A una semana del cuarto aniversario de la histórica sentencia que despenalizó el aborto en Colombia, el concejo de la capital del país aprueba una norma que, según denuncian varias organizaciones feministas, genera nuevas barreras para quienes decidan interrumpir su embarazo. Bajo el nombre “Ruta por la Vida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”, el acuerdo fue impulsado por la concejal del partido Liberal Clara Lucía Sandoval. Aunque el articulado no enuncia una oposición abierta al aborto, varias oenegés explican que la norma riñe con la sentencia de despenalización, la C-055 de 2022, ya que suma un paso adicional en la ruta para practicar una IVE. Los defensores del proyecto, en cambio, dicen que ese paso sólo complementa las prácticas actuales y busca que las mujeres que quieran acceder al aborto tengan “más alternativas”. Para que la norma sea efectiva, solo falta la sanción del alcalde.
El concejo de la capital colombiana aprueba una medida que, según abogadas feministas, genera riesgos en un derecho reconocido por la Corte Constitucional. El alcalde Carlos Fernando Galán tiene la última palabra
A una semana del cuarto aniversario de la histórica sentencia que despenalizó el aborto en Colombia, el concejo de la capital del país aprueba una norma que, según denuncian varias organizaciones feministas, genera nuevas barreras para quienes decidan interrumpir su embarazo. Bajo el nombre “Ruta por la Vida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”, el acuerdo fue impulsado por la concejal del partido Liberal Clara Lucía Sandoval. Aunque el articulado no enuncia una oposición abierta al aborto, varias oenegés explican que la norma riñe con la sentencia de despenalización, la C-055 de 2022, ya que suma un paso adicional en la ruta para practicar una IVE. Los defensores del proyecto, en cambio, dicen que ese paso sólo complementa las prácticas actuales y busca que las mujeres que quieran acceder al aborto tengan “más alternativas”. Para que la norma sea efectiva, solo falta la sanción del alcalde.
“Hacemos un llamado al Alcalde Mayor de Bogotá a revisar la legalidad de este proyecto, que vulnera la autonomía reproductiva y desconoce los estándares constitucionales”, le piden a Carlos Fernando Galán las mujeres organizadas en el movimiento Mesa por la Vida y Causa Justa. Este proyecto, explican, choca con lo orientado en términos de salud mental en la resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud: allí ya se contemplaba asesoría y acompañamiento emocional si la paciente lo solicita, pero sin que fuera obligatoria. La nueva ruta, si el alcalde la sanciona, quiere que le ofrezcan “alternativas” a quienes buscan un aborto. Pero de Galán dependerá cómo se regula en la práctica la nueva norma, y si la convierte en un paso obligatorio o un prerrequisito que vuelva más difícil el acceso al aborto.
El corto articulado, en todo caso, tiene una mirada cercana al movimiento antiaborto. “La Administración Distrital establecerá acciones de sensibilización y capacitación a servidores públicos de las entidades del distrito, en alternativas a la IVE”, dice el articulado, que espera que todas las entidades del distrito ofrezcan dichas alternativas a quienes ya tomaron su decisión de interrumpir su embarazo. Se trata de un articulado que, en su borrador inicial, identificaba como “un riesgo” que una mujer recurriera a un aborto, cuando la interrupción voluntaria del embarazo ya es un derecho.
“El concejo excede sus competencias. Están intentando regular las resoluciones 30 y 280 (de la ruta materno-perinatal). Lo que es totalmente inconstitucional”, expresa Laura Pedraza, abogada de La Mesa por La Vida y La Salud de las Mujeres, quien detalla que la ruta para atender la salud mental ya existe y no es competencia del cabildo crear una paralela. “Al crear ‘La Ruta por la Vida’, que modifica la ‘Ruta de Atención Materno-Perinatal’, se hace obligatorio el paso [que impone la norma]”, continúa Pedraza. “No lo hacen explícito, con la palabra ‘obligatorio’, pero al crear la nueva ruta sí lo hacen obligatorio”, afirma. El poder de esa obligación es precisamente lo que queda en manos del alcalde.
La aprobación del proyecto fue empujada por la bancada de derechas y autodenominada provida —con mayorías en el cabildo distrital— que durante años venía presentando iniciativas legislativas similares sin éxito. Sandoval, su autora, es una pastora de la iglesia cristiana Misión Carismática Internacional, y hace parte de la línea más conservadora del Partido Liberal. De hecho, la cabeza del grupo, la exconcejal Sara Castellanos, es parte de la lista al Senado del partido ultraconservador Salvación Nacional.
Sandoval es una opositora abierta al aborto, al que ha tachado de ser “un crimen”, e incluso lideró un fallido referendo para revertir la decisión de la Corte Constitucional sobre la IVE. La concejal ha dicho ante la prensa que la nueva ruta no es obligatoria, que no reemplaza la ruta nacional de atención materno-perinatal sino que la complementa. Señala que la primera “es insuficiente”, y la nueva solo busca apoyar “la salud mental de las madres gestantes y al niño por nacer”, y “fortalecer la verdadera capacidad de decidir”.
Las organizaciones de mujeres han venido denunciando que Colombia, si bien creó una jurisprudencia aplaudida a nivel regional por sus avances en la promoción de la autonomía reproductiva, sufre de los obstáculos en la práctica diaria, y temen que venga una oleada para aumentarlos, ejemplificados por el acuerdo del concejo de Bogotá. Más cuando la capital es uno de los lugares en los que ha sido más efectivo el acceso, pues mujeres de otras regiones del país deben viajar hasta la capital para acceder a una IVE.
La concejal se ha mostrado más preocupada por la salud mental de quienes buscan un aborto que por el peso psicológico para las mujeres que han sentido obligadas a ser madres cuando no lo desean. Eso recuerda a lo que se ha vivido en otros países de Latinoamérica, como lo documentó un especial de EL PAÍS en el que se recogen diferentes estrategias antiborto en cinco países de la región. El Guttmacher Institute, un centro de investigación que hace seguimiento al derecho al aborto en Estados Unidos, ha identificado que en algunos estados donde se ha vuelto obligatoria una consulta psicosocial, las instituciones han dado asesoría con información falsa sobre las consecuencias en salud de un aborto, o panfletos que buscan disuadir a las mujeres de su decisión.
Varias organizaciones feministas y de derechos humanos se preparan para dar la batalla jurídica y tumbar el acuerdo. “Si el alcalde lo sanciona, estamos pensando en demandar de nulidad ante la justicia, porque va a traer muchas repercusiones a la hora de aplicar la sentencia de la Corte”, explica Pedraza. Eso depende de lo que decida el alcalde Carlos Fernando Galán, de corte más liberal, quien aún no se ha pronunciado.
EL PAÍS
