Tras más de una decena de aplazamientos, el juicio por el asesinato del activista Samir Flores arranca este 16 de febrero. Según confirma a EL PAÍS el equipo legal que acompaña a la familia, se han programado cuatro sesiones, lo que hará que el proceso vaya hasta el 20 de este mes, justo el séptimo aniversario de su muerte. El juicio es contra el único detenido del caso, uno de los supuestos autores materiales del homicidio ocurrido en 2019 en Morelos. Fue de las primeras muertes violentas de un activista medioambiental en México tras la llegada al poder de Morena, en un contexto de contradicción entre las promesas de campaña y la acción de Gobierno.
Su homicidio fue una de las primeras muertes violentas de un activista medioambiental en México tras la llegada al poder de Morena
Tras más de una decena de aplazamientos, el juicio por el asesinato del activista Samir Flores arranca este 16 de febrero. Según confirma a EL PAÍS el equipo legal que acompaña a la familia, se han programado cuatro sesiones, lo que hará que el proceso vaya hasta el 20 de este mes, justo el séptimo aniversario de su muerte. El juicio es contra el único detenido del caso, uno de los supuestos autores materiales del homicidio ocurrido en 2019 en Morelos. Fue de las primeras muertes violentas de un activista medioambiental en México tras la llegada al poder de Morena, en un contexto de contradicción entre las promesas de campaña y la acción de Gobierno.
Flores fue asesinado la madrugada del 20 de febrero de 2019, cuando tres hombres se estacionaron frente a su hogar familiar en Amilcingo, Estado de Morelos, y le llamaron para negociar un anuncio en la radio comunitaria que él había fundado. Cuando Flores salió de su casa, lo agarraron y arrastraron hacia lo oscuro. Sonaron tres disparos, dos impactaron en su cabeza. Era uno de los opositores más visibles contra el Proyecto Integral Morelos, un megaproyecto gubernamental que consta de dos centrales termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto en los Estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
“Ya son siete años de estar esperando a que llegue el juicio”, lamenta Liliana Velásquez, viuda de Flores. “Se han centrado en investigar mucho la parte material pero no la intelectual, ¿por qué dejan esa parte fuera? Dicen que para eso hace falta un testigo que anda perdido, y lo están buscando para que vuelva a testificar lo que ya declaró”, añade. Hasta el momento, este proceso judicial lleva al menos una decena de aplazamientos, enumeran los abogados de Velásquez, y la Fiscalía General de la República ha argumentado, justamente, que necesitaba ubicar a testigos claves.
Su caso ganó relevancia ya que, también, fue de las primeras veces que una promesa electoral se convirtió en contradicción política. Durante sus 12 años de campaña, el opositor López Obrador se comprometió a detener el Proyecto Integral Morelos, el megaproyecto con dos centrales eléctricas de ciclo combinado en Huexca; un gasoducto de 160 kilómetros que va desde Tlaxcala y pasa por Puebla y Morelos hasta la zona de Huexca, corriendo por la falda del volcán Popocatépetl; y un acueducto de 10 kilómetros desde la planta de tratamiento hasta las centrales. Lo comparó con poner “un cementerio nuclear en Jerusalén”.
Pero, cuando llegó al poder, el presidente López Obrador lo defendió y convocó una consulta ciudadana para el 23 de febrero de 2019 para decidir si el proyecto seguía o no. Pese al asesinato de Flores, ocurrido el día 20 y tras un enfrentamiento público con las autoridades federales, la consulta se celebró, con una escasa participación de 50.000 personas, menos de un 2% del padrón convocado. Seis de cada diez votaron a favor.
En estos siete años, ha habido cuatro líneas principales de investigación. Una es la vinculada con el crimen organizado. Otra es un conflicto laboral con el ayuntamiento de Temoac. La tercera es otro desencuentro que había en el zona por mover una escuela de lugar, y la cuarta está relacionada con el Proyecto Integral Morelos y el resto de resistencias de las que Flores era parte activa. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos Puebla Tlaxcala, organización social a la que pertenecía Flores, ha pedido varias veces que se llame a declarar a políticos que estaban en el Gobierno de Morelos.
“Cuando hablo de intelectual, me refiero a que las personas que actuaron para quitarle la vida a Samir recibieron una orden de alguien más, de alguien que ya no quería que Samir estuviera presente .¿Quiénes dieron las órdenes?”, pregunta su viuda. “Hemos pedido que amplíen la investigación, que llamen a declarar a autoridades”, y finaliza, “la esperanza de que se esclarezca el caso se desvanece. ¿Quién me va a dar una respuesta de por qué pasaron los hechos? La verdad es que no tengo confianza en lograr una respuesta”.
EL PAÍS
