Lorena Duarte, una mujer trans de 52 años, recibió en la mañana del 29 de agosto una resolución ministerial que la declaró “insubsistente” como directora de Derechos LGBTIQ+ en el Ministerio de la Igualdad de Colombia. No entendió qué significaba, así que fue a recursos humanos. “Me dijeron que entregara mis cosas y me fuera”, rememora. Le escribió por WhatsApp al ministro, Juan Carlos Florián, quien firmaba el documento. Él, que es el primer funcionario LGBTI en liderar esta cartera, la ignoró. Horas después, luego de que ella lo señalara en redes sociales de “no tener un mínimo de respeto”, comenzaron los reproches cruzados en el movimiento. Algunos respaldan a Duarte, una reconocida referente de los derechos trans. Otros apoyan al ministro, un activista cuyo nombramiento hace un mes causó revuelo por haber sido actor porno. En el medio, quedó la frustración por las políticas de diversidad que llevan años a la deriva.
La activista, que duró solo tres meses en el cargo, expresa su indignación durante una entrevista en el centro de Bogotá. “Me parece una injusticia haber sido relegada de un cargo al que me costó muchísimo llegar, y que fuera por una causa muy mínima, supuestamente por no haber pedido un permiso para ir a un evento en Cali”, comenta. Sabe que el ministro podía retirarla cuando quisiera del cargo de libre nombramiento y remoción, pero considera que merecía más delicadeza: una explicación sobre las causas, un anuncio personal del despido, la oferta de una renuncia para evitar la mancha de la declaratoria de insubsistencia.
“Para una persona cisgénero o heterosexual es más fácil superar esta situación. Tienen más oportunidades”, subraya. Ser trans le implicó dificultades en el mundo laboral: la aerolínea en la que trabajaba antes de su transición la echó cuando se empezaron a notar sus pechos y tuvo que dedicarse durante varios años a la peluquería y al trabajo sexual, las actividades que suelen estar disponibles para las personas trans. En 2008, empezó a trabajar en políticas LGBTI en la Alcaldía de Bogotá y se convirtió en referente para muchas. Florián le ofreció el puesto en el Ministerio el pasado mayo, cuando él todavía era viceministro de las Diversidades, e ilusionó a gran parte del movimiento trans, usualmente relegado.
En ese contexto, el despido produjo conmoción. La Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), una de las principales organizaciones del movimiento, señaló que Duarte representa “con orgullo” a sus compañeras y que la decisión de Florián es “un acto de transfobia institucional”. “No solo es una afrenta contra Lorena, sino también un mensaje doloroso para todas las personas con experiencia de vida trans y no binarias que luchamos por ocupar y mantener espacios legítimos en la institucionalidad”, declaró en un comunicado. Fue demoledora contra el Ejecutivo: “Las personas trans no somos adornos en el discurso de inclusión del actual Gobierno (…). Nuestra lucha no depende de gobiernos ni de funcionarios de turno que hacen parte del ramillete de amistades cercanas del presidente”.
El hecho acentuó la molestia que ya se sentía por el pedido que el presidente, Gustavo Petro, le hizo a Florián hace dos semanas en un Consejo de Ministros: organizar “una manifestación de travestis” ante la ola de transfeminicidios en Medellín. Mauricio Albarracín, abogado y activista LGBTI, señaló en una columna en La Silla Vacía que tanto ese episodio como el despido de Duarte son irrespetuosos. “Los movimientos sociales no somos apéndices del Ejecutivo ni respondemos a órdenes desde arriba”, subrayó sobre el primer incidente. “Mientras Florián despide a una funcionaria trans con trayectoria, a otras las siguen matando en las calles”, añadió.
El ministro ha quedado en el ojo de la tormenta. La activista Valeria Bonilla, Valeria La Poderosa, cuestiona su actitud en el Consejo de Ministros. “Si estuviera de nuestro lado, del movimiento social, le hubiera dicho al presidente que llevamos más de un año marchando contra el aumento de transfeminicidios. Y no lo hizo”, critica. Para ella, ha sido contraproducente que Florián ahora se identifique como persona no binaria y prefiera pronombres femeninos. “Nos impacta que un man con corbata y barba se diga mujer. Da un mensaje de ridiculización de las mujeres trans, de nuestras identidades”, afirma. Ella y otros entrevistados comentan que sufrieron maltratos de Florián cuando era subdirector LGBTI de la Alcaldía de Bogotá. Bonilla lo confrontó tras el despido de Duarte. Le escribió: “¿No me habías dicho que habías cambiado?”.
