El ruido de la campaña electoral —encuestas de intención de voto, candidatos y eslóganes— ha impedido que un hecho de hondas implicaciones éticas y legales reciba el espacio y la trascendencia mediática que merece e induce a pensar que en Colombia la capacidad de indignación y asombro son especies en vías de extinción.
El expresidente colombiano tiene la obligación ética y moral de esclarecer el contexto, la naturaleza y los alcances de su amistad con el pederasta Jeffrey Epstein y sus cómplices
El ruido de la campaña electoral —encuestas de intención de voto, candidatos y eslóganes— ha impedido que un hecho de hondas implicaciones éticas y legales reciba el espacio y la trascendencia mediática que merece e induce a pensar que en Colombia la capacidad de indignación y asombro son especies en vías de extinción.
El nombre de Andrés Pastrana Arango aparece en 57 documentos del ‘expediente Epstein’, incluidos correos que coordinan viajes y encuentros, y una amistad que trasciende lo episódico o lo accidental, como lo enseñan las fotos suyas con Jeffrey Epstein y Fidel Castro, así como el olvido de un abrigo de Pastrana en la ‘infame mansión’ del millonario, siendo ya expresidente. Eso, por sí mismo, no prueba ilícito alguno, ni lo vincula con casos de pederastia, aunque desde luego sí le impone la obligación ética y moral de esclarecer el contexto, la naturaleza y los alcances de dicha amistad.
Ahora bien, los archivos desclasificados del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que Ghislaine Maxwell —condenada por tráfico sexual de menores, socia y cómplice del pederasta— visitó Colombia por invitación personal del presidente Andrés Pastrana (1998–2002). Según esos documentos, ella voló en un helicóptero Blackhawk de las Fuerzas Militares y relató haber disparado contra personas identificadas como presuntos terroristas. Los hechos están documentados en correos electrónicos hoy públicos y demandan una investigación rigurosa, entre otras razones porque las explicaciones del expresidente han sido insuficientes.
Maxwell describe con entusiasmo ostentoso, a una persona no identificada, su visita “oficial” a Colombia y revela hechos muy graves. Afirma que el primer mandatario le organizó ese vuelo (un ‘jaleo’, dice ella) sobre zonas de conflicto armado; que pudo disparar armas contra ‘terroristas’, y que recibió balas y un casco personalizado como “souvenirs”. Menuda confesión. Estos documentos hacen parte de un expediente judicial y por su gravedad ameritan verificación en Colombia. Las autoridades judiciales y policiales norteamericanas tienen la obligación de colaborar con sus colegas colombianos.
El vuelo de siete minutos
Pastrana ha reconocido que sí hubo un vuelo en la base de Tolemaida (Melgar), que la fotografía es real y que Maxwell fue invitada como parte de una estrategia para atraer inversión extranjera en el marco del “Plan Colombia”. Quizás buscaba a alguien que generara “confianza inversionista”. Esa respuesta, que pretende restar importancia al hecho, lejos de cerrar el debate, lo amplía. Si el propósito era ese, atraer inversores, es legítimo preguntarse por qué Maxwell —sin cargo empresarial conocido, sin representación institucional y sin vínculo verificable con proyecto alguno— requería una demostración militar con disparos reales sobre población colombiana. Y cabe preguntarse también: ¿Hubo muertos o heridos en ese safari humano? ¿Qué pasó con los ‘terroristas’? ¿Quién autorizó esa operación desde una aeronave estatal? ¿Cuál era la motivación de ese ejercicio? Estos hechos no pueden normalizarse. Todo parece indicar que éste no fue un simple vuelo de cortesía para despertar interés de una pervertida millonaria en el país.
La Fiscalía General de la Nación no puede ignorar esto. Los documentos contienen elementos que, en abstracto, podrían encuadrar en varios tipos penales. El uso de una aeronave del Estado —con su tripulación, combustible y mantenimiento— para transportar a una ciudadana extranjera sin función oficial podría configurar, eventualmente, peculado por uso. Permitir que una civil opere armamento en un contexto militar implicaría infracciones a las normas que regulan el monopolio legítimo de la fuerza.
En Colombia existe una percepción histórica de ‘indulgencia institucional’ frente a quienes han ejercido la Presidencia, son intocables. Ello no puede traducirse en impunidad. Aun si el expresidente no pudiera ser objeto de sanciones por razones de fuero o prescripción, los demás funcionarios involucrados en la logística, autorización y ejecución de ese vuelo tienen la obligación de responder.
Un colectivo de periodistas y académicas ha formulado preguntas que permanecen sin respuestas. Un coronel retirado ha confirmado dicho vuelo. No son conjeturas aisladas, son hechos respaldados por documentos oficiales estadounidenses, fotografías y declaraciones judiciales.
El poder público no es privilegio privado
Pastrana no era un ciudadano particular en el momento de los hechos descritos en los correos. Era el comandante supremo de las Fuerzas Militares. En consecuencia, cualquier uso de aeronaves, personal o armamento bajo su autoridad política última compromete, al menos en el plano de la responsabilidad histórica y ética, su esfera de mando. La función pública no admite zonas grises. Los funcionarios —y quienes lo fueron— no pueden pretender que el simple paso del tiempo diluya la exigencia de transparencia y obligaciones.
Colombia merece respuestas. No selectivas ni dadas en escenarios complacientes. Si nada irregular ocurrió, una investigación formal lo establecerá con la fuerza que solo una decisión judicial puede ofrecer. Si sucedió algo contrario al ordenamiento jurídico, debe haber consecuencias. El país puede mirarse en experiencias extranjeras, donde otros personajes públicos han debido comparecer por situaciones similares. No se trata de equiparar casos, sino de recordar que ningún funcionario puede estar al margen de la ley y del escrutinio público.
En el Reino Unido, otro Andrés —el ahora expríncipe— fue despojado de sus títulos reales y judicializado por su relación con Epstein. Han rodado muchas cabezas en todo el mundo. El presidente del Foro Económico Mundial de Davos, Børge Brende, exministro de Exteriores noruego, tuvo que dimitir tras ser investigado por haber participado en reuniones de negocios con el pederasta. También en Inglaterra, la Policía detuvo al exministro y exembajador Peter Mandelson, presuntamente, por haberle proporcionado información privilegiada. La detención del expríncipe Andrés obligó a la princesa noruega Mette-Marit, quien mantuvo contactos con el delincuente de marras, a ofrecer explicaciones en medio de acusaciones contra su hijo por violación de mujeres.
Es necesario establecer si en Colombia hubo o no un “safari humano”, con armas y complicidad oficiales. Pastrana y su familia deberían ser los primeros interesados en que esta controversia se despeje con total rigor institucional, y no conformarse con la declaración de exministros y exfuncionarios de su gobierno, constituidos en tribunal de honor que exculpa de toda responsabilidad a quien está en la obligación de dar explicaciones.
EL PAÍS
