investigativo, que pasó de violencia rural a crimen organizado
Es una causalidad, pero la carrera de la ahora exsubdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, llamada a retiro a los pocos días de que asumió el Gobierno de José Antonio Kast, en una controversia con la ministra de Seguridad Trinidad Steinert que sigue sin despejarse, arrancó hace más de tres décadas, cuando fue parte del equipo que investigó el asesinato, el 1 de abril de 1991, del senador Jaime Guzmán, mentor y amigo del presidente chileno de derecha. El fundador del partido UDI fue acribillado por integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), un movimiento que tomó las armas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Hoy el caso está en el centro de las preocupaciones de la Administración de derechas, que ha declarado este miércoles como prófugo en Argentina al exguerrillero Galvarino Apablaza, sindicado en Chile como presunto autor intelectual del crimen y por lo que se pidió la extradición hace casi dos dos décadas, pero no se ha concretado. Y este viernes, Javier Milei, muy cercano a Kast, ha ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos argentinos (unos 14.100 dólares) a quien entregue información sobre Apablaza, en la víspera del viaje de este lunes del mandatario chileno a la Casa Rosada.
Que Consuelo Peña iniciara su carrera en el caso Guzmán refleja que desde que entró a la PDI fue considerada para integrar grupos de élite en procesos de alta complejidad. Por ejemplo, apenas egresó, en 1993, entró a una unidad que indagaba delitos terroristas, la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales (BIOC).
La prefecta general llegó en abril de 2024 a integrar el alto mando de la PDI, cuando fue nombrada subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria. La designó Eduardo Cerna a los pocos días que él mismo fue ascendido como director nacional de la PDI por el presidente de izquierdas Gabriel Boric. Fue la primera mujer en ese cargo y era la tercera autoridad de la institución. Pero, dos años después, el 22 de marzo, fue dada de baja abruptamente pese a tener experiencia en el área más sensible para el Gobierno de Kast: basó su campaña en el control la delincuencia, y la migración irregular y el crecimiento económico.
Un operativo en Temocuicui
Consuelo Peña lleva 36 años en la PDI. Y en su carrera tuvo varias jefaturas en el sur de Chile, de donde es oriunda, entre ellas estar a cargo del Laboratorio de Criminalística regional de Concepción, en la zona sur. Pero destacó en especial por su trabajo de inteligencia en la Macrozona Sur, entre 2017 y 2022, que se encuentra en estado de excepción constitucional hace más de cuatro años. En esa zona trabajó directamente con el fiscal de La Araucanía Roberto Garrido, y ambos cumplieron un papel clave en el cambio de paradigma investigativo ante la evolución de los delitos cometidos por grupos que, primero, estuvieron vinculados a la causa mapuche y a la reivindicación de tierras, y pasaron de la violencia rural al crimen organizado: robo de madera, tráfico de armas y de drogas, atentados y homicidios.
En 2020, en un contexto de decenas de atentados, Peña tuvo bajo su liderazgo la Prefectura Macrozona Sur, que comprende cuatro regiones. Fue entonces que trabajó con Garrido y las investigaciones de ambos derivaron en un nuevo enfoque. El fiscal ha dicho que el concepto de violencia rural “comenzó a agotarse” y que hoy es criminalidad organizada que opera por el control territorial. “En los grupos que operan en la Macrozona sur, hay una actuación que no es distinta a la del Tren de Aragua”, explicó el abogado en una entrevista con EL PAÍS el año pasado.
En el sur, Consuelo Peña es recordada como una policía de terreno. Pese a que como jefa, en rigor, podía coordinar algunos operativos desde su escritorio, participaba. En mayo de 2022 entró con un grupo de detectives a Temucuicui, un comunidad mapuche en el municipio de Ercilla —donde la exministra del Interior de Boric, Izkia Siches, fue recibida con disparos al aire en marzo de ese año— para supervisar la detención de Alejandro Liguén, autor del crimen del inspector de la PDI, Luis Morales Balcázar, asesinado en enero de 2021.
La detención de Liguén, quien fue condenado en septiembre de 2025 a 17 años de cárcel, fue precedida de un minucioso trabajo de inteligencia policial, que incluyó ingresos simulados a Temucuicui.
El senador por la región de La Araucanía, Miguel Becker, de Renovación Nacional, de la derecha tradicional, recuerda el trabajo de Peña en la zona, pues antes de ser parlamentario fue tres veces alcalde de Temuco, entre 2008 y 2020. “Nos acompañó en un periodo de mucha efervescencia, con estos terroristas-delincuentes que actúan hasta hoy, aunque han disminuido. La prefecta hizo una buena labor en Temuco, y yo lo notaba en la forma de actuar de las policías en situaciones complejas en terreno”, dice a este periódico. Y agrega que lamenta su salida, pero que está dentro de las facultades de las autoridades.
En agosto de 2025, cuando ya era subdirectora de Inteligencia y trabajaba en Santiago, Peña volvió a la zona sur para estar presente en la Operación Imperio, el mayor operativo por delitos económicos de La Araucanía: se desarticuló a una organización dedicada al lavado de activos, obtención fraudulenta de créditos, fraudes de seguros, delitos tributarios y estafas.