El funcionario, que no ha respondido a una solicitud de entrevista de este periódico, tiene defensores. “La ministra Juan Florián ha acompañado nuestro activismo y defensa de derechos humanos y sabemos que no es violento. Sería incapaz de faltarle el respeto a alguien”, afirma Aby Hernández, que lidera el colectivo Las Libertarias, a través de un mensaje de texto. Enfatiza que la ministra contrató a varias mujeres trans y que la insubsistencia de Duarte “no es un castigo”, sino un efecto de incumplir los deberes del cargo. Añade que su colectivo se sintió discriminado por Duarte, quien “no representa al movimiento” —lo mismo dice Bonilla sobre Florián—.
Wilson Castañeda, director de la oenegé Caribe Afirmativo, toma una postura intermedia. Por un lado, señala por teléfono que no conoce denuncias de maltrato contra el ministro y que no puede recriminarle por el despido de Duarte. “Es su potestad y no conocemos lo que pasó en el plano interno laboral”, dice. Por otro, comenta que hay pocas trans en puestos de poder, que Duarte tiene amplio reconocimiento y que “es muy doloroso que fuera despedida de esta manera”. En todo caso, considera que la declaratoria de insubsistencia tras solo tres meses en el cargo muestra la falta de continuidad de las políticas LGBTI y que es “la gota que rebasó el vaso” en el movimiento. “Expuso la frustración”.
Se refiere al consenso respecto a que el primer Ejecutivo en el que se sintieron representados no les haya cumplido. “Fue el primer Gobierno que nos puso en el Plan Nacional de Desarrollo, pero no se preocupó por implementarlo”, comenta. Le preocupa la falta de un sistema unificado de información sobre los casos de violencia contra la población LGBTI, en un contexto de aumento de asesinatos: se han contabilizado al menos 57 en lo que va del año. El columnista Albarracín agrega por teléfono a las quejas la falta de apoyo jurídico a las víctimas y la ausencia de campañas de prevención que, por ejemplo, expliquen los riesgos de las aplicaciones de citas. Jaime Arturo Ahumada, La Jaimico, critica también que el Estado todavía cobre 140.000 pesos (unos 35 dólares) por un cambio de género en la cédula.
Las divisiones radican en la responsabilidad de Florián. “Llegó a rematar, a terminar de embarrar todo”, comenta Bonilla, que también señala que los gobiernos de derecha al menos los ignoraban y no intentaban apropiarse de sus luchas. Hernández, en cambio, responsabiliza a los ministros anteriores: “Francia Márquez y Carlos Rosero retrocedieron todo, estamos sufriendo sus malas gestiones. La ministra Juan Florián Silva recibe grandes retos y poco tiempo para dar resultados”.
La angustia por el futuro
Castañeda señala que, más allá de la falta de ejecución, le preocupa que el legado del Ministerio de la Igualdad sea un retroceso para los sectores a los que debe proteger. El activista explica que la cartera, creada en 2023, tomó funciones que otras entidades venían desarrollando desde el segundo mandato de Álvaro Uribe (2006-2010). “Van a desaparecer si no se mantiene el Ministerio”, afirma en referencia a que la Corte Constitucional ordenó la anulación de la entidad en agosto del año que viene si el Congreso no expide antes una ley que corrija unos vicios de trámite. “Podemos encontrarnos en agosto con un nuevo Gobierno sin compromiso con los derechos LGBTI que ni siquiera tendría que tumbar nada, porque no va a encontrar nada”, agrega.
Varias de las personas consultadas consideran que ha sido contraproducente que el Gobierno de Petro incorporara en su discurso la defensa de los derechos LGBTI. Albarracín comenta que le inquieta que estos temas queden “unidos y estigmatizados” con una Administración que fracasó. “Si hay un cambio político, nuestras causas corren riesgo. Van a arrasar con todo lo que huela a Petro”, apunta. Ahumada coincide: “Vamos a tener todos los dedos de las personas conservadoras, de la derecha, señalándonos, diciendo que somos unos payasos, que en cuatro años no hicimos nada”.
