El parque nacional natural más visitado de Colombia, el parque Tayrona, reabre sus puertas a los turistas desde este jueves. Ubicado entre el mar Caribe y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento de Magdalena, el Tayrona permaneció cerrado por 17 días. Parques Nacionales Naturales, la entidad estatal encargada de la gestión de las áreas protegidas en el país, tomó la decisión de la clausura por las amenazas contra sus funcionarios, los cobros ilegales y las entradas irregulares. En ese entonces, explicó que se trataba de una “medida preventiva para proteger la vida y la integridad de visitantes, comunidades y funcionarios”.
El parque natural más visitado de Colombia vuelve a recibir turistas con un plan de seguridad para enfrentar las amenazas, los cobros ilegales y las tensiones entre grupos ilegales por el control del territorio
El parque nacional natural más visitado de Colombia, el parque Tayrona, reabre sus puertas a los turistas desde este jueves. Ubicado entre el mar Caribe y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento de Magdalena, el Tayrona permaneció cerrado por 17 días. Parques Nacionales Naturales, la entidad estatal encargada de la gestión de las áreas protegidas en el país, tomó la decisión de la clausura por las amenazas contra sus funcionarios, los cobros ilegales y las entradas irregulares. En ese entonces, explicó que se trataba de una “medida preventiva para proteger la vida y la integridad de visitantes, comunidades y funcionarios”.
La reapertura se fundamenta en lo que su director, Luis Olmedo Martínbez, llamó una alianza de varias entidades estatales para construir una “estrategia integral de atención” que proteja a los habitantes, visitantes y trabajadores con medidas de seguridad y un plan para reorganizar el turismo.
Una de las principales medidas es la instalación de un cuartel permanente de los carabineros, la rama de la Policía Nacional encargada de las zonas rurales, dentro del área protegida. Según el comunicado oficial de Parques Naturales, en la zona ya se encuentran 60 agentes, y la cifra podría aumentar hasta 80. El fuerte contará con caballerizas que permiten patrullar a caballo o en mula, y tendrá perros antiexplosivos y antinarcóticos, para “reforzar las medidas de seguridad”. “La apertura del parque marca el inicio de un nuevo proceso de monitoreo continuo […] para garantizar las condiciones de seguridad y protección de este parque”, aseguró la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez.
Junto con las medidas de seguridad, varias entidades anunciaron inversiones destinadas a mejorar la infraestructura y reparar daños causados por las recientes lluvias en la región. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) destinará 1.500 millones de pesos (casi 400.000 dólares) para la “recuperación temprana” de senderos y para la atención a afectaciones causadas por los frentes fríos. Durante esas intervenciones, algunas zonas del parque tendrán acceso restringido. Por su parte, el Ministerio de Comercio anunció que destinará 2.750 millones de pesos (unos 730.000 dólares) para fortalecer la infraestructura turística y 5.700 millones (1.500.000 dólares) adicionales para promover el parque como destino ecoturístico.
Estas inversiones se suman a la continuidad en el desarrollo de un Plan de Ordenamiento Ecoturístico para el parque que está siendo elaborado por Parques Nacionales, el Ministerio de Comercio, el Fondo Nacional de Turismo y las comunidades locales.
El cierre del parque estuvo relacionado con una escalada en la disputa territorial entre Clan del Golfo, el mayor grupo armado ilegal de Colombia, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, otro grupo armado ilegal local. Desde 2020, ambos grupos han estado enfrentados por el control del territorio y sus actividades económicas, incluida el turismo, una confrontación que se ha elevado desde 2023. Eso, sumado a las intervenciones más directas que desde el año pasado realiza el Ejército en contra de ambos grupos, ha creado un escenario de guerra que incluye zonas del parque. Esa disputa se ha convertido en una por el control de quién y qué víveres entran, o por dónde lo hacen, entre otros asuntos de la vida cotidiana.
A eso se suman conflictos sociales entre las comunidades indígenas y campesinas locales y Parques Nacionales Naturales, particularmente por el reclamo de los pueblos indígenas de ser reconocidos como coadministradores del territorio. Por ello, desde el 18 de febrero, el día del cierre, se realizaron diálogos entre el Estado (Parques, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo) y autoridades del pueblo indígena Kogi, uno de los cuatro que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta. La Defensoría ha contado que la decisión de la reapertura fue consensuada, “tras varias mesas de trabajo orientadas a la concertación y el respeto por los derechos territoriales y ambientales”. “La reapertura se realizará bajo lineamientos concertados que garanticen la conservación del parque y el respeto por su valor cultural y espiritual”, concluyó.
La reapertura marca el comienzo de una nueva etapa para el Tayrona, en la que el Gobierno busca equilibrar tres desafíos simultáneos: garantizar la seguridad, proteger uno de los ecosistemas más importantes del Caribe colombiano y regular un turismo que cada año atrae a unos 600.000 visitantes. El éxito de ese proceso dependerá no solo de las medidas de seguridad anunciadas, sino también de la capacidad de las instituciones y las comunidades locales para construir un modelo de gobernanza que permita preservar el parque sin frenar su importancia económica y cultural para la región.
EL PAÍS