La sopresiva salida de Peña ha llamado la atención en Chile por varios motivos. Primero, los cambios institucionales en la PDI, de no mediar un escándalo, se hacen a finales de año. Además, era de la máxima confianza de Cerna, y una figura clave: la nombró en medio de la crisis de seguridad que vive Chile, marcada por la irrupción de bandas de crimen organizado, como la venezolana Tren de Aragua, que ha implicado en que se cometan nuevos de delitos en el país sudamericano: secuestros, extorsiones, tráfico de migrantes y trata de mujeres extranjeras para la explotación sexual. Segundo, porque Steinert, quien renunció en enero a su puesto de fiscal jefe en la región de Tarapacá, en el extremo norte chileno para asumir en el Gabinete, no ha explicado las razones. Pero, en los hechos, fue tras su llegada al Gobierno que Steinert hizo varias gestiones que, finalmente, culminaron en la salida de la prefecta.
Lo que se sabe es que Steinert, cuando era fiscal, contaba con grupo de cuatro detectives de confianza, con los que trabajó, en la víspera de su renuncia, para desarticular al clan Chan, una organización criminal china acusada de estafas internacionales y lavado de dinero en la zona franca. Peña, quien estuvo presente en el operativo dado a conocer el 9 de enero, ordenó el traslado de esos funcionarios a otras regiones de Chile, entre ellos al subprefecto Mauricio Fuentes, el más cercano a Steinert. El 13 de marzo, 48 horas después de asumir en el Gobierno, la ministra envió un oficio reservado a Cerna para se le dieran las razones de esos cambios, ocurridos durante su cargo anterior. La respuesta, entregada el 19 de marzo, la redactó Consuelo Peña. Luego, la ministra citó a Cerna al día siguiente y el 22 se hizo oficial el despido.
Hoy ese oficio es objeto de indagación de la controlara Dorothy Pérez, que supervisa los actos administrativos y de legalidad de los funcionarios públicos: ha dado 10 días plazo a Steinert y Cerna para responderlo. Fue por un requerimiento del diputado socialista Raúl Leiva, quien es parte de la comisión de Seguridad de la Cámara luego que Steinert, como ministra, pidiera información al jefe de la PDI que se relaciona con su cargo anterior.
Fue el senador por la región de Los Ríos, el democristiano Iván Flores, de la centroizquierda moderada, que denunció la salida de Peña, a quien conoció por su trabajo en la comisión de Seguridad. El parlamentario dice que cuando el crimen organizado es la primera preocupación de las autoridades, “sorprende que estén descabezando a la institucionalidad. Esto es un despido completamente injustificado a una de las mejores funcionarias que ha tenido la PDI en la lucha contra el crimen organizado”.
“Ha sido dada de baja por hacer bien el trabajo. Da vergüenza llegar a los motivos originales de este despido”, dice Flores. Y señala que denunció la salida de la detective porque “si nadie habla en este país, las cosas ocurren, le ponen tierra y parece ser que ya pasó. Pero el pago de Chile aquí quedó chico: acá se pagó con injusticia, como una conducta aberrante y por motivos muy rascas [ordinarios]“.
Cerna, quien no se ha referido a la salida de Peña, fue citado el próximo lunes 6 a la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para explicar el llamado a retiro de la detective. Lo hará en una posición imposible, pues previamente Steinert dijo en esa misma instancia, hace una semana, que fue “una decisión de la Policía de Investigaciones” y el presidente Kast, en una entrevista el 31 de marzo, dio la misma versión: “El director general de la PDI le solicitó la renuncia (…) y en esa línea nosotros seguimos actuando en conformidad a lo que es la reestructuración” de la policía.
El dilema para Cerna, quien es subordinado de la ministra de Seguridad y, por tanto, del mandatario, será explicar a los diputados si pidió el retiro de Peña porque requería una reestructuración del alto mando de la PDI, o si se lo ordenó Steinert.
El exministro de Seguridad de Boric, Luis Cordero, ha ha dicho a CNN que “exponer a un director de la policía, que constitucionalmente tiene deberes de jerarquía y obediencia de la autoridad civil, a comparecer a una comisión respecto de una conversación privada o reservada que tuvo con la ministra, es extremadamente complejo“. “Uno de los deberes de las autoridades civiles es cuidar las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas, y yo creo que en este caso eso no se está resguardando. Dejar expuesto al director de la PDI es una cuestión muy compleja para la seguridad pública”, agregó.
Internamente, Cerna también ha quedado en una posición difícil. Carga con el liderazgo de una institución extremadamente golpeada, luego que sus dos antecesores fueran condenados por escándalos judiciales. Héctor Espinoza (2015-2021) enfrentra 17 años de cárcel por malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público, y Sergio Muñoz (2021-2024), a quien Cerna reemplazó, está sentenciado a tres años de presidio, pero con el beneficio de libertad vigilada intensiva: fue acusado de filtrar información al penalista Luis Hermosilla, protagonista del caso Audios.
EL PAÍS