Juan Carlos Florián, el primer funcionario gay en liderar la cartera, produce una ola de reproches al despedir a una reconocida activista trans
Lorena Duarte, una mujer trans de 52 años, recibió en la mañana del 29 de agosto una resolución ministerial que la declaró “insubsistente” como directora de Derechos LGBTIQ+ en el Ministerio de la Igualdad de Colombia. No entendió qué significaba, así que fue a recursos humanos. “Me dijeron que entregara mis cosas y me fuera”, rememora. Le escribió por WhatsApp al ministro, Juan Carlos Florián, quien firmaba el documento. Él, que es el primer funcionario LGBTI en liderar esta cartera, la ignoró. Horas después, luego de que ella lo señalara en redes sociales de “no tener un mínimo de respeto”, comenzaron los reproches cruzados en el movimiento. Algunos respaldan a Duarte, una reconocida referente de los derechos trans. Otros apoyan al ministro, un activista cuyo nombramiento hace un mes causó revuelo por haber sido actor porno. En el medio, quedó la frustración por las políticas de diversidad que llevan años a la deriva.
La activista, que duró solo tres meses en el cargo, expresa su indignación durante una entrevista en el centro de Bogotá. “Me parece una injusticia haber sido relegada de un cargo al que me costó muchísimo llegar, y que fuera por una causa muy mínima, supuestamente por no haber pedido un permiso para ir a un evento en Cali”, comenta. Sabe que el ministro podía retirarla cuando quisiera del cargo de libre nombramiento y remoción, pero considera que merecía más delicadeza: una explicación sobre las causas, un anuncio personal del despido, la oferta de una renuncia para evitar la mancha de la declaratoria de insubsistencia.
“Para una persona cisgénero o heterosexual es más fácil superar esta situación. Tienen más oportunidades”, subraya. Ser trans le implicó dificultades en el mundo laboral: la aerolínea en la que trabajaba antes de su transición la echó cuando se empezaron a notar sus pechos y tuvo que dedicarse durante varios años a la peluquería y al trabajo sexual, las actividades que suelen estar disponibles para las personas trans. En 2008, empezó a trabajar en políticas LGBTI en la Alcaldía de Bogotá y se convirtió en referente para muchas. Florián le ofreció el puesto en el Ministerio el pasado mayo, cuando él todavía era viceministro de las Diversidades, e ilusionó a gran parte del movimiento trans, usualmente relegado.
En ese contexto, el despido produjo conmoción. La Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), una de las principales organizaciones del movimiento, señaló que Duarte representa “con orgullo” a sus compañeras y que la decisión de Florián es “un acto de transfobia institucional”. “No solo es una afrenta contra Lorena, sino también un mensaje doloroso para todas las personas con experiencia de vida trans y no binarias que luchamos por ocupar y mantener espacios legítimos en la institucionalidad”, declaró en un comunicado. Fue demoledora contra el Ejecutivo: “Las personas trans no somos adornos en el discurso de inclusión del actual Gobierno (…). Nuestra lucha no depende de gobiernos ni de funcionarios de turno que hacen parte del ramillete de amistades cercanas del presidente”.
El hecho acentuó la molestia que ya se sentía por el pedido que el presidente, Gustavo Petro, le hizo a Florián hace dos semanas en un Consejo de Ministros: organizar “una manifestación de travestis” ante la ola de transfeminicidios en Medellín. Mauricio Albarracín, abogado y activista LGBTI, señaló en una columna en La Silla Vacía que tanto ese episodio como el despido de Duarte son irrespetuosos. “Los movimientos sociales no somos apéndices del Ejecutivo ni respondemos a órdenes desde arriba”, subrayó sobre el primer incidente. “Mientras Florián despide a una funcionaria trans con trayectoria, a otras las siguen matando en las calles”, añadió.
El ministro ha quedado en el ojo de la tormenta. La activista Valeria Bonilla, Valeria La Poderosa, cuestiona su actitud en el Consejo de Ministros. “Si estuviera de nuestro lado, del movimiento social, le hubiera dicho al presidente que llevamos más de un año marchando contra el aumento de transfeminicidios. Y no lo hizo”, critica. Para ella, ha sido contraproducente que Florián ahora se identifique como persona no binaria y prefiera pronombres femeninos. “Nos impacta que un man con corbata y barba se diga mujer. Da un mensaje de ridiculización de las mujeres trans, de nuestras identidades”, afirma. Ella y otros entrevistados comentan que sufrieron maltratos de Florián cuando era subdirector LGBTI de la Alcaldía de Bogotá. Bonilla lo confrontó tras el despido de Duarte. Le escribió: “¿No me habías dicho que habías cambiado?”.
El funcionario, que no ha respondido a una solicitud de entrevista de este periódico, tiene defensores. “La ministra Juan Florián ha acompañado nuestro activismo y defensa de derechos humanos y sabemos que no es violento. Sería incapaz de faltarle el respeto a alguien”, afirma Aby Hernández, que lidera el colectivo Las Libertarias, a través de un mensaje de texto. Enfatiza que la ministra contrató a varias mujeres trans y que la insubsistencia de Duarte “no es un castigo”, sino un efecto de incumplir los deberes del cargo. Añade que su colectivo se sintió discriminado por Duarte, quien “no representa al movimiento” —lo mismo dice Bonilla sobre Florián—.
Wilson Castañeda, director de la oenegé Caribe Afirmativo, toma una postura intermedia. Por un lado, señala por teléfono que no conoce denuncias de maltrato contra el ministro y que no puede recriminarle por el despido de Duarte. “Es su potestad y no conocemos lo que pasó en el plano interno laboral”, dice. Por otro, comenta que hay pocas trans en puestos de poder, que Duarte tiene amplio reconocimiento y que “es muy doloroso que fuera despedida de esta manera”. En todo caso, considera que la declaratoria de insubsistencia tras solo tres meses en el cargo muestra la falta de continuidad de las políticas LGBTI y que es “la gota que rebasó el vaso” en el movimiento. “Expuso la frustración”.
Se refiere al consenso respecto a que el primer Ejecutivo en el que se sintieron representados no les haya cumplido. “Fue el primer Gobierno que nos puso en el Plan Nacional de Desarrollo, pero no se preocupó por implementarlo”, comenta. Le preocupa la falta de un sistema unificado de información sobre los casos de violencia contra la población LGBTI, en un contexto de aumento de asesinatos: se han contabilizado al menos 57 en lo que va del año. El columnista Albarracín agrega por teléfono a las quejas la falta de apoyo jurídico a las víctimas y la ausencia de campañas de prevención que, por ejemplo, expliquen los riesgos de las aplicaciones de citas. Jaime Arturo Ahumada, La Jaimico, critica también que el Estado todavía cobre 140.000 pesos (unos 35 dólares) por un cambio de género en la cédula.
Las divisiones radican en la responsabilidad de Florián. “Llegó a rematar, a terminar de embarrar todo”, comenta Bonilla, que también señala que los gobiernos de derecha al menos los ignoraban y no intentaban apropiarse de sus luchas. Hernández, en cambio, responsabiliza a los ministros anteriores: “Francia Márquez y Carlos Rosero retrocedieron todo, estamos sufriendo sus malas gestiones. La ministra Juan Florián Silva recibe grandes retos y poco tiempo para dar resultados”.
La angustia por el futuro
Castañeda señala que, más allá de la falta de ejecución, le preocupa que el legado del Ministerio de la Igualdad sea un retroceso para los sectores a los que debe proteger. El activista explica que la cartera, creada en 2023, tomó funciones que otras entidades venían desarrollando desde el segundo mandato de Álvaro Uribe (2006-2010). “Van a desaparecer si no se mantiene el Ministerio”, afirma en referencia a que la Corte Constitucional ordenó la anulación de la entidad en agosto del año que viene si el Congreso no expide antes una ley que corrija unos vicios de trámite. “Podemos encontrarnos en agosto con un nuevo Gobierno sin compromiso con los derechos LGBTI que ni siquiera tendría que tumbar nada, porque no va a encontrar nada”, agrega.
Varias de las personas consultadas consideran que ha sido contraproducente que el Gobierno de Petro incorporara en su discurso la defensa de los derechos LGBTI. Albarracín comenta que le inquieta que estos temas queden “unidos y estigmatizados” con una Administración que fracasó. “Si hay un cambio político, nuestras causas corren riesgo. Van a arrasar con todo lo que huela a Petro”, apunta. Ahumada coincide: “Vamos a tener todos los dedos de las personas conservadoras, de la derecha, señalándonos, diciendo que somos unos payasos, que en cuatro años no hicimos nada”.
EL PAÍS
